lunes, 5 mayo 2025

PP apuesta por sus ‘cinco magníficos’ para reconquistar RTVE

La Comisión Mixa para el Control Parlamentario de RTVE pospuso ayer la publicación de la lista definitiva de 90 aspirantes que participan en el concurso público, del que saldrá el nuevo Consejo de Administración de la Corporación Pública, tras la reclamación de uno de los excluidos en la misma. Las candidaturas serán examinadas por los 17 miembros que componen el Comité de Expertos.

Este hecho dificulta la despolitización de RTVE, ya que el 30% del peso del voto de los aspirantes lo decidirá un hecho subjetivo: la valoración del proyecto. Tampoco podrá escaparse de las garras políticas el nuevo presidente de RTVE, sobre todo teniendo en cuenta que el Congreso lo elegirá antes de finalizar el año entre los diez consejeros con más puntuación. Es decir, la mayoría de la Cámara Baja decidirá el perfil del candidato ganador, por lo cual Pedro Sánchez en principio no tendría dificultades en consolidar una RTVE amable con el Gobierno.

Aun así Pablo Casado no quiere descuidar el peso popular en el nuevo Consejo y es vox pópuli que existen varios candidatos cercanos a Génova entre los 103 aspirantes iniciales, de los cuales 13 han sido excluidos por no cumplir las exigencias para aspirar al concurso.

Cinco de ellos han tenido mucho peso en la última etapa de RTVE bajo la presidencia de José Antonio SánchezAna María Bordas (ex directora de La 2), Jenaro Castro (ex director de ‘Informe Semanal), Pepa Sastre (fichada para integrar la «redacción paralela» afín a Rajoy, según denunciaron voces sindicales), Eladio Jareño (actual director de TVE y ex jefe de prensa del PP catalán) y José Manuel Peñalosa (ex senador por el PP y ex consejero de RTVE por la misma formación). No será éste el único frente con desde el que Pablo Casado combata a la nueva Televisión Española.

Varios medios conservadores han criticado la actual gestión de RTVE. Es el caso de El Mundo, que publicó hace unos días un editorial crítico contra Rosa María Mateo: «Resulta del todo punto inadmisible que una presidencia interina aproveche los meses de verano para ejecutar cambios tan radicales bajo los cuáles es imposible no ver una deriva sectaria e incluso una purga ideológica, como ha denunciado el Partido Popular. TVE es la televisión de todos los españoles y ha de estar al servicio de la pluralidad y la imparcialidad. Es cierto que la anterior dirección había recibido muchas críticas de manipulación, pero a un supuesto sectarismo informativo no se puede responder con otro sectarismo».

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Rosa María Mateo, presidenta de RTVE.

ABC también editorializó contra la nueva etapa: «La suma total de trabajadores que han sido relevados de su puesto supera los sesenta, lo que ha provocado que fuentes internas de la redacción hablen ya de una purga en toda regla. Una de las revoluciones más destacadas, a pocos meses de que comience el ciclo electoral (europeas, autonómicas y municipales), la han sufrido los informativos de TVE».

El País sin embargo matizaba porque los periodistas escogidos para esta nueva etapa «son veteranos de RTVE, a diferencia de lo que se hizo en la anterior etapa, cuando los jefes de Informativos (primero Julio Somoano y después José Antonio Álvarez Gundín), fueron fichajes externos. De fuera llegaron también, entre otros, José Gilgado, director de informativos diarios; María José Sastre, editora del Telediario-1; Álvaro Zancajo, director del Canal 24 Horas; Elena Sánchez, editora de Los desayunos de TVE, o Víctor Arribas, conductor de La noche en 24 horas».

David Jiménez, ex director de El Mundo, también matizó las críticas a los cambios y destacó vía Twitter que los trabajadores de RTVE protestaron por las injerencias de Podemos porque «no querían cambiar de amo, sino dejar de tener uno».

LOS LÍDERES DE OPINIÓN CONTRA LA RTVE DE MATEO

Carlos Herrera regresaba el pasado lunes de vacaciones y criticaba que los nuevos gestores de RTVE «han entrado como un elefante. Como entraban los malos en el salón. Rajoy tardó un año en empezar los cambios en Televisión Española. ¡Un año! Y respetando a algunos en sus puestos. Luego, es verdad, que todos los gobiernos ponen gente de su confianza en algunos cargos. Pero es que esto ha sido… Y, por supuesto, lo primero que ocurre es que pierden el liderazgo en los informativos». 

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Carlos Herrera, en la presentación por TVE.

Alfonso Ussía desde La Razón le secundaba: «Rosa María Mateo aplica sin piedad las órdenes que recibe. Jamás creó nada. Fue una buena y agradable lectora de las noticias que le escribían sus compañeros. Y lo hacía muy bien. Nadie se atrevió a pensar que bajo esa máscara de simpática elementalidad se movía tan descarado resentimiento«.

VOCES INTERNAS DE RTVE TAMBIÉN LEVANTAN LA VOZ

En los últimos días se ha constituido la Plataforma por una RTVE Libre, que quiere «evitar el atropello y las represalias» que supuestamente se están llevando a cabo. Quizás ingrese en esta nueva asociación el ex presentador de la edición del Telediario, Jerónimo Fernández, que mostró su enfado tras ser relevado: «Cierro etapa en TVE. El nuevo equipo de Informativos ha prescindido de mí. Y con qué formas… Aquellos que iban de independientes han arrasado con todo y los que defendían una RTVE de todos la han convertido en suya. El Consejo de Informativos, un instrumento sindical y político, a las órdenes del PSOE y Podemos es quien manda hoy en RTVE y ha hecho la mayor purga de profesionales en la historia de esta casa«, explicó.

Tampoco se mostró agradecida a la nueva dirección Raquel Martínez, destituida al frente de la edición del fin de semana del Telediario: «Me colocan donde empecé hace 12 años: Canal 24 Horas fin de semana. Y trabajaré junto a un gran equipo de profesionales que me valoran y apoyan, todo un lujo (…) Visto lo visto, los datos importan poco», escribió en su cuenta de Twitter.

FRENTE POLÍTICO CONTRA RTVE

Desde el Congreso también hay voces que están mostrando su enfado por la incesante ejecución de cambios en RTVE. El diputado popular Ramón Moreno explicó que «a la Administradora Única no le susurran desde el PSOE o desde el Gobierno los cambios, se los dictan. Estamos seguros que ni siquiera conoce a la mayoría de los cesados; le han dicho que son muy malos y de derechas y que han osado mantener el liderazgo informativo durante casi dos años seguidos. Hay que quitarlos del medio de un plumazo y a eso se ha dedicado con todo el ímpetu». 

