Once Estados miembros, entre ellos España, Francia y Alemania, han pedido a Kaja Kallas limitar el veto de la política exterior europea. La iniciativa aterriza hoy en la reunión informal de ministros de Exteriores que se celebra en Wicklow (Irlanda), con un objetivo declarado: evitar que un solo Gobierno pueda bloquear durante meses las sanciones, las misiones o la ayuda comunitaria.
El documento, adelantado por La Vanguardia, va dirigido a la alta representante de la UE para Política Exterior, Kaja Kallas. Lo firman once responsables de Exteriores: los de España, Alemania, Francia, Bélgica, Países Bajos, Austria, Dinamarca, Finlandia, Luxemburgo, Rumanía y Suecia.
La regla de unanimidad obliga a que los Veintisiete estén de acuerdo en política exterior y de seguridad común, salvo contadas excepciones. Cualquier sanción o misión puede convertirse en una negociación interminable donde un solo Gobierno impone su precio. El texto no pide tocar los Tratados, sino exprimir las herramientas que ya existen en el ordenamiento comunitario para reducir los vetos sistemáticos, como los que el exprimer ministro húngaro Viktor Orbán utilizó durante años contra las sanciones y la ayuda a Ucrania.
Por qué once capitales quieren jubilar el veto
La primera fórmula es la abstención constructiva: un país que no comparte una decisión podrá manifestar su rechazo sin bloquear al resto de la Unión. La segunda propone que todo intento de veto deba invocarse por un motivo estrictamente vinculado a la decisión y exponerse cuanto antes.
La tercera afecta a la mayoría cualificada, el sistema de voto en el que una decisión sale adelante sin necesidad de unanimidad. Los Tratados ya permiten a un Estado oponerse por razones vitales de política nacional, pero los firmantes exigen que esas razones se argumenten de forma detallada y no sirvan de excusa para ganar tiempo. La cuarta fórmula pide que los Estados expongan sus objeciones por escrito con antelación, y la quinta insta a la alta representante a presentar propuestas que aprovechen los márgenes del derecho vigente.
El texto anima a Kallas a explorar opciones disponibles en el marco jurídico actual y recuerda que la cooperación sincera y la solidaridad mutua son principios jurídicamente vinculantes en el Consejo. En la carta, los ministros admiten que el objetivo sigue siendo la máxima unidad posible, pero advierten de que redunda en su propio interés no quedar atrapados en puntos muertos cuando el consenso no llega.
El veto ya no es un instrumento jurídico: es la moneda con la que una sola capital fija el ritmo de la diplomacia europea.
La segunda vía de París y Berlín, y el pulso entre Kallas y Von der Leyen
Francia y Alemania aportan una segunda vía. Impulsan una reforma organizativa de la diplomacia europea para reforzar el papel coordinador de Kallas y evitar la cacofonía institucional en Bruselas. La propuesta no elimina la unanimidad, pero toca el reparto interno de la burocracia comunitaria.
Kallas es hoy la responsable formal de coordinar la política exterior, aunque varias competencias —defensa, relaciones con Oriente Medio o vecindad— dependen de carteras de la Comisión. Si la idea prospera, la estonia ganaría capacidad de coordinación, pero la presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen, mantendría la última palabra como su superior jerárquica. La rivalidad entre ambas no desaparece.
La reunión de Wicklow examinará ambas iniciativas. No se espera una decisión formal, pero la simple discusión cambia el marco del debate: por primera vez en años, los grandes socios continentales, señalan al procedimiento, no a un país concreto, como el punto débil de la acción exterior europea.
El Eje del Poder Europeo
El pulso de fondo es de geometría variable. La iniciativa la firman Berlín y París —el motor tradicional de la Unión— junto a un bloque de países del norte y del centro: Países Bajos, Austria, Dinamarca, Finlandia o Suecia. España y Rumanía aportan el flanco sur y este.
Quedan fuera Italia, Polonia, Hungría, Portugal o Grecia, capitales que, por razones distintas, siguen viendo la unanimidad como un escudo frente a las imposiciones de las grandes capitales. La ausencia de Italia llama la atención: Roma suele participar en este tipo de coaliciones, pero en esta ocasión no aparece. Tampoco lo hace Polonia, que mira la defensa con otro prisma. Budapest es el ejemplo evidente, pero no el único: en la política exterior, el veto es a menudo la única moneda de cambio de la mayoría de los Estados miembro.
Para España, la apuesta tiene doble filo. Moncloa gana si la UE deja de depender del veto húngaro en sanciones, misiones o vecindad; la diplomacia española lleva tiempo reclamando más agilidad en el Mediterráneo y el Magreb. Al mismo tiempo, renunciar a la unanimidad reduce la capacidad de cualquier Gobierno español de frenar, si algún día lo necesita, decisiones sobre Gibraltar, el Sáhara Occidental o la relación con Marruecos que no cuenten con el consenso suficiente.
En el plano económico, la iniciativa afecta sobre todo a la capacidad de la Unión para imponer sanciones a terceros, cerrar acuerdos de vecindad o movilizar misiones de seguridad. Las empresas españolas que dependen del comercio exterior o de la estabilidad del Magreb se juegan parte de su perímetro en esta batalla. La posición de Madrid es estratégica: más velocidad para la Unión, sí, pero con frenos claros para proteger los intereses nacionales.
La lectura a diez años va más allá de Kallas. Si la UE consigue normalizar las abstenciones constructivas y la mayoría cualificada en los asuntos exteriores, la política común dejará de ser rehén de la capital más obstruccionista. Si fracasa, aumentará la presión para que los países decididos a actuar creen formatos ad hoc, como sucedió con el mecanismo de rescate durante la crisis del euro. La Unión ganaría velocidad, pero a costa de una integración cada vez más asimétrica.
No es un debate nuevo: el veto ha sido el gran lastre de la acción exterior desde los años de la guerra de Irak, y cada crisis ha devuelto la misma conclusión sin desembocar en una reforma de calado. Kallas no ha esperado al debate para mover piezas. La próxima semana pondrá en marcha un grupo de expertos de alto nivel, con expolíticos y militares de todos los países de la Unión, del Reino Unido y de Ucrania, para buscar las lagunas de la defensa europea.
La pregunta es si ese grupo servirá para reforzar la defensa o para alimentar otra batalla de competencias entre la Comisión y el servicio exterior. La próxima cumbre del Consejo Europeo será el primer examen del alcance real de la revuelta diplomática.
