Un agente pidió el DNI a Ione Belarra en un piquete del 11-N. Podemos convirtió el episodio en un juicio al Gobierno de coalición.
La secretaria general de la formación morada grabó el momento en que un policía nacional le requería la identificación mientras apoyaba un piquete informativo durante la huelga general del miércoles, y después pidió al agente su número de placa. El vídeo acabó en sus redes. No era un material más de una jornada de paro: fue la pieza con la que la dirección construyó el relato del día.
Sobre ese vídeo se apoyó Irene Montero, candidata de Podemos a las elecciones generales, para acusar al Ejecutivo de mandar a la Policía «a pegar palos» y «porrazos» a los piquetes desplegados en distintos puntos del país, además de practicar identificaciones que considera injustificadas.
Del piquete a la acusación contra el Ejecutivo
La jornada había empezado de madrugada. Belarra y Montero recorrieron varios piquetes informativos y cerraron la mañana en una concentración de trabajadores en huelga del Hospital Gómez Ulla, en Madrid. Allí la candidata agradeció el seguimiento del paro y defendió el papel de los piquetes para que la convocatoria fuera «un éxito»: se estaba defendiendo el derecho a la vivienda, que suban los salarios y que baje el coste de la vida.
El núcleo del mensaje, sin embargo, era otro. Montero expresó su «profundísima preocupación por la violencia policial» contra los piquetes, que a su juicio pone en riesgo a quienes informan de la convocatoria. Y cargó contra PP y Vox, a los que llamó partidos de los «señoritos», y contra el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso por los servicios mínimos fijados en educación y transportes.
«Los piquetes informativos forman parte del derecho a huelga y lo que es intolerable es que desde el Gobierno se mande a la Policía a pegar palos contra esos piquetes que de forma pacífica están informando los motivos», denunció. El derecho de huelga está reconocido en el artículo 28.2 de la Constitución.
Cada identificación en un piquete le sirve a Podemos para recordar que el Ministerio del Interior sigue en manos del PSOE, no de Sumar.
Por qué Podemos elige el roce con la coalición
La identificación fue el detonante, no la causa. Desde que Podemos rompió en diciembre de 2023 con el grupo parlamentario de Sumar y se marchó al Grupo Mixto con sus cinco diputados, la formación de Belarra ha buscado un perfil propio que no pase por la gestión compartida. Cada episodio de calle le sirve para marcar distancia.
Y el 11-N ofrecía el escenario perfecto: una huelga general, piquetes, policía, y un Gobierno del que forman parte sus antiguos compañeros. La pregunta que Belarra dejó en X —«¿Hay que recordarle al Gobierno del PSOE-Frente Amplio que así es como se consiguieron todos los derechos que tenemos?»— resume la operación. No discutía una competencia policial concreta: discutía la legitimidad de quien manda. La identificación se convirtió en argumento político y el episodio, en una pieza más de la pugna por el espacio a la izquierda del PSOE.
Conviene mirar el registro con el que habla Podemos. Montero no se dirigió solo al Ministerio del Interior: nombró al PP, a Vox, a Ayuso y a la violencia patronal en la misma alocución. Esa acumulación de destinatarios es deliberada. Permite presentar el conflicto como una disputa entre bloques —los de arriba y los de abajo— y colocar en el bloque de arriba, sin nombrarlo demasiado, al socio socialista del Gobierno.
Ahí está el cálculo. Con cinco diputados, Podemos no ha sido decisivo en las mayorías de esta legislatura. Pero puede ocupar minutos de telediario y marcar el tono por la izquierda. La visibilidad sustituye a la aritmética. El coste es la imposibilidad de reclamar después los logros del Ejecutivo como propios, en una formación que quiere presentarse como la izquierda que no se calla.
Para Sumar el dilema es estructural. Comparte Gabinete con el PSOE, que controla Interior, y a la vez compite por el mismo electorado al que Podemos acaba de hablarle de «porrazos» y «palos». Salir a defender la actuación policial desgasta a la coalición ante su propia base; guardar silencio deja el relato en manos de quien denuncia.
La Dinámica de Coalición
El equilibrio interno de Sumar queda expuesto cada vez que Podemos golpea. La coalición que lidera Yolanda Díaz reúne a Izquierda Unida, Más País, Más Madrid, Compromís, la Chunta Aragonesista, Galicia en Común y Catalunya en Comú, las confluentes que sostienen el espacio. Ninguna de esas piezas gana nada apareciendo como avalista de una carga policial en un piquete.
Los 31 escaños que Sumar obtuvo en julio de 2023 pesan en la Cámara, pero la batalla de estos días es de relato. Y ahí los cinco diputados del Mixto juegan con ventaja: no tienen que defender al Gobierno. La dimensión de coalición es la que más incomoda. El Ministerio del Interior es socialista, y cada identificado en un piquete acaba siendo, en el relato de Podemos, una decisión del PSOE que Sumar sostiene con sus votos.
La proyección inmediata no está en el Congreso, sino en el calendario electoral. Que Podemos presente ya a Montero como candidata a las generales indica hacia dónde mira la formación: hacia la próxima cita con las urnas, no hacia las mayorías de esta legislatura. Cada episodio como el del miércoles construye ese perfil. La pregunta abierta es cuánto desgaste acumula la coalición mientras Podemos lo rentabiliza fuera.
Ficha del Caso
- El caso: Un agente de la Policía Nacional pidió la identificación a Ione Belarra durante un piquete del 11-N. Podemos elevó el episodio a acusación contra el Gobierno de coalición por la actuación policial durante la huelga general.
- Datos importantes: Podemos tiene cinco diputados en el Grupo Mixto desde diciembre de 2023; Sumar obtuvo 31 escaños en julio de 2023. La huelga general se celebró el miércoles 11 de noviembre de 2026. Interior depende del PSOE. El derecho de huelga figura en el artículo 28.2 de la Constitución.
- Resumen: El episodio no altera los números del Congreso, pero consolida el perfil de Podemos como oposición por la izquierda y obliga a Sumar a gestionar el coste de compartir Gobierno con quien controla la Policía.
