El ministro de Fomento, José Luis Ábalos, se ha metido en todos los charcos, excepto en los que le competen. Hay una bomba de relojería cuyo minutero está a punto de llegar a cero y amenaza con reventar los cimientos del complejo del Paseo de la Castellana 67: la gestión de las autopistas. Ábalos ya lo ha deslizado repetidas veces, sin embargo, las constructoras, empezando por Abertis, están presionando al Gobierno sobremanera para que el ministro ceda y establezca un peaje que rondará los nueve céntimos el kilómetro. Ábalos lo ha reconocido: el sistema no es sostenible. Y para solucionarlo pagarán los de siempre.
El ministro de Fomento ha salido en las portadas de los periódicos por diversos asuntos. Fue él quien recibió en el aeropuerto de Barajas a la número dos del gobierno chavista venezolano, Delcy Rodríguez. Y también fue él quien ocupó las portadas en varios medios por ascender a su polémica mano derecha, Koldo García Izaguirre, a consejero de Renfe sin tener preparación alguna para el puesto. Pero pocas veces ha hablado sobre una bomba que afectará a todos los españoles y que supondrá que el desplazamiento diario al trabajo costará más dinero.
Quienes han dado el pistoletazo de salida han sido las empresas. Primero, avisó el pasado 4 de marzo la patronal de grandes constructoras y concesionarias: Seopan. Los portavoces de esta asociación aconsejaron al Gobierno que el único modo de hacer sostenible el mantenimiento de las autovías y autopistas es que cada conductor pague nueve céntimos por kilómetro.
Es decir, que si un ciudadano vive en Collado Villalba y tiene que bajar a Madrid centro cada día laborable, al mes se habrá gastado más de 15 euros. Una suma que parece poco, pero que si se suma a todos y cada uno de los trabajadores, el Estado recaudaría unos 104.000 millones de euros en 25 años, según las estimaciones de Seopan. A esto hay que añadirle la otra recomendación de la patronal: que los camiones paguen 19 céntimos por kilómetro.
El segundo aviso lo ha dado la constructora Abertis, que aunque es más específico, se engloba dentro esta bomba de relojería que Ábalos lanzará al país. La empresa ha reclamado 3.325 millones de euros al Gobierno por las diferentes inversiones y los muchos descuentos en el peaje que la compañía realizó en un tramo de la autopista AP-7 en Cataluña.
Ábalos no lo ha escondido, pero sí aplazado. El ministro de Fomento ha advertido en repetidas ocasiones desde que ostenta la cartera ministerial que la gestión de las autovías y las autopistas no es sostenible. En algún que otro desayuno informativo le preguntaron y él respondió que era un tema que habría que abordar en un futuro cercano, pero evitó asegurar si era necesario establecer impuestos, peajes o cualquier otro tipo de tasa.
En agosto del año anterior hablaba de que era un “cuento de agosto”. Y ahora ni lo confirma ni lo desmiente. Ábalos ha reconocido que cada vez hay más kilómetros construidos y menos recursos públicos. Pero mientras reconocía que el sistema se tambalea, el Ministerio ha liberado de peaje tramos de la AP-1, la AP-4 y la AP-7. Nada o algo que ver tendrá con que esas medidas coincidieran con espacios de campaña o precampaña electoral. Sin embargo, en noviembre de 2019, el ministro de Fomento volvió a dejar la puerta abierta a la posibilidad de establecer peajes.
Las opciones son variadas, pero las empresas ya están ejerciendo presión sobre Ábalos para que se pronuncie y que el asunto de la sostenibilidad de las autopistas y las autovías no se convierta en otro Cercanías. Algunos socialistas dentro del Gobierno plantean que es necesario establecer esos peajes, pero no sobre todos los kilómetros, sino sobre algunos tramos que no afecten al día a día de los trabajadoras.
Las repercusiones que tendría este impuesto provocarían también daños y beneficios colaterales. Por un lado, las petroleras y las gasolineras, así como los talleres, reducirían sus ingresos de forma considerable puesto que muchos trabajadores dejarían de coger el coche en su día a día. Pero por otro lado, esta potenciación del transporte público se traduciría en una hipotética reducción de los niveles de CO2.
En cualquier caso, todo está por ver. Al menos hasta que a Ábalos le de por ser claro y abordar este asunto por el que cada vez más constructoras y empresas presionan. Solo queda por saber si esta decisión que el núcleo duro del ministro de Fomento no ve con malos ojos supondrá otra ruptura con su socio de Gobierno. Pero todo parece indicar que la formación morada pasará por el aro siempre que eso suponga una reducción de los niveles de contaminación.
