Cuatro módulos, cuatro prisiones y una misma denuncia repetida por los sindicatos de funcionarios: el control del día a día se ha escapado de las manos. No se trata de motines ni de episodios aislados, sino de una pérdida de autoridad que los trabajadores describen como sostenida y que atribuyen al peso creciente de los clanes dentro de los centros. Esta lista reúne los cuatro penales donde esa queja aparece con más insistencia en los informes sindicales y en las visitas del Defensor del Pueblo.
El criterio no es la alarma puntual, sino la coincidencia: CCOO y UGT llevan años señalando los mismos nombres, y en todos ellos la saturación se cruza con un déficit estructural de personal que las plantillas consideran irresoluble sin refuerzos. Cada centro tiene su propia lógica —el módulo perdido, la presión del clan en la frontera, la rivalidad entre bandas asentadas en la región o el destino final de los internos que otras cárceles expulsan—, pero comparten el mismo silencio de Instituciones Penitenciarias.
1Puerto II (El Puerto de Santa María, Cádiz): el módulo que los funcionarios dan por perdido
Puerto II es el centro preventivo del complejo penitenciario de El Puerto de Santa María (Cádiz), donde conviven tres prisiones. Según el Defensor del Pueblo, en el momento de su última visita, el 67-68% de los internos estaba en prisión provisional, pero se repartían por todos los módulos sin atender a su situación procesal, mezclándose preventivos con reincidentes y perfiles de alta conflictividad. El edificio supera los 35 años y arrastra deficiencias estructurales. Los sindicatos sostienen que esa combinación de masificación, antigüedad y falta de personal convierte algunos departamentos en espacios que la propia plantilla da por perdidos. Ya en 2011, la fuga de un interno del módulo 4, el de reincidentes, dejó a la vista la brecha: 86 reclusos vigilados por cuatro funcionarios cuando la plantilla requería 35.
La pérdida de control se mide también en las cifras. En los últimos cinco años se han incautado 80 teléfonos móviles en Puerto II —de los 272 decomisados en el conjunto de los tres centros—, y solo en 2024 se intervinieron 72 dispositivos en El Puerto. Los móviles alimentan un mercado negro que dispara los conflictos internos. A esa presión se suma la corrupción: en septiembre de 2025, la Policía desmanteló una trama que introducía móviles, alcohol, anabolizantes y medicamentos a cambio de entre 2.000 y 4.000 euros, liderada desde dentro por un interno de confianza destinado en enfermería y con el médico y dos funcionarios detenidos. En abril de 2026, un preso noqueó a un funcionario durante un traslado de módulo. Los sindicatos cifran en una cada 16 horas las agresiones en las cárceles españolas, más de mil en dos años.
