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La defensa de Jordi Cuixart ha solicitado este miércoles la puesta en libertad provisional de su cliente, después de que la ONU haya emitido un informe en el que tachan su detención de arbitraria y consideran su situación contraria a la Declaración Universal de Derechos Humanos. El presidente de Òmnium Cultural es juzgado por el proceso independentista de Cataluña.

Según el escrito, al que ha tenido acceso Europa Press, la defensa de Cuixart considera que «es difícilmente» mantener «a estas alturas» un procedimiento judicial cuando un grupo de trabajo adscrito a la ONU ha dictaminado que la prisión preventiva del presidente de la Òmnium, además de la del expresidente de la Asamblea Nacional Catalana (ANC) Jordi Sànchez y el exvicepresidente catalán Oriol Junqueras, es «arbitraria».

Así mismo alega que dicho informe critica que los escritos de acusación se basan en una «expresión del ejercicio de derechos fundamentales», como el de libertad de opinión, expresión, asociación, reunión y participación política, haciendo que un tribunal «haya actuado en términos de desaliento del ejercicio de derechos fundamentales». La Fiscalía solicita 25 años de prisión por rebelión al ex ‘número dos’ de la Generalitat y 17 años de cárcel para ‘los Jordis’ por el mismo delito.

En este sentido, los abogados de Cuixart afirman que la medida cautelar de prisión preventiva no cumple el requisito de «fumus boni iuris» (apariencia de buen derecho) porque se ha adoptado «sin justificar argumentalmente esta cuestión» y se mantendrá después de que este grupo de trabajo asegure en su dictamen que las acciones de Junqueras y ‘los Jordis’ «no fueron violentas, tampoco incitaron a la violencia y sus conductas no han dado como resultado actos o hechos de violencia».

«DOBLE VULNERACIÓN DE DERECHOS»

De este modo, según indica la defensa estas conclusiones «constatan una grave situación de doble vulneración de derechos fundamentales y humanos en relación a nuestro representado», pues se ha infringido, según dicen, «hasta once artículos» de las convenciones internacionales. Por todo ello, piden la libertad de Cuixart «para subsanar la situación denunciada y al mismo tiempo dar cumplimiento y remedio según la decisión del citado organismo de Naciones Unidas».

El citado grupo de trabajo afirma en su informe que por la ausencia de violencia, está convencido de que «las acusaciones penales en su contra tienen por objeto coaccionarlos por sus opiniones políticas», «inhibirlos de continuar con esa pretensión» y «justificar» una detención que, a su juicio, se debe sólo al «ejercicio de derechos a la libertad de opinión, expresión, asociación, reunión y participación política».

Por otro lado, pide al Estado español que les ponga «inmediatamente en libertad» y les conceda «derecho efectivo a obtener una indemnización y otros tipos de reparación». Sin embargo, la decisión del grupo de trabajo de la ONU no es vinculante.

PETICIONES AL GOBIERNO

Reclama, también, una «investigación exhaustiva» y remite el caso a los relatores especiales de la ONU sobre derecho a la libertad de reunión y sobre derecho a la libertad de opinión y expresión. Además, da un plazo de seis meses para que tanto el Gobierno español como los denunciantes informen de si se han tomado estas medidas: libertad, indemnización, investigación de la «violación de sus derechos» y aprobación de leyes para que España se ajuste a lo que dice el grupo de trabajo

Los grupos de trabajo son uno de los tres tipos de «procedimientos especiales» con que cuenta el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas para estudiar una situación concreta (los otros dos son los relatores especiales y los expertos independientes).

Cualquier persona puede enviarles un escrito si cree que hay una situación no conforme con el Derecho Internacional en su ámbito, aunque sus decisiones no son vinculantes. A diferencia del Comité de Derechos Humanos de la ONU, los grupos de trabajo admiten asuntos aunque no hayan agotado los recursos en el ámbito de su país de origen.

Los militantes del PSOE tendrán la capacidad de aprobar, o no, los pactos de gobierno de su formación, tras las elecciones generales del 28 de abril y las municipales y autonómicas del 26 de mayo.

Los Estatutos del partido que salieron del 39 Congreso celebrado en junio de 2017, tras el regreso de Pedro Sánchez a la Secretaría General del partido, establecen la obligación de consultar con los afiliados los pactos de gobierno que se sellen con otras formaciones políticas, siempre y cuando esos acuerdos impliquen una coalición de gobierno.

No serán necesarios, en cambio, en el caso de que el PSOE gobierne en solitario con apoyo externo de otros partidos.

