El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el secretario general del Podemos, Pablo Iglesias, incluyeron ayer en su acuerdo presupuestario para 2019 su compromiso de impulsar una amplia reforma de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General (LOREG) para imponer un ‘mailing’ único en las campañas electorales y obligar a los partidos a aprobar listas ‘cremallera’, es decir candidaturas en las que haya que alternar a hombres y mujeres.
«Se acuerda realizar un ‘mailing’ electoral único», reza el documento suscrito por ambos políticos ayer jueves en el Palacio de la Moncloa. Tras las elecciones generales de diciembre de 2015, los partidos ya analizaron la conveniencia de poner fin al envío postal de propaganda electoral por separado, pero finalmente no hubo acuerdo y en las legislativas de 2016 todos los electores volvieron a recibir en su buzón un sobre de cada formación.
Los defensores del ‘mailing’ único, principalmente Ciudadanos y Podemos, lo plantearon como una medida para ahorrar, pero chocaron principalmente con la oposición de PP y PNV, reacios a renunciar a una herramienta subvencionada que permite a los partido enviar directamente las papeletas de votación a los electores en todos los rincones de España.
El PSOE sí era más proclive a aceptar el fin el ‘mailing’ y finalmente se ha comprometido a ello con el grupo morado. En las recomendaciones para reformar el régimen y la financiación de los partidos políticos que PSOE, Podemos y Ciudadanos pactaron en el Congreso se abogaba por «abordar la regulación de un ‘mailing’ electoral que evite los gastos innecesarios y garantice un auténtico pluralismo e igualdad entre los partidos políticos concurrentes a las elecciones’, pero no se habló de su supresión total, según recordaba la agencia EP.
El acuerdo de socialistas y morados se ha sellado un día después de que la Comisión de Justicia del Congreso aprobase una reforma de la LOREG, incluida en la nueva ley de Protección de Datos, que permitirá que los electores que lo deseen pedir al Censo que no pase su datos personales a los partidos para así poder evitar el buzoneo de propaganda electoral. Esta reforma se aprobará en pleno la próxima semana y está previsto que esté en vigor para las citas electorales de 2019.
El texto pactado también prevé el establecimiento de ‘listas cremallera’, un sistema que ya aplican internamente tanto el PSOE como Unidos Podemos y que supera la previsión legal establecida en la ley de Igualdad de 2007 en la que se apostó por la democracia paritaria.
Según la norma vigente, ningún sexo puede copar más del 60% ni tener menos del 40% de candidatos en tramos de cinco, es decir, puede haber tres hombres y dos mujeres o viceversa sin importar el orden en el que figuren en la papeleta. Las listas ‘cremallera’, por contra, obliga a alternar a los dos sexos, lo que garantiza que la representación de ambos en las instituciones sea más equilibrada.
El acuerdo firmado por Sánchez e Iglesias prevé igualmente la modificación de la normativa electoral para acabar también «con las trabas del voto rogado» que el Gobierno de Zapatero introdujo en 2011 para los inscritos en el Centro Electoral de Residentes Ausentes (CERA) y que ha provocado importantes problemas y el descenso del voto de los emigrantes. Así, se ha pasado de índices de participación superiores al 30% a que desde ese año apenas un 5% ejerza su voto estando en el extranjero.
La búsqueda de una alternativa al voto rogado es, de hecho, el único acuerdo que se ha fraguado en la subcomisión para reforma de la LOREG que funciona desde el inicio de la legislatura en el Congreso, aunque todavía no se ha concretado cómo se va sustituir el sistema actual y existe peligro de que no dé tiempo para las elecciones europeas, autonómicas y municipales de mayo.
Asimismo, el texto incluye el compromiso de los dos firmantes de trabajar «para conseguir un amplio consenso que permita modificar la fórmula electoral para mejorar la proporcionalidad del sistema» electoral, pero no da ninguna pista de cómo prevén hacerlo.
Denunciantes de casos de corrupción de todo el mundo celebraron una reunión secreta en España con académicos, juristas y organizaciones que trabajan para terminar con el acoso a los primeros. La cita se produjo en Barcelona entre los días 19 y 21 de septiembre, según supo MONCLOA.COM.
En las reuniones estuvieron presentes tres denunciantes de casos de corrupción y organizaciones y expertos de veinte países. Los participantes decidieron no hacer públicos sus encuentros y celebraron sus reuniones a puerta cerrada. Eso sí, entre las organizaciones que luchan por mejorar la protección de las personas que llevan casos de corrupción ante policías y fiscales se encontraban cuatro españolas.
Los participantes en la reunión analizaron la directiva europea sobre protección de denunciantes de casos de corrupción que está debatiéndose en el Parlamento Europeo tras ser aprobada por la Comisión. El resultado de los trabajos realizados en Barcelona pretenden influir en las enmiendas a esta norma europea.
La propuesta presentada por la Comisión Europea ha recibido críticas debido a que establecía que los denunciantes debían hacerlo, en primer lugar, mediante los cauces internos. No sería hasta una segunda fase cuando podrían acudir ante las autoridades y, finalmente, a la prensa.
El texto que salió de la Comisión para ser tramitada en el Parlamento Europeo pretende proteger a los denunciantes contra el despido, la degradación y otras represalias. Según el proyecto, todas las empresas de más de cincuenta empleados, o con un volumen de negocios anual superior a 10 millones de euros, deberán crear un procedimiento interno para gestionar este tipo de denuncias. La norma obligaría a las administraciones públicas, salvo a municipios de menos de 10.000 habitantes.
