domingo, 4 mayo 2025

Podemos pide que el permiso de paternidad se amplíe para todos

La oferta del Ministerio de Hacienda a Podemos para ampliar la baja de paternidad de los funcionarios de forma gradual hasta los 4 meses en 2021 ha sido respondida por la formación ‘morada’ con una negativa.

Este acuerdo está recogido en el documento ‘Contribución al cambio social desde la política presupuestaria’ que Hacienda envió esta semana a los negociadores de Unidos Podemos, con quienes busca pactar la senda de estabilidad.

En el escrito, se apuesta por fijar un “plazo efectivo e inaplazable” para igualar los permisos de maternidad y paternidad de los empleados públicos de la siguiente forma: en 2019 serían ocho semanas; en 2020 subirían a 11 semanas, y en 2021 llegarían a 16 semanas.

Desde Podemos se recuerda que este objetivo “no es la propuesta de Unidos Podemos” y que no se ha tratado en la reunión que mantuvieron con la ministra de Hacienda, María Jesús Montero. Eso sí, desde la formación apuntan a que su “idea es permisos para todos” y que, además, el PSOE “se comprometió a ello” en la votación de la proposición de ley que el grupo parlamentario presentó en el Congreso de los Diputados.

LEY IMPULSADA POR PODEMOS

Dicha ley defendía permisos de maternidad y paternidad igualitarios, intransferibles y remunerados al 100 por cien. Aunque fue vetada dos veces por el Gobierno de Mariano Rajoy, salió finalmente aprobada tras virar el voto de los ‘populares’.

La iniciativa del Gobierno es muy similar a la que ideó la Junta de Andalucía, donde Montero era consejera de Hacienda hasta su nombramiento como ministra hace dos meses. El Ejecutivo andaluz firmó antes de verano un acuerdo con los sindicatos UGT, CCOO y CSIF en el que se equiparaban los permisos de paternidad y maternidad de forma progresiva hasta llegar a las 20 semanas en 2020, diez más que en 2019.

Todos los partidos políticos con representación en el Congreso apoyaron el inicio de la tramitación de la ley de permisos parentales iguales e intransferibles para nacimientos, adopciones y acogidas de Unidos Podemos con 16 semanas para cada progenitor. En la actualidad las madres disponen de seis semanas de permiso obligatorias y los hombres de cinco. Aunque aparte hay otras 10 semanas para cualquiera de los dos, en la práctica son las mujeres quienes les dan uso. Los padres que lo hacen no llegan al 2%, según los últimos datos de la Seguridad Social.

El pasado progresista de Girauta y Villegas

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Dos de las principales figuras dentro de Ciudadanos, Juan Carlos Girauta y José Manuel Villegas, estuvieron afiliados a partidos de izquierda y extrema izquierda en su juventud. El primero formó parte de formaciones maoístas como Joven Guardia Roja durante la Transición para luego afiliarse al PSOE hasta 1986, mientras que Villegas estuvo dentro de Joventut Socialista de Catalumya (JSC) también en la década de los ochenta.

Girauta es el portavoz de C’s en el Congreso de los Diputados y este verano ha sorprendido con una entrevista en ‘El Mundo’ en el que desvelaba que se había hecho maoísta para divertirse y ligar. “Si yo estaba en la Joven Guardia Roja era porque miré todas las posibilidades que había y me dije: ‘Esto, que es lo más bestia que hay”.

Eran los inicios de la Transición y Barcelona bullía con el lema ‘Libertad, Amnistía, Estatuto de Autonomía’. “El que no fuera un progre en la Barcelona de 1976, era un capullo. Cómo no íbamos a ser progres, con aquella sensación de que el poder no existía, en aquella Barcelona libérrima”, recordaba.

Su paso por el PSOE fue más prolongado ya que se alargó hasta 1986. “Yo me marché del PSOE con 25 años porque leía libros de los disidentes soviéticos, de Kundera. Los comentaba con mis compañeros y me decían que qué facha. Facha es un comodín, es la palabra que ataca a aquel que rompe la ideología en la que se vive tan cómodamente, la ideología por la que todo lo que decimos es verdad y es bueno”, rememoraba.