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RTVE presenta la temporada 2018-19. Foto: RTVE.es

Ciudadanos tampoco se quedó atrás y centró sus protestas en la decisión de eliminar cuatro entregas semanales del programa Historia de nuestro cine, situación que causó extrañeza entre los naranjas «teniendo en cuenta que las cuotas de pantalla obtenidas por el programa estas últimas semanas superan en su mayoría la media de cuota de pantalla de La 2 y que el programa ya tenía prevista su finalización en marzo de 2019, coincidiendo con la emisión de la película número 1.000, produce cierta extrañeza esta decisión».

Javier Cárdenas ha sido uno de los relevados por Rosa María Mateo. El showman desveló en una entrevista concedida al portal Fórmula TV que intentó evitar la cancelación de su programa, Hora Punta: «Básicamente les dije: Oigan, si el problema soy yo, yo tengo la radio y, por tanto, mi vida va a continuar exactamente igual. Pero hay 80 personas que necesitan este trabajo para poder vivir. Por tanto, si ustedes quieren, yo me aparto por completo del programa, de la dirección y la presentación, a cambio de que ustedes tan solo mantengan esos meses que tenemos acordados de programa y sigan dándoles trabajo a esa gente necesitan el sueldo para pagar su alquiler».

Comisiones Obreras por su parte mostró su enfado por la decisión de la administradora única de mantener en su puesto a Eladio Jareño: «Los trabajadores y trabajadoras de la Corporación RTVE no entendemos ni queremos entender de acuerdos políticos; nuestra responsabilidad está ante la ciudadanía. La continuidad de Eladio Jareño supone un aval a su gestión, un trabajo caracterizado por las externalizaciones de programas, por la contratación de las productoras de Javier Cárdenas o Carlos Herrera«.

La caída de Domènech en Podemos Catalunya complica el futuro de Colau 

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El portazo de Xavier Domènech ha caído como una auténtica losa en los hombros de Ada Colau. La alcaldesa de Barcelona advierte con frustración como su reelección se le complica tras sufrir la tercera gran crisis de los comunes. El hasta ahora líder de Catalunya en Comú justifica su decisión a su manera: «Estoy agotado política y personalmente», explica en su carta de renuncia.

Pero este hartazgo ha pillado a contrapié a Ada Colau, que inauguró el ejercicio político en los micrófonos de RAC-1 intentando desviar el tiro sobre los rumores de divorcio político: «Lo hemos exprimido demasiado», señaló. La alcaldesa desveló que plantea darse un tiempo para buscar recambio, pero es evidente que a los comunes no les sobran nombres de postín para acompañar a la solitaria figura de Colau.

Podemos nació en la primavera de 2014 convirtiéndose en la gran revelación de las europeas tras rozar el 8% del voto a nivel estatal. Esta formación nutrida con demasiadas caras madrileñas nació de forma fría en Catalunya, donde recolectó poco más del 4% de las papeletas. Pero los morados pronto se convertirían en el envoltorio perfecto para la confluencia de una serie de colectivos sociales que se presentarían aquel verano en El Raval con el manifiesto ‘Guanyem Barcelona’ bajo el brazo.

Colau era una de las tres ponentes y la entonces presidenta de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca lideró una campaña mediática que desembocó en un sorprendente triunfo en las municipales barcelonesas con más del 25% del voto.

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Xavier Domènech participa en un mitin de En Comù Podem. Foto: Flickr

Poco durarían aquellos días de vino y rosas, porque tras el verano el calendario de 2015 marcaba en rojo unas inoportunas elecciones autonómicas que hundieron a la marca de Pablo Iglesias, Catalunya sí que es pot, por debajo de los números que habían logrado en solitario sus escuálidos socios de Iniciativa per Catalunya.

Aquel fue el primer revés electoral y el bautizo en la política autonómica catalana de Podemos, cuyo líder nacional evitó visitar Barcelona en un día que se barruntaba debacle. ¿Las razones? La beneficiosa polarización madrileña entre izquierda y derecha se convertía en una desagradable bifurcación identitaria en la Ciudad Condal.

Iglesias confesó que los números eran «altamente decepcionantes», pero pronto se repondría en las elecciones generales de la mano de Xavier Domènech, que lideró una lista que logró ser primera fuerza en Catalunya a finales de 2015 y a mediados de 2016 e Iglesias le premió con una portavocía adjunta y un beso viral en el Congreso.

LA RUPTURA QUE APROVECHÓ DOMÈNECH

Colau y Domènech parecían la pareja ideal para combinar alcaldía y Parlament, situación que llevó al diputado a regresar a Barcelona para liderar Catalunya en Comú en las elecciones del diciembre pasado y para desgracia del hasta entonces líder de Podem Catalunya, Dante Fachín, dolido por la confluencia con los comunes y por la renuncia de Iglesias a apoyar el referéndum unilateral convocado por el independentismo.

El hispano-argentino hizo trizas su carnet morado y Domènech, arrollado por la guerra de banderas, se hundió hasta los 8 diputados. Este fracaso, sin embargo, no motivó su harakiri político, ya que cuatro meses después aceptó convertirse en el secretario general de Podemos en Catalunya.

La pregunta que sobrevuela ahora es: ¿qué ha ocurrido en estos cinco meses y más concretamente este verano? Domènech y, seguramente, Colau tengan la respuesta, aunque ambos callan y a la alcaldesa se le llena el horizonte de nubarrones de cara a las municipales de mayo de 2019.

Sánchez, al rescate de la socialdemocracia sueca ante su posible debacle

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El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, viajará mañana a Estocolmo para mantener una reunión con el primer ministro sueco, Stefan Löfven, y analizar diversos asuntos de las relaciones bilaterales y el futuro de la Unión Europea. Nada fuera de lo normal si no fuera porque Suecia celebra elecciones generales el próximo domingo y la socialdemocracia corre el riesgo de perder el poder.

A solo unos días de las elecciones, las encuestas pronostican resultados de hasta el 28,5% de los votos a Demócratas de Suecia (SD), un partido de ultraderecha que ha crecido desde 2015 alimentado por la xenofobia, el rechazo a los refugiados y la desconfianza en las instituciones europeas.

A ello se añade que la última encuesta publicada por el periódico  ‘Dagens Nyheter’ señala que los socialdemócratas pasarían del 31% de los votos en los comicios de 2014 a menos de un 25%, el peor resultado del partido desde hace más de un siglo.

Otro sondeo, publicado por el instituto Skop el pasado domingo, pronostica que los socialdemócratas lograrían un 23,8% de los votos, el SD un 20% y los conservadores un 17%, por lo que el equipo de Löfven se prepara para unas duras negociaciones con los verdes y otras formaciones de izquierda que le permitan liderar una coalición de gobierno similar a la que ya gobierna.

