El despliegue de los fondos europeos de recuperación sigue marcado por el desfase entre lo anunciado y lo que finalmente llega a los beneficiarios. La Intervención General del Estado (IGAE) ha publicado el balance de ejecución de 2025 y confirma que las ayudas del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia no fluyen con la velocidad prevista. Entre todos los departamentos, cuatro concentran los mayores retrasos: en uno no se alcanza ni el 25%, y en otro la ejecución se quedó en el 38,2% de los 1.935 millones asignados. El problema no es solo cuantitativo: afecta a proyectos centrales.
Para esta relación se han tenido en cuenta las últimas cifras de ejecución publicadas por Hacienda y los programas más abultados del plan. El criterio no es el anuncio de convocatorias, sino el dinero efectivamente desembolsado y los tiempos entre publicación, resolución y pago. En ese examen destacan los corredores de mercancías, el PERTE de renovables, las ayudas a laboratorios y el PERTE del coche eléctrico, que acumula dos años de demora en los pagos pese a sus 4.295 millones. Son proyectos emblemáticos donde la distancia entre lo prometido y lo ejecutado resulta más evidente.
2Transición Ecológica: los PERTE verdes atascados en la burocracia ambiental
El departamento de Sara Aagesen encarna la brecha entre el BOE y el desembolso en los fondos verdes. La primera convocatoria de energías renovables innovadoras del IDAE, organismo dependiente de Transición Ecológica, cerró solicitudes el 18 de noviembre de 2024 con un plazo legal de tres meses para resolver; el instituto amplió ese plazo otros seis meses en marzo de 2025 y la resolución definitiva no se publicó hasta abril de 2026. El atasco ya se estaba cobrando víctimas concretas: la Diputación de Zamora renunció a 1,9 millones de los 4,17 solicitados para instalar renovables y almacenamiento en 62 municipios porque la resolución provisional llegó el 2 de junio de 2025, más de tres meses tarde, y las obras debían estar ejecutadas y justificadas antes del 31 de marzo de 2026.
No es un caso puntual, sino estructural en los PERTE que gestiona este ministerio. A mediados de 2025, BBVA Research calculaba que quedaba sin adjudicar cerca de la mitad de las convocatorias del PERTE de renovables, hidrógeno y almacenamiento (ERHA) y del de economía circular, y el ministerio tuvo que pedir a Bruselas que trasladara al segundo semestre de 2026 ayudas de la línea de nuevos modelos de negocio inicialmente previstas para el primer semestre de 2025. El cuello de botella se agrava porque líneas como la agrivoltaica, la fotovoltaica flotante o el hidrógeno suman a los plazos del IDAE la evaluación de impacto ambiental, con informes y recursos encadenados en el propio departamento. La consecuencia se lee en renuncias como la de Repsol en Puertollano, que dejó sin ejecutar diez millones adjudicados del ERHA, y en el paquete de unos 2.000 millones anunciado por el ministerio con plazos hasta 2028 para remendar la absorción antes de que expire el límite de agosto de 2026.
