La puerta giratoria entre la alta administración y el Ibex 35 vuelve a estar en el centro de la actualidad. Al menos diez exministros o ex altos cargos del Gobierno suenan ahora mismo para ocupar sillones en grandes cotizadas españolas. El patrón se repite: quien diseñó el marco regulatorio en energía, telecomunicaciones o fiscalidad acaba sentándose al otro lado, en el consejo de la empresa regulada. La lista abarca desde el exministro de Industria y Energía José Manuel Soria, vinculado a Repsol, hasta el exministro de Ciencia Pedro Duque, candidato a un puesto en el Consejo de Indra, con nombres del PP y del PSOE por igual.
El criterio para incluir a cada nombre no es el nombramiento confirmado, sino el rumor corporativo o la negociación que ha trascendido. Hay perfiles como Alberto Nadal, exsecretario de Estado de Energía, que podría aterrizar en Endesa, o Elena Salgado, exministra de Hacienda, que suena como consejera de IAG, la matriz de Iberia. La mayor parte no son ejecutivos, sino consejeros, a veces presentados como independientes, lo que acentúa la contradicción con su pasado regulador. Todos coinciden en un punto: han gestionado áreas estratégicas —energía, banca, aeropuertos, defensa o digitalización— en las que el sector privado necesita contactos y conocimiento de los pasillos del poder.
2Soraya Sáenz de Santamaría y CaixaBank: el salto sin red desde el Consejo de Estado al mayor banco
El nombre de Soraya Sáenz de Santamaría vuelve a sonar para un consejo de administración, esta vez el de CaixaBank, la mayor entidad financiera española, y el contexto no puede ser más propicio. La exvicepresidenta del Gobierno es consejera electiva del Consejo de Estado desde 2018, un mandato que el Ejecutivo renovó en marzo de 2023, y desde julio de 2024 suma otro sillón, el de consejera independiente de Moeve, la antigua Cepsa, donde forma parte de la comisión de Auditoría. El hipotético aterrizaje en el banco coincide con una renovación generacional: José Ignacio Goirigolzarri dejó la presidencia el 1 de enero de 2025, Tomás Muniesa tomó el relevo y la junta de accionistas celebrada en abril incorporó cinco consejeros nuevos, a los que en mayo se sumó Bernardo Sánchez Incera como independiente. Que su nombre circule en plena reconfiguración del consejo dibuja el perfil exacto de la puerta giratoria que se fragua: el currículo institucional y jurídico ideal para cubrir una vacante de peso, y a la vez un imán para la polémica.
Lo que convierte el caso en paradigmático es el historial que arrastra, y no solo el rumor. Sáenz de Santamaría era vicepresidenta del Gobierno en 2012, cuando el Estado rescató Bankia con una inyección de miles de millones de euros; dos décadas después, la entidad que heredó ese salvamento, CaixaBank, es el mayor banco del país y el FROB, sucesor de aquel rescate, sigue siendo su segundo accionista y ha votado en contra de la política de retribuciones de los consejeros. Que quien formó parte del Ejecutivo que gestionó la crisis financiera pueda acabar sentada en el consejo del banco que absorbió la entidad rescatada reabre el debate sobre los límites de la ley de incompatibilidades de altos cargos y sobre la acumulación de aforos privados: consejera de Estado, asesora externa de Cuatrecasas y vocal de Moeve a la vez. El precedente de 2019, cuando la Oficina de Conflicto de Intereses dio luz verde a su fichaje por el bufete, sugiere que, de confirmarse el movimiento, el tránsito volvería a superar sin fricciones todos los controles.