“El que no fuera un progre en la Barcelona de 1976, era un capullo. Cómo no íbamos a ser progres»

Girauta se presentó posteriormente en las listas del PP en tres comicios distintos, sin resultar electo en ninguno. La primera vez fue en las municipales de 2003, la segunda en las autonómicas catalanas de ese año y la tercera, en 2004, en las elecciones generales como candidato por Girona. Luego llegaría su último tránsito político hacia Ciudadanos.

Villegas, por su parte, perteneció desde sus inicios a la JSC, la organización política juvenil surgida en 1978 del proceso unitario de las tres organizaciones socialistas juveniles que había en Cataluña. El JSC ha sido siempre en el PSC el equivalente a las Juventudes Socialistas dentro del PSOE.

La vida interna de la JSC ha estado siempre marcada por notables disensiones internas y congresos conflictivos, tanto por cuestiones ideológicas como por asuntos organizativos. El actual secretario general de C’s forma parte de este partido desde su fundación en Cataluña en 2006 y en dicho congreso fundacional fue el que decidió que el presidente se eligiera por orden alfabético, resultando por tanto elegido Albert Rivera.

Sánchez reactiva la vía judicial con Cataluña

Apenas veinte días después de que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, subrayase en rueda de prensa que rechazaba más «vías judiciales»con Cataluña, el Gobierno presentó ayer un recurso contencioso-administrativo contra el decreto 126/2018 de la Generalitat de Cataluña, de 26 de junio, por el que se restablecieron las delegaciones del Govern en el Reino Unido e Irlanda, Alemania, Estados Unidos, Italia, Suiza y Francia.

El Ministerio de Asuntos Exteriores justificó este paso ante el hecho de que no se cumplieron las condiciones que establece la legislación vigente para la creación de delegaciones de las Comunidades Autónomas (CCAA) en el exterior. La ley del Servicio Exterior del Estado, de 2014, establece que antes de la creación de sus delegaciones en el exterior para el ejercicio de sus competencias, las CCAA deberán comunicar este hecho al Gobierno central.

La Generalitat que dirige Quim Torra comunicó a Exteriores la creación de esas delegaciones con sólo 24 horas de antelación a la adopción del decreto de creación, lo que hizo imposible emitir dichos informes. En la reunión entre el ministro del ramo, Josep Borrell, y el conseller catalán de Acción Exterior, Ernest Maragall, este último explicó que en realidad no estaba abriendo ninguna nueva delegación sino reabriendo las que Madrid había cerrado en virtud de la aplicación del artículo 155 de la Constitución.

Sin embargo, en los procesos de creación de delegaciones después de la entrada en vigor de la ley del Servicio Exterior tampoco se cumplieron los trámites legales, por lo que el anterior Gobierno de Mariano Rajoy interpuso los correspondientes recursos contencioso-administrativos que fueron archivados, posteriormente, por el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña al considerar que se había perdido el objeto del recurso cuando dichas delegaciones fueron suprimidas.

La Generalitat también argumentó que, en la práctica, no se había tomado ninguna iniciativa para ponerlas en funcionamiento por lo que Exteriores esperó a que se rectificara y se cumpliera el procedimiento establecido por la legislación vigente antes del fin del plazo para presentar el recurso.

«Queda claro su voluntad de no cumplir con lo establecido en la ley y de hacer caso omiso a las reiteradas advertencias»

No obstante, durante el mes de julio, Cataluña restituyó a los delegados en Reino Unido e Irlanda, Alemania, Italia y Suiza y en agosto convocó los concursos para nombrar a los directores de las delegaciones en Francia y Estados Unidos, con lo que queda claro -a juicio de Madrid- «su voluntad de no cumplir» con lo establecido en la mencionada ley y «de hacer caso omiso a las reiteradas advertencias que se le han hecho al respecto».

El departamento de Borrell indicó en un comunicado que no cuestiona la facultad de Cataluña de establecer delegaciones en el exterior para el ejercicio, dentro del ámbito de sus competencias, de actividades con relevancia exterior, pero la creación de dichas ‘embajadas’ debe ajustarse a lo establecido por la ley española.

