La consejera Nerea Melgosa pedirá este jueves a la ministra Elma Saiz todas las competencias de migración para Euskadi. La reunión, que se celebrará en Madrid, incluirá la reclamación de la gestión del centro de acogida de Arana, en Álava. El Gobierno Vasco (Eusko Jaurlaritza) reclama ‘capacidades en extranjería, inmigración y empleo’ para el Ejecutivo autonómico.
Melgosa llevará a la cita con el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones una petición de traspaso que afecta a tres áreas: la autorización de residencia, la gestión de los flujos migratorios y las políticas de empleo vinculadas a la población extranjera. La consejera aspira, además, a asumir la titularidad del centro de refugiados habilitado en la antigua residencia sanitaria de Álava. El Ejecutivo vasco apura el tramo final de la legislatura estatal para cerrar el mayor número posible de transferencias.
Qué competencias reclama Euskadi en la reunión con Saiz
El Ejecutivo autonómico defiende que la atención a la población migrante requiere instrumentos propios de gestión. La petición se concreta en competencias sobre extranjería, inmigración y empleo, según la posición que la consejera trasladará a la ministra Elma Saiz. El PNV proclama un cercano final de la legislatura y presiona al Gobierno de Pedro Sánchez para cerrar las transferencias pendientes, entre ellas las de migración.
El centro de Arana, pendiente de apertura desde mayo
Con 300 plazas, el centro de Arana fue habilitado como Centro de Acogida de Protección Internacional (CAPI) en la antigua residencia sanitaria de Álava. La secretaria de Estado Pilar Cancela visitó la instalación el 12 de mayo para comprobar que las obras estaban prácticamente terminadas. En aquel momento, la previsión de apertura se situaba en octubre.
A punto de cumplirse ese plazo, el Gobierno central mantiene la apertura en suspenso y alude a la presión que supone la gestión de la crisis migratoria de Ceuta. El PNV de Álava se ha opuesto al centro desde que fue anunciado. Melgosa defiende que, si el traspaso se produce, sea Euskadi quien asuma la titularidad de la instalación y no la Administración General del Estado.
La petición vasca abarca la extranjería, la inmigración y el empleo, además de la titularidad del centro de acogida de Álava, cuya apertura sigue sin nueva fecha.
El calendario de transferencias y el escenario electoral
La reclamación de Melgosa se produce en paralelo a las discrepancias dentro del propio bloque de gobierno. El secretario general del PSE-EE, Eneko Andueza, se desmarcó este martes de las posiciones ‘maximalistas’ del PNV en la negociación de las transferencias con el Ejecutivo central. El marco de esas negociaciones es el Estatuto de Autonomía del País Vasco y la Comisión Mixta de Transferencias, el órgano bilateral que canaliza los traspasos pendientes. El voto del PNV en el Congreso ha sido determinante para la estabilidad del Ejecutivo central durante la legislatura.
El traspaso de competencias en materia de extranjería figura entre los asuntos abiertos del calendario bilateral entre el Ejecutivo vasco y el Estado. La transferencia requeriría un acuerdo en la Comisión Mixta y su posterior desarrollo normativo, un procedimiento ya aplicado a otras materias. La consejera ha vinculado la apertura del centro de Arana a esa negociación.
En el clima preelectoral, alimentado por dirigentes nacionalistas como Aitor Esteban, la instalación alavesa se sitúa como factor de la batalla electoral en Vitoria-Gasteiz y Donostia-San Sebastián, los escenarios más competidos por los partidos vascos. El centro suma 300 plazas a una red de acogida que el Gobierno central gestiona directamente en la comunidad. El Ejecutivo vasco sostiene que esa gestión debería corresponder a la administración autonómica.
La consejera anunció, además, este martes una aportación de 777.000 euros para el programa de comidas a personas sin hogar en Donostia-San Sebastián. La partida permitirá que hasta 420 personas reciban al menos una comida diaria en restaurantes de la ciudad. El alcalde donostiarra ha mantenido una postura contraria al reparto de alimentos en la calle por parte de colectivos sociales, que vinculó con un incremento de la inseguridad.