La única ecuación para Löfven es que estos partidos superen a la derecha en porcentaje de votos. El SD era hasta hace poco una minoría ruidosa, pero sin peso político: en las elecciones de 2010 entró por primera vez en el Parlamento sueco con un 5,7% de los votos. Nadie pactaba con ellos por su origen neonazi, desde la creación del partido en 1988, y por el tono abiertamente racista de sus responsables, lo que no impidió que en las elecciones de 2014 doblase sus resultados con el 12,9% de los sufragios.

El aumento de la preocupación social por la llegada masiva de inmigrantes que autorizó el Gobierno de Löfven ha sido el último y gran empujón para el SD. El país nórdico recibió en 2015 la cifra récord de 160.000 refugiados gracias a la mano tendida que hubo con los sirios que huían de la guerra. Fue la misma política que la Alemania conservadora de Angela Merkel.

MALESTAR ANTES DE LAS ELECCIONES

Desde entonces, el malestar ha tenido dos consecuencias claras en el mapa electoral: la subida irrefrenable de SD y el retroceso de los partidos tradicionales. Sánchez entrara, por tanto, en la campaña electoral sueco apoyando las medidas más controvertidas de Löfven. El domingo se sabrá si ha surtido efecto.

Carmena mantiene en vilo a Podemos con su candidatura a Madrid

La alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena, sigue deshojando la margarita de si se presenta a la reelección o se aparta de la política. Sus partidarios dentro de Ahora Madrid creen que ocurrirá lo primero, aunque en Podemos e Izquierda Unida se temen que ponga condiciones difíciles de asumir.

El meollo de la cuestión es si Carmena y su lista electoral deben someterse a un proceso de primarias antes de los comicios de 2019. La alcaldesa ya ha indicado a las fuerzas integradas en Ahora Madrid que sólo se presentará a la reelección con su equipo de confianza, aunque está abierta a consensuar algunos puestos de la lista.

Podemos e IU, sin embargo, firmaron un acuerdo para ir de la mano a las elecciones municipales en el que se indica que la candidatura debe cerrarse tras unas “primarias abiertas, plurales y proporcionales”.

La respuesta del núcleo duro de la alcaldesa a este llamamiento conjunto de cara al proceso electoral municipal de 2019 ha sido que los afiliados y simpatizantes solo ratifiquen mediante primarias al cabeza de lista. De esta forma, el candidato podría luego contar con total autonomía a la hora de elegir el resto de la lista.

Si bien la alcaldesa lleva meses amenazando con no presentarse a la reelección, el acuerdo entre las direcciones municipales de Podemos e IU ha aumentado las tensiones entre el denominado carmenismo y las principales formaciones que impulsaron Ahora Madrid junto a los movimientos sociales. Algunos ediles incluso han planteado la elección de Carmena por aclamación y han invitado a los ediles que consideran «díscolos» a dar un paso a un lado.

INCERTIDUMBRE CON CARMENA

La portavoz del Ayuntamiento de Madrid, Rita Maestre, avivó el lunes la incertidumbre al asegurar que habrá «algún tipo de proceso participativo» en Ahora Madrid si Carmena decide repetir como candidata en las próximas elecciones municipales. Pero no quiso ir más allá.

En una entrevista en Onda Madrid, Maestre fue preguntada por las intenciones de Carmena y tras señalar que es portavoz del Gobierno de la capital pero no de la alcaldesa, recordó que «lo que es evidente» es que la decisión «se tomará a la vuelta del verano y que se comunicará».

En este sentido, admitió que le «encantaría» que Carmena quisiera volver a repetir como candidata porque, a su juicio, es la «mejor alcaldesa» que ha tenido Madrid, y, además, subrayó que es un «lujo» trabajar con ella”.

En cuanto a si considera un tándem ganador el formado por Carmena e Íñigo Errejón, como candidato de Podemos a la Comunidad de Madrid, indicó que tal posibilidad sería «magnífico» y que ambos formarían «una buena pareja que puede ampliar los espacios de una ideología política» concreta.

 

Inés Arrimadas insta al independentismo a reabrir el Parlamento catalán

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La líder de Ciudadanos en Cataluña, Inés Arrimadas, volvió a intentar esta semana que el Parlament reabra sus puertas para celebrar un pleno coincidiendo con el primer aniversario de las polémicas sesiones del 6 y 7 de septiembre del año pasado con las llamadas leyes de desconexión, en las que “se silenció a la oposición violando los derechos de millones de catalanes”.

El cierre de facto del Parlamento catalán hasta después del 1 de octubre por decisión de las fuerzas independentistas –JxC y ERC– está provocando una situación surrealista que seguramente no tiene precedentes en la historia democrática española: más de 2.000 iniciativas están paradas en el Legislativa catalán, de las cuales un millar corresponden a Ciudadanos.

Una de esas iniciativas bloqueadas en la iniciativa de Ciudadanos de poner en marcha una comisión de investigación sobre la corrupción del 3% en Cataluña. “El procés no sólo fue cortina de humo para tapar recortes y la corrupción del 3%. También sirve al separatismo para cerrar el Parlament y bloquear, entre otras muchas iniciativas, la comisión de investigación de Cs sobre uno de los mayores escándalos de gestión en la Generalitat”, censuró Arrimadas en su cuenta personal de Twitter.

A 30 de julio, los grupos políticos habían registrado un total de dos mil iniciativas, entre propuestas de resolución, preguntas orales, solicitudes de documentación, solicitudes de comparecencia y proyectos de ley, según desveló La Vanguardia a finales de agosto.

“El procés no sólo fue cortina de humo para tapar recortes y la corrupción del 3%»

Desde que se invistiera al president de la Generalitat, Quim Torra, en la Cámara catalana tan solo se han aprobado dos leyes. La primera fue para reformar la ley de Presidencia y permitir la investidura a distancia de Carles Puigdemont. Una reforma polémica que, por ahora, no ha tenido ninguna utilidad práctica.

La segunda fue la que permitió ampliar el plazo de acreditación del nivel de inglés en las universidades. Hay asimismo cuatro proyectos de ley en trámite enviados desde el Govern –heredados de la legislatura anterior– y 22 proposiciones de ley de los diferentes grupos parlamentarios.

POLEMICAS EN TORNO A LA MESA

Durante estos meses el Parlament ha destacado más por las discrepancias de los miembros de la Mesa y de los propios grupos independentistas que por su productividad. Así, las polémicas alrededor de las deliberaciones de la Mesa han centrado gran parte de las intervenciones de los portavoces de los grupos.

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Captura del Twitter de Inés Arrimadas.

Una consecuencia de ello es que los letrados de la Cámara son citados continuamente por unos y otros para censurar o defender la actuación del presidente del Parlament, Roger Torrent, al frente de la institución. Gran parte de la actividad de la Cámara, en especial la de los grupos de la mayoría de Govern y la CUP, se ha centrado en posicionamientos y hechos simbólicos más que no en acuerdos con impacto real en la administración del día a día.