También es obligatorio, según los estatutos, consultar a los militantes el sentido del voto del PSOE cuando éste sirva para investir en el Gobierno a un candidato de otra fuerza política. Estas consultas son vinculantes, es decir, obligan al partido a actuar en la línea que marquen los afiliados.

A TODOS LOS NIVELES

La dirección federal del partido está determinada a llevarlas a cabo en todos los niveles territoriales de la organización que corresponda, ya se trate del ámbito municipal, autonómico y, por supuesto a nivel federal, si bien Sánchez se mantiene en su idea original de gobernar en solitario, lo que no requeriría hacer ninguna consulta, confirman a Europa Press fuentes socialistas.

Hasta la fecha, no se ha sometido a consulta de la militancia ninguna cuestión de las previstas en el reglamento de desarrollo de los estatutos federales, aprobado por el Comité Federal, máximo órgano entre congresos, en febrero pasado.

Al margen de las consultas obligatorias y vinculantes respecto de los pactos de gobierno, los estatutos permiten recabar la opinión de los militantes en otros «asuntos de especial relevancia. Aunque las comisiones ejecutivas de cualquier ámbito tienen libertad para proponer la iniciativa, la Ejecutiva Federal se reserva el poder de veto.

Más Madrid no obtuvo los resultados que esperaba en el Ayuntamiento, donde Carmena tendrá complicado gobernar pese a ser la lista más votada. Errejón, en cambio, consiguió superar de forma muy holgada a Podemos y conseguir 20 diputados con los que sacar pecho. Ahora, parlamentarios de esta formación ven «bastante razonable» extenderse por el resto de España.

Estas mismas fuentes señalan a Europa Press que para explorar ese camino hay tiempo, cuatro años de legislatura por delante, y defienden que la ventaja es que en Madrid «hay unos mimbres estupendos». Además, señalan que la plataforma creada por Íñigo Errejón tras abandonar en enero la candidatura de Podemos a la Comunidad de Madrid puede tener un papel protagónico en el «nuevo ciclo» que se abre y que encuentra sus cimientos en el feminismo y en el ecologismo.

Sobre qué contactos abrirían y con quién en otras comunidades autónomas, los de Errejón señalan que es pronto para hablar de personas o formaciones que encajaran con el espíritu de Más Madrid, pero ponen como ejemplo a Equo o a Compromís (formado por el Bloc, Iniciativa del Poble Valencià y Els Verds-Esquerra Ecologista del País Valencià).

¿EL FIN DE PODEMOS?

En este sentido, señalan que hay un sentimiento de «orfandad política» tras el cierre del ciclo del 15M y tras el «suicidio –político– de Iglesias y Monedero». De Podemos echan en falta que hagan autocrítica y lamentan que el líder ‘morado’ se escude en culpar de la debacle de las elecciones del pasado domingo a la falta de unidad en las candidaturas. «Nuestro resultado ha sido bueno», dicen.

«Iglesias se escuda en que el problema es Errejón, pero ya no está», dicen, para acto seguido matizar que el frente abierto que tiene la dirección nacional de Podemos ya no es contra el que fuera cofundador de la formación sino contra sus propios territorios.

Así, advierten a Iglesias de que «se ha pasado tanto de rosca» que será difícil que no quede como «una versión rara» de lo que fue Izquierda Unida.

La Junta Electoral de León ha confirmado este miércoles los errores de recuento detectados en catorce mesas y que finalmente han concedido un concejal más al PSOE, que ahora suma 10, en detrimento de Vox, que se queda en uno. No obstante, el PSOE ha solicitado otro recurso después de que una urna en el barrio de la Pinilla recoja 130 votos de Vox por dos de su formación. Un error podría dejar fuera a Vox y facilitar un gobierno de izquierdas.

El recuento de las mesas se ha llevado a cabo en los Juzgados de León donde han estado presentes el candidato socialista a la Alcaldía, José Antonio Diez, y Olga García, por parte de Vox, así como representantes de otras formaciones políticas.

La Junta Electoral ha revisado «de manera exhaustiva» las mesas electorales en las que se han generado dudas, un recuento denso y complicado al contar el Ayuntamiento de León con hasta 150 urnas en el que incluso el ordenador ha sufrido un bloqueo.

OTRO RECUENTO QUE PUEDE DEJAR FUERA A VOX

De este modo, tras el recuento definitivo, la Junta Electoral de Zona ha confirmado el error en el recuento y ha corregido los resultados

Tras ello, el PSOE ha ganado un concejal, y pasa de nueve a diez, seguido del PP, con 9 representante; Ciudadanos con cuatro, UPL con 2, Podemos con 1 y Vox con uno.