Para prevenir represalias, la propuesta establece que, en caso de sufrirlas, el denunciante debe tener acceso a asesoramiento gratuito. También destaca que los denunciantes estarían exentos de responsabilidad en los procesos judiciales por la revelación de información.
Por su parte, la ministra de Justicia, Dolores Delgado, afirmó el pasado verano en el Congreso de los Diputados que es urgente modificar la ley que regula la protección de testigos, con el fin de crear un estatuto jurídico del arrepentido para el caso de los delitos en el sector público.
Igualmente, la Fiscalía General del Estado defiende en su Memoria Anual, presentada el mes pasado, la necesidad urgente de una regulación de protección del denunciante. Según recoge esta Memoria, las personas que tienen conocimientos de delitos de corrupción no suelen denunciarlos por temor a las represalias.
El caso de Ana María Garrido, participante en la reunión de Barcelona y que como funcionaria descubrió lo que posteriormente dio lugar a la investigación del caso Gürtel, es paradigmático. Tras negarse a participar en concesiones públicas irregulares fue apartada de su puesto de trabajo.
Posteriormente, Garrido tuvo que pedir una excedencia y, a su vuelta, sufrió acoso laboral por parte de sus superiores. Sus denuncias han sido ratificadas por los tribunales, mientras que el Ayuntamiento las ha recurrido en todas las instancias. A raíz de ello, esta funcionaria renunció a su trabajo en el sector público y ha tenido que reconducir su vida laboral con la creación de una pequeña empresa.
Documentos oficiales del Gobierno balear, a los que ha tenido acceso MONCLOA.COM, advertían de la peligrosidad de la zona donde se produjo la riada de ayer en la localidad de Sant Llorenç des Cardassar (Mallorca): el torrente de Ses Planes era uno de los once puntos más peligrosos en el archipiélago ante un fuerte aguacero y estaba clasificado como de «prioridad máxima» en los estudios sobre zonas inundables.
La riada sufrida en este municipio, que se encuentra a 60 kilómetros de Palma de Mallorca, ha provocado hasta el momentoal menos doce muertos y un desaparecido. Sant Llorenç se encuentra atravesado por el cauce de tres torrentes y el de Ses Planes está señalado como una de las once áreas de riesgo potencial significativo de inundación. La última riada sufrida en este lugar ocurrió en septiembre de 1989.
El “mapa de peligrosidad y de riesgo de inundación», elaborado en 2016 por el Govern balear y el Sistema Nacional de Cartografía de Zonas Inundables -dependiente del Ministerio para la Transición Ecológica-, señala una amplia zona del municipio que está afectada por la posibilidad de desbordamiento de los torrentes que la cruzan, incluso si sólo se trata de un ‘periodo de recurrencia’ de diez años.
Zonas inundables del municipio de San Llorenç, según el Govern balear.
Los ‘periodos de recurrencia’ calculan aproximadamente los años que pueden transcurrir entre una inundación y otra. En el caso de Sant Llorenç se estudiaron las zonas que podían ser alcanzadas por una avenida de agua en periodos de retorno de 10, 100 y 500 años.
Entre las prácticas criticadas por los expertos en la materia se suelen citar la construcción de infraestructuras que interfieren en el recorrido del agua, la construcción de viviendas o industrias en las zonas inundables.
ENCAUZAMIENTOS ARTIFICIALES PARA RIADAS
Los técnicos también advierten que los encauzamientos artificiales, como los realizados en Sant Llorenç, no permiten la inundación lenta de terrenos llanos, que evitan el peligro de que se formen fuertes torrentes. El encauzamiento provoca, además, el incremento de la velocidad del agua.
En este mismo documento se recopilan los datos de inundaciones en Mallorca. La zona actualmente que ha sido devastada ayer ha sufrido seis riadas desde 1850, sin ningún fallecido. Cuatro de las inundaciones se han dado desde 1973.
Sánchez y Armengol saludan a un vecino de San Llorenç. Foto: Pool Moncloa / Fernando Calvo
Las víctimas mortales por inundaciones en ese periodo en Baleares se produjeron en Peguera, en el municipio de Calvià -con dos fallecidos- y en Llavanera, en Santa Eurlària (Ibiza) -con tres muertos-.
Según este documento oficial, la riada de Sant Llorenç se convierte ahora en la más letal ocurrida en Baleares desde 1850 y suma más fallecidos que todas las que se han sufrido desde esa fecha.
Los registros del Centre Meteorològic de Balears indican, por último, que en la riada de 1989 en Sant Llorenç se recogieron 171 litros por metro cuadrado, frente a los 220 litros del suceso ocurrido ayer.
La ministra de Justicia, Dolores Delgado, evitó ayer en el Congreso de los Diputados entrar a valorar el contenido de las conversaciones que tuvo en 2009 con el entonces comisario José Manuel Villarejo y acabó desdiciéndose sobre el supuesto chantaje al Estado por parte de este último.
Delgado se enfrentó primero en la sesión de control al Gobierno con dos preguntas del PP y en el hemiciclo subrayó que no había presenciado «la comisión de ningún delito» en el citado ágape del restaurante Rianxo desvelado por MONCLOA.COM. «Yo no he estado presente frente a algún hecho que me hubiera obligado a denunciar porque llevó décadas persiguiendo delitos», esgrimió.
