5Dónde se concentra la práctica en Madrid y qué tipo de contratos son los más expuestos
No existe un registro oficial que permita saber cuántos contratos de alquiler en Madrid trasladan al inquilino la tasa de gestión de residuos (TGR), pero los casos documentados y los modelos que usan las propias gestoras dibujan dos focos claros. El primero son los bloques en manos de grandes tenedores y fondos, con el Ensanche de Vallecas y Villa de Vallecas como epicentro: Nestar-Azora, tercer mayor casero del país, gestiona alrededor de 40 bloques en la Comunidad y se sentó en junio de 2025 en el banquillo de los juzgados de Plaza de Castilla por cláusulas abusivas, con más de un centenar de demandantes y una reclamación que el sindicato cifra en 8 millones de euros anuales solo en IBI, comunidad y seguro de impago. El segundo son los desarrollos de alquiler asequible de la periferia —Valdebebas, Alcorcón, Getafe, Móstoles, San Sebastián de los Reyes, Torrejón o Tres Cantos—, donde el tributo se acumula a comunidad, IBI y anejos obligatorios.
El tipo de contrato pesa más que el código postal. Los más expuestos son los redactados con plantilla de agencia o de gran tenedor: Alquiler Seguro, por ejemplo, incluye en la cláusula undécima de sus contratos que corre a cargo del arrendatario «la tasa municipal por la prestación del servicio de gestión de residuos». Le siguen los firmados antes de 2025, a los que no se puede añadir el tributo de forma unilateral, y los que arrastran fórmulas genéricas de «gastos y tributos» sin cuantía, justo donde el artículo 20 de la LAU exige pacto escrito y constancia del importe anual. En el alquiler de temporada y por habitación —más cortos, renovables a voluntad del casero y copiados por particulares de los modelos de las inmobiliarias— la cláusula viaja sin discusión y el recibo llega por mensaje. La cuota media ronda los 140 euros anuales por vivienda y unos 310 en locales, según datos del sector; el Ayuntamiento la calcula por valor catastral y reciclaje del barrio, y el TSJM anuló la ordenanza en marzo de 2026, con recurso pendiente.
