Ecuador exige 1.000 millones de dólares a Ecuacorriente para ampliar la mina Mirador. Se puede pagar en efectivo o con una hidroeléctrica.
Daniel Noboa lo anunció este lunes 26 de octubre. La autorización de Mirador Norte, la segunda fase del yacimiento de cobre en la provincia amazónica de Zamora Chinchipe, queda condicionada a un aporte obligatorio de 1.000 millones de dólares. Las instalaciones físicas de esa ampliación están concluidas desde mayo de 2025. Y siguen sin operar.
Vamos por partes. El Ejecutivo admite dos formas de pago. La primera, el dinero en efectivo. La segunda, que la minera asuma el levantamiento de la central hidroeléctrica de Cardenillo. Noboa la cifró de forma preliminar en 600 millones de dólares y entre 450 y 500 megavatios. No hay convenio definitivo firmado.
Qué exige Noboa a la minera de capitales asiáticos
Aquí aparece el primer desajuste. El portafolio del Viceministerio de Inversiones Público-Privadas registra 1.680 millones de dólares para 596 megavatios. Casi el triple de la cifra presidencial. Los diseños definitivos, cerrados en septiembre de 2013 por CELEC EP e Hidropaute, fijan una potencia nominal de 595,65 MW: 588,31 en la central principal y 7,34 al pie de presa.
La lógica de fondo es eléctrica, no minera. Mirador consume 83 MW en su fase inicial. Con la ampliación, que quiere pasar de 60.000 a 140.000 toneladas diarias de material en tres años, la demanda saltará a 180 MW. El decreto ejecutivo 32 —la norma que obliga a los grandes consumidores a producir parte de su propia energía— exige un 30% de autogeneración desde junio de 2025.
El permiso minero ya no se paga solo en dólares: se paga con obra pública construida por el propio inversor.
El Ejecutivo sostiene que los incumplimientos del sector industrial presionan el sistema nacional con 300 MW. El Plan Maestro de Electricidad daba por hecha Cardenillo en 2026; la obra nunca se concesionó al sector privado.
El servicio se sostiene hoy con 200 MW de Toachi Pilatón y con reparaciones en Daule Peripa y La Trinitaria. Para mediados de noviembre de 2026 se anunció una inversión privada de más de 200 millones de dólares en gas en Monteverde.
Por qué Cardenillo cambia el negocio de la ingeniería española
Conviene fijarse en el mecanismo, no en la cifra. Un proyecto diseñado hace trece años por empresas públicas y nunca licitado pasa a pagarse en especie al inversor que ya opera la mina. Traducido: no hay concurso, no hay contrato EPC abierto y no hay ventana para una ingeniería que en la región compite justamente por esas obras.
Las grandes ingenierías españolas —Acciona, ACS, Sacyr, Elecnor— tienen en Latinoamérica su principal mercado exterior desde hace dos décadas. Un contrato EPC (ingeniería, compras y construcción, el llave en mano de una planta) de 596 MW suele moverse en cientos de millones de dólares. Cuando el permiso se paga con la obra, el contrato deja de existir como oportunidad y se convierte en moneda de cambio entre un Estado y su concesionario.
Hay un segundo efecto, menos visible. El decreto 32 ecuatoriano obliga a los grandes consumidores a autogenerar el 30% de su demanda. Si esa regla se copia en otros países andinos, el mercado cambia de dueño: ya no lo define quien construye la gran central, sino quien vende plantas de respaldo a la industria.
¿Qué pasa cuando el permiso se paga en obra y no en dinero? Que el inversor minero se convierte en contratista energético de sí mismo. La mina y la central acaban en las mismas manos. La operación se inscribe en la pugna por la inversión china en la minería latinoamericana, donde el capital llega atado a infraestructura y a plazos políticos.
El precedente de la cuenca del Paute y el modelo peruano
Cardenillo no es una central cualquiera. Es el último escalón de la cuenca media del río Paute, entre Azuay y Morona Santiago, aguas abajo de Sopladora y hasta Singuiantza, en las inmediaciones del Parque Nacional Sangay. Una cascada construida durante medio siglo, eslabón a eslabón.
El mecanismo tiene parientes cercanos. En Perú funciona desde hace años el esquema de obras por impuestos, por el que una empresa paga parte de su tributación ejecutando infraestructura pública. Cómodo para el fisco, discutible para la competencia: quien paga no compite en igualdad con quien construye.
Para España el riesgo no es esta central, sino la plantilla. Si el modelo cuaja en Chile, Colombia o el propio Perú, las ingenierías españolas se enfrentarán a licitaciones que nunca se convocan. Y las eléctricas, a Estados que renegocian permisos según la urgencia del día.
Queda por ver si Noboa firma el convenio y con qué cifra. Los 1.000 millones pueden cerrarse en efectivo, en obra o en una mezcla. La prueba de fuego llegará a mediados de noviembre, cuando el Gobierno detalle la inversión en gas de Monteverde, y cuando intente cubrir los 1.000 MW previstos para 2027, con el parque eólico Villonaco III y sus 112 MW en Loja como pieza menor.
📌 Ficha del Caso
- Ficha sobre el caso: Ecuador condiciona la ampliación de la mina de cobre Mirador, en la Amazonía, a un pago de 1.000 millones de dólares que puede saldarse con la hidroeléctrica Cardenillo.
- Datos importantes: Noboa habla de 600 millones y 450-500 MW; el portafolio del Viceministerio registra 1.680 millones y 596 MW. Mirador pasaría de 83 a 180 MW de demanda.
- Resumen: El modelo de pagar permisos con obra pública y sin licitación estrecha el mercado de las ingenierías españolas en Latinoamérica y anticipa más renegociaciones.
