Los vecinos de Benicalap llevan al Ayuntamiento de València a los tribunales por un apartahotel de 38 habitaciones

EN 30 SEGUNDOS

  • ¿Qué ha pasado? La comunidad de propietarios de Carlos Cortina 5, en Benicalap, ha presentado un recurso de reposición contra la licencia ambiental del apartahotel de 38 habitaciones y 93 plazas que ocupa sus bajos.
  • ¿Quién está detrás? La promotora Business Decision And Advice SLU, el Ayuntamiento de València y los residentes de un edificio de 66 viviendas y unos 120 vecinos.
  • ¿Qué impacto tiene? Si el Ayuntamiento de València no responde en el plazo de un mes o desestima el recurso, la comunidad dará el salto al contencioso administrativo y pedirá la paralización inmediata de las obras.

Los vecinos de Benicalap impugnan la licencia del apartahotel de 38 habitaciones que ocupa los bajos de su edificio. La comunidad de propietarios de Carlos Cortina 5 ha presentado un recurso de reposición contra el permiso concedido el pasado 28 de mayo y ya prepara la vía judicial.

El escrito, registrado el 2 de octubre, sostiene que la licencia ambiental es nula de pleno derecho y enumera cinco motivos. Entre ellos, la caducidad de la declaración responsable que habilitó el arranque de las obras y la omisión de trámites esenciales durante la tramitación.

Dos solicitudes, una moratoria y un recorte de metros sospechoso

Business Decision And Advice SLU pidió una primera licencia el 27 de mayo de 2024, un día antes de que el Ayuntamiento de València aprobara la moratoria que suspendía nuevos permisos para apartamentos turísticos. Aquella solicitud quedó en suspenso y acabó denegada en julio de 2026: el consistorio consideró que el uso terciario hotelero no podía implantarse en ese emplazamiento.

La promotora volvió a la carga en noviembre de 2025. La diferencia formal fue la superficie. La primera petición abarcaba 1.777 metros cuadrados en planta baja; la segunda se extendía sobre 1.270 metros en planta baja y 367 en entreplanta, que la empresa consideraba no computables. Quedaban 188 metros cuadrados fuera del ámbito de intervención.

Para la comunidad, ese recorte fue puramente cosmético. El recurso sostiene que se presentó una nueva versión del mismo proyecto para encajar en la excepción normativa y conseguir así el permiso. Y añade un dato revelador: en septiembre de 2026, el propio Ayuntamiento de València constató que la promotora actuaba también sobre esos 188 metros que debían quedar al margen. La comunidad lo califica de fraude de ley.

Una licencia que recorta metros en el papel y los recupera en la obra no es un ajuste técnico: es el fraude de ley que la comunidad denuncia.

El recurso señala además que los vecinos no fueron notificados personalmente ni tuvieron audiencia previa, un trámite esencial de la licencia ambiental. En el expediente, según el escrito, solo consta un informe del Servicio de Sanidad y Consumo y una Ponencia Técnica Municipal de Análisis Ambiental que, a juicio de los residentes, se limita a dar por buenas las medidas correctoras sin evaluarlas en detalle.

Un edificio de 66 viviendas frente a 93 plazas turísticas

La comunidad considera especialmente relevante la escala del proyecto: 38 habitaciones y 93 plazas dentro de un edificio residencial de 66 viviendas y unos 120 vecinos. Por eso sostiene que debieron recabarse informes específicos sobre seguridad contra incendios, residuos, accesibilidad, ruidos y vibraciones, además de pronunciamientos autonómicos en materia de vivienda, y turismo.

alojamientos turísticos València

El último argumento es quizá el más contundente. La declaración responsable de obras se presentó el 28 de noviembre de 2025 con un plazo de ejecución de nueve meses. Según el recurso, las obras empezaron incluso antes, el 28 de octubre de 2025. Transcurridos esos nueve meses, la comunidad sostiene que la declaración responsable habría caducado y las obras carecerían de título habilitante. La licencia ambiental posterior, subraya, no puede renovar por sí sola un título distinto.

El caso de Carlos Cortina 5 no llega solo. La misma promotora ejecuta proyectos similares en otros dos residenciales cercanos, Carlos Cortina 2 y Encarna Albarracín, donde también se han alterado fachadas en elementos comunes para abrir ventanales sin permiso de las comunidades. La firma tiene otros dos proyectos en marcha en Torrefiel y La Raiosa. Sus servicios jurídicos corresponden al despacho Soriano i Piqueras, cofundado por Víctor Soriano, asesor adscrito a la Secretaría Primera del Senado de Eva Ortiz (PP).

El Escenario Valenciano

Benicalap es un episodio más de una tensión que recorre toda València: la presión de los alojamientos turísticos sobre el suelo residencial. El consistorio aprobó en mayo de 2024 una moratoria para frenar nuevos apartamentos turísticos, pero los vecinos de barrios como Benicalap, Torrefiel o La Raiosa sostienen que los proyectos siguen colándose por las grietas de la norma. La comunidad de Carlos Cortina 5 ha dado ya el primer paso formal: si el Ayuntamiento no responde en el plazo de un mes —a comienzos de noviembre— o desestima el recurso, el caso saltará al contencioso administrativo.

