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«El fin de Muface colapsará la Sanidad Pública». Este es el mensaje más repetido entre los funcionarios a la hora de referirse al fin del concierto sanitario privilegiado y que pagan en un 18,5% los mutualistas y en un 80% el Estado, es decir, dinero que sale del bolsillo de todos los contribuyentes, gocen o no de sanidad privada. El fin de Muface aún está por ver tras la renuncia de DKV y Adelas, pero no de Asisa, la última esperanza para los mutualistas, funcionarios y sus familias y que estudia el caso para ver si acude al concurso.

El fin de Muface, no obstante, acaba con uno de los privilegios de los funcionarios, que por una cuota muy económica tienen acceso a los servicios de la sanidad privada sin tener que realizar largas esperas ni entrar en las listas para ser atendidos meses después, como sí ocurre en la pública, especialmente en las autonomías más pobladas. No obstante, este sistema no tiene por qué conllevar un colapso en la sanidad pública. «Los funcionarios mutualistas pueden escoger por hacerse un plan privado sanitario, como hacen el resto de trabajadores del sector privado», destacan fuentes conocedoras en el conflicto.

«Las cuotas que abonan los funcionarios están a años luz de lo que se tendría que pagar en caso de acceder a la misma cobertura de forma personal», advierten. En este sentido, los funcionarios abonan apenas entre los 51 y los 21 euros mensuales, es decir, entre unos 614 y 252 euros por una cobertura propia más al resto de los familiares del núcleo del hogar, frente a los casi 80 euros de cobertura general que abona un empleado del sector privado, casi 1.000 euros anuales.

EL FIN DE MUFACE OBLIGARÁ A MOVER FICHA A LOS FUNCIONARIOS

Todo ello, sin tener algunos de los privilegios de los que gozan los funcionarios, como descuentos en productos de óptica o el reembolso de medicamentos que no se venden en España o que forman parte de las reservas estratégicas del Estado, tal y como establece el convenio. El mutualista primero lo abona, pero después se lo reembolsan.

No son los únicos privilegios que tienen los empleados públicos y sus familias con Muface, que tiene cerca de 1,5 millones de clientes. Los mutualistas de esta sanidad público-privada tienen pagado bajo ciertos supuestos su traslado a los centros médicos de otras provincias junto con los de un acompañante, así como el traslado de casa al hospital en ambulancia, sea asistido o no.

En cuanto a la cobertura dental, Muface ofrece un extenso plan incluso para los miembros de la familia no acogidos al mismo. Es decir, mientras los trabajadores privados tienen que sufragarse este coste, los funcionarios y sus familias obtienen un buen descuento respecto a las intervenciones bucodentales, como ortodoncias, extracciones y empastes, entre otros. Estos servicios los tienen que pagar religiosamente quienes tienen contratado un servicio privado básico, que suele incluir una o dos limpiezas anuales y algunas extracciones. El resto de intervenciones suele ser ajena a la aseguradora si no se ha contratado un seguro específico.

Asimismo, la cobertura de Muface también aplica en el extranjero, mientras el común de los mortales tiene que contratar un seguro añadido para poder ser atendido sin llevarse después el susto en forma de factura.

EL TEMOR AL COLAPSO EN LA SANIDAD PÚBLICA POR EL FIN DE MUFACE

El temor de los funcionarios apunta a un colapso de la sanidad pública, pero también se puede suplir la ausencia de Muface con una cobertura privada, es decir, aportando más de los entre 600 y 250 euros que abonan anualmente en la actualidad para mantener la cobertura. Eso sí, comprobarán de primera mano que no tendrán las mismas prestaciones a esos precios, demasiado bajos para el encarecimiento del coste de la vida. Por otro lado, los funcionarios apenas han perdido poder adquisitivo con la inflación al incrementarse los salarios al mismo nivel, como ocurre con los pensionistas.

Con el relato del colapso de la sanidad pública cala profundamente dentro de los trabajadores públicos y sus sindicatos, una contradicción al ser casi siempre los primeros en defender ‘lo público’ en manifestaciones y declaraciones. No obstante, en este caso no hay movilizaciones, como a buen seguro sí se hubiera convocado una gran huelga en caso de estar otro Gobierno al frente de La Moncloa. A los antecedentes se podría remitir, como la huelga general que sufrió Rajoy con los recortes de 2012 o las movilizaciones de la izquierda tras la crisis descontrolada que se inició con el Ejecutivo del PSOE.

SIN ALTERNATIVA AL FIN DE MUFACE

«A buen seguro que un Ejecutivo del PP tendría ya una convocatoria de huelga por este fiasco», apuntan las fuentes de los funcionarios consultadas por este medio. Por el momento, CSIF no lo descarta, pero pide «paciencia» ante la preocupación de quienes están acogidos a este sistema, toda vez que los sindicatos mayoritarios han visto disparadas las aportaciones del Ejecutivo de Pedro Sánchez.

El temor de los funcionarios por el fin de Muface se inició el pasado mes de octubre, cuando el Gobierno propuso un incremento del 17% en la licitación, pero a las tres aseguradoras no le salían las cuentas. «Todas pierden si el incremento no es de al menos el 40%», afirman las fuentes consultadas. El segundo intento del Ejecutivo de Pedro Sánchez llegó el pasado mes de diciembre, con un incremento del 33%, pero que también supone números rojos para las empresas. De hecho, la última oferta implica unas pérdidas para DKV de hasta 250 millones de euros.

El Ejecutivo evita hablar de este espinoso asunto al entender que presiona así a las CCAA gobernadas por el PP, especialmente en Madrid y Andalucía, junto a Valencia. Además, no hay un plan de contingencia para evitar las largas listas de espera en caso de que los funcionarios pasen en su mayoría a la sanidad pública. «No hay plan B», destacan.