Vox se querella en Avilés contra Adriana Lastra y el exdelegado del Gobierno en Asturias por prevaricación, delito electoral y delito de odio.
El escrito se presentó este martes ante el Tribunal de Instancia de Avilés, según el texto de la querella difundido por la formación. Se dirige contra Adriana Lastra y contra quien desempeñara las funciones de delegado del Gobierno en Asturias el 21 de octubre, incluida Cecilia Pérez Sánchez si para entonces ya hubiera tomado posesión del cargo, así como contra los demás responsables que depure la investigación. Los hechos se remiten al acto de Santiago Abascal en la plaza de Camposagrado.
Qué imputa Vox y con qué argumentos
La querella imputa a los querellados prevaricación administrativa —dictar una resolución arbitraria a sabiendas de su injusticia, según la definición clásica del Código Penal—, delito electoral y delito de odio. El núcleo del argumento no está en la violencia de la calle, sino en la decisión administrativa que, a juicio de Vox, la hizo posible. La Delegación del Gobierno permitió que siguiera adelante una contramanifestación convocada a escasos metros del acto y media hora antes de su inicio, sin modificar ni la ubicación ni el horario.
El partido subraya una circunstancia que considera determinante: la Delegación ya conocía los graves disturbios registrados esa misma mañana en La Coruña, durante otro acto de Vox en la plaza de María Pita. Allí, según el relato de la formación, ultraizquierdistas intentaron acceder por la fuerza al acto, lanzaron petardos y objetos y se produjeron agresiones a agentes y daños en el mobiliario urbano. Con ese antecedente sobre la mesa, sostiene el escrito, no había margen para mantener el mismo diseño de seguridad.
Los incidentes de Avilés siguieron un patrón similar, de acuerdo con la querella. Hubo intento de entrada por la fuerza, lanzamiento de objetos, agresiones a agentes y destrozos en el espacio público. La Policía Nacional detuvo a tres individuos por desórdenes públicos.
La clave del escrito no es la protesta, sino la decisión administrativa que la mantuvo a escasos metros del acto pese a los disturbios de esa misma mañana.
La querella no se limita a los cargos públicos. Se dirige también contra los promotores de la contramanifestación vinculados a Asturies Antifascista, el Sindicato de Estudiantes e Izquierda Revolucionaria, y contra los autores materiales de la violencia. Vox pide que se investiguen las decisiones de la Delegación del Gobierno, el diseño del dispositivo policial y las responsabilidades penales que de todo ello se deriven.
Qué recorrido tiene la querella en los tribunales
La pelota está ahora en el Tribunal de Instancia de Avilés, órgano del Poder Judicial al que corresponde decidir si admite a trámite el escrito. La querella no abre por sí sola un juicio oral: exige que el instructor aprecie indicios de los tres delitos invocados. En el caso de la prevaricación administrativa el estándar es exigente —hay que acreditar que la resolución fue arbitraria y dictada a sabiendas de su injusticia—, lo que sitúa el foco sobre la documentación del dispositivo y la cadena de órdenes que lo sostuvo.
En el terreno político, el movimiento coloca a la Delegación del Gobierno en Asturias ante la obligación de explicar por qué mantuvo el calendario y la ubicación de una protesta anunciada a media hora del acto de Abascal con el precedente de La Coruña recién ocurrido. Hasta la fecha no consta una valoración pública del contenido del escrito por parte de la Delegación ni del PSOE.
La estrategia de Vox: trasladar la calle al juzgado
Vox ha decidido que la seguridad de sus actos políticos se dirime también en los tribunales. La querella de Avilés y la presentada en paralelo contra el delegado del Gobierno en La Coruña responden a una misma lógica: si la Administración periférica del Estado no garantiza el ejercicio del derecho de reunión, será un juez quien examine las decisiones que lo impidieron.
La lectura estratégica es doble. Por un lado, el partido traslada al expediente judicial un asunto que en el debate público se diluye con facilidad. Por otro, fija posición sobre una cuestión sensible para su electorado: la desigualdad de trato que, según su tesis, aplican las delegaciones del Gobierno a los actos de la izquierda y a los de Vox. Los 33 diputados del GPVOX han hecho de la defensa de la libertad de los actos políticos una bandera recurrente en el Congreso.
Queda por ver el uso que la dirección de Santiago Abascal hace del calendario procesal. La admisión a trámite de una querella de este tipo puede demorarse meses y, en la práctica, la vía penal rara vez llega a juicio cuando el objeto es una decisión discrecional sobre un dispositivo policial. Eso sí, el valor político del escrito no depende de la sentencia: obliga a comparecer, a documentar y a responder. Y ese es un terreno donde Vox lleva ventaja.
