Los letrados del Congreso de los Diputados ven inconstitucional la enmienda de Sumar para salvar la Ley de Nietos. Es la maniobra que Vox denuncia desde hace meses.
El informe de los servicios jurídicos de la Cámara, adelantado por Libertad Digital, califica la modificación introducida por los de Yolanda Díaz como ‘enmienda intrusa’. Sostiene que ‘es incongruente con el objeto y la finalidad’ del proyecto al que se incorpora —la Ley de Educación— y advierte de que ‘no existe el mínimo punto de conexión material’ entre ambas materias.
Según trasladan fuentes parlamentarias, la operación pretendía dar cobertura legal a la instrucción de Sofía Puente, hermana del ministro Óscar Puente. Esa orden permitió engordar el censo de residentes en el extranjero, el CERA, un asunto ya investigado por el Tribunal Supremo, que analiza si los nacionalizados lo son de pleno derecho. Los letrados recuerdan además la doctrina del Tribunal Constitucional y alertan de que ignorarla ‘podría vulnerar el artículo 23 de la Carta Magna’, relativo a la participación de los parlamentarios en el procedimiento legislativo.
Qué dice el informe y por qué Vox lo lee como una confirmación
Vox sostiene desde el inicio que la operación no perseguía otro fin que alterar el censo electoral mediante nacionalizaciones masivas. La formación de Santiago Abascal reclama además la derogación de la Ley de Memoria Democrática, norma que considera el origen del problema.
El informe refuerza esa tesis. Los letrados subrayan que Sumar presentó la enmienda ‘sin justificación alguna’. Es decir, sin argumentos que vistieran jurídicamente la operación. La Ley de Educación regula cuestiones como los ratios de alumnos, la jornada lectiva o las condiciones de los docentes, materias ajenas a la legislación sobre memoria histórica.
Para Vox, la secuencia es reveladora: primero se dicta una instrucción administrativa discutida, después estalla la investigación judicial y, por último, se intenta elevar el censo a rango de ley para blindarlo. La lectura del partido es que el Gobierno busca protegerse por vía parlamentaria de lo que no puede sostener por vía reglamentaria.
Para Vox, elevar el censo de nacionalizaciones a rango de ley no corrige el problema: lo consagra y trata de blindar ante los tribunales una instrucción ya investigada.
Qué posibilidades tiene de prosperar y quién decide
El informe de los letrados no es preceptivo, sino consultivo. Eso significa que Sumar podría mantener su enmienda aunque los servicios jurídicos de la Cámara la consideren contraria a la Constitución. La decisión corresponde ahora a la Mesa de la Comisión de Educación, de mayoría de izquierdas, que debe resolver si la admite a trámite una vez conocido el criterio de los letrados.
Fuentes del PP califican la operación de ‘argucia’ y sostienen que supone una ‘aceptación tácita de que la instrucción de Sofía Puente fue ilegal’. Los populares entienden que el Ejecutivo quiere ‘convertir la Ley de Educación en el caballo de Troya para modificar la Ley de Nietos’. Vox comparte el diagnóstico, pero va más allá: exige no solo frenar la enmienda, sino derogar la norma de memoria que la ampara.
La lectura estratégica: por qué este informe importa más de lo que parece
Más allá del trámite concreto, el dictamen introduce un precedente incómodo para el Gobierno. La doctrina sobre las enmiendas intrusas no es nueva: el Tribunal Constitucional ya la ha aplicado para anular modificaciones coladas en leyes de materia ajena. El precedente llega en un momento delicado, cuando la oposición trata de capitalizar cada fisura jurídica del bloque que sostiene al Ejecutivo. Si la maniobra acaba en un recurso, el asunto podría desembocar en el mismo terreno que Vox señala desde el inicio.
El pulso tiene una segunda derivada, esta vez electoral. El CERA influye en el reparto de escaños y en el peso de determinadas circunscripciones. Vox sostiene que su alteración afecta a la igualdad del voto y ha convertido la denuncia en una de sus banderas, ahora respaldada por un argumento técnico.
Queda por ver qué decide la Mesa de la Comisión de Educación en las próximas semanas. Si Sumar mantiene la enmienda, Vox tendrá terreno para exigir responsabilidades y para devolver al centro de la agenda el debate sobre la Ley de Memoria Democrática. El PP queda emplazado a retratarse en una votación que medirá quién está dispuesto a frenar la operación y quién prefiere dejarla correr.
