El Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha condenado a España en varias ocasiones por no aplicar directivas comunitarias de aguas, residuos, medio ambiente o transporte. En algún caso, el fallo llegó con sanción económica directa: la depuración de aguas residuales acumula 12 millones de euros de multa única y 10,95 millones por cada semestre de retraso. En otros, la sentencia es una declaración de incumplimiento cuya factura puede llegar más tarde, si Bruselas vuelve a Luxemburgo a pedir una segunda condena.
La selección sigue un criterio estricto: solo figuran asuntos con sentencia firme del tribunal europeo, identificados con su fecha y su número de expediente, y ordenados por la gravedad del incumplimiento y por su coste potencial para las arcas públicas. Cuando la resolución todavía no fija un importe, se indica, porque la multa dependerá de si España corrige antes de que la Comisión Europea reclame. Quedan fuera apercibimientos y procedimientos abiertos sin fallo.
4Nitratos de origen agrario: las zonas vulnerables que España no declaró a tiempo
El caso de los nitratos es el más antiguo de la lista. La directiva que obliga a proteger las aguas frente a la contaminación agraria es de 1991, y España ya fue condenada en 1998 (asunto C-71/97) por no designar sus zonas vulnerables y en 2000 (C-274/98) por no remitir los programas de actuación. El Tribunal de Justicia volvió a fallar contra España el 14 de marzo de 2024 (asunto C-576/22): el país no había declarado a tiempo las zonas de captación ligadas a puntos de medición contaminados en Illes Balears, Madrid y la Comunitat Valenciana —entre ellos el TA 53306008 madrileño o los JU210, JU209 y JU202 valencianos—, dejó incompletas las medidas obligatorias de los programas de actuación en Aragón, Castilla-La Mancha, Castilla y León, Extremadura y Madrid, y no aprobó medidas adicionales o reforzadas en Aragón, Castilla-La Mancha, Castilla y León y la Región de Murcia.
Buena parte de ese retraso sigue sin corregir, y ahí está su peso dentro de la lista. El 4 de junio de 2026 la Comisión envió a España una carta de emplazamiento al amparo del artículo 260 del TFUE (expediente INFR(2018)2250), con dos meses para subsanar, porque faltan las medidas obligatorias sobre fertilizantes en terrenos inclinados en Castilla y León y las medidas adicionales en Aragón, Castilla-La Mancha, Castilla y León y Murcia. Si la respuesta no convence, Bruselas puede volver al Tribunal y reclamar sanciones económicas —suma a tanto alzado y penalización periódica— que asumiría el Estado. Los datos sostienen la exigencia: en el cuatrienio 2020-2023 el 32% de los puntos de la red de aguas subterráneas superó los 50 mg/l de nitratos en valor máximo, Murcia registra el 51,6% de estaciones contaminadas frente al 23,4% de media nacional y, con el umbral rebajado a 37,5 mg/l por el Real Decreto 47/2022, las nuevas zonas vulnerables deberán cubrir el 83% de su territorio.
