EN 30 SEGUNDOS
- ¿A quién afecta? Vecinos, comerciantes y trabajadores de la Puerta del Sol y su entorno, además de los usuarios de las líneas 1, 2 y 3 de Metro y de los autobuses urbanos que cruzan la plaza.
- ¿Cuándo ocurre? El requerimiento que el Ayuntamiento envió a la Delegación del Gobierno el 29 de septiembre vence el jueves 29 de octubre. Ese es el día fijado por Almeida para acudir a la vía penal.
- ¿Qué cambia hoy? El Consistorio abandona el lenguaje de la negociación: anuncia denuncia penal contra el exdelegado del Gobierno y mantiene la vía sancionadora, que ya supera las 200 multas.
La acampada de Sol tiene una fecha límite: el jueves 29 de octubre. Ese día expira el requerimiento que el Ayuntamiento remitió a la Delegación del Gobierno el 29 de septiembre y, si nadie ha levantado la protesta, José Luis Martínez-Almeida ejecutará la denuncia penal que anunció este martes en el Pleno de Cibeles contra Francisco Martín, exdelegado del Gobierno en Madrid.
El anuncio llegó en los primeros compases de la sesión, en respuesta a una pregunta de la portavoz de Vox, Arantxa Cabello. El alcalde lo condicionó todo a una fecha: ‘Por pura coherencia jurídica tenemos que esperar a la finalización de ese plazo para poder ejercer acciones penales en caso de que no se haya levantado la acampada de Sol’.
Al requerimiento del 29 de septiembre le han seguido tres cartas más, fechadas el 30 de septiembre, el 13 de octubre y el 21 de octubre. En la última, según fuentes municipales consultadas por Merca2.es, el Ayuntamiento respondía a la petición de la Delegación sobre la ubicación de las columnas secas —las tomas de agua para los bomberos— y aprovechaba para recordar ‘todo lo relatado desde el principio’.
Qué pasa el jueves 29 si la protesta sigue en pie
A partir del viernes el escenario cambia de mesa. La denuncia se presenta ante la Fiscalía y el Consistorio deja de ser quien reclama para convertirse en quien denuncia. En paralelo mantiene su otra vía: más de 200 sanciones por incumplimientos de la ordenanza de limpieza, consumo de alcohol, y drogas en la vía pública, según el balance que el propio alcalde dio en su turno de réplica.
Almeida describió la situación con una palabra: ‘impotencia’. ‘Les puedo garantizar que si este ayuntamiento tuviera competencia me pondría yo a la cabeza de la policía municipal a desalojar’, aseguró, antes de rematar que ‘no podemos tolerar ni un minuto más que haya una apropiación del espacio público’.
Un requerimiento administrativo no vacía una plaza. Solo traslada la protesta del espacio público al calendario de la Fiscalía.
Sobre el terreno, el mes largo de acampada empieza a notarse también dentro del propio movimiento: la asamblea se ha ido dividiendo en grupos con exigencias distintas y ya no hay un portavoz único con quien sentarse a negociar. Eso complica cualquier salida pactada y, de paso, cualquier desalojo con orden judicial de por medio.
El pulso político: del ‘comisario político’ al reto de dormir en Sol
El tono subió en el turno de réplica. Almeida llamó a Francisco Martín ‘comisario político’ y ‘persona absolutamente sectaria’, y sostuvo que ‘ha cometido un evidente delito permitiendo que se produjera la ocupación de ese espacio público’. Antes había condensado su tesis en una frase: ‘lo que hay en Sol no es una acampada, sino una ilegalidad’. Y remachó que tampoco es pacífica, porque en la plaza se ha registrado una agresión sexual; fue ahí donde reprochó a Rita Maestre que no haya habido ‘ni una sola condena’.
El reto fue explícito: invitó a Maestre y a Reyes Maroto a pasar una noche en la plaza y explicar allí ‘cuál es la verdadera situación’. La portavoz socialista, que el lunes 26 había calificado la protesta de ‘pacífica’, le contestó que ‘Francisco Martín ha sido mejor delegado del Gobierno’ de lo que él es ‘alcalde de Madrid’, y desvió el foco hacia las viviendas de la capital cofinanciadas por el Ejecutivo de Sánchez.
Quién manda en Sol: el vacío competencial que nadie quiere cerrar
Madrid ya vivió un pulso parecido. La acampada del 15-M en la Puerta del Sol se prolongó durante semanas en 2011 y su desalojo no lo ejecutó el Ayuntamiento, sino la Policía Nacional a instancias de la Delegación del Gobierno. Quince años después la fotografía es la inversa: el Consistorio pide por escrito que se actúe y la Delegación responde pidiendo datos sobre las columnas secas. Ese intercambio —requerimiento, carta, aclaración— es el corazón del asunto, más que la protesta en sí.
En otros conflictos de espacio público el titular del suelo ha resuelto con más rapidez. Las acampadas universitarias de mayo de 2024 en la Complutense y la Autónoma se desconvocaron en pocas semanas porque había una institución con competencia nítida y una mesa abierta. En Barcelona, el Ayuntamiento ha priorizado mesas de negociación con los colectivos de vivienda antes de judicializar el conflicto. En Sol, cada administración sostiene que la competencia es de la otra, y mientras se decide, el expediente engorda.
Nuestra lectura es que la denuncia penal tiene más recorrido político que procesal. Dirigida contra quien ya no ocupa el cargo, su éxito depende de que la Fiscalía aprecie delito en una decisión administrativa, y ese listón es alto. Lo que sí consigue es fijar posición ante el electorado a poco más de seis meses de las elecciones municipales previstas para mayo de 2027, y dejar por escrito que el Ayuntamiento señaló a la Delegación antes de mover ficha. El riesgo es el de siempre: que el gesto caduque mientras la plaza sigue ocupada. El plazo expira el jueves 29 de octubre; a partir de ahí el calendario lo marca la Fiscalía y el siguiente Pleno ordinario de Cibeles, previsiblemente a finales de noviembre, será el termómetro de si el asunto llega vivo o desinflado.
