Cinco Estados de la UE negocian centros de retorno de migrantes en Uganda y Ruanda, con unas cifras que no cuadran.
Un reglamento sin publicar y cinco capitales que ya negocian
El Reglamento de Retorno está políticamente acordado, pero no ha entrado en vigor: sigue pendiente de revisión jurídica y de su publicación en el Diario Oficial de la Unión Europea, prevista para otoño. Mientras tanto, los gobiernos europeos ya actúan por su cuenta. Una carta conjunta de 19 países de la UE enviada en junio a los líderes europeos defiende los centros de retorno como una ‘solución innovadora’ y anticipa que se convertirán en realidad más pronto que tarde. La próxima cumbre del Consejo Europeo abordará el debate, pero sin las respuestas jurídicas básicas.
Según la información avanzada por Euronews, los cinco países que negocian acuerdos bilaterales o en grupo son Alemania, Austria, Dinamarca Grecia y Países Bajos. Quieren cerrar su primera asociación antes de que acabe el año y firmarla a comienzos de 2027. Uganda aparece como el destino más avanzado, según el diario griego Kathimerini, con la intención de tener una instalación operativa en 2027. Ruanda se suma a las conversaciones, según el semanario alemán Der Spiegel, pese al fracaso del plan británico. La reunión prevista en Copenhague para el 4 de septiembre evaluará los avances. Austria, además, firmó en abril un acuerdo de migración y readmisión con Uzbekistán que, por ahora, no incluye un centro de retorno.
Los precedentes de Albania y Ruanda desmienten el relato oficial
Los problemas legales son inmediatos. El comisionado de Derechos Humanos del Consejo de Europa, Michael O’Flaherty, ha reclamado evaluaciones de riesgo antes de cualquier cooperación. El reglamento no exige expresamente una evaluación de impacto en derechos humanos, solo que el tercer país respete el principio de no devolución. El precedente no ayuda: la Defensora del Pueblo de la UE ya criticó a la Comisión por firmar un memorando con Túnez sin evaluación previa. En el ámbito nacional, el Tribunal Supremo británico consideró en noviembre de 2023 que Ruanda no era un país suficientemente seguro, y los tribunales italianos han paralizado varias veces el modelo de Albania. La cuestión central sobre si un Estado puede trasladar fuera de la Unión a una persona con orden de detención está pendiente del Tribunal de Justicia de la UE.
Las cifras desmontan el relato. Reino Unido solo reubicó voluntariamente a cuatro personas en Ruanda antes de desmantelar su plan. Italia calculó inicialmente alojar a 3.000 migrantes al mes en Albania; desde la reconversión de marzo de 2025 apenas ha trasladado a 500 en total, según los informes. La factura global supera los 670 millones de euros. Un estudio universitario italiano concluye que detener a migrantes en esos centros ha salido más caro que alojarlos en territorio italiano.
El retorno externalizado se ha convertido en una idea de laboratorio: cara, judicializada y con un alcance operativo ridículo.
El resto de la UE observa las negociaciones, pero no participa en ellas. La Comisión Europea ha sido informada, sin involucrarse de momento. Expertos consultados por la cadena europea dudan de la viabilidad: ‘las experiencias previas han sido extremadamente costosas, muy cuestionadas en los tribunales y de alcance operativo muy limitado’, explica Davide Colombi, investigador del CEPS. Su colega de Euromed Rights, Sara Prestianni, denuncia que los países candidatos a albergar centros están ‘caracterizados por violaciones de derechos humanos’ y que las prisas por firmar acuerdos chocan con los plazos reales de cualquier evaluación seria.
El Eje del Poder Europeo
El impulso no es homogéneo. Detrás del grupo de cinco hay una coalición de países del norte y de centro de Europa: Alemania, Austria, Dinamarca, Grecia y Países Bajos. A ellos se suman las dos impulsoras de la carta conjunta, la primera ministra italiana Giorgia Meloni y la danesa Mette Frederiksen. Los países frugales del norte y el sur más expuesto comparten aquí un interés táctico: mostrar firmeza ante sus opiniones públicas, aunque el coste judicial recaiga en otros. España no figura entre los negociadores. Tampoco consta que el Gobierno de Pedro Sánchez haya solicitado sumarse a esta vía bilateral. Su ausencia le deja fuera del grupo que marcará la doctrina antes de la cumbre.
Para España, la cuestión no es menor. Es un país de primera línea en llegadas irregulares, con presión sobre Canarias y sobre las fronteras marítimas del sur. Si los centros de retorno se convierten en el canon europeo, la Moncloa tendrá que decidir entre plegarse a un modelo que cuestionan los tribunales o enrocarse con retornos basados en readmisiones bilaterales y en el recién aprobado Pacto Migratorio. La ausencia de Madrid en las conversaciones puede interpretarse como un intento de preservar margen interno, pero también como una renuncia temprana a influir en un debate que definirá la política común durante la próxima década.
La lectura estratégica a cinco o diez años es clara: la UE está transfiriendo la presión migratoria hacia países terceros con menores garantías, y lo hace antes de resolver si ese modelo respeta el principio de no devolución. Si el Tribunal de Justicia tumba el esquema italiano en Albania, el nuevo reglamento nacerá herido. Si prospera, los estándares del asilo europeo se desplazan hacia una externalización sin relato humanitario. La próxima ventana crítica es doble: la reunión de Copenhague el 4 de septiembre y la sentencia pendiente del TJUE. Después llegará la cumbre del Consejo Europeo, donde los Veintisiete tendrán que decidir si el mantra de los centros de retorno es política real o solo una promesa cara.
