El magistrado instructor del Tribunal Supremo que investiga el Caso Koldo ha respondido a la Fiscalía Europea que hasta el momento no investiga contratos financiados con fondos europeos dentro la parte que investiga el Supremo del Caso Koldo o trama Ábalos. La Fiscalía había hecho una petición en este sentido para saber si había fondos europeos afectados, en cuyo caso esa parte debería ser investigada por la Fiscalía Europea.
El Supremo hace además un relato de los acontecimientos hasta el momento para explicar la pieza separada que afecta a la causa general: «En la presente causa especial ha sido dictado auto, de fecha 23 de septiembre del presente año, en cuya virtud se acordaba la formación de una pieza separada -designada con el número 20.775-II-, que tendría por objeto la investigación relativa a procesos de adjudicación de determinada obra pública, pieza separada en la que aparecen como investigados don José Luis Ábalos Meco, -quien ostenta la condición de aforado ante este Tribunal Supremo al ser miembro del Congreso de los Diputados-, don Koldo García Izaguirre, don Víctor Gonzalo de Aldama Delgado, don Santos Cerdán León, don José Ruz Martínez, don Antonio Fernández Menéndez, don Daniel Fernández Menéndez, don Fernando Agustín Merino Vera y don Joseba Antxon Alonso Egurrola».
Sí aclara el magistrado que en el origen del caso permanecen como investigados «los Sres. Ábalos Meco, García Izaguirre y de Aldama Delgado, el objeto de la misma se refiere, precisamente, a un conjunto de conductas enteramente desligadas de cualquier proceso de contratación, adjudicación o ejecución de obra pública, por referencia a comportamientos respecto de los cuales, además, no consta la existencia de fondos económicos procedentes de la Unión Europea, ni tampoco el concurso de ningún elemento, objetivo o subjetivo, de naturaleza transfronteriza».
Leopoldo Puente añade que es importante señalar «siempre en los términos meramente
indiciarios que corresponden a este momento del proceso, se ha identificado la posible existencia de una organización criminal orientada a obtener la indebida adjudicación de obra pública, beneficiándose las empresas eventualmente favorecidas con la obtención del rendimiento económico resultante y satisfaciendo, a cambio, a determinadas autoridades o funcionarios públicos el correspondiente, e indebido, premio económico, desplegando éstos, a su vez, su mal utilizada influencia sobre los organismos o entidades a las que competía la adjudicación de aquellas obras».
Sería junto a esta organización donde se investiga «la posible existencia de una segunda (organización), -en parte compuesta por las mismas autoridades o funcionarios públicos, en relación con otras entidades constructoras, con aparente menor entidad económica-, que
tendría también el mismo objeto. Ambas organizaciones resultan investigadas en la referida pieza 20.775-II».
La primera trama, aclara el instructor del Supremo, «de mayor envergadura económica, siempre en términos indiciarios y hasta donde en este momento se conoce, estaría formada por los investigados Sres. Cerdán Santos, Ábalos Meco y García Izaguirre, de una parte; y, de otra, por personas cuya identidad todavía no se ha esclarecido, además de por don Fernando Agustín Merino Vera, en representación de la compañía Acciona Construcción». E igualmente «pudiera haber tenido cierta participación en dichos procesos don Joseba Antxon Alonso Egurrola, en representación de la empresa Servinabar 2000».
ÁBALOS ERA MINISTRO DE TRANSPORTES
Respecto a la segunda organización, «aparecerían como investigados los referidos Sres. Ábalos Meco y García Izaguirre, en su condición de autoridades o funcionarios públicos (además, en ambos casos, de otros funcionarios, cuya eventual responsabilidad es objeto de un procedimiento distinto seguido ante el Juzgado Central de Instrucción número 2); así como
los Sres. don Víctor Gonzalo de Aldama Delgado, en su condición de comisionista, don José Ruz Martínez (en representación de la empresa Levantina, Ingeniería y Construcciones), y don Antonio Fernández Menéndez y don Daniel Fernández Menéndez (estos en representación de la empresa Obras Públicas y Regadíos)».