Una de las iniciativas que más atención recibió fuera y dentro del Parlament fue la “restitución” simbólica de Puigdemont. El pleno aprobó en marzo, con los votos de JxCat, ERC y la CUP, una resolución en la que se reivindicaba al expresident como el legítimo candidato a la presidencia de la Generalitat, aunque no tenía ningún efecto.

INÉS ARRIMADAS AMENAZÓ CON UNA QUERELLA

Otro de los momentos simbólicos clave llegó a principios de julio, cuando los mismos grupos aprobaron una moción impulsada por los anticapitalistas para reafirmar la declaración de ruptura del 9-N del 2015, anulada por el TC. Esta declaración situaba las decisiones del Parlament por encima de los tribunales españoles y tampoco se ha traducido en nada más que la amenaza de una querella presentada por Inés Arrimadas.

JxCat y ERC acordaron suspender el último pleno programado de julio por discrepancias sobre la suspensión de Puigdemont como diputado dictada por el Tribunal Supremo. Hasta después del aniversario del referéndum del 1-O, efeméride en la que el Govern quiere centrar toda su atención, el Parlament no volverá a celebrar sesiones, que comenzarán con el debate de política general. Para entonces, JxCat y ERC se han emplazado a acordar una solución para la suspensión del expresident.

El PP coloca su convención nacional en víspera del 40 aniversario de la Constitución

El presidente del PP, Pablo Casado, tiene previsto celebrar la convención nacional de su partido los próximos 1 y 2 de diciembre, con el fin de hacer una encendida defensa de la Constitución española que cumplirá 40 años de vigencia el 6 de diciembre.

El cónclave ‘popular’, el más importante del PP entre congresos, servirá también para ratificar a los candidatos que se presentarán a las elecciones municipales, autonómicas y europeas de mayo de 2019. A día de hoy quedan aún varios puestos por decidir, en especial el destino político que tendrán Soraya Sáenz de Santamaría y María Dolores de Cospedal, las dos principales contrincantes que tuvo Casado en el proceso de sucesión de Mariano Rajoy.

Cospedal ha dado el pistoletazo de salida a la renovación del PP de Castilla-La Mancha y esta semana tiene previsto apartarse de la primera línea política en su región. En paralelo, está analizando la opción de ser la cabeza de cartel del PP para las próximas elecciones europeas, un hecho que coloca al nuevo presidente ‘popular’ en la tesitura de buscar acomodo al actual referente del PP en el Parlamento Europeo, Esteban González Pons.

Si hay algún dirigente valenciano con posibilidades de cosechar votos en las autonómicas y municipales del año que viene, ese es González Pons. Pero las reticencias de este último a regresar a la política valenciana dificultan la operación. Así las cosas, la exsecretaria general del PP tendrá la última palabra ya que para Casado fue una fiel aliada entre las primarias de afiliados y la celebración del congreso nacional del PP para vencer a Soraya Sáenz de Santamaría.

LA OFERTA DE CASADO A SANTAMARÍA

El escaparate del Parlamento Europeo puede servir de revulsivo a Cospedal a pesar de que mucha gente ve a la institución europea como un cementerio de elefantes. Si se trabaja a fondo puede ser un excelente altavoz para seguir presente en la política española.

Sáenz de Santamaría, por su parte, analiza la posibilidad de encabezar la candidatura del PP en las elecciones a la alcaldía de Madrid. Desde que el congreso nacional del PP aupase a Casado a la presidencia del partido, la exnúmero dos del Ejecutivo de Rajoy ha guardado silencio y ha preferido no integrarse en el comité directivo del PP, al considerar que no se le otorgaba la suficiente cuota de poder. Pero Casado no ha tirado la toalla a la hora de convencer a Sáenz de Santamaría y cree que la alcaldía de Madrid es un puesto de gran visibilidad para ella.

«Pablo Casado ha contado con todos y ha integrado a la inmensa mayoría de los que concurrieron”

El nuevo presidente del PP se encuentra también con la tesitura de cerrar en las próximas semanas la elección de otros candidatos autonómicos y municipales tras confirmar en verano a Juanma Moreno, Alfonso Fernández Mañueco e Isabel Bonig como carteles a las presidencias de Andalucía, Castilla y León, y la Comunidad Valenciana, respectivamente. Los tres barones territoriales habían dado su apoyo a Sáenz de Santamaría y descabalgarles de sus baronías era demasiado arriesgado para el nuevo presidente del PP.

El nuevo secretario General del PP, Teodoro García Egea, afirmó en agosto que aún se mantiene el “ofrecimiento” a Sáenz de Santamaría para que se incorpore como vocal de libre designación de Casado dentro de la nueva Ejecutiva del PP. En este sentido, destacó que Casado “ha contado con todos y ha integrado a la inmensa mayoría de los que concurrieron” a las primarias del partido y, en este contexto, la exvicepresidenta, que encabezó la candidatura más votada en la elección directa de los afiliados, “constituye un activo para el PP por su experiencia de gestión y el cariño que tienen por parte de toda la militancia”.

“A la vuelta de verano, que ha sido muy intenso, vamos a empezar a trabajar en las candidaturas tanto a los municipios como las comunidades autónomas, también en las europeas y en los grupos parlamentarios, que ese impulso se tiene que notar, y tenemos que contar con todos. Ambas tienen un hueco, no sólo en el Comité Ejecutivo”, afirmó refiriéndose también al caso de Cospedal.

Sobre la posibilidad de que las dos contrincantes de Casado en las primarias encabecen candidaturas, García Egea señaló que en el PP primero hablarán “con los interesados para ver sus perspectivas y dónde se sienten más útiles porque cada uno tiene que hacer lo que mejor sabe hacer”.

El órdago de Pedro Sánchez: PGE en febrero o megaelecciones en mayo

“Estos no son mis Presupuestos”, repitió ayer como un mantra el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en su entrevista en la SER con la que dio pistoletazo de salida al nuevo curso político. En el ánimo del líder del PSOE está el agotar la legislatura aunque para ello deberá aprobar sus propios Presupuestos Generales del Estado (PGE) con la ayuda de Podemos, PNV y los independentistas catalanes, una posibilidad que se antoja difícil sobre todo por lo alejadas que están las posiciones con el PDeCAT y ERC.

En el calendario que se maneja en el Palacio de la Moncloa está el presentar las cuentas en noviembre en el Congreso de los Diputados y negociar desde ese momento -y hasta febrero- con las formaciones que auparon a Sánchez al poder. En el Ejecutivo socialista no se plantean prorrogar las cuentas del PP que dejó Mariano Rajoy como legado y aunque Sánchez evitó decir qué pasaría si fracasase la votación de los PGE, en Ferraz se da por sentado que, en ese caso, no quedaría otra opción que ir a nuevas elecciones.

