The Telegraph ha hecho que el trono de Felipe VI se tambalee. El citado diario británico aseguró el pasado sábado que el monarca era el segundo beneficiario de la Fundación Lucum, presunto chanchullo offshore perpetrado por Juan Carlos I y nutrido con 100 millones de dólares de las hipotéticas mordidas que surgieron por una de las mediaciones más famosas del emérito.
No es ningún secreto que Juan Carlos I trabajó en favor de que el macroproyecto del AVE entre La Meca y Medina recayese en un consorcio español (Ministerio de Fomento, Ineco, Renfe, Adif, OHL, Cobra (ACS), Indra, Consultrans, Copasa, Dimetronic, Imathia, Inabensa y Talgo).
La Justicia española se abstrae ante semejante escándalo, pero la Fiscalía suiza tiene abierta una investigación sobre un asunto que mancha a Felipe VI, que ha explicado ahora que iba a recibir una millonada. Y que por eso renuncia a la herencia, en realidad no puede mientras Juan Carlos I siga vivo.
Juan Carlos I, que parece renunciar a defender su imagen ante la opinión pública tras décadas de descrédito por sus líos económico-sexuales, estaría siendo víctima de la venganza de su ‘amiga entrañable’ Corinna.
FRÍA DEFENSA
La Casa Real reconoce que Felipe VI tuvo conocimiento de la «supuesta designación como beneficiario de la Fundación Lucum, desde el momento en que se produjese el fallecimiento de Su Majestad el Rey Don Juan Carlos«.
Eso sí, no lo dijo y asegura que le escribió una carta a su padre por «si fuera cierta su designación o la de la Princesa de Asturias como beneficiarios de la citada Fundación Lucum, dejara sin efecto tal designación».
Asegura que le escribió que «no aceptaría participación o beneficio alguno en esa entidad, renunciando asimismo a cualquier derecho, expectativa o interés que, aún sin su consentimiento o conocimiento, pudiera corresponderles ahora o en el futuro en relación con la Fundación Lucum».
Juan Carlos I pierde la asignación anual de casi 200.000 euros y afirma que tiene el asunto, paradojas de la vida, en manos de un fiscal Anticorrupción. También recuerda que está retirado de la vida pública, hecho que sin embargo no impide que siga siendo imposible juzgarlo en España por sus supuestos escándalos.
POCA PRISA EN DAR LA CARA
Felipe VI tardó tan solo 48 horas en salir a arremeter contra los líderes del procés, en no solidarizarse con las personas agredidas por los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado y en echar gasolina al conflicto catalán. Pero ha tardado un año en dar la cara, vía comunicado, tras conocerse que era el beneficiario de una fundación con aire pestilente.
Hasta un periodista monárquico como José Antonio Zarzalejos asegura en El Periódico de Catalunya que los esfuerzos del rey «son estimables, pero no son suficientes para anclar la Corona en el imaginario colectivo español».
También le exige que «debe dar un paso más y retirar la sombra de su padre por completo —estaría indicado el autoexilio— y, si el caso fuere, facilitar que se depuren responsabilidades penales ante la Sala Segunda del Supremo».
Zarzalejos dice que Felipe VI pone «un cortafuegos» ante la que se avecina y otras voces le recuerdan que ni siquiera puede negarse a recibir una herencia mientras su padre siga vivo (lo dice el Código Civil en su artículo 991).
LA PRENSA CORTESANA EN SU LÍNEA
El Mundo parece creer que Felipe VI y Letizia son los Reyes Católicos y dice que el controvertido comunicado «es una nueva muestra de la altura de estadista de un Monarca que, en sus pocos años de reinado, ha demostrado su firme compromiso con la ejemplaridad que debe caracterizar a la primera institución del Estado».
«Ya lo demostró cuando como reacción al caso Nóos, en el que la Infanta Cristina compareció como imputada por los negocios de su marido, Iñaki Urdangarin, tuvo que limitar la Familia Real a su figura, la de la Reina Letizia, sus hijas, Leonor y Sofía, y sus padres, el Rey Juan Carlos I y doña Sofía. Aquella decisión supuso un enorme esfuerzo personal adoptado para proteger a la Corona del desgaste que supondría vincularla con graves acusaciones de corrupción», explica.
El País, puntal durante décadas de la corona y garante del silencio que disfrutó Juan Carlos I, recuerda que «desde el punto de vista político significa, además, que bajo ninguna circunstancia se pueden confundir las instituciones con las personas que las encarnan».
ABC dice que «la decisión del Rey es tan drástica y dura —especialmente desde la esfera personal— como ejemplar. Incluso con España en plena incertidumbre y sometida a estado de alarma por la anomalía causada por el coronavirus, Don Felipe acierta porque no tenía más alternativa en defensa de la Monarquía, de la estabilidad y del rigor institucional para garantizar su futuro».
OTRAS VOCES
Uno de los mayores peligros que tiene la Corona es que sus mayores defensores son algunas fuerzas políticas o medios muy orillados. Es el caso de Jiménez Losantos, fan de Felipe VI desde el 3O, asegura que «una de las trampas de la arpía de Corinna, que ha estado reinando en la práctica actuando como Reina bis casi diez años, y esto es culpa de Juan Carlos, es usar al Rey como pantalla por si les pillaban…».
Jorge Fernández Díaz también parece haberse empeñado en abochornar a Zarzuela y escribe que «cuestionar la monarquía como forma de Estado es más letal para España que el coronavirus». Más letal que el coronavirus para la monarquía es que haya voces que digan que no se les puede investigar…