Por la tarde se enfrentó al plato fuerte con su comparecencia ante la Comisión de Justicia y en ciertos lances siguió la máxima de que la mejor defensa, es un buen ataque. Para ello, Delgado dijo ser víctima del «presunto delincuente» Villarejo por difundir el citado audio para lograr salir indemne de la cárcel, pero también por el hecho de ser mujer y el uso que está haciendo de las conversaciones «la derecha, la extrema derecha y la extrema extrema derecha», una alusión que todo el mundo interpretó que iba dirigida contra Ciudadanos, PP y VOX.
La derecha trata de aprovechar este chantaje con el único fin de evitar que este Gobierno siga avanzando en una agenda de regeneración democrática, de transparencia y de cohesión social y territorial», argumentó la ministra, sin que los partidos de la oposición le apretasen con cuestiones como sus comentarios homófobos, el asunto de los menores en Cartagena de Indias o la red de prostitución que le narró el excomisario.
El único incisivo fue Ignacio Prendes, de Ciudadanos, quien le preguntó si llegó a presentar la dimisión al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, o cómo fue su último encuentro con Villarejo «hace 15 meses, no el de hace 9 años».
En el turno de réplica, Delgado evitó responder a ambas cuestiones e insistió en que nunca tuvo «una relación profesional» con el excomisario ni le consideraba su amigo. Es más, nunca trabajó con él porque «no era (un comisario) operativo en la Audiencia Nacional».
DELGADO HABLA AHORA DE «PRETENSIÓN DE CHANTAJE AL ESTADO»
Lo más sorprendente de su comparecencia fue el hecho de que se desdijera del supuesto chantaje al Estado que veía detrás de la publicación de los audios. En su intervención inicial terció varias veces sobre este asunto: «Quisiera dejar claro, de manera rotunda, que esto es un chantaje al Estado a través de mi persona y una extorsión al Gobierno», dijo con rotundidad.
Luego, desgranó esa idea fuerza en varios lances más:»Estamos hablando de un presunto delincuente que trata de extorsionar al Estado para obtener un trato de favor y salir de la cárcel», «este Ministerio ha realizado las siguientes acciones, a pesar del chantaje de las cloacas al que quieren someter al Estado», «como parte de un Gobierno que defiende la justicia social, a pesar del chantaje de las cloacas al que quieren someter al Estado y a su utilización política».
Cuando varios portavoces de la oposición le pidieron que aclarase en qué consistía ese chantaje al Estado, la ministra rectificó para subrayar que «no hablaba de la existencia de chantaje, sino de la pretensión de chantaje al Estado». Para rizar el rizo, exigió «que no haya una utilización política de ese chantaje» y avisó que ella no había cometido «ninguna acción indigna» y que, en todo caso, «no es chantajeable».
Delgado hizo también hincapié en que Villarejo, al que calificó como «un presunto delincuente, un miembro de las cloacas del Estado», actuó bajo la dirección del ministro de Interior del PP, Jorge Fernández Díaz, «quien llegó a destacar sus relevantes servicios», y que su «último responsable directo» como director general de la Policía fue Ignacio Cosidó, actual portavoz del PP en el Senado.
Los papeles privados del exjefe del Estado se encuentran archivados en la Fundación Nacional Francisco Franco (FNFF), con sede en Madrid, y las copias de los mismos fueron depositadas en el Centro Documental de la Memoria Histórica (CDMH) de Salamanca. Para ello, entre los años 2000 y 2003, el Gobierno de José María Aznar invirtió en la citada fundación un total 150.000 euros para la digitalización de sus fondos.
La copia que llegó al CDMH de Salamanca en 2010 está, sin embargo, incompleta. Según El País, en la descripción del Portal de Archivos Españoles (Pares), el CDMH conserva una versión “parcial” que comprende 27.357 documentos.
En el inventario facilitado por la FNFF figuraban 27.490, así que hubo expurgo: en Salamanca no hay copia de 133 documentos, los que van del “27.357 al 27.490”. Y, por ejemplo, el documento 1.158 descrito como “cuentas de Franco” no está: el microfilme salta del 1.157 al 1.159.
Estos datos tan llamativos son los que están siendo investigados por La Sexta. También recrearán los últimos días de agonía del dictador en el hospital de La Paz y las horas que discurrieron entre el fallecimiento de Franco y el anuncio del mismo durante la madrugada del 20-N en la agencia Europa Press.
El compendio desordenado de esos más de 27.000 documentos permite descubrir detalles desconocidos de la vida íntima de Franco, la administración y el origen de su dinero e inversiones, pero también documentos oficiales, a menudo clasificados como secretos.
La revista Tiempo publicó varios especiales sobre los documentos privados de Franco que, por ejemplo, permiten contrastar objetivamente si el mito sobre la austeridad del dictador tenía fundamento. Así, entre esa documentación se encuentran algunos resúmenes de las cuentas del Generalísimo.
Aproximadamente un año después del fin de la Guerra Civil española, el 31 de agosto de 1940, las cuentas arrojaban un saldo de 34 millones de pesetas. Otro balance realizado en 1959 decía que Franco contaba con 22,7 millones de pesetas entre dinero en metálico e inversiones en valores. Por el camino, según aparecía en sus papeles, realizó importantes inversiones, como por ejemplo la compra de la finca de Valdefuentes en Madrid.
Los papeles también descubrieron el perfil inversor del entonces jefe del Estadoen deuda pública, obligaciones privadas y acciones de Campsa. Además, quedaban al descubierto los secretos de sus propiedades inmobiliarias. Entre los papeles privados de Franco que se encuentran en Salamanca salieron a la luz las cuentas del Pazo de Meirás.
