EN 30 SEGUNDOS
- ¿Qué ha pasado? El Senado de EE. UU. vota este miércoles la Ratepayer Protection Act, que quiere contener las tarifas eléctricas que disparan los centros de datos, y la Stop Insider Trading Act, que prohíbe a los congresistas comprar acciones. Ninguna superará los 60 votos.
- ¿Quién está detrás? El líder de la mayoría, John Thune, fuerza las votaciones para armar a senadores en apuros como Jon Husted (Ohio) y Pete Ricketts (Nebraska); Chuck Schumer coordina el ‘no’ del Partido Demócrata.
- ¿Qué impacto tiene? Ninguna será ley, pero ambas fijan el marco de un debate que Europa ya tiene abierto: quién paga la red eléctrica que consume la inteligencia artificial.
El Senado vota este miércoles las tarifas eléctricas de los centros de datos y la prohibición de operar con acciones. Ninguna de las dos leyes llegará a serlo.
El muro tiene un número: 60. La Ratepayer Protection Act, que la Cámara de Representantes aprobó por 417 votos a 3, y la Stop Insider Trading Act, que pasó con el respaldo de solo 13 demócratas, se enfrentan al mismo destino en el pleno. Los demócratas votarán en bloque en contra y el filibusterismo (el mecanismo del Senado que obliga a reunir 60 votos para cerrar el debate y bloquea así la mayoría simple de 51) las dejará en la orilla. Los senadores quieren cerrar la semana y marcharse a cinco semanas de campaña.
Dos leyes y un mismo muro: los 60 votos del filibusterismo
La primera responde a un problema que la inteligencia artificial ha colado en la factura de la luz americana. El despliegue de centros de datos dispara la demanda eléctrica y el votante teme que el sobrecoste acabe en su recibo. La ley empuja a los promotores a aplicar salvaguardas para frenar los picos de precio, pero esas salvaguardas son voluntarias. Para Chuck Schumer, es ‘un proyecto de ley de mensaje sin dientes’.
La segunda toca otra fibra sensible: la corrupción. La Stop Insider Trading Act prohíbe a los legisladores y a sus cónyuges comprar acciones, aunque les deja conservar la cartera que ya tienen y no toca a nadie del poder ejecutivo. Incluye un añadido sobre identificación de votantes tomado del SAVE America Act. Ese añadido, sostiene Schumer, convierte el texto en una ley ‘construida para fracasar’. En la misma sesión, el pleno confirma al candidato de Donald Trump para el Departamento de Trabajo.
En noviembre se renueva un tercio del Senado y el Partido Republicano no puede perder más de tres escaños. Defiende más de media docena de plazas competitivas y necesita argumentos guardados en el bolsillo para el anuncio de treinta segundos. Una votación que se pierde por el ‘no’ del rival sirve igual. Sirve, de hecho, mejor.
Un voto perdido por el ‘no’ del adversario vale más en campaña que una ley aprobada sin fricción. Washington lo sabe desde hace décadas.
Jon Husted, senador por Ohio, ha sido machacado por por su rival demócrata, el exsenador Sherrod Brown, a cuenta de los centros de datos. La ley de tarifas es su paraguas. ‘No busco una victoria para mí’, dijo el martes. ‘Busco una victoria para los americanos’. En Nebraska, Pete Ricketts se juega su primer mandato completo contra el independiente Dan Osborn.
Los dos asuntos que dominan estas elecciones de medio mandato son la asequibilidad y la corrupción. En ambos, los demócratas parten con ventaja en las encuestas. Los republicanos necesitaban una respuesta y la han puesto por escrito.
La sesión deja fuera otras piezas. El proyecto de Susan Collins para limitar a 35 dólares el precio de la insulina se ha quedado sin hueco en el calendario, y las negociaciones sobre permisos energéticos y criptomonedas se rompieron a comienzos de mes.
La Lógica de Washington
La lógica de Washington aquí no es legislativa, es comunicativa. Los republicanos necesitan una papeleta con la que responder a dos acusaciones que calan: que la inteligencia artificial encarece la vida y que el Congreso se lucra en los mercados. Los demócratas tienen un interés simétrico en que esas leyes fracasen por su ‘no’. Cada partido sale de la votación con su relato intacto.
El precedente es viejo y muy americano. Durante los años de Barack Obama, la Cámara de Representantes votó más de sesenta veces para derogar su reforma sanitaria, con la certeza de que el Senado o el veto presidencial frenarían el intento. Aquellos votos no produjeron una sola norma: produjeron eslóganes, recaudación y escaños.
La coalición que sostiene el ejercicio es la del Partido Republicano de 2026: senadores de Ohio, Nebraska y Maine que necesitan hablar de precios y de corrupción sin tocar los intereses de sus donantes. De ahí las dos concesiones que debilitan el mensaje: la ley de acciones deja a los congresistas conservar su cartera; la de tarifas confía a la voluntad de las tecnológicas lo que debería imponer la ley.
Para España, el interés no está en el articulado, sino en el marco. Los centros de datos que Amazon y Microsoft han anunciado en Aragón y los que se concentran en Madrid han abierto aquí la misma pregunta sobre quién sostiene la red y a qué precio. Si el Congreso americano fija un estándar, aunque sea voluntario, sobre cómo reparte el sector sus costes energéticos, los reguladores europeos ganan un argumento. El debate sobre la transparencia de los cargos públicos funciona como espejo: en España el control se apoya en la declaración de bienes y rentas, no en la prohibición de operar en los mercados.
La próxima ventana es la sesión de pato cojo, después de noviembre, donde podrían revivir los permisos energéticos y la regulación de las criptomonedas. Antes, Trump decidirá si prohíbe la exportación de diésel para contener precios, una medida que la industria del petróleo combate. La incógnita es si el Senado vuelve en diciembre con ganas de legislar o con la vista puesta ya en 2028.
Ficha del Caso
- El caso: Última votación del Senado antes de las elecciones de noviembre: dos leyes llamadas a caer por el umbral de 60 votos.
- Datos clave: La Ratepayer Protection Act salió de la Cámara por 417-3; la Stop Insider Trading Act, con 13 demócratas a favor. El Partido Republicano no puede perder más de tres escaños.
- Para España: Sin efecto directo en la relación bilateral, las votaciones anticipan el debate europeo sobre quién paga la red que consume la inteligencia artificial.
