El centro de datos SpaceX de Starbase tiene precio: 24.000 millones de dólares, planta de gas y 444 acres fuera de Brownsville.
Qué ha notificado SpaceX: 24.000 millones, una planta de gas y una reunión el 9 de diciembre
SpaceX colgó esta semana en la web municipal de Starbase el aviso de una audiencia pública. En el documento, la compañía de Elon Musk describe un complejo de supercomputación y una central de gas de 24.000 millones de dólares que se levantará en terrenos de su propia ciudad corporativa, a menos de 40 kilómetros de Brownsville, en el sur de Texas.
No se trata de una nave industrial más. Los centros de datos son la infraestructura física de la inteligencia artificial: sin miles de megavatios disponibles y sin refrigeración no hay modelos como ChatGPT. La central de gas que acompaña al complejo apunta a un problema conocido: la red de Texas, gestionada por ERCOT (el operador del sistema eléctrico tejano, prácticamente aislado del resto de Estados Unidos), no ofrece por sí sola esa garantía de suministro.
Aquí el asunto es de calendario y de jurisdicción. Brownsville aprobó una moratoria de 90 días sobre las solicitudes de centros de datos que entró en vigor la semana pasada y que cubre la ciudad y su jurisdicción extraterritorial, es decir, una franja de terreno más allá del límite municipal donde el ayuntamiento aún manda. Puede prorrogarse otros 90 días.
El 9 de diciembre, los comisionados municipales de Starbase estudiarán incentivos fiscales para el proyecto. La ciudad que concede las exenciones es la misma que promueve el complejo. Nada de eso es ilegal. Y todo eso explica por qué el anuncio se ha leído en Texas como una maniobra de precisión.
Washington no decide dónde se instala un centro de datos: lo deciden un condado, una comisión municipal y un contrato de agua.
La secuencia encaja. Brownsville desanexionó los 444 acres este mismo año a petición de Musk. La compañía pagó 220 millones de dólares para financiar proyectos de agua y aguas residuales en la ciudad a cambio de esa salida. Después anexionó el terreno a Starbase, su municipio de empresa.
Los 444 acres: una desanexión, 220 millones y una ciudad corporativa
El resultado es un mapa dentro de otro mapa. Brownsville conserva la moratoria; Starbase conserva el suelo. Entre las dos hay una línea administrativa, y una diferencia regulatoria que vale miles de millones.
Hay un segundo frente, más grande. La gobernadora electa de Texas, Gina Hinojosa, del Partido Demócrata, ha prometido bloquear todas las aprobaciones de centros de datos hasta que la legislatura estatal apruebe leyes que sirvan ‘para proteger a los tejanos’. Quiere que la moratoria se mantenga hasta enero de 2027, cuando la Cámara y el Senado de Texas se reúnan y discutan ‘protecciones reales’ que den a los vecinos voz y voto sobre si estos complejos llegan a sus comunidades.
Ahora, el proyecto de Elon Musk se juega en dos mesas a la vez: la local y la estatal. Texas deja decidir a los condados. Y los condados, estos meses, están diciendo que no.
La Lógica de Washington
Conviene entender primero qué no hay aquí: no hay agencia federal implicada. En Estados Unidos el uso del suelo lo deciden los ayuntamientos y los condados, no la Casa Blanca. Ninguna orden ejecutiva autoriza un centro de datos; lo autoriza una comisión municipal un martes por la tarde. La batalla por la infraestructura de la IA se libra en actas de reuniones vecinales.
La lógica tejana añade una capa. Texas lleva décadas vendiendo regulación mínima y energía barata, y el modelo le ha funcionado: es el estado que más potencia eléctrica ha añadido en la última década y el que ha atraído las sedes de Tesla y buena parte del Silicon Valley. Pero el precedente que muchos alcaldes tienen en la cabeza es otro: el apagón de febrero de 2021, cuando ERCOT dejó a oscuras a millones de tejanos durante días y la cifra oficial de fallecidos superó los 200. Desde entonces, cada nueva gran carga eléctrica se mira con lupa. Y queda una incógnita técnica: si la central de gas obtendrá los permisos ambientales de TCEQ, la agencia medioambiental del estado.
Para España la lectura es directa. El cuello de botella de la IA no es el capital, es el permiso. Los proyectos anunciados en Aragón, Castilla-La Mancha y Extremadura se enfrentan a las mismas tres preguntas que Brownsville: quién paga la red, quién cede el agua, y quién asume el ruido.
España parte con ventaja en renovables y sin el aislamiento eléctrico de Texas, aunque arrastra una interconexión con Francia por debajo del 3%, su cuello de botella histórico. La desventaja es el calendario: la tramitación ambiental y las alegaciones públicas alargan los proyectos años, frente a los meses que resuelve un condado tejano. España ha elegido un camino con más garantías y más lentitud; Texas, uno con menos garantías y más velocidad. La carrera de la IA va a poner esa elección a prueba.
A eso se suma el negocio para las empresas españolas. Iberdrola, a través de Avangrid, opera redes y parques en EE. UU.; Ferrovial gestiona autopistas en el propio Texas; y la demanda de turbinas, subestaciones y refrigeración abre mercado para la ingeniería española. Las administraciones, desde La Moncloa hasta las comunidades autónomas, compiten por atraer ese mismo capital.
La ventana clave es corta. El 9 de diciembre, Starbase decide si concede los incentivos fiscales. Hacia febrero de 2027, Brownsville puede prorrogar su moratoria otros 90 días. Y en enero de 2027 se reúne la legislatura de Texas con una gobernadora electa que ha prometido frenar el sector. Si el complejo sale adelante pese a todo, el mensaje será difícil de matizar: en Estados Unidos, quien controla el suelo controla la IA.
Ficha del Caso
- El caso: SpaceX ha notificado en Starbase (Texas) un complejo de supercomputación y una planta de gas de 24.000 millones de dólares, en terrenos desanexionados de Brownsville este año y por tanto fuera de su moratoria.
- Datos clave: 24.000 millones de inversión, 444 acres transferidos, 220 millones pagados a Brownsville por agua y saneamiento, moratoria municipal de 90 días prorrogable, reunión de incentivos fiscales el 9 de diciembre de 2026 y legislatura de Texas en enero de 2027.
- Para España: el permiso y la red eléctrica, no el capital, deciden qué país capta la inversión en IA; los proyectos de Aragón, Castilla-La Mancha y Extremadura compiten con condados que resuelven en meses lo que aquí lleva años.