Por todo ello, Exteriores lamentó tener que presentar recursos ante la jurisdicción contencioso-administrativa, «pero no se le deja otra opción para preservar el mandato legal». Tal recurso no afectará obviamente a las 40 delegaciones de Cataluña que mantiene como oficinas comerciales, a las 13 oficinas turísticas y a las 8 culturales, que han sido creadas de acuerdo con el procedimiento legal vigente.

Cuando Pedro Sánchez se oponía a legislar por decreto

La aprobación de siete decretos-leyes en apenas tres meses de gobierno de Pedro Sánchez ha provocado una cascada de críticas desde la oposición, sobre todo desde las filas del PP y Ciudadanos. Curiosamente, el presidente del Gobierno descalificó en el pasado el uso de este instrumento legislativo que exige su posterior convalidación en el Congreso en el lapso de un mes.

Pedro Sánchez
Captura del mensaje de Pedro Sánchez en mayo de 2015. Foto: Twitter

Por ejemplo, en mayo de 2012 Sánchez preparaba la tesis doctoral titulada ‘Innovaciones de la diplomacia económica española: análisis del sector público (2000-2012)’ en la Universidad Camilo José Cela de Madrid. Por aquel entonces había empezado a trabajar en la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) tras perder el acta de diputado: meses antes, en las elecciones de noviembre de 2011, se había quedado a las puertas del Congreso de los Diputados ya que había ido en el undécimo puesto de la lista del PSOE por Madrid y su partido sólo había obtenido una decena de actas en dicha circunscripción.

Coincidía su regreso a la actividad privada con los primeros meses de Mariano Rajoy en el poder y Sánchez criticó el uso del decreto-ley por parte del PP: “¿Se cambia un país por Decreto?, ¿sin el concurso de los actores que luego deben llevarlo a la práctica?, ¿no es mejor acordar antes que imponer?”, se preguntaba en su cuenta personal de Twitter.

En noviembre de 2015, ya como candidato del PSOE a las elecciones de finales de ese año, Pedro Sánchez insistió en que este mecanismo es una prevista para “situaciones excepcionales” ya que si se convierte en la forma ordinaria de legislar, “se hurta a las Cortes, es decir a los representantes del pueblo español, su función”.

“¿Se cambia un país por Decreto?, ¿sin el concurso de los actores que luego deben llevarlo a la práctica?»

En aquel momento se comprometió “a dar al Congreso la centralidad que merece” y limitar el uso del decreto-ley a “circunstancias limitadas”. Ante la marejada creada por el anuncio del séptimo decreto-ley (el que afectará a la exhumación de Francisco Franco), el Gobierno quiso salir al paso con una serie de datos.

En primer lugar, el hecho de que todos los gobiernos han hecho uso del decreto-ley y que desde 1978 se han aprobado una media de 14 decretos leyes al año. En este sentido, el primer Gobierno de Mariano Rajoy con mayoría absoluta –y, por tanto, sin ningún problema para aprobar leyes en las Cortes Generales- fue el “más prolífico” en la aprobación de decretos leyes: en 2012 se aprobaron 29; en 2013, 17; en 2014 también 17 y en 2015, 12.

PEDRO SÁNCHEZ ESGRIME AHORA QUE ES «HABITUAL» EL DECRETO-LEY

Además, el Ejecutivo actual ve “habitual” que en los primeros meses de una legislatura, o de un gobierno, se aprueben muchos decretos leyes pues el Gobierno, en su función constitucional de dirección política del Estado, “quiere poner en marcha con urgencia una serie de actuaciones normativas”. Es más, desde el equipo de Pedro Sánchez se subraya que todos los decretos leyes aprobados hasta ahora respetan los límites constitucionales ya que, “en ningún caso”, se afecta al desarrollo directo de derechos y libertades, al régimen de las Comunidades Autónomas, al régimen electoral general o a las instituciones básicas del Estado, como establece la Constitución.

