Vox y PP han reprobado en el pleno de Avilés a la alcaldesa socialista por la gestión del contrato del agua.
La propuesta, presentada por el PP, ha salido adelante este lunes con los votos favorables de populares y Vox, la abstención de Cambia Avilés y el voto en contra del PSOE. La alcaldesa, Mariví Monteserín, queda así señalada por una mayoría del pleno apenas unos días después de que Izquierda Unida hiciera oficial su salida del Ejecutivo local, que hasta el miércoles pasado funcionaba como coalición con los socialistas.
Por qué Vox respalda la reprobación de la alcaldesa de Avilés
El grupo municipal de Vox ha respaldado la reprobación y asume el argumentario que la sostiene, según la posición defendida por los grupos que han votado a favor: un contrato del ciclo integral del agua gestionado al margen del pleno, un conflicto con la concesionaria que terminó judicializado y más de 15 millones de euros provisionados.
Para la formación, el caso no es una discrepancia técnica sobre el modelo de gestión, sino una cuestión de control del gasto público y de fiscalización de la contratación municipal. Es un terreno en el que Vox ha situado buena parte de su trabajo en los ayuntamientos y que resume en su documentación oficial.
La portavoz del PP en el Consistorio, Esther Llamazares, ha presentado el resultado como la culminación de meses de fiscalización sobre lo que su grupo considera ‘uno de los episodios más graves’ del mandato. Hoy el pleno ha reprobado a Mariví Monteserín por algo que llevamos meses denunciando: que su gobierno conocía las reclamaciones de Asturagua, no las tramitó, mantuvo al pleno al margen y permitió que el conflicto terminase en los tribunales con más de 15 millones de euros provisionados’, ha declarado Llamazares.
El expediente del agua arranca el 31 de mayo de 2024, cuando Asturagua presentó su primera reclamación. La segunda, del 30 de junio de 2025, quedó desestimada por silencio administrativo y desembocó en el recurso contencioso-administrativo presentado el 15 de diciembre de 2025. El pleno permaneció ajeno al conflicto hasta que este se hizo público, según la denuncia que han repetido los grupos firmantes de la reprobación.
La reprobación en Avilés convierte el contrato del agua en un aviso para el PSOE: la fiscalización municipal de PP y Vox tiene ya un precedente reutilizable.
La concesión del ciclo integral del agua es una de las de mayor peso económico del municipio y enfrenta al Ayuntamiento de Avilés con Asturagua y con el socio privado de Veolia. La reprobación no altera por sí sola el contrato ni sus condiciones, pero deja constancia formal del reproche de la mayoría municipal a la gestión de la alcaldesa socialista.
El impacto inmediato: un gobierno en minoría y una coalición rota
El pleno ha confirmado el nuevo equilibrio de fuerzas en el Consistorio. Izquierda Unida consumó su ruptura con el PSOE y abandonó el gobierno de coalición, de modo que Monteserín afronta el resto del mandato sin socio estable y con una oposición que ahora puede exhibir una reprobación aprobada formalmente. Cambia Avilés se abstuvo y el PSOE votó en contra de la reprobación de su propia alcaldesa.
Los populares salen del pleno con la iniciativa aprobada y con el expediente del agua instalado en la agenda pública. Vox, por su parte, suma el rédito de haber sostenido la reprobación sin cargar con la autoría del texto. La pelota queda ahora en el tejado de un equipo de gobierno que tendrá que dar cuenta en el próximo pleno de los pasos previstos sobre un contrato que sigue judicializado.
La estrategia municipal de Vox y el pulso con el PSOE
La reprobación de Avilés se inscribe en una estrategia que Vox despliega en consistorios de todo el país: usar los expedientes de contratación como ariete contra las mayorías socialistas y, de paso, marcar perfil propio frente al PP.
En los ayuntamientos donde ambos partidos comparten mayorías, la fiscalización del gasto y la denuncia de la gestión heredada han sido las herramientas más visibles de la formación de Santiago Abascal. El precedente es claro: tras las elecciones de mayo de 2023, PP y Vox cerraron acuerdos de gobierno en varias comunidades autónomas y en decenas de consistorios, y los expedientes de contratación fueron uno de los primeros frentes que Vox abrió en ellos.
Para los socialistas, el riesgo es que el caso del agua vuelva al debate público en plena precampaña, con la ruptura del gobierno local como telón de fondo y un expediente que sigue en los tribunales. El calendario aprieta: los partidos afrontan en mayo de 2027 un nuevo ciclo electoral municipal sin haber cerrado el conflicto. Para Vox, cada reprobación aprobada en un consistorio es un argumento más para reclamar en Madrid lo mismo que exige en Avilés: fiscalización, transparencia y responsabilidad sobre el dinero público.
