El Senado ha convertido su mayoría absoluta en una factoría de comisiones de investigación, y cuatro de ellas han acabado marcando el calendario político. La del caso Koldo, promovida por el Grupo Popular y creada en abril de 2024, abre un repertorio que se repite con objetos distintos y un mismo horizonte: elevar conclusiones mientras se desgasta al adversario. No funcionan como piezas aisladas, sino como un mecanismo que fija comparecencias, plazos y titulares al ritmo que interesa a quien tiene la mayoría.
El criterio de esta lista no es el asunto que investiga cada comisión, sino la maquinaria que las hace funcionar. El recorrido va de la ficha formal —objeto, grupo promotor y fecha límite para elevar conclusiones— a la sala pequeña donde se decide quién desfila: la mesa, la junta de portavoces y la votación. Después, los pactos de no agresión, los nombres que se caen —la lista inicial de 134 comparecientes en la comisión de las mascarillas se recortó para excluir al fiscal Anticorrupción— y el blindaje técnico del artículo 76.1.
5El blindaje técnico de los aliados: cómo el artículo 76 de la Constitución y la causa judicial abierta sirven para descartar comparecientes incómodos
El artículo 76.1 de la Constitución es, en teoría, una cláusula de prudencia: las conclusiones de una comisión «no serán vinculantes para los Tribunales, ni afectarán a las resoluciones judiciales». En la práctica opera como filtro de comparecientes. Cuando un grupo quiere blindar a un aliado —o evitar que un testimonio abra un frente que no controla— le basta invocar que el asunto está judicializado y que la función jurisdiccional corresponde en exclusiva a jueces y tribunales (artículo 117.3) para sostener que citarle sería duplicar, contaminar o prejuzgar la instrucción. El Reglamento del Congreso completa el utillaje: las sesiones de investigación son secretas cuando los asuntos coincidan con actuaciones judiciales declaradas secretas (artículo 64.4), y los letrados de la Cámara revisan si cada propuesta se ajusta al objeto acordado, un informe técnico que sirve tanto para depurar la lista como para justificar su recorte.
El otro lado del blindaje es que comparecer no equivale a declarar. El artículo 76.2 obliga a acudir y el 502 del Código Penal castiga la incomparecencia, pero el silencio del investigado queda a salvo: no constan condenas por ese delito en los registros del CENDOJ. El exdirectivo de Acciona Tomás Olarte, investigado en el Tribunal Supremo desde el 3 de diciembre de 2025, acudió a la comisión del Parlamento de Navarra y no respondió a una sola pregunta; la sesión se cerró en torno a una hora. La Audiencia Provincial de Madrid archivó la causa por falso testimonio contra Santos Cerdán razonando que quien prevé una imputación puede echar mano del silencio e incluso de la falta de veracidad como estrategia de defensa. Con ese marco, la lista se ordena por situación procesal: causa abierta, comparecencia inútil y, por tanto, prescindible; sin causa, exposición plena. En una legislatura con 14 comisiones y más de 300 comparecencias, cuatro de ellas en el Senado (Koldo, dana, CIS y apagón), ese criterio decide qué daño se puede infligir y a quién se deja fuera.
