EN 30 SEGUNDOS
- ¿Qué ha pasado? Trump firmó el viernes 18 de septiembre la ley Lindsey O. Graham, que autoriza aranceles de hasta el 100% a los grandes compradores de crudo y gas ruso.
- ¿Quién está detrás? La Casa Blanca y un Congreso con mayorías contundentes: 86-11 en el Senado y 262-159 en la Cámara. El Kremlin y el Ministerio de Comercio chino ya han replicado.
- ¿Qué impacto tiene? China e India quedan expuestas, el petróleo añade prima de riesgo y la vía diplomática sobre Ucrania pierde margen. España mira el precio del diésel.
Trump firmó el viernes la ley Lindsey O. Graham y activó el arma económica más contundente de su segundo mandato. El texto autoriza aranceles de hasta el 100% a los grandes compradores de crudo y gas ruso, con China e India en el punto de mira. No es una ronda de sanciones más. Es una declaración de guerra económica con fecha, con votos y con una cláusula de escape dentro.
Qué hay dentro de la ley Graham, más allá del titular del 100%
El texto nació en 2025 de la mano del senador republicano Lindsey Graham, fallecido de forma inesperada en julio, y del demócrata Richard Blumenthal. Permaneció bloqueado durante meses. Trump lo frenó mientras exploraba una salida negociada con Moscú y sus enviados discutían la normalización de los lazos económicos con sus homólogos rusos. El clima político cambió de signo y el proyecto salió adelante.
Los números de la votación explican ese viraje. El Senado aprobó la medida por 86 votos frente a 11 el mes pasado. La Cámara la respaldó el miércoles por 262 a 159. Mayorías amplias, con margen suficiente para los republicanos que aún se resisten a cargar toda la culpa del conflicto sobre Moscú.
La versión original era otra cosa. Sus promotores amenazaban con aranceles del 500% a los países que compraran energía rusa. La Casa Blanca negoció el recorte hasta el 100%. Graham lo vendía como sanciones capaces de aplastar huesos. El número final es menos espectacular, pero el mecanismo no ha cambiado: se golpea en la factura del comprador, no en la del productor.
Trump conserva, eso sí, un margen de maniobra enorme. La ley le concede discrecionalidad amplia para aplicar, suspender o eximir los aranceles si lo considera de interés nacional. Traducido al lenguaje de la negociación: la herramienta no es un muro, es una carta que se enseña y se guarda. Puede usarla contra Pekín, contra Nueva Delhi o dejarla dormida en el cajón hasta que convenga.
Una ley con cláusula de escape no cierra puertas: las deja entornadas y cobra peaje a quien quiera cruzarlas.
Los grandes compradores de crudo y gas ruso quedan en el punto de mira. China e India encabezan la lista. Ambos sostienen que su comercio energético con Moscú es legítimo y que no se dirige contra terceros países. El problema es que Washington ya no discute esa premisa: la da por superada de antemano.
Por qué el Kremlin habla de dinamitar la paz y Pekín promete represalias
El portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, no se anduvo con rodeos. Preguntado por RIA Novosti sobre el efecto de la norma en la vía diplomática, respondió que ‘claramente, esto no puede tener un efecto positivo’. Moscú la califica desde hace semanas de ‘acción poco amistosa’ que complica cualquier salida negociada en Ucrania.
La embajada rusa en Estados Unidos subió el tono. Sostiene que la norma hace ‘un flaco favor’ a la propia agenda de Trump y avisa de que restringir el comercio energético ruso, en un contexto de oferta reducida en Oriente Próximo, puede disparar los precios de los carburantes justo antes de las elecciones de medio mandato de noviembre. Su diagnóstico: la confrontación simultánea con Rusia y China es un juego de suma negativa que solo beneficia a los ‘belicistas euroatlánticos’.
Pekín optó por la fórmula institucional. El portavoz del Ministerio de Comercio, Guo Jiakun, defendió que China coopera ‘sobre la base de la igualdad y el beneficio mutuo’ y que su comercio no se dirige contra ningún tercero. La advertencia de represalias queda implícita, pero el marco legal chino contra las sanciones extraterritoriales existe desde hace años y ya se ha activado antes.
Equilibrio de Poder
Lo que observamos es un desplazamiento de fondo. Washington traslada el coste de la presión sobre Moscú a los compradores asiáticos. Es la lógica de las sanciones secundarias, la misma que la administración Obama desplegó en 2012 contra el crudo iraní y que obligó a India y a China a recortar compras para no perder acceso al sistema financiero estadounidense. Entonces funcionó a medias. Ahora el volumen ruso es mucho mayor y el apetito asiático, también. Dejémoslo en un ‘ya veremos’.
Bruselas mira desde la barrera. La UE mantiene su propio paquete de sanciones, pero carece de un instrumento equivalente para gravar a terceros y sigue dependiendo del paraguas estadounidense. Alemania e Italia temen que un encarecimiento del crudo golpee su industria justo cuando intentan recuperar competitividad. La Comisión Europea no ha fijado posición pública sobre la ley Graham y, con este calendario, probablemente no lo hará.
Para España el asunto tiene una derivada muy concreta. Buena parte del diésel que entra por los puertos españoles procede de refinerías indias alimentadas con crudo ruso. Si Nueva Delhi entra en el radar arancelario, ese flujo se encarece y la factura se traslada al transporte, a la agricultura, y a la pesca. Andalucía y Canarias concentran la mayor dependencia. En paralelo, los terminales de regasificación españoles, el mayor parque de la Unión Europea, pueden ganar valor como puerta de entrada alternativa de gas natural licuado hacia el centro del continente si el mapa de suministro vuelve a reordenarse.
A cinco o diez años, la lectura es la de una guerra económica estructural. La ley Graham no busca cerrar el grifo ruso de golpe, sino convertir cada barril en una decisión política para quien lo compra. Es la misma arquitectura que la Casa Blanca quiere replicar con China en tecnología y con Irán en energía, y por eso el texto lleva los dos nombres en el título.
El riesgo, y conviene decirlo, es que la herramienta se vuelva contra quien la empuña. Un barril más caro en octubre es un argumento de campaña en contra del gobierno que firmó la ley. El equipo económico de la Casa Blanca y la Reserva Federal lo saben. La próxima ventana crítica llega el 3 de noviembre, con las elecciones de medio mandato y el precio del carburante en cada surtidor. Antes, el informe mensual de la AIE correspondiente a octubre medirá el hueco real que deja el barril ruso. Ahí se verá si la ley Graham es disuasión o es titular.