En ese escenario, la opción más factible para Sánchez sería hacer coincidir las generales con los comicios municipales, autonómicos y europeos del 26 de mayo, en lo que serían unas megaelecciones sin precedentes en la historia democrática de nuestro país.

Sánchez es optimista respecto a la aprobación del proyecto de ley de presupuestos de 2019 sobre la base de un acuerdo con Podemos y cree que  se podría sumar una mayoría suficiente en el Parlamento para que salga adelante.

Según Efe, en una conversación informal con los periodistas en el vuelo de regreso de su gira latinoamericana, Sánchez mostró ese optimismo respecto a las cuentas del próximo ejercicio pero evitó concretar cuándo tiene previsto el Gobierno presentar el correspondiente proyecto de ley.

El jefe del Ejecutivo destacó la importancia de Podemos para lograrlo y aseguró que, a pesar de que el líder de este partido, Pablo Iglesias, ha estado apartado de la primera línea política por cuestiones personales, se ha mantenido en contacto con él para hablar de los presupuestos. Además, dio por hecha una próxima reunión con Iglesias en cuanto el secretario general de Podemos lo desee, al tiempo que se mostró confiado en alcanzar un acuerdo con Podemos respecto al anteproyecto presupuestario pese a las diferencias puestas de manifiesto la pasada semana sobre el aumento del IRPF a las rentas más altas.

SANCHEZ: NO HAY MOTIVOS PARA FRACASAR

Al respecto, Sánchez defendió que sólo se suba ese impuesto para las rentas superiores a 150.000 euros porque estimó que era lo razonable, aunque remitió al Ministerio de Hacienda la posibilidad de llevar a cabo algún ajuste, lo que garantiza que no se aumentará ese impuesto para quienes ganen 60.000 euros anuales ya que considera que es un sueldo de las clases medias y éstas no se verán afectadas.

Pese a las discrepancias con Podemos en torno a este asunto, el jefe del Ejecutivo consideró que no hay motivo para fracasar en las negociaciones con el partido morado y reiteró la importancia de llegar a un acuerdo con esta formación, con la que asegura que en políticas sociales están «muy cerca».

Sánchez hizo hincapié en que también hay otras fuerzas políticas a las que le interesa que se aprueben los Presupuestos. En concreto, mencionó el caso del PNV, de quien dijo que ve una buena actitud para que salgan adelante. Por todo ello, el inquilino de la Moncloa se mostró convencido de que puede sostenerse en el Ejecutivo hasta 2020 sin necesidad de anticipar elecciones y, pese a las dificultades para lograr mayorías, subrayó que habrá un calendario legislativo en el que aprobar buenas iniciativas en materia de derechos.

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Pedro Sánchez con Pepe Bueno. Foto: Fernando Calvo/La Moncloa.

Su optimismo también lo amplió a la confianza que los ciudadanos otorgan al PSOE, ya que cree que su partido es ahora la primera fuerza política y que la acción de Gobierno no le va a provocar un desgaste. En este sentido, Ferraz considera que los socialistas van a mantener las autonomías en las que gobiernan y sumarán otras nuevas.

Ante la posibilidad de un acuerdo global con otros partidos como Podemos para lograr comunidades y alcaldías, Sánchez se limitó a resaltar que el PSOE es una organización profundamente federal y cada barón autonómico tomará sus decisiones.

En este sentido, dijo desconocer si la presidenta andaluza, Susana Díaz, tiene previsto adelantar las elecciones en su comunidad. En el caso de la Alcaldía de Madrid desveló que existe una terna, sin desvelar ninguna identidad, pero asegurando que ninguno de los que la conforman es independiente y todos son integrantes del PSOE.

 

El PP también subió los impuestos a los ricos cuando llegó al poder

El vicesecretario de Organización del PP, Javier Maroto, apostó ayer por bajar todos los impuestos porque “ahora toca” y porque “eso va en los genes del Partido Popular”, pero obvió que el Gobierno de Mariano Rajoy también aprobó una subida del IRPF a los declarantes en el tramo superior a 150.000 euros al poco de llegar al poder.

En una entrevista en la Cadena Ser, Maroto precisó que “claramente” su partido “va a dificultar la aprobación” de los Presupuestos porque las cuentas públicas que trae el Gobierno socialista son “malas para el conjunto de la nación” y acarrearán también una subida del desempleo.

Maroto insistió en que el PP dice “no a la subida de impuesto y no a la subida del paro” y que defenderá esta postura con contundencia y «sin ningún tipo de pelos en la lengua». En opinión del PP, un incremento de 7 puntos en el último tramo, como ahora proponen Gobierno y PSOE, dispararía el fraude y perjudicaría a la actividad económica. Desde Génova se ha tildado la negociación de PSOE y Podemos de “disparatada catarata de subidas de impuestos».

Lo cierto es que la última subida del IRPF que llevó a cabo el Gobierno del PP en 2012 tuvo un ‘efecto fuga’ de los principales contribuyentes del país, según datos de Lainformación.com. En concreto, un 13% de los declarantes en el tramo superior a 150.000 euros se ‘evaporaron’ cuando el Ministerio de Hacienda que entonces dirigía Cristóbal Montoro decidió aplicar esta medida que pretendía reducir el déficit.

EL DECRETAZO DEL PP EN 2012

Este es uno de los principales temores de cara a la negociación que mantiene abierta el Ejecutivo de Pedro Sánchez con Unidos Podemos y en la que se está explorando la posibilidad de unificar rentas de trabajo y capital por encima de los 150.000 euros. Incluso la formación morada ha planteado bajar ese umbral a los 60.000 euros.

El Gobierno de Rajoy aprobó el 30 de diciembre de 2011 el ‘decretazo’ de «medidas urgentes en materia presupuestaria, tributaria y financiera para la corrección del déficit público. Una decisión de urgencia ante un déficit heredado por encima de lo previsto que contemplaba un incremento progresivo del IRPF. Así, las rentas más altas sufrieron una subida drástica en el Impuesto sobre la Renta de 6 puntos para quienes ingresaran entre 175.000,20 y 300.000,20 y de 7 puntos para los que superaran la segunda cantidad. Una medida, por tanto, que fue muy similar a la que ahora negocian Gobierno y Unidos Podemos.

Como consecuencia de esa subida radical del IRPF un total de 8.969 declarantes ‘desaparecieron’. Los datos son los siguientes: en 2011, y siempre según los datos de la Agencia Tributaria extraídos de la estadística de declarantes, hubo 68.169 declarantes en el tramo entre 150.000 y 601.000 euros, mientras que en el último tramo, el de más de 601.000 euros, hubo 5.612. En total Hacienda registró 73.881 declarantes a cierre del año en el que se produjo el cambio de Gobierno y la consiguiente llegada al poder de los populares.

