La Xunta ha entregado en Santiago de Compostela 24 viviendas protegidas sin invitar al Gobierno central, que reclama el origen estatal de la financiación.
Lamas de Abade: 24 pisos, un millón de euros y una foto sin el Gobierno
El acto se celebró en el barrio compostelano de Lamas de Abade, donde se levanta la primera promoción pública que se inaugura en la capital gallega en casi dos décadas. La Xunta de Galicia (el gobierno autonómico, con sede en Santiago de Compostela) quiso reservarse el protagonismo en solitario. El PPdeG (el Partido Popular de Galicia, en el poder con mayorías absolutas consecutivas desde 2009) no está dispuesto a compartir foto con el Ejecutivo central en un asunto tan sensible como la vivienda.
No hubo invitación para el delegado del Gobierno en Galicia, Pedro Blanco, ni para la alcaldesa de Santiago, la nacionalista Goretti Sanmartín. Fuentes municipales confirmaron que la regidora no recibió convite alguno. En juego hay más de un millón de euros procedentes de los fondos Next Generation, el Plan de Recuperación que reparte el Ministerio competente aunque se nutra de recursos europeos.
Blanco, candidato socialista a la alcaldía compostelana, respondió con un comunicado. “Lamentamos una vez más la falta de respeto institucional por parte de la Xunta al presentar unas viviendas que cuentan con financiación del Gobierno, sin invitar al Gobierno”, reprochó. El delegado recordó que la inversión estatal en vivienda en Galicia supera los 500 millones de euros en los últimos años y reclamó “trasladar a la sociedad un mensaje de que las administraciones colaboran”.
La conselleira de Vivenda (la titular autonómica de Vivienda), María Martínez Allegue, replicó que no existía “ninguna aportación económica” estatal y calificó de “rotundamente falso” lo sostenido por Blanco. Según su versión, la financiación es “exclusivamente de la Xunta” y proviene del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia, es decir, “fondos procedentes de Europa, no del Gobierno central”. Añadió que aquel no era “un día para disputas políticas”.
El conselleiro de Presidencia, Diego Calvo, número dos del Ejecutivo gallego, defendió que se trata de un acto propio y que quien debía estar era Rueda. Recordó que el presidente invitó a los portavoces de la oposición en la sesión de control del Parlamento y que, “si van, serán bienvenidos”.
El millón de euros de Lamas de Abade es, en el fondo, una pelea por el relato: quién financia la vivienda, quién la construye y quién se lleva el mérito.
El Gobierno y el BNG reclaman su parte en la vivienda protegida

Desde el Ayuntamiento, la teniente de alcaldesa María Rozas, de Compostela Aberta, prefirió centrarse en el objeto de la disputa y no en el protocolo. “Son 24 viviendas en 20 años, una vivienda por año, claramente insuficiente en la situación de emergencia social que vivimos”, resumió. La cifra resume el malestar de fondo: la vivienda protegida avanza, pero a un ritmo que ninguna administración considera suficiente.
El episodio llega en plena polémica por el desahucio de Maricarmen y el mismo día en que el Consejo de Ministros aprobó dos decretos de vivienda. La coincidencia no es casual. Galicia se ha convertido en un escaparate de cómo cada administración quiere atribuirse el mérito de una competencia compartida, con la Comunidad de Madrid y otras regiones mirando de reojo el modelo gallego.
El Laboratorio Gallego
El PPdeG gobierna Galicia con mayoría absoluta desde 2009, y la vivienda se ha convertido en el terreno donde prueba su discurso de gestión frente al Gobierno central. La Xunta presume de promociones públicas y de suelo disponible; el Ejecutivo de Pedro Sánchez exhibe los fondos europeos como palanca. El BNG (o Bloque Nacionalista Galego, el partido independentista y primera fuerza de la oposición), con Ana Pontón al frente, exige desde hace meses un plan de vivienda con cifras concretas y denuncia el ritmo de construcción.
La lectura nacional es clara. La vivienda es hoy el eje del choque entre el PP y el PSOE, y lo que ocurre en Santiago anticipa el tono del debate en Madrid. El propio Alberto Núñez Feijóo, expresidente de la Xunta y hoy líder del PP, ha colocado el acceso a la vivienda entre sus prioridades nacionales. El modelo gallego —suelo público, colaboración con promotores, y fondos europeos— funciona como argumento de marca para el conjunto de España.
Queda por ver qué ocurre con la próxima promoción, en una parcela cedida por el Ayuntamiento, donde la Xunta ya ha anunciado que sí invitará a la alcaldesa. La cita servirá para medir si el desaire fue un gesto puntual o una estrategia de comunicación sostenida. Mientras tanto, el calendario parlamentario y los decretos estatales de vivienda seguirán marcando el pulso de un asunto que, en Galicia y en toda España, decide elecciones.
Ficha del Caso
- El caso: La Xunta entrega 24 viviendas protegidas en Santiago sin invitar al Gobierno ni al Ayuntamiento, que reclaman su parte en la financiación.
- Datos importantes: Más de un millón de euros de fondos Next Generation; inversión estatal en vivienda en Galicia superior a 500 millones; 24 pisos, los primeros en la capital en casi dos décadas.
- Resumen: La disputa por el mérito de la vivienda pública enfrenta a la Xunta del PPdeG con el Gobierno central y anticipa el eje del debate nacional entre PP y PSOE.

