El Gobierno PP-Vox de Aragón elimina la cooperación al desarrollo de sus nuevos presupuestos: 9.595 millones, los mayores de su historia.
Qué defiende Vox con la supresión de la cooperación
El vicepresidente del Ejecutivo autonómico y consejero de Desregulación, Bienestar Social y Familia, Alejandro Nolasco, refrendó este viernes la decisión con el argumento que Vox viene repitiendo desde que ambas fuerzas comparten gobierno: los impuestos de los aragoneses deben quedarse en Aragón. ‘Los impuestos se deben dedicar al beneficio de Aragón, no de Argelia o en proyectos ecorresilientes con perspectiva de género en el Congo’, afirmó.
El fundamento que despliega el partido es el principio de prioridad nacional, una regla que ya aplica en otras ayudas y que, en su lectura, obliga a atender primero a quienes residen en la comunidad antes de destinar dinero público fuera de sus fronteras. Nolasco lo resume en una idea: los recursos son ‘finitos’ y la obligación de un gobierno es ordenarlos.
El destino que el vicepresidente señala como prioritario es la dependencia y la atención a los mayores. En Aragón hay más de 300.000 personas mayores, de las que un 18% tienen 85 años o más, según los datos que él mismo citó durante su comparecencia. Frente a esa realidad, sostiene, resulta difícil explicar que una parte del presupuesto se ‘dilapide’ en proyectos en el exterior en los que ‘en muchas ocasiones, ni siquiera se puede fiscalizar a dónde va a parar’.
No es el primer movimiento en esa dirección. El Gobierno de Jorge Azcón ya redujo estas partidas un 80% en su primer presupuesto conjunto, hasta dejarlas en 1,2 millones frente a los 6,2 millones del último ejercicio del socialista Javier Lambán. En junio, además, el departamento de Nolasco suprimió los 30.000 euros con los que se financiaba la Cátedra de Cooperación al Desarrollo de la Universidad de Zaragoza.
El principio de prioridad nacional se ha ido extendiendo, en paralelo, a otras políticas: la prestación aragonesa complementaria al ingreso mínimo vital y las ayudas por partos y adopciones múltiples exigen acreditar cinco años de residencia legal y efectiva, y las nuevas deducciones del IRPF por hijo reclaman cuatro años de residencia fiscal en España. Nolasco ha trasladado su intención de ampliarlo a más medidas a lo largo de la legislatura.
La supresión de la cooperación no es un ajuste contable: consolida el principio de prioridad nacional como criterio transversal del Ejecutivo aragonés.
El rechazo de la oposición y el recorrido de la medida
La oposición ha rechazado la supresión de forma frontal, y la Federación Aragonesa de Solidaridad (FAS) la atribuye a motivos ‘meramente ideológicos’, además de considerarse ‘el chivo expiatorio’ de unas políticas que, a su juicio, buscan quebrar los valores de la sociedad de ayuda. Es la crítica que el partido esperaba y para la que tiene respuesta preparada.
El argumentario de Vox se ordena en torno al control del gasto y a la jerarquía de las necesidades. Ninguna administración debería financiar proyectos que no puede auditar, y el dinero liberado tiene un destino identificable: la dependencia, los mayores y los servicios que sostienen el estado del bienestar en la comunidad. El debate, en esos términos, se desplaza del control del gasto al criterio de prioridad que cada gobierno elige.
En el plano parlamentario, las cuentas inician ahora su tramitación en las Cortes de Aragón, donde deberán superar el debate de totalidad y la fase de enmiendas antes de la votación final. La supresión llega avalada por el conjunto del Gobierno que preside el popular Jorge Azcón, de modo que el PP asume como propia una medida que en 2024 solo aceptó a medias y que ahora figura en el proyecto remitido a la Cámara.
La lectura estratégica: la prioridad nacional como marca de coalición
La secuencia es elocuente. Primero un recorte del 80%, después la eliminación total de la partida y, en paralelo, la extensión del principio de prioridad nacional a las ayudas sociales y a las deducciones fiscales. En el segundo presupuesto de la coalición, Vox no se limita a acompañar las cuentas del PP: fija el marco doctrinal sobre el que se ordenan, y lo hace en un área, la cooperación, donde el coste político es bajo y la señal identitaria, alta.
Ahí está el pulso con los populares. El PP aragonés redujo estas partidas cuando gobernaba en solitario con Lambán en la oposición y ahora firma su desaparición completa, una contradicción que la oposición explotará en la fase de enmiendas con la cifra de los 6,2 millones que la comunidad destinaba hace apenas tres ejercicios. Para Vox, en cambio, el dato que cuenta es otro: el presupuesto crece un 12% hasta los 9.595 millones y ninguna política social se recorta.
El precedente sirve además como ensayo de lo que el partido reclama en otras instituciones: la prioridad nacional como filtro previo de cualquier gasto público. Los siguientes hitos son la votación en las Cortes de Aragón y la comprobación de si el PP mantiene el criterio cuando la oposición exija reponer las partidas en el trámite de enmiendas.