Ahora bien, al año siguiente -2012-, después de la subida impositiva del PP, la Agencia Tributaria registró 60.294 declarantes situados en el tramo de entre 150.000 y 600.001 euros, mientras que en el último tramo, el de aquellos que ganaron más de 600.001 euros, hubo 4.618. En total, en los dos últimos tramos de la renta hubo 64.912 declarantes, los citados 8.969 menos

Estos datos de la Agencia Tributaria evidencian que se produjo una fuga de grandes declarantes como consecuencia de una subida del IRPF que fue más acusada para las rentas más altas. Otro dato que apoya esta afirmación es que el nivel total de declarantes en 2012 fue muy similar al de 2011: 19.467.730 antes de la reforma fiscal y 19.379.484 un año después.

 

Podemos enfría el debate del Valle de los Caídos frente a la presión de IU

El anuncio por parte del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de que el Valle de los Caídos sea un cementerio civil en vez de un espacio de reconciliación y memoria de las víctimas de la Guerra Civil y la dictadura, tal y como propuso el PSOE el año pasado, no ha gustado en Podemos.

Sin embargo, la formación morada no ha querido elevar el tono de las críticas y la presión al Ejecutivo en este asunto, a diferencia de Izquierda Unida, que censuró el último “bandazo caprichoso” de Sánchez y le acusó de “improvisar como en la peor etapa” del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero.

El secretario de Organización de Podemos, Pablo Echenique, hizo una tibia respuesta al anuncio de Sánchez. “No nos parece bien la rectificación. Pensamos que ha cambiado de parecer, pues el PSOE había hablado de resignificar el Valle de los Caídos”, dijo el número tres de la formación morada en plenas negociaciones con el Gobierno sobre los próximos presupuestos y cambios en el copago farmacéutico.

En parecidos términos se posición el portavoz de Unidos Podemos en el Senado, Ramón Espinar, quien aseguró que su formación política espera poder negociar con el Gobierno y con el PSOE el futuro del Valle de los Caídos, aunque subrayó que para su partido es el «último monumento a las dictaduras fascistas» y que en Italia o Alemania no existiría.

Espinar adelantó que su partido quiere hablar con el Gobierno socialista sobre el tema, pero subrayó que «lo relevante» para Podemos es que no haya símbolos que honren a la dictadura. “El Valle de los Caídos no puede ser el último monumento en Europa a las dictaduras fascistas que gobernaron en el siglo XX. En Alemania o Italia sería impensable que existiera”, resumió.

La templanza de Podemos en este asunto contrasta con las críticas desde Izquierda Unida. La responsable de memoria democrática de la formación, Esther López Barceló, celebró la decisión del Gobierno de exhumar al “dictador y genocida” Francisco Franco, pero pidió al Ejecutivo que dé “pasos valientes” y no “simples gestos que llegan con 43 años de retraso” para no equiparar “a víctimas y verdugos”.

Según IU, el real decreto aprobado por el Gobierno abre un «limbo jurídico» al no ordenar la exhumación de Franco, sino de aquel que no muriera en la Guerra Civil, ya que plantea un interrogante en el caso de “aquellos restos de desconocido origen que durante la dictadura se exhumaron de fosas comunes de todo el Estado sin informar a las familias”.

EQUIDISTANCIA EN EL VALLE DE LOS CAÍDOS

IU también critica la “equidistancia” que radica en el preámbulo del real decreto, que recoge el “homenaje igualitario” a todas las víctimas. “Jamás podrá hacerse una resignificación del Valle desde este punto de partida. ¿Se imaginan a miles de víctimas del Holocausto nazi enterradas junto a los mentores de aquel genocidio?”, se preguntó Barceló. A juicio del partido encabezado por Alberto Garzón, José Antonio Primo de Rivera “no puede seguir enterrado junto a miles de víctimas del franquismo” al ser “uno de los fundadores de los principios que marcaron la dictadura franquista”.

En lo que se refiere al conjunto arquitectónico del Valle de los Caídos, IU pide recuperar su gestión pública, desacralizarlo y resignificarlo para que se convierta en «un lugar de memoria donde se expliquen los crímenes del franquismo, con especial atención al sistema concentracionario español, al Patronato de Rendición de Penas del Trabajo y su relación con las grandes empresas y el papel de la Iglesia católica».

«¿Se imaginan a miles de víctimas del Holocausto nazi enterradas junto a los mentores de aquel genocidio?»

Izquierda Unida registró en el Congreso una proposición de ley integral de la memoria democrática y de reconocimiento y reparación de las víctimas del franquismo y la Transición que, entre otras cosas, plantea derribar la gran cruz que corona el complejo del Valle de los Caídos y sacar del mismo no sólo los restos de Franco, sino los de Primo de Rivera.

El objetivo de la iniciativa es establecer “de forma solemne el repudio y condena del golpe de Estado militar del 18 de julio de 1936 y la posterior dictadura por parte de los poderes e instituciones del Estado”, el íntegro reconocimiento de la dignidad y la memoria de quienes sufrieron los efectos de la represión y garantizar “de forma efectiva los derechos a la verdad, justicia y reparación de las víctimas”.

valle de los caídos
Base de la cruz del Valle de los Caídos. Foto: Flickr.

Para ello, la norma amplía los derechos a este colectivo incluidos en la ley de Memoria Histórica de 2007, que contempla la reparación de las víctimas hasta octubre de 1977, cuando se aprobó la Ley de Amnistía. La de IU aboga por mayores indemnizaciones e incorpora a las víctimas de la Transición hasta 1983, e incluso hasta el año 2000 en el caso de los ‘bebés robados’.

Respecto al Valle de los Caídos, IU propone que sea directamente gestionado por Patrimonio Nacional, que se desacralice, se rebautice como «Valle de Cuelgamuros» y se convierta en un lugar donde se expliquen los crímenes del franquismo y del que desparezcan mediante desmantelamiento o demolición los «elementos incompatibles con un Estado democrático», incluida la monumental cruz que lo preside.

IU quiere, por último, obligar al Estado a atender todas las reclamaciones de exhumación de los familiares de los republicanos enterrados en el lugar y encargar un estudio científico sobre el estado de estos restos y un eventual nuevo emplazamiento de los mismos.

 

C’s aprieta a Susana Díaz y acerca el adelanto electoral en Andalucía

Ciudadanos apretó este miércoles a Susana Díaz con una seria de “líneas rojas” que, en caso de no prosperar, provocaría que la formación naranja no dé su apoyo a la negociación de presupuestos andaluces de 2019, lo que abocaría a la presidenta regional a un adelanto electoral.

El líder de C’s en Andalucía, Juan Marín, exigió el cumplimiento de los acuerdos sobre regeneración democrática que selló con el PSOE andaluz para la investidura de Díaz y que incluye, entre otros puntos, la supresión de aforamientos y las reformas del reglamento del Parlamento y la ley electoral andaluza.

