EN 30 SEGUNDOS
- ¿Qué ha pasado? El magistrado del Tribunal Supremo Samuel Alito se ha recusado en el caso Suncor Energy contra el condado de Boulder (Colorado), a una semana de los alegatos orales previstos para el 5 de octubre.
- ¿Quién está detrás? La recusación la comunicó el secretario del tribunal, Scott Harris, en una carta de una sola frase. Alito posee acciones en varias petroleras, aunque no en las dos empresas demandadas.
- ¿Qué impacto tiene? El Supremo fijará doctrina sobre si un estado puede usar su derecho interno para reclamar daños climáticos. El fallo condicionará decenas de litigios similares y la exposición de las energéticas europeas y españolas.
El magistrado Samuel Alito se recusa en el caso climático de Suncor Energy contra Boulder a una semana de la vista oral. La recusación deja al Tribunal Supremo con ocho jueces para una de las disputas más vigiladas del nuevo curso judicial.
Una recusación a siete días de la vista oral
La notificación llegó este lunes a las partes. La carta, firmada por el secretario del tribunal, Scott Harris, se limita a una sola frase: el magistrado ha determinado que no continuará participando en este caso. No hay explicación adicional, como es habitual en las recusaciones, y la oficina de información del tribunal no atendió de inmediato las peticiones de comentario.
Los números de Alito, en todo caso, explican la incomodidad. El magistrado, nombrado por el expresidente George W. Bush, mantiene miles de dólares en acciones de varias petroleras: ConocoPhillips, Phillips 66, OGE Energy Corp, Black Hills Corp, BHP Group, Fortis Inc., Woodside Energy Group y AES Corp, según sus declaraciones financieras de 2025.
En su cartera no aparece ninguna de las dos demandadas, Suncor Energy y ExxonMobil. Y aun así, Alito ya se apartó en 2023, cuando el litigio llegó al Supremo en una fase anterior, después de que grupos ecologistas y de vigilancia reclamaran su recusación. Aquella vez resistió el primer envite.
El caso que puede reordenar los litigios climáticos estatales
El origen es de 2018, cuando el condado y la ciudad de Boulder demandaron a Suncor Energy y ExxonMobil. Les atribuían parte de los daños locales provocados por el cambio climático a través de la producción, la promoción y la venta de combustibles fósiles.
La demanda invoca figuras clásicas del derecho de daños estatal: molestias públicas y privadas, intrusión, enriquecimiento injusto y conspiración civil. La Justicia de Colorado dio luz verde en 2025 para que el caso siguiera adelante, y ahora el Supremo debe decidir si un estado puede aplicar sus propias leyes a emisiones globales.
Lo que el tribunal decida no se quedará en Colorado: trazará el terreno de juego de todos los litigios climáticos estatales.
Las empresas sostienen que las emisiones de gases de efecto invernadero son materia de derecho federal e internacional, y no algo que cada estado pueda castigar por su cuenta. Alrededor del caso se han presentado una veintena de amicus curiae, los alegatos de terceros que no son parte. Los grupos ecologistas y varios gobiernos estatales demócratas respaldan a Boulder. Los defensores de la libertad de expresión advierten, en cambio, de que imponer responsabilidad por los pronunciamientos públicos y la actividad política de las compañías podría chocar con la Primera Enmienda.
El alcance desborda Colorado. Una veintena de demandas similares de estados y municipios esperan la doctrina que fije el Supremo. Los impulsores de esta estrategia ya exploran vías alternativas, como las leyes de protección al consumidor, por si el tribunal estrecha el camino. En paralelo, en Hawái un grupo de vigilancia ha reclamado registros sobre los contactos entre activistas climáticos, académicos y jueces a través de programas de formación judicial.
La Lógica de Washington
La pregunta que el tribunal ha aceptado responder no es si el clima cambia, sino quién tiene la potestad de regularlo. Desde hace más de una década, buena parte del movimiento climático trasladó su batalla del plano federal, donde el Congreso nunca aprobó una ley de emisiones, al plano estatal y municipal.
Y hay un precedente que apunta el camino. En 2011, el tribunal resolvió en el caso American Electric Power contra Connecticut que la ley federal de aire limpio desplazaba las demandas federales por molestias climáticas. La lógica judicial, en todo caso, es la de siempre: cuando los tribunales inferiores ofrecen respuestas dispares, el Supremo interviene para unificar doctrina. Boulder intenta ahora una vía distinta: la estatal.
Para España la lectura es doble. Repsol, Iberdrola y otras energéticas españolas con intereses en Estados Unidos observan si el Supremo abre la puerta a reclamar daños climáticos por la vía del derecho estatal. Un fallo favorable a Boulder multiplicaría los frentes judiciales en decenas de estados y municipios, y encarecería la prima reputacional y financiera del sector.
No es un riesgo teórico: la litigación climática estadounidense funciona desde hace años como termómetro global, y lo que se decide en Washington suele aterrizar en Bruselas y en Madrid con retraso. La próxima cita está marcada: los alegatos orales del Tribunal Supremo arrancan el 5 de octubre, la primera vista del nuevo curso. La resolución no llegará hasta bien entrado 2027.
Ficha del Caso
- El caso: Samuel Alito se aparta de Suncor Energy contra el condado de Boulder una semana antes de la vista oral del 5 de octubre, la primera del nuevo curso del Tribunal Supremo.
- Datos clave: El litigio arranca en 2018; el Supremo de Colorado lo autorizó en 2025; hay una veintena de amicus curiae; Alito posee acciones en ocho petroleras, ninguna de ellas demandada.
- Para España: El fallo decidirá si las energéticas con intereses en EE. UU., como Repsol o Iberdrola, afrontan demandas climáticas bajo el derecho de cada estado.
