El guardia civil señalado en el caso Jardun ha sido trasladado fuera de Euskadi. El agente, destinado en Éibar, deja la localidad guipuzcoana después de que la Hacienda Foral de Gipuzkoa localizara el documento que él mismo había presentado para su declaración de la renta.
La información en poder del colectivo investigado procede, según las fuentes consultadas por El Mundo, de una copia del Boletín Oficial de la Guardia Civil (BOGC) en la que figuran la identidad y el destino del funcionario en Éibar. Son datos de 2025 con los que el agente acreditó que residía más de seis meses al año en la provincia, un requisito que determina la tributación en la Hacienda foral y no en la Agencia Tributaria estatal.
El documento que acreditaba la residencia fiscal en Gipuzkoa
Ese trámite es habitual dentro del concierto económico. Para tributar en el territorio foral, el contribuyente debe demostrar que reside más de seis meses al año en la provincia, y la administración exige pruebas de ese arraigo: desde certificados de empadronamiento hasta justificantes laborales o copias de boletines oficiales.
En el caso de los funcionarios, la copia del BOGC sirve para acreditar el puesto de trabajo y el lugar de prestación del servicio. El guardia civil presentó ese documento con su identidad y su destino en Éibar, y esa misma información consta en el material que la Ertzaintza interceptó a los dos investigados.
Según los autos judiciales, los dos detenidos portaban mapas de zulos, ‘listados de guardias civiles’ y ‘numerosos dispositivos encriptados’. El juez de la Audiencia Nacional Antonio Piña envió a ambos a prisión provisional comunicada y sin fianza. El tercer ocupante del vehículo, el irlandés Naoise Conron, militante de un grupo disidente del IRA, se encuentra en paradero desconocido.
El documento que el agente entregó a la Hacienda foral para su declaración de la renta figura entre la información interceptada a los dos miembros de Jardun investigados.
El origen de esos datos es una de las incógnitas de la instrucción. La Policía vasca interceptó a los dos miembros de Jardun en un control de alcoholemia supuestamente aleatorio, y los investigadores tratan de determinar cómo llegó a sus manos documentación sobre agentes policiales.
La Diputación de Gipuzkoa y el mapa político del territorio
La Diputación Foral de Gipuzkoa está gobernada por el PNV en coalición con el PSE-EE, aunque en las elecciones de 2023 EH Bildu fue la formación con más votos en las Juntas Generales, según los resultados publicados entonces. La gestión de la Hacienda foral recae en el Ejecutivo provincial, responsable de la custodia de los datos tributarios de los contribuyentes guipuzcoanos.
Los dos detenidos han alegado, a través de su abogado Aratz Estomba, que la recopilación de datos de agentes respondía a su interés por ‘identificar sus actividades de rastreo e infiltración’ en el movimiento abertzale. Esa hipótesis contrasta, según la información publicada, con el puesto que ocupaba el agente señalado, adscrito a una oficina de cara al público en Éibar.
Las fuerzas de seguridad consultadas por El Mundo no consideran inminente un atentado de Jardun, pero sitúan al colectivo, estructurado en la clandestinidad desde 2013 y con hasta 300 integrantes, como el más radical dentro de la galaxia de disidentes de la izquierda abertzale.
El precedente: la protección de los datos fiscales bajo la amenaza de ETA
Durante los años de actividad de ETA, las haciendas forales extremaron la protección de los datos fiscales de los contribuyentes ante el temor de que la banda accediera a ellos en su búsqueda de objetivos. Ese celo se tradujo en protocolos internos de custodia y en la limitación del acceso a determinada documentación sensible.
El episodio actual desplaza el foco a un trámite ordinario: la acreditación de la residencia fiscal. En el régimen común, la Agencia Tributaria gestiona la declaración de la renta; en Gipuzkoa, lo hace la Hacienda foral, con competencias plenas reconocidas por el concierto económico. La comparación entre ambos modelos sirve para medir el alcance del episodio.
La causa permanece en instrucción en la Audiencia Nacional, que mantiene la prisión provisional de los dos detenidos, y el traslado del agente fuera de Euskadi se plantea como temporal, según las fuentes consultadas. El caso afecta a la relación entre la gestión tributaria foral y la coordinación con los cuerpos de seguridad del Estado.