El cumplimiento de estas medidas es un «tema muy serio» que se debe cerrar con el Gobierno andaluz “antes de hablar de nada más” como los presupuestos del próximo año, subrayó Marín. El posible bloqueo a las cuentas andaluzas que ahora plantea Ciudadanos sería la excusa perfecta para que Díaz justificase el adelanto de los comicios, un tema sobre el que los partidos llevan meses especulando. Las elecciones andaluzas se tienen que celebrar en marzo de 2019 a más tardar, pero en las diferentes formaciones se da por hecho que serán en otoño.

El también candidato de C’s a las próximas elecciones andaluzas también indicó que para sentarse a negociar sobre dinero –“la parte más fácil del acuerdo”, a su juicio-, C’s tiene que comprobar que el Ejecutivo de Díaz va a llevar a cabo esas reformas.

“A nosotros nos interesa saber si va a seguir habiendo andaluces de primera o de segunda ante la Justicia. Nos interesa si el voto e los andaluces va a valer lo mismo en Andalucía vivas en Almería o en Huelva. Si de una ver por todas se van a acabar los privilegios de la clase política en Andalucía. Nos interesa esa parte del acuerdo que a día de hoy no se ha cumplido. Vamos a exigir que se cumpla”, resaltó Marín, quien propondrá a su grupo parlamentario “una comisión extraordinaria de seguimiento de los acuerdos antes de plantear ningún paso más”.

Marín hizo hincapié en que Díaz está jugando “al despiste” con el adelanto electoral y opinó que la presidenta socialista “le dará al botón” de la convocatoria “cuando menos lo esperemos”. En todo caso, a escasos seis meses de la cita con las urnas, “a nadie ya nos sorprendería si convoca o agota la legislatura”.

“Le pido que deje de jugar con Andalucía, que salga de una vez por todas y diga la fecha de las elecciones”

Por su parte, el líder del PP andaluz, Juan Manuel Moreno, criticó la “enorme irresponsabilidad” de Díaz por “alimentar una ambigüedad calculada” sobre un posible adelanto electoral y le urgió a “aclarar” ya la fecha de los comicios para acabar con un debate que perjudica, a su juicio, a la economía de la región.

“Le pido que deje de jugar con Andalucía, que salga de una vez por todas y diga la fecha de las elecciones”, señaló Moreno, quien explicó que no reclama el día exacto, sino que aclare si serán en marzo, en enero o en noviembre, y así “se acabó el debate”.

El portavoz del Gobierno andaluz, Juan Carlos Blanco, le respondió en Twitter diciéndole que es “ridículo” que Moreno le exija a Díaz que diga públicamente la fecha de las elecciones. Por ello, Blanco lamentó que Moreno “siga enredado en sus obsesiones” respecto a un posible adelanto electoral en Andalucía.

ACABAR CON LA «ESTABILIDAD» EN ANDALUCÍA

El portavoz parlamentario del PSOE-A, Mario Jiménez, señaló que Ciudadanos está marcando «un nuevo escenario político» en Andalucía compartiendo con el PP estrategias para acabar con la «estabilidad» política y resaltó que «parece que está intentando forzar elecciones en la comunidad».

Desde hace varias semanas es el PSOE el que desliza que, en realidad, son Ciudadanos y PP los que, con su alianza a nivel nacional, están jugando a desestabilizar a Andalucía. Mientras IU, como ya hiciera antes Podemos, tendió de nuevo su mano al PSOE para negociar los presupuestos del próximo año, tal y como ocurre en Madrid.

Rivera se queda sólo en defensa de la gestación subrogada

Ciudadanos tiene previsto presentar en el Congreso de los Diputados antes de final de año su proposición de ley para la regulación de la maternidad subrogada, según avanzó el presidente de la formación naranja, Albert Rivera.

“Antes de que acabe 2018, debatiremos y veremos si se aprueba o no esa regulación”, explicó Rivera en una entrevista en RNE recogida por Europa Press, en la que ha trasladado su apoyo a las familias españolas que están inmersas en procesos de gestación subrogada en otros países. El dirigente de Ciudadanos pidió al Gobierno español que “ayude a estas familias en el extranjero que sufren una situación muy complicada”, aunque precisó que el problema de fondo es que se van a Ucrania porque “en su país existe una hipocresía política”.

En este sentido, consideró que España tiene que “ser un país moderno” y liderar, “igual que hizo con la ley de plazos del aborto o con la legalización del matrimonio en parejas del mismo sexo” la regulación de la gestación subrogada.

Por ello, Rivera pidió al resto de fuerzas políticas con representación en el Congreso que se busquen fórmulas para “intentar hacerlo de una forma garantista, altruista y con tutela judicial”, como “han hecho 14 países modernos y avanzados” y sin que “nadie pueda abusar de una situación de esa naturaleza”.

Los mal llamados vientres de alquiler están prohibidos en España desde 2006, con la ley socialista de reproducción asistida, pero desde el año 2010 el Ministerio de Justicia permitió de facto que los españoles pudieran buscar descendencia con esta técnica en el extranjero, al fijar la Dirección General de Registros y Notariados una serie de requisitos para que los consulados pudieran inscribir a los niños nacidos por gestación subrogada.

“Hay que intentar hacerlo de una forma garantista, altruista y con tutela judicial como han hecho 14 países modernos”

Los requisitos más importantes eran –y son a día de hoy– que la técnica se lleve a cabo en un país donde esté regulada, que uno de los padres sea español y que exista una resolución judicial dictada por un tribunal competente en el que se determine la filiación del recién nacido. Este último trámite solo lo cumple Estados Unidos en la actualidad, de manera que aquellos países que permiten a los extranjeros ser padres por maternidad de sustitución –Canadá, Reino Unido, Grecia, México (solo en el Estado de Jalisco), Ucrania y Rusia– o donde existe un vacío legal –no se acepta pero tampoco se prohíbe, caso de Tailandia o Kazajistán–, al final resulta que los padres se encuentran con que el consulado inscribe en el registro como madre legal a la persona que ha dado a luz, y no a la que en realidad es la madre biológica.

Este hecho obliga a esta última a iniciar los trámites de adopción del niño cuando llega a España, un proceso que se suele dilatar varios meses y que, en ocasiones, complica la vida de los padres, como ha ocurrido ahora en Ucrania. Por ejemplo, se han dado casos de guarderías que han pedido la autorización de la gestante para aceptar al bebé. También de jueces que han exigido la presencia física de la misma antes de dar luz verde a la adopción que reclama la madre española. De ahí que la opción de Estados Unidos sea la más demandada, pese a que la factura puede llegar hasta los 120.000 euros.

