EN 30 SEGUNDOS
- ¿Qué ha pasado? El alcalde de Pedralba, Andoni León, ha declarado como testigo ante la jueza de Catarroja que investiga la gestión de la presa de Buseo y las cinco muertes del municipio.
- ¿Quién está detrás? La presa, situada en Chera, es de titularidad de la Generalitat Valenciana; la instrucción busca responsabilidades penales por la gestión de la emergencia del 29 de octubre de 2024.
- ¿Qué impacto tiene? El foco vuelve a situarse en el retraso administrativo: la Generalitat no declaró la situación de emergencia en la presa hasta las 9:15 del día siguiente al desbordamiento.
El alcalde de Pedralba, el socialista Andoni León, ha declarado este miércoles como testigo ante la jueza que investiga la presa de Buseo. Cinco de las 233 víctimas mortales de la DANA eran vecinos de su municipio.
Un alcalde en el juzgado: cinco muertos y una presa de titularidad autonómica
León ha comparecido en el juzgado de Catarroja, el partido judicial de l’Horta Sud que concentra la instrucción sobre la gestión de la riada, minutos después de llegar acompañado por concejales de su equipo. Ante los medios, el alcalde ha resumido su posición con una frase: «Nosotros podemos decir con orgullo que el 29 de octubre y días anteriores sí que estábamos allí; otros no». Se refería, según ha explicado él mismo, a que él, varios ediles y agentes de la Policía Local recorrieron el municipio puerta por puerta para pedir a los vecinos que abandonaran sus casas.
Las cinco víctimas de Pedralba dibujan el mapa disperso de aquella tragedia. Tres de ellas residían en viviendas diseminadas por el término municipal. Las otras dos eran un padre y su hija, a quienes la inundación sorprendió dentro del vehículo. Los cuerpos aparecieron en Manises y en el Mareny de Barraquetes, dos puntos separados por más de sesenta kilómetros. Ninguno de ellos estaba en el núcleo urbano.
La presa de Buseo, situada en el término de Chera, es de titularidad de la Generalitat Valenciana (la institución de autogobierno que integra el Consell, el gobierno autonómico). Hacia las 21:30 del 29 de octubre de 2024, la acumulación de agua provocada por las precipitaciones superó la capacidad de la estructura y rebasó el punto de coronación, es decir, el límite superior de sus muros. La administración valenciana no activó la situación de emergencia en la presa hasta el día siguiente, a las 9:15.
Del desbordamiento a la alerta oficial: casi doce horas de diferencia
Lo que la instrucción trata de reconstruir es una secuencia administrativa, no solo meteorológica. Qué información había sobre el estado de la presa, qué protocolos obligaban a actuar y en qué momento exacto se tomó cada decisión. La declaración de León como testigo no implica imputación alguna: comparece para aportar lo que vio y lo que hizo su ayuntamiento durante aquellas horas.
Pedralba es un municipio de interior, en la comarca de La Serranía, con caseríos repartidos por un término amplio. Esa dispersión explica por qué sus vecinos aparecieron tan lejos y por qué la alerta puerta a puerta resultó tan difícil. El alcalde lo ha dicho sin adornos: en su pueblo no faltó voluntad, faltó tiempo.
Entre el desbordamiento de Buseo y la declaración oficial de emergencia median casi doce horas: la instrucción intenta averiguar qué se hizo con ellas.
La causa que dirige la jueza de Catarroja avanza en paralelo a otras piezas del proceso por la DANA, que suma 233 víctimas mortales en el conjunto de la catástrofe. A esa cifra se le suma otro número menos visible: el de los expedientes de reconstrucción que continúan abiertos. Obras pendientes, ayudas tramitadas a medias, caminos rurales sin reparar. La reconstrucción avanza a un ritmo desigual según la comarca y según quién la mire.
Para Pedralba, la comparecencia de su alcalde tiene un valor práctico. El regidor aporta el relato de quien gestionó el aviso en el terreno, en contacto directo con los vecinos. Las actas municipales, los mensajes internos y las llamadas de aquellas horas forman parte del material que la instrucción revisa de de manera sistemática.
El Escenario Valenciano
El proceso judicial de la DANA mantiene en tensión al Consell de Juanfran Pérez Llorca (PP-Vox) casi dos años después de la catástrofe. La causa apunta a decisiones tomadas por el anterior gobierno autonómico, presidido entonces por el hoy expresident Carlos Mazón, y devuelve cada pocas semanas el mismo interrogante: quién debía haber declarado la emergencia y cuándo. En el plano nacional, el caso obliga al PP a convivir con una instrucción que toca su gestión en la Comunitat, mientras el Ejecutivo de Pedro Sánchez mantiene abiertos sus canales de ayuda a través del Consorcio de Compensación de Seguros y de los fondos del Plan RERD. La cuenca del Turia, en la que se integra Buseo, depende de la Confederación Hidrográfica del Júcar, lo que añade otro nivel de coordinación entre el Estado y la autonomía sobre las grandes presas.
El precedente más citado cuando se discute seguridad de presas en España sigue siendo la rotura de Tous, en octubre de 1982, que forzó una revisión completa de la normativa estatal de seguridad de presas. Casi dos años después de esta DANA, el calendario judicial seguirá marcando la agenda: nuevas comparecencias ante la jueza de Catarroja, los trabajos de las comisiones de investigación en las Corts Valencianes (el parlamento autonómico unicameral, con 99 escaños) y un debate en el Congreso sobre el sistema nacional de emergencias que sigue sin cerrarse. Mientras tanto, Pedralba y otras localidades de interior esperan que la reconstrucción llegue al último caserío.
Ficha del Caso
- El caso: El alcalde socialista de Pedralba, Andoni León, declara como testigo ante la jueza de Catarroja que investiga la gestión de la presa de Buseo y las cinco muertes del municipio.
- Datos importantes: Cinco víctimas en Pedralba y 233 en el conjunto de la DANA; la presa, situada en Chera, es de titularidad de la Generalitat; la emergencia no se declaró hasta las 9:15 del día siguiente, después de que el agua rebasara el punto de coronación hacia las 21:30 del 29 de octubre de 2024.
- Resumen: La comparecencia sitúa el foco en el retraso administrativo y refuerza el debate sobre quién debía gestionar la hidrología de emergencia, entre la Generalitat y el Estado.
