EN 30 SEGUNDOS
- ¿A quién afecta? A quienes participen en la huelga general del 11N en Catalunya, a los mandos de la BRIMO y del ARRO y, de rebote, a cualquier persona que acuda a una concentración en las próximas semanas.
- ¿Cuándo? El documento está cerrado desde este miércoles 4 de noviembre y se aplicará en la jornada de huelga del 11 de noviembre.
- ¿Qué cambia? Los agentes deberán avisar antes de usar el gas OC, dejar una vía de salida y registrar el número de cada botella utilizada. En resistencia pasiva y recintos cerrados queda desaconsejado.
El protocolo del gas pimienta de los Mossos d’Esquadra ya es público. La dirección del cuerpo cerró el documento este miércoles 4 de noviembre, tras la última revisión, y lo colgará en el portal de transparencia de la policía catalana para que cualquiera pueda consultarlo. Llega una semana antes de la huelga general del 11N.
Qué dice el nuevo protocolo y qué sustituye
El texto reemplaza la instrucción de 2013, firmada por el entonces director general Manel Prat, que despachaba el uso de esta arma en tres párrafos y había quedado completamente desfasada. Ahora hablamos de un procedimiento con rango de instrucción, que se integrará en las próximas semanas en un documento más amplio sobre todas las armas de la policía catalana. Lo firmará el director general de la Policía, Ferran López.
Las novedades no son cosméticas. Antes de accionar el espray, los agentes deberán avisar a los concentrados siempre que las circunstancias lo permitan y dar tiempo a que se acaten las instrucciones y se pueda abandonar el lugar por una vía segura. El uso queda acotado a manifestaciones y concentraciones donde haya que restablecer el orden público, a motines penitenciarios y a actuaciones de seguridad ciudadana con presencia de unidades de orden público y gravedad suficiente. La autorización corresponde al jefe del dispositivo, salvo riesgo grave y repentino: ahí el agente puede actuar por su cuenta, pero debe justificarlo después y comunicarlo a la sala de mando.
Las líneas rojas: ni a los ojos, ni contra quien ya está reducido
El punto más técnico es el que explica cómo se proyecta el gas. Accionamiento durante el tiempo mínimo necesario para crear una nube, sin exposiciones repetidas sobre la misma persona, con inclinación suficiente para que la nube quede en suspensión por encima de los manifestantes, evitando dirigir el chorro a los ojos y atendiendo a la dirección del viento. Queda prohibido contra personas que ya están bajo control policial.
Dos escenarios aparecen desaconsejados: la resistencia pasiva y los espacios cerrados. Ahí el documento no prohíbe, pero sí exige valorar riesgos, ventilación, y salidas habilitadas antes de disparar. La trazabilidad es la otra gran novedad. Cada botella lleva un número de referencia individualizado que deberá incorporarse a las diligencias, de modo que se pueda saber qué dispositivo se usó, cuándo y dónde. La conservación y el transporte quedan bajo responsabilidad de los mandos, y el punto octavo detalla qué hacer ante una exposición accidental: agua abundante en las zonas afectadas y aire libre si hay inhalación. El procedimiento se puede consultar también a través de la web del Departament d’Interior.
El protocolo no retira el espray del cinturón: le pone papeles alrededor, y en una tarde de disturbios los papeles pesan menos que la urgencia.
De Sants al 11N: la prisa del cuerpo y el ruido político
El precedente pesa. Durante la huelga general por Palestina de octubre de 2025, los Mossos usaron el espray en el barrio de Sants para abrir paso a los autocares de un equipo israelí de baloncesto. La escena terminó en el Parlament y en los juzgados, con denuncias que siguen abiertas. Después de aquello, el entonces director general de la Policía, Josep Lluís Trapero, dio una orden verbal a los mandos de orden público: nada de gas OC hasta tener un procedimiento cerrado. Ese procedimiento es el que ve la luz hoy.
La prisa tiene fecha. La huelga del 11N, convocada en todo el Estado con la vivienda como eje, aparece en los análisis de inteligencia del cuerpo como una jornada con riesgo de incidentes. Los jefes de la BRIMO llevaban meses reclamando el texto para ganar seguridad jurídica. También lo pedían los grupos de izquierda del Parlament, que exigían el aviso previo, y entidades como Irídia. La consejera de Interior, Núria Parlon, lo presentará este mediodía en la cámara catalana.
Lo que observamos es que el protocolo no retira el arma del cinturón: cambia quién responde por ella. La excepción del riesgo grave y repentino permite actuar sin autorización previa y deja la carga de la prueba en un informe posterior, un margen que en una tarde de disturbios puede interpretarse de formas muy distintas según quién firme. La trazabilidad por número de botella, en cambio, es la novedad con más recorrido jurídico: convierte cada uso en un dato auditable y dificulta la respuesta de manual. A eso se suma el contexto material. Los equipos de orden público solo cuentan con munición SIR, después de que la SIR-X de mayor alcance se retirara tras una comisión parlamentaria, y las lanzadoras de foam esperan su hueco en la instrucción general pendiente de firma.
El calendario manda. El 11N es la primera prueba real del texto y ahí se verá si el aviso previo y la vía de salida son letra viva o papel mojado. Después quedará la firma de la instrucción general de armas, previsiblemente antes de que acabe el año, y otra comparecencia en el Parlament para rendir cuentas. Los grupos que exigieron el protocolo ya han avisado de que seguirán su aplicación caso por caso.
