António Costa ha puesto este miércoles una cifra y una fecha sobre la mesa del presupuesto de la UE 2028-2034. El presidente del Consejo Europeo defiende que los nuevos recursos propios —impuestos comunitarios directos— no son un capricho técnico, sino la única vía para contener las aportaciones nacionales de Alemania y del resto de socios. La negociación entra ahora en su fase política.
En una rueda de prensa conjunta en Berlín con el canciller alemán, Friedrich Merz, Costa fue directo: ‘No podemos pedir más a los Estados miembros. Necesitamos crear nuevos recursos propios para proteger los presupuestos nacionales’. La frase no es casual. Alemania financia una cuarta parte del presupuesto comunitario y Berlín exige que el próximo marco financiero no castigue a su contribuyente.
El calendario aprieta. Quedan menos de cuatro meses para el plazo informal que se han dado los Veintisiete para cerrar el presupuesto 2028-2034. Costa quiere llevar a la cumbre de líderes del 15 de octubre una lista acotada de impuestos comunitarios aceptables para los gobiernos. La Comisión había propuesto recaudar 66.000 millones de euros anuales con nuevos recursos propios. La realidad, tras más de un año de negociaciones, es otra: solo hay acuerdo sobre el mecanismo de ajuste en frontera por carbono (CBAM) y sobre la tasa de residuos electrónicos no recogidos, que juntos suman unos 20.000 millones.
Merz, que compareció junto a Costa, reiteró su receta: recortar ‘varios cientos de miles de millones’ de la propuesta de casi dos billones de euros que plantea la Comisión. La calificó de ‘simplemente prohibitiva, porque al final es el contribuyente europeo quien tiene que pagar la factura’. Costa aceptó el marco, pero giró el argumento hacia la autonomía estratégica: defensa, competitividad y transición climática son políticas que ningún país puede financiar en solitario.
El contexto político alemán añade presión a Merz. La visita de Costa se produjo solo tres días después de la victoria electoral histórica de la ultraderechista AfD en Sajonia-Anhalt. Varios diplomáticos comunitarios consultados por Merca2.es advierten de que el avance euroescéptico puede endurecer aún más la postura negociadora de Berlín. Si Merz necesita demostrar firmeza ante su electorado, ceder a Bruselas en impuestos europeos se vuelve más costoso.
El pulso del presupuesto europeo ya no es entre Bruselas y las capitales, sino entre el contribuyente nacional y la financiación de bienes públicos comunitarios.
Para España, la redefinición de los recursos propios toca de lleno su posición en el tablero. Madrid ha sido históricamente beneficiaria neta del presupuesto comunitario, sobre todo a través de la política de cohesión y de los fondos agrícolas. Un presupuesto 2028-2034 más ajustado en términos reales obliga a pelear cada línea de gasto. Fuentes conocedoras de la negociación consultadas por este medio apuntan que Moncloa observa con cautela la propuesta de Costa: apoya la idea de gravar a multinacionales y grandes fortunas, pero teme que los nuevos recursos propios acaben financiando defensa en lugar de cohesión.
La Comisión Europea insiste en que los nuevos impuestos no serán una carga adicional para los ciudadanos, sino una forma de que tributen quienes hoy escapan de las haciendas nacionales. Bruselas lleva meses defendiendo que el CBAM —la tasa a los productos importados con alta huella de carbono— es un ejemplo: paga el productor extranjero, no el consumidor de la UE. Sin embargo, la recaudación real de los dos únicos recursos aprobados hasta ahora no llega a un tercio de lo previsto. Esa brecha es el centro del debate técnico y político.
La brecha fiscal que obliga a decidir en octubre
El problema de fondo es que los Estados miembros no acaban de ponerse de acuerdo sobre qué nuevos impuestos soportan. La Comisión propuso una cesta amplia: transacciones financieras, beneficios de multinacionales, comercio electrónico. Doce meses después, las capitales solo han validado dos figuras recaudatorias. Entre esos dos acuerdos y la ambición inicial hay 46.000 millones de euros de diferencia al año. Esa cifra, prorrogada a lo largo de siete años, supera los 300.000 millones de financiación común sin resolver.
