Vox arranca al Gobierno las cifras de la Ley de Nietos: 600.684 nacionalizaciones aprobadas y 369.017 inscripciones ya practicadas en el registro consular. El dato llega por escrito, en una respuesta parlamentaria remitida al Grupo Parlamentario VOX, y confirma el volumen de un proceso que el partido lleva meses exigiendo revisar.
La dirección que preside Santiago Abascal no se ha limitado a pedir el dato. Junto a la cifra, la formación reclama una auditoría del proceso y un endurecimiento de la política migratoria, con controles previos más estrictos y verificación efectiva de cada expediente antes de inscribir a un nuevo español. El argumento es simple: si el propio Ejecutivo reconoce el volumen, debe demostrar el rigor con el que lo ha tramitado.
Qué exige Vox al Gobierno y con qué datos lo sostiene
El escrito parlamentario desglosa el proceso. Hasta el pasado 31 de agosto se habían recibido presencialmente en las oficinas consulares de España en el extranjero 1.317.108 solicitudes de opción a la nacionalidad al amparo de la disposición adicional octava de la Ley de Memoria Democrática, conocida como Ley de Nietos. A principios de septiembre, las aprobadas ascendían a 600.684 y las inscripciones practicadas sumaban 369.017, más de la mitad del total aprobado.
Para Vox, el problema no es solo administrativo. La formación vincula ese goteo de inscripciones al crecimiento del Censo Electoral de Residentes Ausentes (CERA), el registro que agrupa el voto exterior y que en los últimos años ha alterado los equilibrios en circunscripciones ajustadas. Un español inscrito en el consulado es un elector más de ese censo. Vox pide que se explique cómo se verificó la identidad de cada solicitante.
La exigencia se concreta en tres frentes: auditoría independiente del proceso, publicación del número de expedientes denegados y coordinación efectiva entre los consulados y el Registro Civil. Los diputados del GPVOX recuerdan que la disposición adicional octava se aprobó en octubre de 2022 con vigencia temporal y con criterios de acreditación que, a su juicio, se han aplicado con notable laxitud. Cada inscripción nueva, subrayan, modifica el censo de una comunidad autónoma concreta.
La cifra no es un detalle administrativo: 369.017 inscripciones consulares son 369.017 electores potenciales en el censo exterior.
Qué responde el Gobierno y qué recorrido tiene la exigencia
El Ejecutivo rechaza de plano cualquier irregularidad. En el mismo escrito, el Gobierno garantiza que los consulados actúan con pleno respeto a la ley y a las instrucciones de la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública, y asegura que velan por la concordancia del Registro Civil con la realidad. Añade que no se expiden DNI fuera del territorio nacional y que a la Sección de Investigación de Fraude Documental no le consta investigación policial alguna sobre la Ley de Nietos.
Que no conste una investigación abierta no equivale a que el proceso esté auditado, y ahí quiere llevar Vox el debate. La respuesta parlamentaria obliga al Gobierno a contestar por escrito, pero no tiene valor normativo ni fuerza para modificar un solo artículo. El margen del partido se limita, con esa herramienta, a fijar posición.
El recorrido real de la exigencia pasa por otras vías. El GPVOX puede registrar una proposición no de ley (PNL, un instrumento que fija la posición de la Cámara sin valor normativo directo), pedir la comparecencia del ministro competente o reclamar documentación adicional por la vía de la información pública. Ninguna ruta cambia por sí sola el criterio de los consulados, pero todas obligan al resto de grupos a retratarse.
La estrategia de Vox: del censo exterior al marco migratorio
A la espera de movimientos está el Partido Popular. Los populares han hecho del control migratorio uno de sus ejes de discurso, pero no han acompañado a Vox en las iniciativas que cuestionan la gestión consular ni el impacto del voto exterior. Ambos partidos mantienen abierto un pulso por el mismo electorado, sobretodo desde la ruptura de los gobiernos autonómicos de coalición, y cada movimiento de Vox en inmigración presiona al PP por su flanco derecho.
Hay una lectura estratégica clara. Vox convierte un dato administrativo en un argumento de doble filo: cuestiona la gestión migratoria del Ejecutivo y, a la vez, pone sobre la mesa un asunto que afecta al censo electoral exterior. El partido ya advirtió del efecto del CERA en elecciones pasadas, cuando varios escaños se decidieron por márgenes inferiores al volumen de votos procedentes del extranjero.
Con la Ley de Memoria Democrática vigente y sin visos de derogación a corto plazo, el margen parlamentario es estrecho. Lo que Vox ha logrado ya es un documento oficial del propio Gobierno admitiendo la cifra. El partido mantiene su exigencia de información desglosada por consulados y no da el asunto por cerrado, con el debate migratorio llamado a cruzarse con el de los Presupuestos Generales del Estado en el arranque del periodo de sesiones.
