Cuatro módulos, cuatro prisiones y una misma denuncia repetida por los sindicatos de funcionarios: el control del día a día se ha escapado de las manos. No se trata de motines ni de episodios aislados, sino de una pérdida de autoridad que los trabajadores describen como sostenida y que atribuyen al peso creciente de los clanes dentro de los centros. Esta lista reúne los cuatro penales donde esa queja aparece con más insistencia en los informes sindicales y en las visitas del Defensor del Pueblo.
El criterio no es la alarma puntual, sino la coincidencia: CCOO y UGT llevan años señalando los mismos nombres, y en todos ellos la saturación se cruza con un déficit estructural de personal que las plantillas consideran irresoluble sin refuerzos. Cada centro tiene su propia lógica —el módulo perdido, la presión del clan en la frontera, la rivalidad entre bandas asentadas en la región o el destino final de los internos que otras cárceles expulsan—, pero comparten el mismo silencio de Instituciones Penitenciarias.
5El hilo que une a las cuatro: plantillas bajo mínimos y el mutismo de Instituciones Penitenciarias
Lo que comparten los cuatro centros no es un incidente concreto, sino un mismo déficit estructural de personal que los sindicatos llevan años cuantificando. CCOO sostiene que las prisiones dependientes del Ministerio del Interior acumulan unas 3.000 plazas vacantes y que la ratio de reclusos por trabajador llega a 2,1, un 40% por encima de la recomendación europea, fijada en 1,5. Entre mayo de 2020 y diciembre de 2025, la población reclusa creció un 11,71% (un 7,53% en los centros de Interior), mientras la plantilla solo aumentó en torno a un 2%. CSIF eleva a 3.037 las vacantes reconocidas en la relación de puestos de trabajo. La última oferta de empleo público para prisiones, de 1.223 plazas, no cubre siquiera las 994 bajas de funcionarios registradas en 2025. Menos funcionarios, más internos y perfiles más violentos.
El segundo rasgo común es el mutismo de la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias. ACAIP-UGT denunció que seguía sin recibir respuesta, más de un mes después de su escrito del 9 de agosto, sobre la apertura de nuevos módulos en Archidona y su impacto en la plantilla. En la última Mesa Delegada, la Administración se negó a plantear plazas nuevas y solo ofreció amortizar puestos de otros centros para trasladarlos. CSIF boicoteó los actos de la Merced, patrona del cuerpo, para protestar por la falta de respuesta a sus reivindicaciones y por la escasa defensa pública del colectivo. En Cataluña, SICAP-FEPOL reclama la destitución del director general de Asuntos Penitenciarios y ha denunciado la designación de 37 mandos que no desempeñan funciones efectivas.