La cumbre del 15 de octubre es, por tanto, la primera gran criba política. Costa quiere llegar con una lista de impuestos aceptables, pero el rango de opciones sigue abierto. París defiende una tasa sobre las transacciones financieras. Roma y Madrid miran con buenos ojos un gravamen mínimo sobre los beneficios de las multinacionales. Los frugales del norte —Países Bajos, Austria, Dinamarca, Suecia y Finlandia— exigen primero reducción del gasto estructural antes de hablar de nuevos ingresos comunitarios. Berlín, con Merz al frente, comparte ese punto de partida pero añade una urgencia electoral interna.
El peaje para España y el sur europeo
El riesgo es que la negociación se convierta en un juego de suma cero: menos aportaciones nacionales equivale a menos techo de gasto y, por tanto, menos fondos para cohesión, agricultura y redes transeuropeas. España necesita que el sur no sea el pagano de la secuencia. Si los nuevos recursos se destinan sobre todo a defensa y competitividad industrial, regiones como Andalucía, Extremadura o Castilla-La Mancha podrían ver menguar sus remesas europeas de aquí a 2034.
Hay un segundo condicionante: la velocidad de despliegue del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia. Madrid todavía tiene que ejecutar una parte importante de los fondos Next Generation antes de 2026. Si el presupuesto 2028-2034 nace con un perfil de gasto más sobrio, el salto entre el fin del plan de recuperación y el nuevo marco puede ser brusco para la economía española. Ese es, precisamente, el argumento que Moncloa quiere poner sobre la mesa en la negociación.
El Eje del Poder Europeo
La escenificación de Berlín demuestra que el eje franco-alemán, debilitado durante años, vuelve a ser el centro de gravedad en la negociación presupuestaria. Merz acepta el marco de Costa, pero fija la condición: sin una reducción ‘de varios cientos de miles de millones’ en el techo de gasto, no habrá nuevos impuestos. El canciller alemán se apoya en la victoria de AfD para justificar su dureza. París, que prioriza la autonomía estratégica europea, prefiere acelerar los recursos propios sin tocar la capacidad de inversión. Esa tensión entre Berlín y París marcará toda la legislatura.
Frente a ese dúo, los países del sur —España, Italia, Portugal y Grecia— defienden que el presupuesto europeo no puede quedarse en una simplificación contable. Su argumento es estructural: en un escenario de tipos altos y crecimiento débil, la inversión pública necesita un paraguas comunitario. El presidente del Consejo Europeo, consciente de esta división, ha optado por una posición equidistante: presentar los recursos propios como una forma de ‘respetar todos los presupuestos nacionales’, sin aclarar todavía qué gasto se priorizará. Esa ambigüedad es su principal activo táctico.
El precedente histórico más claro es la negociación del Marco Financiero Plurianual 2021-2027, cuando la irrupción de Next Generation rompió el tabú de la deuda común europea. Aquel acuerdo, impulsado por la pandemia, permitió emitir deuda mancomunada a una escala nunca vista. Ahora, sin crisis sanitaria pero con guerra en Ucrania y competencia tecnológica creciente, la UE se enfrenta a una elección similar: mutualizar ingresos o asumir que cada Estado se rearme fiscalmente por su cuenta. Costa intenta repetir el consenso de entonces, pero sin el factor de urgencia pandémica la geometría es más fría.
La lectura a cinco años es clara. Si la UE no encuentra nuevos recursos propios antes de 2028, el presupuesto comunitario quedará estructuralmente infrafinanciado para cumplir las promesas de defensa y competitividad. España lo notará en la cuantía de los fondos de cohesión y en la velocidad de las inversiones verdes. Si, por el contrario, los nuevos impuestos salen adelante, se abrirá un precedente federal sin retorno: por primera vez, los presupuestos nacionales quedarán parcialmente resguardados por la fiscalidad común europea. La cumbre del 15 de octubre dirá cuál de los dos caminos elige Europa.