El general guardó también gran cantidad de documentación sobre lo que publicaba la prensa sobre él o su familia. Así, un informe con las noticias sobre la boda de su hija Carmen recogía un apunte que hacía una recapitulación sobre el valor de los regalos recibidos.
El PNV vive un momento placentero al disfrutar de una situación insólita en sus 123 años de vida. El confort nacionalista está relacionado con un poderío nunca visto en la formación fundada por Sabino Arana.
La formación jetzale gobierna Euskadi y sus tres capitales de provincia (situación que no se daba desde la legislatura 1983-87), lidera el Gobierno de Navarra a través de Geroa Bai, aprovecha la inestabilidad de Madrid posibilitando gobiernos de PP y PSOE a cambio de concesiones, y ejerce de mediador entre la capital del Estado y Barcelona.
Estos días de vino y rosas ayudan a olvidar la debacle que supuso la etapa gobernada por PSE con el apoyo del PP en el País Vasco (2009-12), trienio en el que los ‘peneuvistas’ se quedaron fuera de Ajuria Enea por primera vez en tres décadas.
En el citado periodo también sufrieron el auge de la izquierda abertzale, que supo rentabilizar el proceso de paz a través de EH Bildu, que consiguió un gran peso municipal al hacerse en 2011 con Ayuntamientos como el de San Sebastián.
Atrás quedan esos malos momentos. Y más lejos quedarán si consiguen revalidar en mayo su poder municipal y autonómico, amén de mantener representación en el Europarlamento. El PNV intentará que las grietas del ‘procés’ no le cuesten un divorcio con los herederos de CiU.
Con la formación catalana suma fuerzas desde las europeas de 1999 y ahora los nacionalistas vascos intentarán reeditar pacto con la Crida de Puigdemont para evitar quedarse fuera de Bruselas, situación que solo se dio en 1987.
Cierto es que el PNV podría revalidar escaño con su sola presencia, ya que hace tres décadas se conjugó el efecto de la traumática escisión de Eusko Alkartasuna y los más de 110.000 votos que logró Herri Batasuna fuera de Navarra y Euskadi gracias al apoyo de fuerzas marxistas.
EL ETERNO PRAGMATISMO DEL PNV
Ríos de tinta han corrido sobre la clásica bicefalia jetzale. Hoy Íñigo Urkullu emula a Ibarretxe y afirma que «en un mundo globalizado, la independencia es una utopía». Más posibilista se muestra Andoni Ortuzar, evolución natural de Xabier Arzalluz.
Andoni Ortuzar apuesta porque el PNV renueve el Estatuto vasco. Foto: Flickr PNV.
El ‘jefe supremo’ del Euzkadi Buru Batzar dejó claro en el último Alderdi Eguna que el Gobierno y el PNV no mantienen posiciones idénticas y que apoyará la actualización del Estatuto Vasco promovida por EH Bildu.
Cercano a ambos se muestra Aitor Esteban, miembro del ‘ala liberal’ del PNV y su portavoz en el Congreso de los Diputados. Y el ‘cuadrado pragmático’ lo completa Uxue Barkos, que gobierna Navarra a través de la coalición Geroa Bai (PNV e independientes) junto a tres partidos progresistas.
La receta del éxito del PNV es colocarse en el eje central de los territorios en los que opera con aparente moderación y educación. Gracias a esta particular forma de entender la política, recuperó la vara de mando de San Sebastián tras 28 años y la de Vitoria 16 años después.
EL PNV CAMBIA DE POLÍTICA MEDIÁTICA
El PNV contaba con el paradójico hándicap de que su éxito electoral contrastaba con la hegemonía de dos medios críticos en sus ámbitos de influencia. Era el caso de El Correo y Diario de Navarra, líderes de ventas en Euskadi y la Comunidad Foral, vehementes defensores del constitucionalismo y sufridores por los años de plomo de ETA.
La formación jetzale sorteaba esta adversidad mediática refugiándose en EiTB, radiotelevisión pública vasca que cuenta con cuatro señales de televisión, cinco cadenas de radio y un presupuesto de más de 100 millones de euros anuales.
En esta Corporación pública son amos y señores los ‘productores de confianza’ del PNV, ex directivos de EiTB o familiares de apellidos ilustres de la formación nacionalista. La actual mandamás de la radiotelevisión es Maite Iturbe, que tuvo cargos de responsabilidad en el Gobierno vasco antes de gestionar medios de comunicación.
Uxue Barkos en su etapa en el Congreso por Geroa Bai, coalición en la que se engloba e PNV. Foto: Flickr Jairo Vargas.
Con currículum similar cuenta el nuevo hombre fuerte del PNV en los medios, Juan José Baños. Este periodista formó parte del Gobierno vasco hasta 2017 como director de Gobernanza Pública y Autogobierno y en la actualidad dirige el Grupo Noticias y el Deia, órgano clásico de expresión del ‘bizkaitarrismo’.
Esta endogámica trayectoria continúa para Baños, propuesto por el PNV como consejero de RTVE en el desbaratado proyecto de Tomás Fernando Flores y actual candidato a presidir la Corporación audiovisual estatal.
No es extraña esta confianza del PNV en el ‘hombre de moda’ del Grupo Noticias, ya que este holding puso en pie Onda Vasca, hasta donde fueron a parar estrellas de Radio Euskadi tras el triunfo de Patxi López, y editan Noticias de Navarra, látigo fustigador de UPN en la Comunidad Foral y contribuidor del éxito de la marca blanca nacionalista, Geroa Bai.