En los siete casos, el Palacio de la Moncloa ha considerado necesaria una “actuación normativa urgente, a partir de un juicio político, y lo ha justificado expresa y razonablemente” en la exposición de motivos de cada uno de los decretos leyes. Así, un decreto-ley se aprobó para transponer normas europeas, otro para hacer una oferta pública de empleo extraordinaria y un tercero para atender a desempleados de larga duración, renovando un programa que viene de 2014 y que fue adoptado en su día por un decreto ley y prorrogado también por el anterior gobierno con el mismo formato.

En los cuatro casos restantes, el Gobierno ha considerado que era “urgente” la actuación normativa. Por ejemplo, para cubrir el vacío existente en RTVE ante el cese de su presidente por fin de mandato, sin que pudiera seguir en funciones. También considera urgente recuperar “el carácter universal” de la sanidad pública, las medidas del pacto contra la violencia de género o la exhumación del dictador del Valle de los Caídos, “actuación exigida con preferencia por el Congreso en 2017, sin que el Gobierno anterior hiciera nada, y  solicitada de forma recurrente por Naciones Unidas”.

 

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Guerra de manifiestos en el Ejército a favor y en contra de Franco

Un grupo de militares retirados, en activo y viudas de profesionales castrenses han elaborado una respuesta a la Declaración de respeto y desagravio al general Francisco Franco Bahamonde que fue firmado por varios centenares de oficiales. En el manifiesto elaborado como contestación destacan su «rechazo total» a este comunicado.

«El general Franco no merece respeto ni desagravio alguno, sino nuestra repulsa más absoluta por haber encabezado un golpe de estado sangriento y genocida contra la legal y legítima II República Española, la feroz guerra civil posterior, y una dictadura opresiva e inclemente durante casi cuarenta años», apuntan la veintena de firmantes que han suscrito esta declaración «en contra del franquismo en las Fuerzas Armadas» y que publicó eldiario.es.

Entre los apoyos recabados se encuentra el del exJEMAD, diputado de Podemos y general de Aire Julio Rodríguez. También suscriben este escrito los capitanes de navío de la Armada Arturo Maira Rodríguez, Manuel Ruiz Robles, Jaime Pablo Aguado Gómez, Manuel Pardo de Donlebún; el capitán de Fragata de la Armada, Antonio Maira Rodríguez; el excabo de la Armada Miguel Pastrana de Almeida; el coronel de Intendencia de la Armada Rafael Moreno Tapia; el cabo activo del Ejército de Tierra Marco A. Santos Soto, el cabo reservista del Ejército del Aire Javier del Canto Mozas y Ángela Thomas Andreu, viuda del comandante de ingenieros Bernardo Vidal.

Mientras, el instructor designado por el Ministerio de Defensa, el teniente general Miguel Ángel Villarroya, ha iniciado la tramitación de la información reservada respecto a los cinco militares en situación de reserva que firmaron un escrito a favor de la figura de Francisco Franco.

Al menos cien personas, entre ellos cinco oficiales en la reserva, han firmado un manifiesto en el que se exalta la figura del militar y dictador Francisco Franco. Un comunicado de Defensa precisa que el instructor les llamará a declarar para ver si se ratifican o no en el contenido del escrito, tras lo cual se elevará a la ministra de Defensa, Margarita Robles, la propuesta de resolución oportuna.

A la vista de posibles nuevas incorporaciones al citado escrito, desde el Ministerio también se quiere concretar la presencia o no de más personas con alguna vinculación profesional con Defensa. Para ello se está realizando un análisis pormenorizado y actualizado de la lista de firmantes.

 

El máster de Casado y la baja de Iglesias tientan al PSOE con el adelanto electoral

La situación interna en el Partido Popular y en Podemos, a raíz de la investigación del máster de Pablo Casado en la Rey Juan Carlos y la ausencia de Pablo Iglesias e Irene Montero tras ser padres de mellizos prematuros, ha provocado que en el PSOE se analicen las ventajas de adelantar las elecciones generales a este otoño.

El Tribunal Supremo deberá decidir en septiembre si admite a trámite el caso contra Casado que le remitió la jueza Carmen Rodríguez-Medel antes de verano por la condición de aforado del presidente del PP. La Fiscalía ya indicó que no se opondría a dicha admisión y en el PP se asume ya la posibilidad de que Casado tenga que ir a declarar como investigado al Alto Tribunal en algún momento del otoño.

