Móstoles ya tiene cerradas 249 viviendas de protección pública en régimen de alquiler. El Ayuntamiento ha aprobado dos convenios con la Comunidad de Madrid que permitirán adjudicar las promociones de Móstoles Sur a través de la Agencia de Vivienda Social regional. La operación llega en pleno debate sobre el precio del alquiler, el asunto que el CIS coloca como primer problema del país con un 37,5% de menciones en su barómetro de septiembre.
Hay una cara menos visible. El informe de Fedea sobre el coste de la vivienda calcula que alrededor de 1,95 millones de personas en España vivían en 2025 en situación de pobreza oculta: no lo eran por renta, pero caían bajo el umbral después de pagar el alquiler o la hipoteca. En Móstoles, segundo municipio más poblado de la Comunidad de Madrid con unos 210.000 habitantes, ese porcentaje tiene nombres concretos.
El diagnóstico es compartido. Las soluciones, más discutidas.
Qué hay detrás de las 249 viviendas: dos parcelas, 20 años y ningún calendario público
El reparto entre las dos promociones es desigual. La primera se construirá en la parcela FR-81, entre las calles Casiopea e Hydra, y contará con 71 viviendas de alquiler, además de locales, trasteros, y garaje. La segunda se levantará en la parcela FR-63 y será bastante mayor: 178 viviendas para arrendamiento, con locales comerciales y aparcamiento incluidos.
Ambas comparten una condición que limita su futuro. Los pisos deberán permanecer en régimen de alquiler durante un mínimo de 20 años. Es el candado que impide que la protección se evapore con la primera compraventa, un problema que arrastran promociones antiguas que acabaron en el mercado libre.
Lo que no acompaña al anuncio es un reloj. No hay fecha de licitación de las obras, ni plazo estimado para la entrega de llaves, ni convocatoria de solicitudes. El Ayuntamiento habla de un paso importante y lo es, pero el vecino que quiera echar papeles todavía no sabe cuándo ni dónde.
Paciencia.
Quién podrá optar y quién se queda fuera de la criba

Los requisitos son más exigentes de lo habitual. El 75% de las viviendas queda reservado a vecinos de Móstoles que acrediten un mínimo de diez años de empadronamiento en el municipio. Los convenios, canalizados a través de la Agencia de Vivienda Social de la Comunidad de Madrid, fijan además una horquilla de ingresos: podrán acceder las unidades de convivencia cuyos ingresos anuales se sitúen entre 1,5 y 5 veces el IPREM.
El problema de Móstoles no es anunciar vivienda protegida, es que quien la necesita pueda firmar el contrato antes de rendirse y mudarse.
Esa franja deja fuera a los hogares sin ingresos acreditados, pero también a las rentas que no encuentran hueco en el mercado libre del municipio. El diseño apunta a un perfil concreto: jóvenes que ya viven en Móstoles y mantienen una nómina estable. Es una decisión legítima y conviene decirla sin adornos.
El resto tendrá que esperar a la siguiente promoción o al mercado privado. Cosas del suelo protegido.
El precedente del Plan Alquila y el nudo que sigue sin desatarse
La Comunidad de Madrid ya ensayó un modelo parecido con el Plan Alquila, nacido en 2008 para movilizar pisos vacíos hacia el arrendamiento. Aquel programa captó miles de viviendas, pero no tocó el nudo del problema: la distancia entre lo que puede pagar el inquilino y lo que exige el propietario. Las promociones de Móstoles Sur van por otra vía, la de construir sobre suelo público con reserva, más lenta y bastante más sólida.
La comparación con Barcelona tampoco favorece a la región. El Ayuntamiento de la capital catalana ha recurrido durante años a la compra de edificios completos mediante derechos de tanteo y retracto para engrosar su parque de alquiler asequible. Aquí la apuesta pasa por los desarrollos de nuevo suelo, y eso se mide en años.
Queda un dato que merece escala. El Consistorio habla de superar las 13.000 viviendas entre los planes parciales SUS R1, SUS R4 y SUNC-4, con un 60% de protección. Si los porcentajes se cumplen, serían unas 7.800 unidades protegidas. A eso se suma el Plan Especial para convertir locales vacíos en vivienda, que aspira a 3.000 más. Todo junto es ambicioso. Todo junto, también, es futuro.
El alcalde, Manuel Bautista, ha vinculado el desarrollo residencial a la movilidad: la llegada de la línea 10 de Metro y la conexión con la R-5. Son obras que cambiarían la ecuación del barrio, pero tampoco tienen fecha cerrada. Hasta entonces, el vecino de Móstoles Sur seguirá dependiendo del coche o del autobús.
Puedes consultar los criterios y la evolución de las promociones en la web del Ayuntamiento de Móstoles.
El anuncio es sólido sobre el papel. La duda es el reloj. Los convenios ya están aprobados; lo que falta es ver la primera grúa, la primera licitación y el primer contrato firmado. Ahí se medirá de verdad si estas 249 viviendas cambian algo en Móstoles o engrosan la lista de buenas intenciones que la ciudad ya conoce. La próxima cita, el calendario de licitación que publique la Agencia de Vivienda Social.
