El PSOE se abstuvo hace una semana en la ley de Sumar contra los fondos buitre. Una semana después, el Ministerio de Vivienda culpa al PP del desahucio de Maricarmen.
La contradicción entre el discurso del Gobierno y el voto del PSOE
Isabel Rodríguez, ministra de Vivienda, compareció este miércoles en los pasillos del Congreso para defender la actuación del Ejecutivo. Aseguró que su Ministerio «ha hecho mucho» para impedir el desalojo y que el Gobierno llegó a contactar con la empresa propietaria para apelar al «carácter social de esta vivienda y la vida de Mari Carmen».
También explicó que se intentó mediar para adquirir el inmueble. Después situó el foco en la Comunidad de Madrid: acusó al PP de provocar la situación por «la insidia y las mentiras» de los populares y, fuera de la Cámara, a Isabel Díaz Ayuso de poner «una alfombra roja» a los fondos buitre que adquirieron la vivienda.
La memoria parlamentaria es selectiva; los registros del Congreso, no. El martes 15 de septiembre, el Pleno debatió una proposición de ley de Sumar que pretendía reservar la compra de viviendas a personas físicas y limitar la adquisición de inmuebles por parte de fondos y empresas. La Cámara rechazó su toma en consideración con los votos en contra del PP, Vox, Junts y UPN, y la abstención del PSOE y el PNV. Era la segunda vez que una iniciativa así llegaba al Pleno y chocaba con la misma respuesta socialista.
La reacción del socio minoritario del Gobierno fue inmediata. «¡No tenéis vergüenza! La semana pasada llevamos una ley para frenar la compra especulativa de fondos buitres… y para sorpresa de nadie el PSOE se abstuvo», reprochó su portavoz, que acusó a los socialistas de impedir incluso que la propuesta comenzara su tramitación.
El Gobierno reclama ahora al PP lo que el grupo socialista dejó pasar hace una semana: una herramienta para frenar a los fondos buitre.
La defensa de la ministra se apoya en la letra pequeña del caso. Recordó que el Ejecutivo respaldó la petición de Naciones Unidas para suspender cautelarmente el desalojo y que su departamento medió con la propiedad a través de Casa 47. También reclamó al PP y a Junts que permitan recuperar la moratoria antidesahucios para personas vulnerables.
El Ministerio sostiene que hizo todo lo que estaba en su mano. El Ayuntamiento de Madrid asegura, en cambio, que sus servicios sociales siguieron el caso y ofrecieron recursos de alojamiento que la afectada rechazó. Maricarmen, mientras tanto, ya ha abandonado la casa en la que vivió 71 años.
El decreto de vivienda bloqueado y el límite de las herramientas del Gobierno
El caso de Maricarmen no es un accidente aislado, sino la punta de un problema que se repite. La propia ministra reconoció, en una entrevista publicada antes de que se ejecutara el desalojo, que le habría gustado llegar «más lejos» con el decreto de vivienda que sigue bloqueado en el Congreso. Rodríguez llegó a afirmar entonces que en Madrid existe «la ley de la selva» y que ella no puede «poner una pistola a Ayuso» para que ejerza sus competencias.
Esa frase resume el límite estructural del Ejecutivo central: puede mediar, puede pedir, puede señalar, pero las competencias de vivienda y de de servicios sociales están en manos autonómicas y municipales. El discurso del Gobierno y la aritmética parlamentaria no siempre coinciden.
El Ejecutivo reclama al resto de grupos nuevas herramientas contra los desahucios y acusa a los populares de ponerse del lado de los fondos. Sin embargo, hace apenas ocho días su propio grupo parlamentario dejó sin recorrido una propuesta que tocaba esa misma fibra. La contradicción entre el discurso y la aritmética parlamentaria no invalida las acusaciones al PP, pero tampoco las refuerza.
La Dinámica de Coalición
Dentro de Sumar, la vivienda funciona como una de las señas de identidad del espacio que lidera Yolanda Díaz. La formación integra a confluentes como Izquierda Unida, Más País, Compromís o Catalunya en Comú, y la limitación de la compra de vivienda por parte de fondos es uno de los puntos donde el acuerdo interno resulta más sencillo. Por eso la abstención socialista se recibió como algo más que un desencuentro técnico: fue un golpe al eje que Sumar quiere rentabilizar políticamente.
La dimensión de coalición es la más delicada. PSOE y Sumar comparten Gobierno desde 2023 y necesitan entenderse para sacar adelante cualquier ley. En vivienda, sin embargo, los socialistas caminan con la vista puesta en un electorado más moderado, mientras Sumar presiona desde el flanco izquierdo. La abstención del 15 de septiembre no rompe la coalición, pero deja reproches cruzados que reaparecerán cada vez que ambos socios coincidan en el Pleno.
Y hay un dato que conviene no olvidar: es la segunda vez que una iniciativa de Sumar contra los fondos buitre se topa con la abstención socialista. Si la moratoria antidesahucios vuelve al Congreso y el PSOE repite su posición, la brecha entre los dos socios dejará de ser un episodio para convertirse en una tendencia.
Ficha del Caso
- El caso: El PSOE se abstuvo el 15 de septiembre en una proposición de ley de Sumar para limitar la compra de vivienda por fondos buitre. Ocho días después, el Ministerio de Vivienda culpa al PP del desahucio de Maricarmen.
- Datos importantes: La toma en consideración se rechazó con los votos en contra de PP, Vox, Junts y UPN y la abstención del PSOE y el PNV. Era la segunda vez que una iniciativa similar llegaba al Pleno. Maricarmen, de 87 años, vivía en la casa desde hacía 71.
- Resumen: La contradicción entre el discurso del Gobierno y el voto de su grupo tensiona la coalición PSOE-Sumar y debilita su argumento contra el PP en materia de vivienda.