La magistrada de instrucción indicó en su exposición razonada de 50 páginas que existen indicios fundados de que el título académico fue un regalo a Casado en forma de dádiva, por lo que atribuyó a Casado la comisión de dos delitos: cohecho impropio y prevaricación administrativa.

Mientras, Iglesias y Montero llevan mes y medio de baja dedicados en exclusiva al cuidado de sus bebés, que nacieron con solo 27 semanas de gestación, y no se han dado ningún plazo para regresar a la actividad política. La evolución de los pequeños fue positiva en las primeras semanas, pero surgieron luego dificultades y algunos medios llegaron a especular con la posible retirada de la política por parte de ambos, según el Economista.

En este tiempo, la dependencia dentro de Podemos con Iglesias y Montero se ha hecho notar y la formación morada está perdiendo apoyos en las encuestas. Tanto Pablo Echenique, que ha asumido el rol de Iglesias pero que no tiene acta de diputado, como Ione Belarra, la portavoz adjunta en el Congreso que ha replicado a Pedro Sánchez en los últimos debates parlamentarios, no han conseguido suplir el hueco de los números uno y dos del partido.

La ausencia de Iglesias se ha notado, sobre todo, en las negociaciones políticas con el Gobierno socialista en asuntos como la senda del déficit, en la que Podemos dejó sólo al PSOE, o la designación de Rosa María Mateo como administradora única de RTVE tras una polémica votación fallida en el Congreso que soliviantó a la bancada morada.

Así las cosas, dentro del PSOE reflexionan sobre las ventajas que tendría para Pedro Sánchez el convocar comicios tras la pausa veraniega y la aprobación en el Congreso de algunas medidas estrella para su electorado como el decreto-ley para la exhumación de Francisco Franco. Con un líder del PP encausado en un presunto caso de corrupción universitaria y un Podemos sin dirigentes de peso, en las filas socialistas se hacen cábalas sobre cómo afectaría ambas cuestiones en unas elecciones generales.

 

El muro de hormigón, la solución de VOX para la inmigración en Ceuta

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El nuevo salto de un centenar de inmigrantes subsaharianos en la valla de Ceuta, que dejó siete guardias civiles heridos de diferente consideración, llevó a VOX a reiterar su petición de construir un muro de hormigón en la frontera de esta ciudad autónoma y la de Melilla con Marruecos.

Los inmigrantes saltaron la valla fronteriza de Ceuta aprovechando la hora del rezo colectivo de la Fiesta del Sacrificio entre los musulmanes. Utilizaron cal viva, armas para cortar la valla y bolas con heces para zafarse de los agentes. La acción concertada tuvo lugar en el mismo lugar por el que accedieron más de 600 inmigrantes a finales de julio en Ceuta.

A raíz de esa entrada masiva de inmigrantes, el secretario general de esta formación, Javier Ortega Smith, se trasladó hasta la ciudad autónoma para aprovechar electoralmente el tirón de la situación.

En su visita, Ortega Smith improvisó un mitin ante decenas de vecinos que aplaudían cada una de sus intervenciones y que acabó con un «viva Ceuta, viva la Policía Nacional, viva la Guardia Civil y viva España» que los asistentes vocearon con energía.

Antes, el ‘número dos’ de la formación afirmó que la valla es “ineficaz” tal y como está erigida en la actualidad. “Necesitamos que se construya un muro lo suficientemente alto para que la frontera no pueda ser saltada; necesitamos cambiar la ley para que quien entre ilegalmente en España salga por donde ha entrado”, resumió el responsable de Vox.

Los inmigrantes «utilizan técnicas militares y portan escudos, máscaras antigás, botellas de ácido, garfios, radiales y móviles de última generación», según aseguró a El Confidencial. Se mueven perfectamente coordinados, se embadurnan el cuerpo con grasa para que no les queme el ácido; hay 50.000 en la zona colindante con Ceuta y Melilla esperando el momento para saltar y, según informes de los servicios de Información de las fuerzas de seguridad, un millón avanza hacia Europa«, subrayó Ortega Smith, quien no dudó en sentenciar que todo esto ocurre «con la connivencia del Gobierno de Marruecos.