El apoyo de ETB y el Grupo Noticias se complementa por la actitud de Diario de Navarra y El Correo, que han modulado su discurso contra ‘los peneuvistas’. La crisis del papel se hace palpable en muchos lugares y el norte no es una excepción.
El ministro de Asuntos Exteriores, Josep Borrell, ha dado luz verde a varios destinos diplomáticos en el extranjero que afectan a altos cargos de la etapa de José Manuel García-Margallo, quienes tras la llegada al poder del PSOE vieron cómo se les cesaba al frente de embajadas de primer nivel.
Es el caso de Gonzalo de Benito, antiguo ‘número dos’ de Exteriores con Margallo y que en los últimos años ha estado de embajador en Japón. A partir de ahora será cónsul general en Bogotá, capital de Colombia, según informaron fuentes diplomáticas a MONCLOA.COM.
Un caso parecido fue el de Jesús Gracia, secretario de Estado para Iberoamérica con Margallo, y que ejercía como embajador en Italia. Fue uno de los primeros embajadores en ser cesados tras la llegada de Borrell a Exteriores y ahora el ministro le ha puesto al frente del consulado español en Cantón (China).
Gracia sólo llevaba un año y medio en Roma y fue sustituido por el exministro Alfonso Dastis. En este caso, el Gobierno de Pedro Sánchez optó por actuar con sentido institucional, recuperando la tradición que existió en Exteriores de que los diplomáticos que salían de puestos directivos fueran nombrados embajadores en capitales importantes, algo que no siempre se había cumplidos en los últimos lustros.
El entonces secretario de Estado para Iberoamerica, Jesús Gracia (izq.). Foto: Flickr MAUEC
Además de Dastis, el Ejecutivo socialista envió al exsecretario de Estado de Exteriores, Ildefonso Castro, a Irlanda, en sustitución de José María Rodríguez Coso, quien ahora se ocupará de dirigir el consulado español en Perpiñán (Francia).
De igual modo, Fernando García Casas, que cesó como secretario de Estado para Iberoamérica y el Caribe, fue enviado a Brasil como embajador, sustituyendo a Fernando Villalonga, quien llevaba dos años en el puesto y había cargos de relieve durante los Gobiernos de José María Aznar. Borrell también aceptó la petición del ex secretario de Estado de Asuntos Europeos, Jorge Toledo, de ser nombrado embajador en Japón en sustitución del citado De Benito.
Otro embajador afectado por el repentino cambio de Gobierno a comienzos de junio fue Miguel Aguirre de Cárcer, quien hasta hace un año era el representante permanente de España ante la OTAN.
En abril apalabró con el entonces ministro de Exteriores, Alfonso Dastis, el hacerse cargo de la embajada de España ante el Consejo de Europa, institución con sede en Estrasburgo (Francia). Sin embargo, el éxito de la moción de censura contra Mariano Rajoy le dejó sin ese puesto y ahora ha sido destinado al consulado de Berna (Suiza).
Podemos organizará del próximo viernes al domingo «la universidad de otoño« en el Jardín de las Vistillas (Madrid) con la plana mayor de la formación morada y algunos invitados extranjeros.
Entre los asuntos a debatir destacan los «candados democráticos» en torno de la Corona, así como la «construcción de alternativas solidarias a la Europa de los buitres y la extrema derecha» -en referencia a VOX– o los «grandes debates» del feminismo.
Precisamente, ayer el líder de VOX, Santiago Abascal, propuso expulsar de España al secretario de Organización de Podemos, Pablo Echenique, al considerar que es un «extranjero» -nació en Argentina en 1978- que alienta la «destrucción del Estado de Derecho».
En la cita de los morados se abordará, además, la situación política en Cataluña, «el periodismo independiente», la precariedad laboral o aspectos tan curiosos y etéreos como «el humor o el deporte».
Entre los participantes en estas jornadas de políticas están las alcaldesas de Madrid y Barcelona, Manuela Carmena y Ada Colau; el secretario de Organización, Pablo Echenique; el candidato de Podemos a la Comunidad de Madrid, Iñigo Errejón; y otros dirigentes de la formación morada como Noelia Vera, Ramón Espinar, Rafael Mayoral, Ione Belarra, Ioia Villanueva, el exJemad Julio Rodriguez o el eurodiputado Miguel Urbán.
En las ponencias están invitadas varias políticas extranjeras como Catarina Martins, líder del Bloco de Esquerda en Portugal; Ska Keller, política alemana del Partido Verde y conocida por sus postulados contra el radicalismo de la extrema derecha alemana; y Eleonora Foreza, representante italiana del colectivo Femministe Nove.
Este cónclave que ahora se presenta en otoño venía realizándose la primera semana de julio, pero Podemos decidió retrasar las fechas de la llamada ‘universidad de verano’ a raíz del nacimiento prematuro de los hijos de Pablo Iglesias e Irene Montero.
Esta edición de otoño se organiza bajo el mando de Fundación Instituto 25M, la plataforma de Podemos en la que Iglesias mantiene su presidencia desde su creación en 2015, a excepción del primer año, cuyo puesto lo ocupó Iñigo Errejón.
Dimisión de la ministra de Justicia o que el presidente del Gobierno proceda a su cese. Ese fue el resultado de la votación de ayer en el pleno del Congreso de los Diputados, en el que se pidió a Dolores Delgado que se aparte de su cargo ante la “gravísima actuación” al frente de su departamento y sus “escandalosas conversaciones” con el excomisario José Manuel Villarejo que desveló MONCLOA.COM.