California lleva más de 40 años con una ley pionera que es la más garantista. Allí se necesita un abogado, una agencia de donantes, una de gestantes y una clínica de fertilidad. En este sentido, la gestación subrogada está muy pautada en dicho Estado. Así, los futuros padres se pueden entrevistar con potenciales donantes y gestantes, y estas últimas eligen a su vez a qué familia quieren ayudar a tener un hijo.

Asimismo, las gestantes tienen que haber sido madres antes de participar en este proceso y si han sufrido embarazos o partos complicados es posible que el médico de la clínica de fertilidad no las considere aptas para estos procesos. Las gestantes deben aportar un historial médico y firmar los documentos formales de paternidad fruto de la fertilización a la que se va a someter de forma voluntaria. Si la gestante está casada, su marido también tiene que dar su consentimiento. Una vez que ha nacido el bebé, y con la sentencia de conformidad en la mano, los futuros padres acuden al hospital para que preparen el certificado de nacimiento, paso previo a la inscripción del niño en el consulado como ciudadano español.

RIVERA, PARTIDARIO DE LA LEGISLACIÓN DE CANADÁ

Entre 800 y 1.000 niños españoles nacen al año en el extranjero gracias al boom de la gestación subrogada, según los datos de la Asociación Son Nuestros Hijos, que dirige el ginecólogo Pedro Fuentes, quien ha participado en actos con Ciudadanos en el que el partido naranja.

Rivera es más partidario de una legislación como la de Canadá, que se basa en el altruismo pleno de la gestante, pero no será un camino de rosas en el Congreso de los Diputados, porque la gestación subrogada provoca división en todas las formaciones –a excepción de Ciudadanos–, llegándose al insólito punto de que una parte del PP, la más conservadora y afín a los postulados de la Iglesia católica, coincide en su rechazo a los vientres de alquiler con el ala más feminista del PSOE y Podemos, que están secundadas por asociaciones como No Somos Vasijas, que defiende que las mujeres “no se pueden alquilar o vender de manera total”.

Borrell se adelanta a Puigdemont e irá al Parlamento Europeo antes del 1-O

El septiembre caliente que se espera en Cataluña, ante el primer aniversario de la consulta ilegal del 1-O, tendrá su proyección europea. Concretamente, en el Parlamento Europeo, donde los teléfonos están empezando a sonar con peticiones de comparecencia por parte del ministro de Asuntos Exteriores, Josep Borrell, y de la oficina del expresidente Carles Puigdemont.

Borrell ha sido el primero en cerrar un acuerdo con la institución que él mismo presidió entre 2004 y 2007. En este sentido, Borrell viajará a Estrasburgo (Francia) durante el pleno que se celebrará del 10 al 13 de septiembre. Queda por decidir el día y la hora exacta de su comparecencia ante los eurodiputados, pero no sería de extrañar que coincidiera con la Diada catalana del día 11, en la que las fuerzas independentistas quieren recuperar el pulso de la calle con una gran manifestación por las calles de Barcelona.

Puigdemont, por su parte, está intentando que le cursen una invitación para dar una rueda de prensa dentro del Parlamento Europeo después de Borrell o, en su caso, comparecer ante una comisión de la Eurocámara en la que se debatiera la situación política en Cataluña un año después del referéndum del 1-O, según adelantó ‘Okdiario’.

La idea inicial del expresidente catalán es hablar dentro de la institución europea bajo el amparo del ALDE, el grupo liberal al que todavía pertenece el PDeCAT y sus socios flamencos del Nieuw Vlaamse Alliantie, aunque la dirección del citado grupo está debatiendo internamente la exclusión de los eurodiputados neoconvergentes y tal posibilidad se ha difuminado en los últimos días.

Si Puigdemont recibe el portazo del ALDE, su ‘plan B’ sería reconducir su petición a través del partido flamenco más ultraderechista y euroescéptico, el Vlaams Belang, que forma parte del grupo Movimiento Europa de las Naciones y de las Libertades, una alianza que defiende el conservadurismo nacionalista y el populismo de derecha en el que está el Frente Nacional francés o la Liga Norte italiana.

«Siempre he recibido a cualquiera que quiera reunirse conmigo, pero Cataluña no es un país»

En todo caso, Puigdemont no lo tendrá tan fácil como Borrell para entrar en las instalaciones de la Eurocámara. Precisamente, hace un año el presidente del PE, el italiano Antonio Tajani, rechazó invitarle con el argumento de que no quería reconocer a Cataluña como “un país y socio que está al mismo nivel que España”.

“No planeo tomar ninguna iniciativa para invitar a ninguna persona aquí, porque no es la competencia del Parlamento Europeo llevar a cabo ninguna mediación. No pretendemos ir más allá de eso”, dijo Tajani a la prensa sobre la posibilidad de invitar a Puigdemont a la Eurocámara para hablar sobre la situación en Cataluña.

«Siempre he recibido a cualquiera que quiera reunirse conmigo (…), pero Cataluña no es un país, quiero que eso quede claro, Cataluña es una comunidad autónoma que es parte de España», añadió el político italiano que forma parte de la familia del Partido Popular Europeo (PPE). Además, el presidente de la Eurocámara recordó que el Gobierno de España «incluye una representación de Cataluña» y reiteró su llamada a establecer «conversaciones pacíficas» dentro del marco constitucional español.

Con la posterior emisión de una orden europea de detención y entrega contra Puigdemont, se cerraron aún más las puertas de la Eurocámara para el expresidente catalán, pero ahora la situación ha cambiado al retirarse dicha orden por parte del juez Pablo Llarena tras el fiasco de la Justicia alemana.

INFORME JURÍDICO SOBRE PUIGDEMONT

Hasta que el juez del Supremo decidió suspender tanto la orden europea como la orden internacional, Puigdemont no podía entrar en el Parlamento Europeo al no ser territorio belga. La justicia de Bélgica le había prohibido abandonar el país  y quedar fuera del alcance de su policía mientras decidía sobre su entrega a España. Eso le impedía acceder a la sede de la Eurocámara.

Tajani encargó en diciembre a los servicios jurídicos de la Cámara que estudiase si se le podría volver a mantener lejos de las puertas de la sede comunitaria sin euroorden, según detalló ‘El Independiente‘, y desde la presidencia del PE se mantiene que existe fundamento para renovar esa línea roja por tratarse de una persona declarada en busca y captura por un Estado miembro, en este caso España, independientemente de que pueda desplazarse con libertad por el resto del mundo.

Toda esta pugna otoñal entre el Gobierno central y la oficina de Puigdemont tendrá un epílogo en diciembre cuando el propio jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, intervenga ante el pleno del Parlamento Europeo para exponer su visión sobre el proyecto europeo y rendir homenaje al 40 aniversario de la aprobación de la Constitución española.

 

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