EN 30 SEGUNDOS
- ¿Qué ha pasado? El Consejo de la UE aprueba este lunes cinco Proyectos de Interés Común Europeo en drones y antidrones, defensa marítima y de fondos marinos, espacio, defensa aérea y antimisil, y vigilancia del flanco este. Todos son elegibles para los 1.500 millones del programa EDIP.
- ¿Quién está detrás? El Consejo y la Comisión Europea, con el comisario de Defensa, Andrius Kubilius, como principal impulsor. Ucrania entra en cuatro de los cinco proyectos y Noruega, país asociado, en dos de ellos.
- ¿Qué impacto tiene? La UE pasa de coordinar el gasto a ordenarlo industrialmente. El dinero real seguirá saliendo de los presupuestos nacionales y España aspira a entrar en las cadenas de suministro de drones y defensa aérea.
El Consejo de la UE aprueba cinco proyectos de defensa de la UE con 190.000 millones de inversión prevista hasta 2036.
La decisión llegó este lunes, sin rueda de prensa y con un comunicado de tres párrafos, según el texto difundido por el Consejo de la UE, que actúa como colegislador del bloque. Los Veintisiete han dado luz verde a cinco Proyectos de Interés Común Europeo —los EDPCI, en la jerga comunitaria— que cubren drones y antidrones, defensa marítima y de fondos marinos, espacio, y defensa aérea y antimisil, más un quinto dedicado a la protección del flanco este. Todos son elegibles para el programa EDIP (European Defence Industry Programme), dotado con 1.500 millones de euros hasta 2027, de los que la Comisión ya ha asignado 325 millones a los proyectos de interés común.
La cifra que de verdad importa no es esa. Es la ambición de inversión agregada: alrededor de 190.000 millones de euros hasta 2036. Ese horizonte, que Kubilius calificó de ‘avance decisivo’ y presentó como la palanca para cerrar brechas críticas de capacidad, es lo que convierte la aprobación del lunes en un cambio de doctrina y no en un trámite administrativo. En su cuenta de X, el comisario lo resumió así: ‘Estos proyectos paneuropeos marcarán la diferencia para las fuerzas armadas de nuestros Estados miembros, para Ucrania y para nuestra seguridad en su conjunto’.
Hasta ahora, Europa coordinaba. A partir de aquí, empieza a industrializar.
Cinco proyectos y una factura que nadie quiere pagar en solitario
El más maduro es Decoder, el proyecto de drones y antidrones. Reúne a la mayoría de los Estados miembros, más Noruega y Ucrania, con una inversión indicativa de 3.500 a 5.000 millones de euros hasta 2033. Es la respuesta industrial a una realidad incómoda: una parte relevante de los sistemas que vuelan sobre Ucrania no se fabrican en Europa, y el coste unitario de un interceptor antiaéreo sigue siendo desproporcionado frente al de un dron de ataque barato.
El resto de la lista maneja cifras que marean. El proyecto marítimo y de fondos marinos (IMSD) apunta a entre 43.000 y 72.000 millones hasta 2045, y el espacial, a 24.000 millones hasta 2034. El de defensa aérea y antimisil federada (EU-FIAMD), que incorpora un elemento de alerta temprana, se mueve entre 55.000 y 80.000 millones hasta 2040. El de vigilancia del flanco este, con doce Estados miembros, Noruega y Ucrania y un enfoque multidominio, maneja entre 60.000 y 100.000 millones hasta 2036.
La UE no compra un ejército común: compra la infraestructura industrial para no depender de Washington ni de Ankara cuando llegue la próxima crisis.
Ucrania entra en cuatro de los cinco: la señal que Moscú ya está leyendo
En cada proyecto participan, de media, dieciocho Estados miembros. Ucrania aparece en cuatro de los cinco, una anomalía institucional que Bruselas ha convertido en norma: un país en guerra, y sin ser miembro, se sienta en la mesa industrial de la UE. Noruega, país asociado, entra en Decoder y en el flanco este.
La lectura política es inequívoca. Moscú sostiene desde hace dos años que la producción europea de drones y munición forma parte de la guerra, no de la postguerra. Cada EDPCI aprobado refuerza ese argumento. Lo que la Comisión presenta como cooperación industrial, el Kremlin lo archivará como infraestructura de sostenimiento de una guerra de desgaste.
El problema europeo nunca ha sido la falta de dinero, sino la incapacidad de gastarlo sin duplicidades. La ruptura del proyecto franco-alemán para desarrollar un caza de sexta generación —el FCAS, un programa que llevaba una década sobre el papel— es el recordatorio más reciente de que veintisiete intereses industriales compiten por el mismo contrato. Que Bruselas blinde ahora cinco macropoyectos con un marco común y horizontes a veinte años es, sobre todo, un intento de que esa historia no se repita.
Equilibrio de Poder
En Washington, la aprobación del lunes se leerá con incomodidad y con alivio a partes iguales. La administración Trump lleva dos años exigiendo a Europa que pague su propia defensa y que deje de tratar a Estados Unidos como un seguro gratuito. Cinco proyectos industriales con 190.000 millones de ambición inversora son, en teoría, exactamente lo que la Casa Blanca pedía. El problema, para el Pentágono, es que ese dinero también construye una base industrial que a medio plazo competirá con la estadounidense en drones, antimisiles y sistemas espaciales.
Moscú, en paralelo, leerá la decisión como una escalada. No es una exageración retórica: los EDPCI son, en la práctica, una política industrial de guerra aplicada a un continente en paz formal. Bruselas lo niega con la boca pequeña y lo confirma con las cifras.
Para España, el cálculo es más pedestre y más urgente. La industria nacional —Indra en sistemas de mando y control, Airbus España en plataformas, Navantia en el ámbito marítimo— aspira a entrar en las cadenas de suministro de Decoder y del EU-FIAMD. La letra pequeña del EDIP, que exige consorcios transnacionales con al menos tres Estados miembros, favorece a los grandes contratistas franceses y alemanes, con músculo financiero suficiente para liderar. España tiene tecnología, pero llega a la mesa con presupuesto: sigue sin cumplir el 2% del PIB comprometido con la OTAN, y el 5% que exige Washington suena hoy a otra liga.
El precedente que sobrevuela todo esto es la Comunidad Europea de Defensa, el tratado que en 1954 debía integrar los ejércitos del continente y que la Asamblea Nacional francesa enterró en una sola votación. Setenta y dos años después, Bruselas intenta algo parecido por la puerta de atrás: no un ejército común, sino una base industrial común. Es la vía más pragmática y, a la vez, la más difícil de desmontar una vez arrancada.
La lectura a cinco años es clara. Los 1.500 millones del EDIP se agotan en 2027 y los 190.000 millones son hoy una declaración de intenciones, no un cheque. El verdadero pulso llegará en la negociación del próximo marco financiero plurianual, donde la Comisión intentará convertir estas cinco promesas en dinero contable. La próxima ventana crítica no es militar: es presupuestaria.