«El Congreso de los Diputados exige la inmediata dimisión de la ministra de Justicia e insta al Gobierno, en el caso de que no lo haga, a que el presidente proceda a su cese”, se indicó en el texto sometido a votación.
La moción presentada por el PP salió adelante con 166 votos ya que contó con el respaldo de Ciudadanos, UPN y Foro Asturias. En contra hubo 91 votos de PSOE, PNV y Nueva Canarias, y lo que decantó la balanza para que la moción prosperase fueron las 83 abstenciones de Podemos, ERC, PDeCAT, Compromís, EH Bildu y Coalición Canaria.
La ministra se ausentó del debate y posterior votación en la Cámara baja, tal y como hizo en el Senado cuando la Cámara alta aprobó a finales de septiembre -con los votos de PP y Cs- la reprobación de la titular de Justicia. No hay precedentes en el período democrático de un ministro o ministra que haya salido de ambas Cámaras con una petición de cese o reprobación en el ejercicio del cargo.
En opinión de los populares, la breve trayectoria de Delgado en el Ministerio arroja una “triste hoja de servicios”, en especial por su “nula voluntad” de defender en Bélgica al juez instructor del caso del procés, Pablo Llarena. A ello se añade, a juicio del PP, los “hechos y opiniones” expresadas cuando era fiscal de la Audiencia Nacional en el audio con Villarejo y que la inhabilitan para seguir ejerciendo como ministra.
“Necesitamos una ministra que no pueda ser chantajeada y que no viva de la rectificación permanente ni haya sido tan indulgente con las cloacas del Estado”
La diputada popular María Jesús Moro consideró que “es público y notorio que ha mentido reiteradamente, y cuando se miente es porque se oculta algo”. En su opinión, “no es posible que siga ni un minuto más”, una tesis que secundó el portavoz de Ciudadanos, José Ignacio Prendes.
El diputado naranja criticó de inicio el “desprestigio de las instituciones” que supone que la ministra no estuviera en el hemiciclo, ni ella ni ningún miembro del Gobierno. Prendes constató la “enorme vulnerabilidad” de la ministra por su “grave mochila de amistades peligrosas” tras el escándalo de los audios de Villarejo.
“Necesitamos una ministra que no pueda ser chantajeada y que no viva de la rectificación permanente ni haya sido tan indulgente con las cloacas del Estado”, subrayó Prendes. Hasta la formación de Pablo Iglesias criticó la relación de Delgado con las “cloacas de Interior”.
PSOE Y PNV RESPALDA A LA MINISTRA DE JUSTICIA
El portavoz del PSOE en el debate, Juan Carlos Campo, rechazó que tuviera sentido que el Congreso reclame el cese de la ministra sin tener esa competencia y criticó el uso “abusivo” de las grabaciones publicadas por MONCLOA.COM para “socavar” al Gobierno.
Incluso, se atrevió a citar un pasaje del polaco Ryszard Kapuscinski, el ‘maestro’ de los periodistas, al decir que “si hay negocio, se acaba la noticia”. Este digital rechaza tales acusaciones y mantiene que su decisión de repartir las noticias en varios días fue una decisión basada en el interés general y con el fin de no abrumar a los lectores dándoles todas las informaciones a la vez.
Junto al PSOE se posicionó el PNV, que dijo “no compartir la dejación de funciones atribuida a la ministra”. Desde la tribuna de oradores, Mikel Legarda tildó la moción de “un nuevo parche en este acoso y derribo de ministros al que este grupo no le gusta participar”.
Delgado tendrá que responder hoy a preguntas de la oposición por la mañana en la sesión de control al Gobierno y luego por la tarde, a petición propia, en la Comisión de Justicia del Congreso para explicar su relación con el excomisario, en prisión preventiva por delitos como pertenencia a organización criminal, cohecho, revelación de secretos y extorsión.
El PP madrileño recibió esta semana los resultados de una encuesta interna sobre la Alcaldía de Madrid en la que la candidatura de Begoña Villacís (Ciudadanos) queda en primer lugar y, por tanto, con más posibilidades de recibir la vara de mando del ayuntamiento de la capital.
En las elecciones de 2015, el PP venció por la mínima con 21 escaños, seguido de Ahora Madrid (20), PSOE (9) y Ciudadanos (7). Dicha aritmética permitió a la formación morada lograr la alcaldía para Manuela Carmena con el apoyo parlamentario de los socialistas.
La encuesta interna del PP muestra una caída, en porcentaje de votos y escaños, para todas las formaciones menos Cs. Así, la candidatura de Villacís recibiría votos tanto a izquierda como derecha y aumentaría considerablemente sus concejales, mientras que PP caería a 17-18 concejales. Ahora Madrid podría perder hasta seis concejales, con lo que se quedaría con unos a 14-15. El PSOE también bajaría sus resultados, según indicaron a MONCLOA.COM fuentes populares. Incluso, no se descarta la entrada de VOX en el hemiciclo madrileño con un escaño, que sería a costa del PP seguramente.
Las opciones del PP fluctúan en función del candidato por el que se pregunta a los encuestados, aunque levemente y se empieza a asumir que Villacís tiene muchas posibilidades de acabar como alcaldesa, no solo por su kejora de resultados, sino como efecto de los pactos posteriores, tanto en el Ayuntamiento como en la Comunidad de Madrid.
LA ENCUESTA DE AHORA MADRID CON EL AUGE DE VILLACIS
Otras encuestas también pronostican el auge de Villacís. El pasado mes de mayo el propio Ayuntamiento de Madrid que dirige Carmena circuló una encuesta interna con porcentajes similares en el que el PP era el peor parado en esos momentos.
