EN 30 SEGUNDOS
- ¿Qué ha pasado? El subcomité de Crimen y Contraterrorismo del Senado ha examinado este miércoles la red de lectores de matrículas con IA. Los consejeros delegados de Flock Safety, Axon Enterprise, Motorola Solutions y Verkada no han comparecido.
- ¿Quién está detrás? El presidente del subcomité, el republicano Josh Hawley, y los demócratas de la Cámara alta, en un frente poco habitual.
- ¿Qué impacto tiene? Se abre la puerta a citaciones obligatorias y a condiciones en los contratos federales. En España, el debate llega con el RGPD y la ley europea de IA ya en vigor por fases.
Cuatro empresas citadas por el Senado por su vigilancia con IA han dejado la silla vacía en el Capitolio.
Los consejeros delegados de Flock Safety, Axon Enterprise, Motorola Solutions y Verkada, cuatro de los mayores operadores de lectores de matrículas del país, declinaron la invitación del subcomité. La ausencia sirvió, paradójicamente, para que senadores de ambos partidos coincidieran en algo poco frecuente: la red de cámaras que reconstruye los movimientos de cualquier conductor merece un examen urgente.
Qué ha pasado y qué buscaba Hawley con la citación
El subcomité que preside Josh Hawley, senador republicano por Misuri, había invitado a los cuatro primeros ejecutivos a explicar cómo funcionan sus sistemas ALPR —automatic license plate readers, lectores automáticos de matrículas— y qué hacen con la base de imágenes que generan. Ninguno aceptó. El Comité Judicial del Senado celebró la sesión el miércoles.
La mecánica es sencilla. Una cámara capta la placa, la hora y la ubicación. Con suficientes puntos, el rastro deja de ser una foto suelta y se convierte en un historial: por dónde pasa un coche, a qué hora vuelve a casa, con quién se cruza. Los senadores lo llamaron red de vigilancia.
El plantón tiene su lógica. Una comparecencia ante el Capitolio se presta bajo juramento y obliga a poner por escrito cuántas imágenes se conservan, durante cuánto tiempo y a qué cuerpos policiales se ceden. Cada respuesta se convierte en material para demandas.
Silencio, con abogados detrás.
El problema no es la cámara sujeta a una farola: es la base de datos que recorre el país sin que ningún juez haya autorizado su consulta.
El detonante no es la cámara sino la letra pequeña: a quién se ceden los datos y con qué orden judicial. Comunidades de todo el país han expresado su rechazo en los últimos dos años, y algunas administraciones locales han revisado contratos con operadores de lectura de matrículas. Illinois y Texas cuentan desde hace años con leyes propias de privacidad biométrica. El mosaico resultante es imposible de cumplir sin duplicar sistemas.
Lo que España tiene en juego con los lectores de matrículas
La discusión no es solo americana. En España, las zonas de bajas emisiones de Madrid y Barcelona y, buena parte de los aparcamientos públicos funcionan con lectura de matrícula; la DGT y la Guardia Civil usan sistemas similares en carretera. La diferencia no está en la tecnología: está en el marco. Aquí mandan el RGPD, con sanciones de hasta 20 millones de euros o el 4% de la facturación global, y la ley europea de IA, que despliega sus obligaciones hasta 2027 bajo la vigilancia de la Agencia Española de Protección de Datos.
Hay negocio español en juego. Grupos como Indra, con su negocio de movilidad y tráfico, o Telefónica Tech, en cloud y seguridad, compiten por contratos de gestión de tráfico en Europa y Latinoamérica. Lo que se decida en el Capitolio marcará el estándar de facto: el mercado americano es demasiado grande para que un fabricante europeo mantenga dos diseños distintos. Las normas de Washington viajan con el producto.
Y viajan rápido.
La Lógica de Washington
¿Qué intenta resolver el Senado? Un vacío legal, no un problema técnico. La Cuarta Enmienda protege frente a registros irrazonables, y en 2018 el Tribunal Supremo dictaminó en Carpenter contra Estados Unidos que acceder al historial de localización de un móvil exige orden judicial. El Capitolio no logra responder por qué ese mismo rastro, generado por un contratista privado a partir de una matrícula, queda fuera del radar constitucional. La cámara es barata. El negocio es la base de datos.
La coalición que sostiene este escrutinio es curiosa, y explica el tono del miércoles. Hawley combina un perfil de mano dura en seguridad con un historial de enfrentamientos con las grandes tecnológicas, un perfil habitual en en el ala del Partido Republicano que desconfía de las corporaciones tanto como del Gobierno federal. A su lado, los demócratas del subcomité llevan una década empujando leyes de privacidad.
No es la primera vez que el Congreso actúa sobre vigilancia sin aprobar una ley general: en 2019 incluyó en la ley de defensa el artículo que prohíbe a las agencias federales comprar equipos de fabricantes chinos como Hikvision; en 2003 cortó la financiación de Total Information Awareness, el programa del Pentágono para rastrear datos masivos. El manual se repite: audiencia, presión pública y, después, el grifo del gasto federal.
Para España, la consecuencia es de estándar. Si el Congreso impone auditorías, retención limitada y control judicial previo en los contratos federales, esa exigencia será referencia mundial, como ocurrió con la protección de datos tras el caso Cambridge Analytica. Bruselas juega con ventaja regulatoria, pero se diluye si el parque tecnológico instalado sigue siendo americano. La próxima ventana es procesal: sin comparecencias voluntarias, el subcomité puede emitir citaciones obligatorias, con riesgo de desacato.
El límite es evidente. Una audiencia no cambia una ley, y una ley federal de privacidad lleva una década encallada en el Capitolio. La vía rápida pasa por el presupuesto: condicionar los fondos de ayuda a la policía local a requisitos de auditoría y retención. Se aprueba con mayoría simple, sin nuevo marco constitucional. En Washington, la privacidad suele regularse por la puerta de atrás del gasto.
Ficha del Caso
- El caso: El subcomité de Crimen y Contraterrorismo del Senado examina la red de lectores de matrículas con IA después de que sus cuatro mayores operadores rechazaran declarar.
- Datos clave: Cuatro compañías invitadas —Flock Safety, Axon Enterprise, Motorola Solutions y Verkada— y ninguna comparecencia. La sesión se celebró el miércoles; el Senado puede escalar a citaciones obligatorias.
- Para España: Madrid, Barcelona, la DGT y la Guardia Civil ya usan lectura de matrículas bajo el RGPD y la ley europea de IA. El estándar que fije el Capitolio condicionará a los fabricantes europeos.
