El desalojo de la Puerta del Sol ya tiene reloj: la Comunidad de Madrid da 48 horas a la Delegación del Gobierno. El requerimiento lo anunció este martes el consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local, Miguel Ángel García Martín, con una advertencia sin margen: si no se atiende, el Ejecutivo autonómico presentará un recurso contencioso-administrativo y pedirá medidas cautelares ante el juez.
La acampada ocupa la plaza desde el sábado 26 de septiembre, al término de la manifestación por el derecho a la vivienda. Cientos de personas siguen allí con tiendas de campaña, al calor del Sindicato de Inquilinas y del caso de Maricarmen, la vecina de 87 años del distrito de Retiro que fue desahuciada. Su nombre bautiza el ‘Decreto Maricarmen’ que los concentrados reclaman al Gobierno central.
Un ultimátum con fecha: el jueves se agota el plazo
El escrito de la Consejería de Presidencia pide a la Delegación que dicte las instrucciones oportunas para disolver la acampada, que proteja la Real Casa de Correos —sede de la Presidencia regional, declarada Bien de Interés Cultural y con más de 250 años de historia— y que persiga los delitos ya cometidos contra el patrimonio. La Comunidad sostiene que la concentración no cumple los requisitos de la Ley Orgánica 9/1983, reguladora del derecho de reunión, y la califica sin rodeos de ilegal.
La cuenta atrás termina el jueves 1 de octubre. Si ese día no hay orden de desalojo, el Gobierno regional acudirá a la vía contencioso-administrativa y solicitará medidas cautelares en defensa, dice, del interés de todos los madrileños. García Martín dejó abierta la puerta a otras acciones judiciales, incluidas las penales. El reloj corre.
Distinta es la lectura de la Delegación del Gobierno. Su titular, Francisco Martín, defendió este lunes que la protesta tiene carácter reivindicativo y pacífico, y que las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado están centradas en garantizar la seguridad ciudadana. No se han producido, según su versión, circunstancias que justifiquen una intervención policial para disolverla. El Ayuntamiento de Madrid ya había reclamado a la Delegación que repusiera cuanto antes la normalidad en la plaza.
Dos administraciones miran el mismo campamento y ven dos cosas distintas: una ocupación ilegal que hay que desalojar y una protesta pacífica que puede esperar.
Los comerciantes de Sol y el fantasma de los 90 millones del 15-M
La Comunidad detalla en su escrito los desperfectos que atribuye a los acampados: pintadas en la fachada, basura lanzada contra las ventanas, y restos de orines en los paramentos del inmueble. También habla de personas subidas a los ventanales de la Real Casa de Correos. El consejero cifró en más de 90 millones de euros el perjuicio que el comercio de la zona sufrió durante el 15-M de 2011 y avisó de que los establecimientos del entorno temen repetir aquel escenario. El fantasma de 2011 vuelve a la plaza.
Los comerciantes llevan desde el sábado con el acceso a sus locales condicionado y las tiendas a pocos metros del escaparate. La Puerta del Sol no es una plaza cualquiera: por ella pasan tres líneas de Metro (L1, L2 y L3) y el Cercanías, y sus campanadas abren el año en toda España. Cualquier cosa que ocurra allí se graba y se comparte en minutos. Y ahí sigue el campamento.
Dos administraciones, un mismo suelo y ninguna competencia clara
La clave del choque es competencial, no policial. El orden público y la gestión de las concentraciones en la vía pública dependen de la Delegación del Gobierno; la Comunidad es dueña del edificio y responsable de su protección como Bien de Interés Cultural, pero no puede ordenar por sí sola una intervención policial. El Gobierno de Ayuso puede exigir, advertir y denunciar. La llave material del desalojo sigue en manos del Ejecutivo central. Esa asimetría explica que el primer movimiento haya sido un requerimiento y no una orden.
No es la primera vez que Madrid asiste a un pulso así. La Comunidad se negó en su día a tramitar las multas de la ZBE de Madrid Central y el Ayuntamiento llevó el asunto a los tribunales, donde el conflicto se enquistó durante meses sin un ganador claro. A nuestro juicio, el requerimiento anunciado este martes tiene más de gesto político que de vía ejecutiva: sirve para fijar posición ante vecinos y comerciantes, pero no evita que el desenlace acabe dependiendo de un juez o de una decisión del Ministerio del Interior. Traducido: quien quiere desalojar no puede; quien puede, no quiere.
El fondo del asunto es otro. Los acampados piden medidas estatales sobre el alquiler y la aprobación del ‘Decreto Maricarmen’, y su interlocutor real es el Ministerio de Vivienda, no la Delegación. La regulación del precio de los alquileres depende de decisiones estatales que después aplican las comunidades: el Ejecutivo de Ayuso ha descartado declarar zonas tensionadas en la región, una vía que ya se ha activado en Cataluña. El pulso de Sol es, también, una pelea por ver quién asume el coste político de no moverse.
Hasta el jueves, la pelota está en la Delegación del Gobierno. Si Francisco Martín no mueve ficha, la Comunidad ejecutará el guion anunciado y el conflicto se trasladará a los juzgados, donde los plazos se miden en meses y no en horas. Mientras tanto, en Sol siguen las tiendas de campaña, con vecinos, comerciantes y acampados mirando el calendario.