Según ese sondeo, el Partido Popular caería en votos del 34,6% al 19,7%, mientras que Ahora Madrid bajaría del 31,9% de 2015 al 28,8%. El PSOE descendería levemente -del 15,3% al 14,9%- y Cs daría el gran salto, del 11,4% al 31,2% de los sufragios.
Tanto al PP como al PSOE les puede interesar, en última instancia, que Villacís sea la próxima alcaldesa madrileña para que Ciudadanos tenga que dar a cambio su apoyo a uno de esos dos partidos para el gobierno de la Comunidad de Madrid u otro Parlamento regional.
Una encuesta del PSOE elaborada en abril daba la victoria a los socialistas liderados por Ángel Gabilondo en el gobierno regional, pisándole los talones la candidatura naranja de Ignacio Aguado y con el PP, que aún no tiene candidato, en caída libre hasta la tercera posición.
En el PP se asume ahora que será muy complicado mantener el mando en el palacio de la Puerta del Sol, sede del Gobierno madrileño, por primera vez en 24 años, pero podría servirle a Ciudadanos el Ejecutivo regional a cambio de otros acuerdos a nivel autonómico.
El auge de Villacís en las encuestas fue una de las cuestiones que Carmena valoró para presentarse a la reelección por la agrupación de electores que sustituirá a Ahora Madrid en los comicios de mayo de 2019. Junto con la subida en las encuestas de Cs, la actual regidora ha tenido que enfrentarse a las fracturas internas que han aflorado en su propio equipo de gobierno en los últimos años.
En todo caso, habrá que esperar aún siete meses para saber si realmente Villacís es la mejor valorada como dicen las encuestas o si, por el por el contrario, la alcaldesa Carmena se pondrá de nuevo al frente del Consistorio de la capital. La aritmética final dependerá seguramente de los cabezas de cartel que presenten finalmente el PP y PSOE.
Pedro Sánchez confió en los servicios de Iván Redondo tras su victoria en la moción de censura y su jefe de Gabinete en Ferraz, Juan Manuel Serrano, volvió a su plaza de funcionario en la FEMP. Fue un breve lapso de tiempo ya que en las primeras semanas del Gobierno socialista a Serrano le llegó el premió de la presidencia de Correos, uno de los mejor remunerados entre las empresas públicas.
Sin embargo, la nueva etapa de la compañía estatal está siendo más controvertida de lo previsto. Primero, con un polémico fichaje de una cara conocida del PP como ‘dircom’. El siguiente fiasco ha sido la convocatoria de oposiciones para entrar en Correos. La empresa indicó el pasado 30 de septiembre que tenía intención de cubrir 2.295 plazas para las que aspiraban 116.000 candidatos.
La primera prueba de fuego de Serrano se saldó con patinazo porque el examen en varias ciudades españolas estuvo marcado por el caos. Varios foros relacionados con la compañía pública de mensajería y paquetería están repletos de denuncias por los fallos de seguridad que se evidenciaron en el examen.
Según varios testimonios a los que ha tenido acceso MONCLOA.COM, decenas de alumnos realizaron la prueba ayudados por el teléfono móvil y muchos aspirantes entraban y salían del aula para ir al baño sin que se cumplieran la más mínimas medidas de seguridad.
ENFADOS CONTRA LA DERIVA DE JUAN MANUEL SERRANO
CGT en Granada denuncia irregularidades en la prueba celebrada en la ciudad andaluza, en Valencia hay protestas porque varios aspirantes no pudieron realizar el examen ya que su nombre no aparecía en las listas y en Santiago de Compostela 381 personas tendrán que repetir los exámenes por los problemas relacionados con el control de acceso al aula A de la Facultad de Económicas.
Se agudizan las protestas internas en Correos por la falta de respuestas de la nueva dirección. Foto: Flickr Correos y Telégrafos.
Una portavoz de la Plataforma de Eventuales de Correos, Barda Forcada, explica en declaraciones a MONCLOA.COM que la prueba realizada en Zaragoza tampoco cumplía las condiciones mínimas de seguridad.
Comisiones Obreras, UGT, CSIF y Sindicato Libre califican de insuficientes los puestos ofertados en una convocatoria. Según los citados sindicatos, que representan al 85% de los trabajadores, el número de puestos fijos ofertados son «insuficientes» porque apenas se cubrirán la quinta parte de las plazas destruidas en la última década.
Está previsto que las movilizaciones en la empresa postal se agudicen este otoño y se han convocado concentraciones en las subdelegaciones gubernamentales en las capitales autonómicas para las dos primeras semanas de noviembre y ya hay fecha para tres huelgas previstas para el 30 de noviembre, 21 y 26 de diciembre, días calientes porque el servicio se intensifica en las Navidades.
Los sindicatos se lanzan a las calles tras verificar la falta de reacción ante sus exigencias de el Gobierno, Hacienda, Fomento, la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) y la ex mano derecha de Pedro Sánchez.
El Gobierno recortó 180 millones de euros en los dos últimos años a Correos, compañía que arroja un déficit en sus cuentas de 230 millones de euros. Desde 2012 el sueldo de los empleados se mantuvo plano hasta que en diciembre del año pasado se firmó una ligera subida del 1%.
Especialmente críticos con la dirección de Juan Manuel Serrano son en la Plataforma de Eventuales de Correos (PEC), que denuncia a través de un comunicado las duras condiciones de los carteros en el ámbito rural y el aumento del peso de Correos Express, donde se cubren puestos con autónomos.