No obstante, el PSOE ha planteado las dudas en una urna en el barrio de Pinilla, por lo que los socialistas ya han anunciado que presentará un recurso ante la Junta Electoral Central al considerar «cifras imposibles» que Vox tenga 130 votos y el PSOE solamente dos.

Manuel Valls ha acaparado los focos en la mañana de este miércoles tras anunciar que apoyaría un gobierno de Colau con el único objetivo de que no caiga en manos de independentistas. Sin embargo, Ciudadanos se ha desmarcado de esta opción y ha mencionado que no apoyarán ni a Maragall ni a populistas. Sólo aceptarían a Collboni, del PSC.

En un comunicado, el partido liderado por Albert Rivera admite que el resultado electoral no les permite gobernar la ciudad y, por tanto, estarán «en la oposición».

Pero «si hubiera que impedir que haya un alcalde independentista o populista» en la capital catalana, los concejales de Ciudadanos negociarían con un candidato que no sea ni independentista ni populista», indica Cs.

«Ciudadanos está dispuesto a negociar con condiciones con el señor Collboni para que la ciudad de Barcelona sea una ciudad abierta y constitucionalista», añade.

De esta manera, el partido naranja rechaza que tanto Maragall como la candidata de Barcelona en Comú, Ada Colau, accedan a la Alcaldía y propone que el nuevo regidor sea el candidato del PSC, Jaume Collboni.

EVITAR UN ALCALDE INDEPENDENTISTA

El partido más votado en las elecciones fue ERC, que consiguió diez concejales, los mismos que Barcelona en Comú, y por detrás quedaron el PSC, con ocho ediles, BCN Canvi-Cs (6), Junts (5) y el PP (2).

Para hacer alcalde a Collboni, habría que sumar los votos de Barcelona en Comú, del PSC y al menos otros tres votos de otro grupo, y lo mismo necesitaría Colau para volver a ocupar el cargo sin contar con los partidos independentistas. Si no se alcanzara ningún acuerdo antes del día 15 de junio, Maragall se convertiría en alcalde automáticamente.

En rueda de prensa, Valls había subrayado la necesidad de evitar que al frente del Gobierno municipal haya un independentista, haciendo para ello un llamamiento a Colau y a Collboni, sin precisar a cuál de los dos preferiría como alcalde.

El candidato de Barcelona pel Canvi – Ciutadans ha ofrecido «sin condiciones» los votos de su grupo –los de los seis concejales electos, incluidos los tres de Cs– para hacer posible esa solución. Los tres ediles procedentes del partido naranja son la ‘número dos’ de la candidatura, Luz Guilarte, y los que ocupan el quinto y el sexto puesto de la lista, Paco Sierra y Marilén Barceló.

VALLS RECHAZA CUALQUIER «LÍNEA ROJA» DE RIVERA

Valls se reunió este martes con la portavoz de la Ejecutiva de Cs, Inés Arrimadas, con la cual ha asegurado que mantiene una relación de confianza y de cariño. Pero cuando se le ha preguntado si Rivera le ha marcado líneas rojas respecto a la posición a adoptar tras los comicios, ha respondido que a él no se le pone «ninguna línea roja», y ha defendido un cordón sanitario frente a la extrema derecha, los populistas y el nacionalismo.

El alcaldable de BCN Canvi-Ciudadanos ha insistido en que en este momento todos deben actuar con «responsabilidad» para impedir que Barcelona sea «la palanca del independentismo y la capital de una República imaginaria», que es lo que, a su juicio, pretende conseguir Maragall.

En estas circunstancias, cree que hay que escoger «la solución menos mala», y para hacerla posible ha ofrecido los seis votos de su grupo sin exigir condiciones. «Nosotros somos un grupo de seis» y «trabajamos juntos», ha subrayado.

El presidente de Ciudadanos en el Parlamento de Cataluña y miembro de la Ejecutiva del partido, Carlos Carrizosa, explicó este martes que el comité nacional de negociación de gobiernos autonómicos y municipales de Cs analizaría los posibles pactos en el Ayuntamiento de Barcelona y trasladaría su propuesta a un órgano conjunto con la plataforma electoral de Valls.

Cualquier acuerdo que pueda alcanzar el grupo municipal «deberá ser ratificado en el seno de este órgano», indicó Carrizosa.