Luego, el juez para despejar cualquier duda de los fiscales europeos ofrece un listado de las adjudicaciones bajo su lupa: «En el ámbito de la entidad ADIF, Sant Feliú de Llobregat. Obras de ejecución del proyecto de construcción de la integración del ferrocarril en Sant Feliu de Llobregat (Barcelona), por un importe inicial de 51.760.263,99 euros, ampliándose hasta los 62.026.420,15 euros».
La siguiente de ADIF serían las «Obras de ejecución de los proyectos: Proyecto de construcción del soterramiento de la red arterial ferroviaria de la ciudad de Murcia, por importe de 158.801.001,18 euros».
La tercera licitación de ADIF investigada es la «Ejecución de obras del proyecto de construcción de plataforma del corredor mediterráneo de alta velocidad Murcia-Almería. tramo: Pulpí-Vera, por importe de 121.196.734,32 euros».
La siguiente es la «Ejecución de las obras de proyecto de tratamiento de elementos de la
infraestructura (puentes, túneles y explanaciones) entre los pp.kk. 379+ 750 y 386 + 474 del tramo Monforte–Lugo de la línea 800″ y una obra de emergencia en Asturias, llamada «Emergencia de las obras de estabilización de los taludes de las trincheras situadas entre los puntos kilométricos 4/230 y 4/560 de la Línea 750 Gijón Sanz Crespo – Pravia, de la Red de Ancho Métrico, en Asturias. Actuaciones en vía, por importe de 592.053 euros.
Respecto a la Dirección General de Carreteras, son la «Licitación de la Dirección General de Carreteras –14-LO- 5540; 54.7/18– Autovía A -68. Tramo Arrúbal-Navarrete. Provincia de La
Rioja, por un importe de 92.416.975,61 euros».
En Sevilla la «Licitación de la Dirección General de Carreteras –14-SE-5090; 54.896/20 –Proyecto de construcción de tirantes del Puente del Centenario situado entre el p.k. 10+000 y el p.k. 12+000 de la autovía SE-30. Provincia: Sevilla, por un importe inicial de 71.404.645,30 euros, ampliándose hasta los 102.829.873,28 euros (impuestos incluidos)».
En Asturias fue el «expediente 12 -4960.C; 54.1/18– Proyecto de adaptación parcial de la segunda calzada de la Autovía A-63 en el tramo Salas-La Espina del PK 0+600 al pk 5+490 y
obras complementarias, por valor de 7.383.932,05 euros».
Úbeda fue otro de los lugares donde la Dirección general de Carreteras licitó el «Proyecto Clave 12-J3910– Proyecto Modificado nº2. Autovía A-32, Linares – Albacete, carretera N-322
de Córdoba a Valencia. Tramo: Úbeda-Torreperogil».
El Supremo también investiga las obras de conservación de carreteras en Teruel, en concreto, «diversas operaciones de conservación y explotación en las carreteras del sector TE-02. Provincia de Teruel, por importe de 5.770.068,18 euros».
La siguiente obra de la lista fue en la «Autovía A-12 Camino de Santiago, el Camino de Santiago. Tramo: Santo Domingo de la Calzada- Villamayor del Río. Provincia de La Rioja y Burgos, por importe de 72.447.574,63 euros».
Una vez que el Supremo tuvo todos estos expedientes en su poder ofició el 23 de septiembre a la Unidad de la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE) adscrita a la Fiscalía Especial contra la Corrupción y la Criminalidad Organizada para que, «en relación con la
documentación aportada por la Dirección General de Carreteras y por la Administración de Infraestructuras Ferroviarias (ADIF), emitiera informe sobre los diferentes expedientes de contratación, el procedimiento de adjudicación de los contratos y su ejecución, incluyendo las modificaciones que se hayan podido producir en los mismos. Informe que, lógicamente, está pendiente todavía de ser presentado».
Y finaliza el auto del Supremo explicando que «así las cosas, hasta el momento presente no consta en esta causa especial que ninguna de las obras públicas referidas hubiera comprometido
fondos procedentes de la Unión Europea, aunque, evidentemente, no puede tampoco descartarse dicha eventualidad».
