El despliegue de los fondos europeos de recuperación sigue marcado por el desfase entre lo anunciado y lo que finalmente llega a los beneficiarios. La Intervención General del Estado (IGAE) ha publicado el balance de ejecución de 2025 y confirma que las ayudas del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia no fluyen con la velocidad prevista. Entre todos los departamentos, cuatro concentran los mayores retrasos: en uno no se alcanza ni el 25%, y en otro la ejecución se quedó en el 38,2% de los 1.935 millones asignados. El problema no es solo cuantitativo: afecta a proyectos centrales.
Para esta relación se han tenido en cuenta las últimas cifras de ejecución publicadas por Hacienda y los programas más abultados del plan. El criterio no es el anuncio de convocatorias, sino el dinero efectivamente desembolsado y los tiempos entre publicación, resolución y pago. En ese examen destacan los corredores de mercancías, el PERTE de renovables, las ayudas a laboratorios y el PERTE del coche eléctrico, que acumula dos años de demora en los pagos pese a sus 4.295 millones. Son proyectos emblemáticos donde la distancia entre lo prometido y lo ejecutado resulta más evidente.
3Ciencia e Innovación: las ayudas a laboratorios y empresas tecnológicas no llegan al 25%
El balance que publica Hacienda no deja lugar a dudas: ningún departamento acumula más retraso en el reparto de fondos europeos que el de Ciencia, Innovación y Universidades. Con los datos cerrados a agosto, la cartera que dirige Diana Morant solo había pagado 15.000 euros de los 438,1 millones en créditos presupuestados para el ejercicio, un 0,003%, la cifra más baja de todo el Gobierno. El atasco no se produce ni siquiera en la concesión de las ayudas, sino en el último tramo del circuito administrativo: las obligaciones reconocidas alcanzaban los 110,7 millones, el 25,3% de lo previsto, pero ese dinero comprometido no acaba de transformarse en pagos reales a laboratorios, universidades y empresas tecnológicas. Resulta especialmente paradójico porque «innovación» es una de las palabras más repetidas del Plan de Recuperación, con 250 menciones, y aun así el área que debía encarnar esa prioridad presenta la ejecución más pobre del Ejecutivo.
El ejemplo más gráfico de esa lentitud es la convocatoria de 31 millones para proyectos de inteligencia artificial, lanzada en julio de 2023 con ayudas de hasta dos millones por propuesta y cerca de un centenar de solicitudes admitidas de grupos interdisciplinares. Los proyectos se evaluaron en mayo de 2024, pero la resolución definitiva nunca llegó: el 30 de diciembre el Ministerio comunicó que ya no era «técnicamente posible» resolverla, alegando circunstancias sobrevenidas y la prioridad de la reconstrucción tras la DANA. La Confederación de Sociedades Científicas calificó la respuesta de insatisfactoria, y los investigadores afectados, con contratos y experimentos congelados, llegaron a pedir amparo a la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen. Con la ventana para absorber los Next Generation cerrándose en agosto de 2026, cada mes de dilación compromete dinero europeo ya asignado y castiga precisamente a los laboratorios y las empresas tecnológicas que debían ser sus destinatarios.
