EN 30 SEGUNDOS
- ¿Qué ha pasado? El director general de Inmigración y Cooperación al Desarrollo del Govern balear ha comparecido en la Comisión Mixta sobre Insularidad del Senado para exigir una estrategia estatal específica para la ruta Argelia-Baleares.
- ¿Quién está detrás? El Govern que preside Marga Prohens, los consells insulares y el Estado, enfrentados por la capacidad de acogida de menores.
- ¿Qué impacto tiene? Más de 900 menores tutelados con una red de 80 plazas y un gasto estimado de 36 a 38 millones de euros frente a los 8 millones que aporta el Estado.
Baleares ha exigido este martes en el Senado una respuesta específica del Estado ante una presión migratoria sin precedentes.
Más de 6.100 llegadas y una red de 80 plazas para 900 menores
El director general de Inmigración y Cooperación al Desarrollo del Govern balear, Manuel Pavón, ha advertido ante la Comisión Mixta sobre Insularidad del Senado (el órgano parlamentario que analiza las singularidades de los territorios insulares) de que la presión migratoria está tensionando el sistema de protección de menores. Los consells insulares (las instituciones de gobierno de cada isla) tutelan a más de 900 menores extranjeros no acompañados. La red ordinaria dispone de unas 80 plazas.
Formentera es el retrato más extremo. En una isla de unos 12.000 habitantes han llegado este año más de 3.000 personas en patera, casi la mitad del total registrado en el archipiélago, y casi 250 de ellas son menores. El mapa habla por sí solo.
Los datos del Govern dibujan una escalada sostenida. Hasta el 15 de septiembre, las Islas registraron 5.627 llegadas en 303 embarcaciones, un 2,6% más que en el mismo periodo de 2025. Entre el 21 y el 25 de septiembre llegaron 541 personas; los días 15 y 16, otras 316 en 16 embarcaciones. El acumulado supera ya las 6.100 llegadas en lo que va de año y, por primera vez, septiembre ha colocado a Baleares por delante de Canarias en recepción de embarcaciones. Las cifras no mienten. En poco más de año y medio han llegado casi 13.500 personas a las costas del archipiélago.
Ocho millones del Estado frente a los 38 que calculan las islas
El desfase económico es el otro frente. El Estado ha destinado ocho millones de euros a la atención de estos menores, mientras que los consells calculan que tendrán que asumir un gasto de entre 36 y 38 millones. Pavón ha recordado la «contradicción» entre lo trasladado al Govern en abril y las decisiones adoptadas después. La ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, reconoció que no tenía sentido seguir enviando menores a Baleares ante la presión del sistema; en junio, el Gobierno central elevó la capacidad ordinaria de las Islas de 406 a 434 plazas.
La respuesta del Govern ha sido judicial. El ejecutivo autonómico ha recurrido ante los tribunales los dos reales decretos que regulan esa capacidad y las siete propuestas de traslado procedentes de Melilla y Canarias. «No estamos en contra de la solidaridad», ha defendido Pavón, «reclamamos que la solidaridad tenga en cuenta la capacidad real de cada territorio». A eso se suma el déficit estructural de entre 800 y 1.000 efectivos de Policía Nacional y Guardia Civil que, según sus representantes profesionales, arrastra el archipiélago.
Una red de 80 plazas para 900 menores no es un problema de solidaridad: es un problema de capacidad, y Baleares lleva meses diciéndolo sin respuesta.
Pavón ha insistido en en que las medidas de emergencia no pueden convertirse en la respuesta estructural a una situación recurrente. El director general reclama corresponsabilidad y transparencia: Pedro Sánchez confirmó en el Congreso la existencia de un informe que alertaba del riesgo de llegadas marítimas a la Península y a Baleares, y el Govern lo pidió formalmente sin obtener respuesta. Las carpas instaladas a última hora no sustituyen planificación recursos y una estrategia específica para la ruta Argelia-Baleares.
El Pulso Territorial
El mapa político balear añade presión a la gestión. El Govern que preside Marga Prohens (PP) gobierna en minoría con 25 de los 59 escaños del Parlament y necesita apoyos externos para cada iniciativa, lo que convierte la inmigración en terreno de desgaste tanto para el Ejecutivo autonómico como para el central. La comparación con las otras autonomías de primera línea —Canarias, Ceuta y Melilla— es inevitable: todas llevan meses reclamando el mismo ejercicio de corresponsabilidad. La diferencia está en la escala. Según Frontex, la ruta del Mediterráneo occidental creció un 46% entre enero y mayo, mientras la ruta canaria caía un 71%. El esfuerzo de contención se ha desplazado, y Baleares lo nota en sus muelles.
La proyección inmediata tiene dos fechas. En octubre, Prohens volverá a Bruselas para pedir a las instituciones europeas más apoyo y recursos ante una ruta que golpea de forma singular al archipiélago. Antes, el Govern espera respuesta a la petición formal del informe sobre riesgo de llegadas marítimas y al resultado de los recursos judiciales contra los reales decretos y los traslados pendientes. El calendario electoral, con elecciones autonómicas previstas para mayo de 2027, empuja a todas las partes a mover ficha antes de que la campaña lo contamine todo. La incertidumbre es real: si el Estado mantiene la vía de los traslados y los tribunales no frenan el goteo, la red de 80 plazas seguirá siendo el cuello de botella de todo el sistema.
Ficha Autonómica
- El caso: El Govern balear ha llevado al Senado la presión migratoria que sufre el archipiélago, con más de 6.100 llegadas en patera en lo que va de año y un sistema de protección de menores al límite.
- Datos importantes: Más de 900 menores extranjeros no acompañados tutelados por los consells frente a 80 plazas ordinarias; 5.627 llegadas hasta el 15 de septiembre en 303 embarcaciones (+2,6% interanual); 8 millones de euros del Estado frente a los 36-38 millones de gasto estimado; déficit de 800 a 1.000 agentes de Policía Nacional y Guardia Civil.
- Resumen: El Govern reclama una estrategia específica para la ruta Argelia-Baleares, corresponsabilidad estatal y acceso al informe sobre riesgo de llegadas. Ha recurrido ante los tribunales dos reales decretos y siete traslados desde Melilla y Canarias, y Prohens volverá a Bruselas en octubre de 2026.
