Ignacio Garriga señala al Ministerio de Transportes como ‘base operativa’ de la corrupción del PSOE tras las últimas actuaciones de la UCO. El secretario general de Vox ha llevado esa acusación a Figueres, donde ha comparecido junto al candidato al Congreso por Girona, Ignasi Mulleras.
Qué denuncia Vox y con qué argumentos
Ante los medios, Garriga ha acusado al Gobierno de Pedro Sánchez de convertir el Ministerio de Transportes en ‘la base operativa y la zona cero de la corrupción del Partido Socialista’. La tesis del partido es que ese departamento sirvió para colocar a personas vinculadas al PSOE, adjudicar contratos a amigos y cobrar comisiones en lugar de destinar los recursos públicos a mejorar la red ferroviaria y garantizar su seguridad.
El argumentario se apoya en las últimas diligencias de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil. Vox sostiene que la prioridad del Ejecutivo no fue la seguridad de las vías, sino la colocación de afines. Y añade un elemento que considera determinante: las advertencias de los maquinistas sobre el mantenimiento de las vías y los sistemas de seguridad.
De ahí su conclusión más dura. ‘La corrupción del Partido Socialista mata’, ha afirmado el secretario general, que vincula esa gestión con los accidentes ferroviarios. También ha calificado de ‘bochornoso’ e ‘insultante’ que el presidente del Gobierno se desvincule de las personas de su entorno que están investigadas.
Vox no se conforma con las dimisiones. ‘No sólo vamos a exigir responsabilidades políticas’, ha advertido Garriga, que reclama que se investigue la responsabilidad de Pedro Sánchez y que responda ante la justicia. La dirección nacional ya había calificado el ministerio de ‘zona cero’ de lo que Santiago Abascal describe como la mafia del presidente, con petición expresa de dimisión y de comparecencia ante los jueces.
La exigencia de Vox va más allá de las dimisiones: apunta directamente a la responsabilidad del presidente del Gobierno ante los jueces.
Dónde choca el relato con la aritmética parlamentaria
El recorrido de esas exigencias depende de la Cámara. Una comisión de investigación, el instrumento con el que el Congreso fiscaliza comparecencias y documentación del Gobierno, necesita mayoría en el Pleno, y los 33 diputados del GPVOX no bastan por sí solos. Sin el concurso del PP, la ofensiva se queda en la tribuna y en la campaña.
De momento no consta respuesta del Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible a estas acusaciones. En el partido asumen que el calendario manda: cualquier iniciativa de fiscalización que se registre en los próximos días se leerá con la campaña en marcha. Y ahí el PP tiene un problema de encaje, porque acompañar a Vox contra el ministerio le obliga a romper su equidistancia; no hacerlo deja a Vox el relato de la impunidad.
El discurso no se agota en la corrupción. En Figueres, Garriga ha señalado la localidad como ‘la puerta de entrada de la inmigración masiva, de la inmigración ilegal, del narcotráfico y del tráfico de armas’. Su receta pasa por reforzar los controles en las vías de entrada por carretera, elevar la presencia policial, extender la vigilancia a aeropuertos y fronteras marítimas y firmar acuerdos con los países de origen para ejecutar retornos. ‘Nadie va a entrar de manera ilegal a nuestro territorio nacional’, ha asegurado.
A eso suma la vivienda. El secretario general ha criticado que se mantengan ayudas y acceso a vivienda social para quienes acaban de llegar mientras hay españoles que no llegan a fin de mes. La propuesta es la prioridad nacional: destinar recursos a sanidad y educación, ampliar el parque de vivienda social y ayudar a las familias con dificultades.
Qué busca Vox con este movimiento en plena campaña
La elección del escenario no es casual. Girona es territorio de competencia múltiple, con formaciones como Aliança Catalana o los Comuns disputando el mismo espacio, y Vox quiere rentabilizar su perfil de oposición frontal. Garriga ha ampliado el llamamiento: ‘Pedimos el voto a exvotantes del Partido Socialista, a exvotantes del Partido Popular, de los Comuns, de Sumar, de Aliança Catalana y de todos, sin distinción alguna’.
Ese llamamiento transversal se concreta en un plan de reconstrucción nacional que, según el partido, debe devolver ‘la seguridad en las vías, la seguridad en las calles y la prosperidad de las familias y de los trabajadores españoles’. Es la traducción de campaña de un argumentario que la dirección repite desde hace meses: seguridad, fronteras y prioridad nacional.
El precedente sirve para medir el pulso. Tras la ruptura de los pactos de gobierno autonómicos con el PP en julio de 2024, Vox ha construido su discurso sobre la idea de que la equidistancia de los populares ante el PSOE es insostenible. Cada episodio de gestión fallida en Transportes reabre esa brecha y coloca al PP ante una pregunta incómoda. La incertidumbre, eso sí, es genuina: no está verificado que las investigaciones en curso alcancen responsabilidades políticas directas, y en el partido lo saben.
Con la cita con las urnas del 29 de noviembre en el horizonte, cada comparecencia funciona como un acto de doble filo: exigencia de responsabilidad al Gobierno y presión al PP por la derecha. La próxima cita medirá si el relato de la ‘base operativa’ aguanta el ritmo de la campaña.