 

El director del Cervantes elude donar una parte de su sueldo a IU

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El director del Instituto Cervantes, Luis García Montero, sigue dando largas a Izquierda Unida (IU) con la llamada ‘Carta Financiera’ que todo cargo orgánico, electo o liberado de dicha formación política debe cumplir cuando accede a un trabajo de la Administración.

Dicha carta estipula que los cargos de IU en puestos de gobierno cobren como máximo el equivalente a tres veces el salario mínimo interprofesional, que este año es de 735,90 euros. El resto del sueldo debe ser donado al partido.

El predecesor de García Montero en el Cervantes fue Juan Manuel Bonet, quien tuvo una retribución de 91.920 euros brutos en 2017 repartidos en 14 pagas, así que la nómina del primero será similar en este 2018.

Según dos fuentes de Izquierda Unida consultadas por la web Sueldos Públicos, García Montero no es cargo orgánico del partido, ni cargo electo, sino afiliado. Además, la relación con la actual dirección encabezada por Alberto Garzón no es buena. Su nombramiento, por parte del un gobierno del PSOE, no ha dependido de una decisión de la formación ni García Montero lo ha comunicado al partido.

Las citadas fuentes aseguran que el poeta sí que está obligado a cumplir con la ‘Carta Financiera’, “pero que no le van a poner una pistola en la cabeza” para que cumpla con el reglamento y done el resto del sueldo al partido.

UN MÁXIMO DE 30.900 EUROS AL AÑO

Además, los cargos de IU pueden pasar hasta un máximo de 1,5 veces el SMI en gastos, siempre justificados y se aplica un corrector en caso de tener familiares a su cargo. En Podemos, por ejemplo, cobran 0,5 veces más por cada hijo. Aunque no se especifica la edad a la que deja de aplicarse este plus en el reglamento de IU.

Por lo tanto, la norma de IU les obliga a cobrar como máximo 14 pagas anuales de 2.207 euros netos y donar el resto. Son 30.900 euros anuales, por lo que debería donar más de dos tercios de su sueldo público.

 

El techo de cristal que aún existe para las diplomáticas en Exteriores

Si algún partido quiere apuntarse un tanto en favor de la igualdad entre hombres y mujeres tiene una buena oportunidad en el departamento que ahora dirige Josep Borrell ya que ninguna diplomática española ha sido ministra o secretaria de Estado en Exteriores hasta el día de hoy.

Ana Palacio fue la primera mujer en dirigir Exteriores y lo hizo durante el segundo mandato de José María Aznar. Trinidad Jiménez hizo lo propio en el último mandato de José Luis Rodríguez Zapatero, pero ninguna de las dos provenía de la carrera diplomática. Mientras, en el escalafón de las Secretarías de Estado han pasado varias mujeres por Exteriores -la última, la socialista Soraya Rodríguez- sin que los gobiernos de turno confiasen dichos puestos a diplomáticas.

Este dato sobre el particular techo de cristal que existe en Exteriores lo facilitó la actual embajadora en Malta, Consuelo Femenía, al advertir a la Asociación de Diplomáticos Españoles (ADE) que, al mismo tiempo que se quejaba por el nombramiento de embajadores ‘políticos’ a cargo del Gobierno de Pedro Sánchez, también elevase su «disconformidad» por la falta de diplomáticas en los puestos más relevantes del ministerio.

«Nunca en la historia del MAEC una diplomática ha alcanzado el rango de secretaria de Estado ni de ministra. ¿Cómo puede haber una lista de hasta 20 diplomáticos que han sido secretarios de Estado y 0 diplomáticas?», se preguntó la embajadora, quien curiosamente es mujer del actual ministro de Ciencia, Pedro Duque.

A esta preocupante situación se añade el hecho de que el número de mujeres que forman parte de la carrera diplomática se ha estancado en los últimos años en el umbral del 25%, un fenómeno que ha preocupado a los últimos ministros de Exteriores.

