EN 30 SEGUNDOS
- ¿Qué ha pasado? El Departamento de Justicia ha imputado a James Comey, exdirector del FBI, por la Ley de Espionaje y conspiración por la filtración de información de defensa nacional a un periodista en 2016. Los pliegos, sellados el 5 de octubre, se desprecintaron el lunes 26.
- ¿Quién está detrás? La acusación la firma el fiscal especial asistente Dustin Farahnak y se suma a las dos imputaciones de 2025 por falso testimonio y obstrucción al Congreso.
- ¿Qué impacto tiene? Consolida la doctrina de tolerancia cero con las filtraciones y añade fricción a la cooperación policial con España.
El Departamento de Justicia imputa a James Comey por la Ley de Espionaje y conspiración por filtrar material clasificado a un periodista.
Los pliegos que estuvieron sellados tres semanas
Los documentos se desprecintaron este lunes. Estaban bajo sello desde el 5 de octubre. Tres semanas de silencio que terminan con dos cargos formales contra el exdirector del FBI: violación de la Ley de Espionaje y conspiración. El origen, según el escrito, es una filtración de información de defensa nacional a un periodista en 2016, cuando Comey dirigía la agencia.
La acusación la firma Dustin Farahnak, fiscal especial asistente de Estados Unidos. Su tesis es concreta: Comey ‘dirigió a su equipo a hablar’ con un periodista de The New York Times sobre las preocupaciones de exactitud de un artículo de Reuters y ‘transfirió así ilegalmente información clasificada’. El destinatario de esas conversaciones era Charlie Savage, veterano de la sección de seguridad nacional del diario neoyorquino.
Comey respondió con un vídeo en su cuenta de Instagram. ‘Casi sería gracioso si no fuera un abuso tan atroz del Departamento de Justicia’, dijo. Y añadió: ‘Sigo siendo inocente, sigo sin tener miedo de esta gente y sigo creyendo en la independencia del poder judicial federal.
Es su tercera imputación federal. En 2025 ya había sido acusado por un cargo de falso testimonio ante el Congreso y otro de obstrucción a una investigación parlamentaria. Ambos llegaron después de que investigara la interferencia rusa en las elecciones de 2016 y de que Donald Trump lo destituyera al frente del FBI.
Cada filtración de material clasificado pone a prueba la misma frontera: dónde acaba el derecho a informar y dónde empieza el delito de revelar un secreto de Estado.
El día trajo un segundo frente. Horas antes, un juez federal dictaminó que la administración Trump ‘despidió ilegalmente’ a su hija, Maurene Comey, de su puesto como fiscal asistente de Estados Unidos en 2025, según el fallo recogido por la prensa americana.
El Departamento de Justicia no ha respondido a las peticiones de comentario. Tampoco ha confirmado por escrito el contenido íntegro de los pliegos. Este medio no ha podido verificar de forma independiente el texto completo: la información disponible procede de las cabeceras que han accedido a él.
Qué significa para España: inteligencia, empresas y prensa
Para España, el interés no está en el fondo del caso sino en lo que revela del sistema que nos afecta a diario. Con Comey imputado por tercera vez, tres vectores conectan la noticia con Madrid: la cooperación de inteligencia, la exposición legal de las empresas españolas y el trabajo de los periodistas que cubren Washington.
El FBI y el CNI mantienen equipos conjuntos contra el terrorismo yihadista que dependen de la estabilidad de ambas cúpulas. Cada cambio de liderazgo en la agencia americana, cada imputación que distrae a sus cuadros jurídicos, retrasa la firma de acuerdos operativos. No es una crisis. Es fricción acumulada.
El segundo vector es la doctrina. El Departamento de Justicia demuestra otra vez que persigue a individuos hasta el final, también a antiguos altos cargos. Las empresas españolas con litigios abiertos en EE. UU. —Santander, BBVA, Iberdrola, Ferrovial , o Inditex— presupuestan defensa jurídica con ese escenario en mente. En Washington, la cooperación con el regulador se negocia antes de la imputación.
El tercero toca a la prensa. La Ley de Espionaje castiga a quien revela, no a quien publica, pero la frontera es difusa en la práctica. Los corresponsales españoles en Washington trabajan con fuentes que hoy perciben un riesgo penal mayor que hace una década. Eso encarece la información.
La Lógica de Washington
Hay que entender qué problema intenta resolver el Departamento de Justicia. No es nuevo: la Ley de Espionaje la aprobó el Congreso en 1917, en plena Primera Guerra Mundial, y desde entonces Washington la ha usado contra quien entrega secretos, no contra quien los publica. El precedente más citado es el de Daniel Ellsberg y los Papeles del Pentágono en 1971: la acusación se dirigió contra el filtrador, no contra el diario.
La coalición que sostiene esa doctrina es más amplia de lo que parece. Incluye al electorado de Donald Trump, que ve en las filtraciones de 2016 el origen de una investigación que marcó su primer mandato, y a lo que su base llama el deep state. Incluye también a buena parte de la burocracia judicial, que considera que revelar material clasificado a un periodista es un delito con independencia de quién lo cometa. El propio Comey defendió en el FBI que las filtraciones debían perseguirse penalmente. Ese argumento hoy se vuelve contra él.
El precedente más útil no es Nixon, sino la era Obama: aquel Departamento de Justicia procesó a más filtradores que todas las administraciones anteriores juntas —Thomas Drake, John Kiriakou, Jeffrey Sterling, Reality Winner—. La herramienta es la misma. Lo que cambia es el objetivo. Y ahí está la contradicción: la ley que protege al Estado sirve ahora para dirimir una guerra política de una década.
Queda la incógnita. Las causas por la Ley de Espionaje contra altos cargos suelen tropezar con la defensa de motivación política y con la doctrina de la selectividad procesal. Un tribunal federal puede tardar años en fijar juicio, y no hay fecha anunciada. A eso se suma el calendario: la imputación llega a una semana de las elecciones legislativas del 3 de noviembre, y eso no es casual para ninguna de las partes.
Lo que observamos es un patrón. Washington no improvisa. La próxima ventana es procesal: comparecencias ante el tribunal y eventuales peticiones de desestimación. Ahí se sabrá si la tercera causa contra Comey es un caso sólido o un capítulo más de la misma disputa.
Ficha del Caso
- El caso: El Departamento de Justicia imputa a James Comey por la Ley de Espionaje y conspiración por la filtración de información de defensa nacional a un periodista en 2016, cuando dirigía el FBI.
- Datos clave: Pliegos sellados el 5 de octubre y desprecintados el lunes 26; dos cargos nuevos; dos imputaciones previas en 2025 por falso testimonio y obstrucción al Congreso; el Departamento no ha confirmado oficialmente el escrito.
- Para España: No altera la relación bilateral, pero consolida la doctrina de tolerancia cero con las filtraciones, añade fricción a la cooperación FBI-CNI y eleva el riesgo legal percibido por las empresas y los periodistas españoles que operan en EE. UU.
