Cuatro módulos, cuatro prisiones y una misma denuncia repetida por los sindicatos de funcionarios: el control del día a día se ha escapado de las manos. No se trata de motines ni de episodios aislados, sino de una pérdida de autoridad que los trabajadores describen como sostenida y que atribuyen al peso creciente de los clanes dentro de los centros. Esta lista reúne los cuatro penales donde esa queja aparece con más insistencia en los informes sindicales y en las visitas del Defensor del Pueblo.
El criterio no es la alarma puntual, sino la coincidencia: CCOO y UGT llevan años señalando los mismos nombres, y en todos ellos la saturación se cruza con un déficit estructural de personal que las plantillas consideran irresoluble sin refuerzos. Cada centro tiene su propia lógica —el módulo perdido, la presión del clan en la frontera, la rivalidad entre bandas asentadas en la región o el destino final de los internos que otras cárceles expulsan—, pero comparten el mismo silencio de Instituciones Penitenciarias.
2Ceuta: el penal donde el clan no termina en el muro
El Centro Penitenciario Fuerte Mendizábal, en Loma Mendizábal, se inauguró en noviembre de 2017 con capacidad para cerca de un millar de internos y una superficie unas veinte veces mayor que la antigua cárcel de Los Rosales. Ocho años después sigue funcionando a un cuarto de su capacidad: solo dos de sus ocho módulos residenciales están operativos y el departamento de aislamiento permanece cerrado, mientras la plantilla ronda la mitad de lo que correspondería a un centro de ese tamaño. La consecuencia es que la población reclusa se concentra en pocos espacios, con la tensión regimental disparada. Y en Ceuta ese encierro no aísla a nadie: los miembros de los clanes son vecinos de la ciudad, sus bandas mantienen ramificaciones activas fuera del penal y la geografía —una ciudad diminuta y muy densa— impide cualquier distancia. Cuando en 2025 se trasladó a ocho integrantes de una misma organización para un macrojuicio, el sindicato CSIF describió el resultado como un «cóctel explosivo» de seguridad.
Que el conflicto no termina en el muro lo demostró el tiroteo de enero de 2025: una banda disparó desde el exterior varias ráfagas con un fusil de asalto AK-47 contra el penal. Se registraron seis ráfagas de cinco tiros cada una y al menos una bala acabó dentro del módulo ocho, sin causar heridos. Las pesquisas apuntaron a un ajuste de cuentas entre Los Tayenas —el clan de El Pastilla— y Los Piolines, las dos principales organizaciones que se disputan el narcotráfico en los barrios de El Príncipe y Los Rosales, y que ya habían protagonizado altercados con armas de fuego en la calle. A esa porosidad se suma la entrada de droga mediante drones: Ceuta fue uno de los puntos donde Instituciones Penitenciarias desplegó su sistema de inhibición en 2022 y es la única prisión con apoyo de una unidad antidrones de la Guardia Civil.