BAJO PORCENTAJE EN LAS OPOSICIONES

A comienzos de 2017 había un total de 959 diplomáticos españoles, de los que 731 eran hombres y 228 mujeres. Unos datos que apenas varían a día de hoy. El ministro de Asuntos Exteriores, Josep Borrell, abordó este asunto en su primera comparecencia en el Congreso sugiriendo que un problema de este estancamiento se debe a que el 25% es también el porcentaje de mujeres que se presentan a las oposiciones.

«La mujer aprueba el ingreso en la misma proporción que la aprueban los hombres. Si no hay más, es porque no se presentan y (…) porque la incorporación de la mujer a la carrera diplomática ha sido más tardía, como lo ha sido también a las ingenierías», argumentó.

A ello se une que para ser embajador se necesitan veinte años de trayectoria diplomática, de ahí que la proporción de mujeres en ese estrato sea menor. En lo que sí que están en la mano de Borrell es en aumentar el número de mujeres que son altos cargos. En la actualidad hay seis mujeres con el cargo de directoras generales dentro del Ministerio y es intención del ministro que haya una más, con el fin de que la proporción resultante sea de un 40% mujeres y un 60% hombres.

La condición del alto comisionado de Marca España para no dimitir

El alto comisionado para Marca España, Carlos Espinosa de los Monteros, ha trasladado al Gobierno de Pedro Sánchez la urgencia de que en los próximos Presupuestos haya una partida económica específica para su departamento. En caso contrario, dimitirá del cargo al que llegó en 2012 de la mano del PP.

La oficina de Marca España, dependiente del Ministerio de Asuntos Exteriores, carece de presupuesto propio desde su creación hace más de cinco años, lo que le impide desarrollar actividades propias para cumplir con su misión de mejorar la imagen exterior de España.

Espinosa de los Monteros trasladó en julio a Josep Borrell la necesidad de disponer de fondos propios para el proyecto y que, en el caso de que los PGE volviesen a olvidarse de Marca España, prefería dejar el cargo al que llegó por iniciativa de José María García Margallo.

El alto comisionado ya advirtió en público en el acto del quinto aniversario de la puesta en marcha del proyecto que se necesita “un apoyo institucional más grande” con Marca España. “Se podrían hacer más cosas si tuviéramos más medios”, enfatizó hace un año.

En 2012, cuando se creó Marca España, imperaba la restricción presupuestaria para no incurrir en aumentos de déficit, pero una vez que la “tensión” sobre las cuentas públicas es menor, el alto comisionado se ha atrevido a pedir recursos en público “si se quiere hacer más y aprovechar las múltiples oportunidades que se abren”.

INFORME CRÍTICO DEL TRIBUNAL DE CUENTAS

El PSOE fue crítico con Marca España mientras estuvo en la oposición, aunque ahora Borrell ha defendido su utilidad en plena ofensiva independentista catalana. Con todo, la posición de Espinosa de los Monteros es más débil dentro de Exteriores tras el informe del Tribunal de Cuentas en el que enumeraban una serie de actuaciones “defectuosas” dentro de esta entidad.

En el informe se criticó, por ejemplo, que Espinosa de los Monteros suscribiera convenios “de forma verbal, sin formalización de documento escrito, lo cual no se ajusta a las leyes administrativas de procedimiento y transparencia”; o que Marca España dispusiera de fondos aportados por empresas privadas para “gastos ordinarios de funcionamiento” y el pago de servicios prestados por terceros para este proyecto “sin que se ajustara a la normativa que regula los flujos de ingresos a la Administración”.

El Tribunal de Cuentas advirtió que ni el alto comisionado ni su oficina cuentan con una normativa que regule su funcionamiento, más allá de su real decreto de creación, y afeó a Espinosa de los Monteros que su currículum en el Portal de Transparencia no se ajuste a la realidad, al omitir los consejos de administración de las empresas privadas en las que sigue siendo miembro.

Además, censuró que el propio alto comisionado pudiera celebrar y formalizar convenios de colaboración entre Marca España y entidades públicas, asociaciones, fundaciones o empresas privadas. En concreto, se mencionó el suscrito con una “empresa textil” de cuyo consejo de administración del que forma parte Espinosa de los Monteros. El diario elconfidencial desveló que se trataba de Inditex.

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