La PEC también protesta porque en el último lustro se ha triplicado el peso de los cursos en las oposiciones mientras bajaba la importancia de la antigüedad (del 48,27 al 35%). Comisiones Obreras por su parte exige una financiación adicional de 230 millones de euros en una compañía de capital público que generó unas pérdidas acumulados de casi 900 millones de euros entre 2011 y 2015.
Estos números podrían agudizarse después de que Amazon haya decidido asumir su servicio de paquetería, servicio que posibilitaba que Correos entregase más de 15.000 paquetes diarios del gigante americano.
Pablo Crespo, condenado a 37 años y medio de cárcel en el juicio del caso Gürtel, presentó ayer una querella por prevaricación contra el juez Baltasar Garzón como consecuencia de las grabaciones que realizó el comisario José Manuel Villarejo y que fueron publicadas por MONCLOA.COM. Esta es la primera acción judicial que se ha concretado de las que han anunciado los condenados en el caso Gürtel.
En las grabaciones aparece un diálogo del comisario Villarejo con Gabriel Fuentes, adjunto al director adjunto operativo (DAO) de la Policía. Villarejo le relata que en agosto de 2008 participó en una comida con Baltasar Garzón el día anterior al que el magistrado abrió las primeras diligencias del caso Gürtel.
En el almuerzo también participaron, según Villarejo “preparando lo de la Gürtel”, Juan Antonio González, en aquel momento comisario general de información y José Luis Olivera, jefe de la Unidad de Delitos Económicos y Fiscales (UDEF) de la Policía.
El abogado de Crespo, Miguel Durán, considera, al presentar la querella por prevaricación, que los audios del comisario José Manuel Villarejo “ponen al descubierto una posible confabulación por parte del exjuez Baltasar Garzón en la Operación Gürtel” que tendría como objetivo “perjudicar al Partido Popular”.
En ese sentido, el abogado afirma que el juez Garzón se hizo cargo de “un caso preparado para que él mismo instruyera y que asumió de forma injusta”. La querella señala que se habrían vulnerado lasnormas de reparto de la Audiencia Nacional.
La grabación de la conversación del comisario Villarejo descubre, según Durán, que Garzón pudo “canalizar judicialmente un complot” al asumir la instrucción de este caso. También considera que la asignación del caso supone “un mero fraude de ley”.
«En definitiva, lo hizo con el objetivo de instrumentalizar el proceso penal para lograr intereses u objetivos ajenos a la función judicial»
El texto de la querella recuerda que las defensas del caso Gürtel insistieron durante la instrucción de este sumario en que se habían vulnerado las normas de reparto de los casos en la Audiencia Nacional. El juez Garzón se hizo cargo del mismo, según le solicitó la Fiscalía, debido a que uno de los protagonistas, Luis de Miguel Pérez, también había sido investigado en el caso BBV-Privanza por el mismo magistrado.
Según el abogado de Pablo Crespo, el juez Baltasar Garzón se hizo con el caso porque si hubiera caído en manos de otro magistrado de la Audiencia Nacional “las cosas podrían no salir conforme al plan que se había ideado”.
El abogado Miguel Durán señala que el juez Garzón ni siquiera hizo referencia en su auto de apertura de las diligencias al caso BBV-Privanza y considera que las grabaciones del comisario Villarejo suponen nuevas pruebas que demostrarían un “complot” que estuvo “cocinado entre bastidores judiciales por y para el querellado”.
LA «CONFABULACIÓN» DEL JUEZ GARZÓN
La querella subraya que las grabaciones evidencian que el caso Gürtel podría ser resultado de una “confabulación” que habría “teledirigido la causa ad hoc” hacia el magistrado Garzón. Así y tras hacerse eco de las palabras literales descubiertas en las grabaciones difundidas por MONCLOA.COM, la querella que interpone Crespo contra Garzón afirma que la causa “había sido previamente confeccionada” por el magistrado.
Durán insiste en la querella en los argumentos ya utilizados durante la instrucción y el juicio del caso Gürtel, respecto a la “débil o nula conexión procesal” entre el caso BBV-Privanza y el caso de corrupción que afectó de forma contundente al Partido Popular. Esto indica, a su juicio, que el entonces juez instructor se habría hecho con Gürtel para tener “el dominio fáctico sobre lo que él y sus eventuales correligionarios querían que fuese el caso Gürtel”.
La exposición de los hechos por parte del querellante desliza que el juez se “apoderó” del caso “parece que jaleado por altas instancias del Gobierno de entonces”. Igualmente, señala que “el nacimiento del caso fue de todo menos un nacimiento administrado por un juez imparcial”. A juicio del citado abogado, «lo hizo con el objetivo de instrumentalizar el proceso penal para lograr intereses u objetivos ajenos a la función judicial».
La querella presentada pide que sean llamados a declarar el excomisario José Manuel Villarejo, actualmente en la prisión de Estremera, así como a los comisarios Juan Antonio González García, José Luis Olivera Serrano y al excomisario Gabriel Fuentes, citados como presentes en el almuerzo al que hace referencia José Manuel Villarejo en las grabaciones.
Por último, el abogado solicita al juzgado que adopte medidas para “asegurar y en su caso reforzar, la integridad física del testigo” Villarejo, debido a “la extraordinaria gravedad de los hechos que son denunciados” así como “por el hecho notorio de que éste posee información relevante de personas de interés público”.