La dimensión va más allá de un barrio. València se ha convertido en uno de los escenarios donde mejor se mide el pulso entre turismo y vivienda, el mismo debate que recorre Barcelona, Málaga o Baleares. Y la política añade una capa: entre los servicios jurídicos de la promotora figura un asesor del Senado vinculado al PP. Los vecinos no piden gran cosa, en el fondo. Solo que se revise si los permisos se ajustan a la ley.

Ficha del Caso

  • El caso: La comunidad de propietarios de Carlos Cortina 5, en Benicalap, impugna la licencia ambiental del apartahotel de 38 habitaciones instalado en los bajos del edificio.
  • Datos importantes: Recurso presentado el 2 de octubre; licencia concedida el 28 de mayo; la primera solicitud abarcaba 1.777 metros cuadrados y la segunda 1.270 más 367 en entreplanta, con 188 metros que debían quedar fuera.
  • Resumen: Si el Ayuntamiento no responde en un mes, el caso pasará al contencioso administrativo y los vecinos pedirán la paralización inmediata de las obras.

El turismo de Ourense roza el lleno en el puente del Pilar con una ocupación hotelera del 95% en Ribeira Sacra

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El turismo de Ourense roza el lleno en el puente del Pilar, con una ocupación media del 95% en los alojamientos tradicionales.

EN 30 SEGUNDOS

  • ¿Qué ha pasado? La ocupación media del alojamiento tradicional de la provincia de Ourense alcanza el 95% durante el puente, con la capital y el Parador de Santo Estevo al 100%.
  • ¿Quién está detrás? El sector hostelero y termal de la provincia, con la red de balnearios de Caldaria y los alojamientos de la Ribeira Sacra como principales polos.
  • ¿Qué impacto tiene? Tres días de lleno que prolongan un verano récord y refuerzan el discurso de la Xunta sobre el turismo de interior.

Un puente del Pilar con el cartel de completo en Ourense

El calendario juega a favor del sector hostelero ourensano: festivo en lunes, buena previsión meteorológica y tres jornadas que prolongan un verano histórico, con 229.427 pernoctaciones entre junio y agosto, el mejor registro conocido en la provincia.

En la capital, la práctica totalidad de los alojamientos ha colgado el cartel de completo. El Hotel Novo Cándido tiene todas sus habitaciones reservadas y mantiene los precios de cualquier otro fin de semana. Lo mismo ocurre en el Hotel Princess, el Grelo Hostel y el Hotel Zarampallo.

El Hotel Francisco II confirma la misma dinámica, con un matiz que interesa al sector: la noche del lunes afloja y el martes vuelve a subir. Entre semana, la mayoría de sus huéspedes viaja por trabajo, no por ocio.

Fuera de la ciudad, el mapa se repite. La ocupación media del alojamiento tradicional —hoteles, hostales, y casas de turismo rural— alcanza el 95% en el conjunto de la provincia. En la Ribeira Sacra, el Parador de Santo Estevo afronta el festivo con el 100% de sus plazas reservadas.

El puente del Pilar confirma en Ourense algo que el sector repite desde hace años: el turismo de interior ya no depende solo del verano.

El termalismo funciona como motor propio. Según los datos de la red de balnearios de Caldaria, sus instalaciones de Lobios arrancaron el viernes con un 80% de ocupación y escalan al 95% a lo largo de este sábado y del domingo. En el balneario de Laias esperan cerrar el puente en torno al 80% y rozar el lleno absoluto en la jornada central.

Termalismo, viviendas turísticas y el salvavidas de la última hora

Con la hostelería tradicional y rural al límite, la válvula de escape son las viviendas de uso turístico, una modalidad que la Xunta de Galicia (el gobierno autonómico gallego, con sede en Santiago de Compostela) regula desde 2017 mediante un decreto publicado en el DOG (el Diario Oficial de Galicia). En la provincia registran un 75% de ocupación, así que queda un cuarto de plazas libres para quien decide viajar a última hora.

El perfil del visitante se repite: turismo de proximidad y viajeros llegados de otras provincias españolas, muchos de ellos por la conexión de alta velocidad con Madrid. A ese flujo se suma un volumen notable de visitantes portugueses, que encuentran en Ourense una escapada corta y accesible.

El impacto no se queda en las habitaciones. Los tres días de puente riegan también la restauración y el comercio del casco histórico, de los municipios termales y de los concellos (municipios) de la Ribeira Sacra.

El Laboratorio Gallego

Los datos llegan a la política gallega en un momento sensible. El PPdeG (el Partido Popular de Galicia, la formación gobernante con mayorías absolutas consecutivas desde 2009) afronta en las próximas semanas la tramitación de los presupuestos autonómicos de 2027, y el turismo es una de las partidas que la Xunta reivindica cada año como motor de la economía provincial.

En el Parlamento de Galicia (la cámara legislativa unicameral gallega, con 75 deputados) nada se ha movido desde 2024: 40 escaños del PPdeG, 25 del BNG (el Bloque Nacionalista Galego, primera fuerza de la oposición), 9 del PSdeG (la federación gallega del PSOE) y uno de Democracia Ourensana, la formación municipalista que gobierna en Ourense.

La dimensión nacional también está sobre la mesa. El turismo de interior y la desestacionalización son argumentos que el PP maneja en toda España, y Galicia aparece en ese relato como banco de pruebas: primero el termalismo y la Ribeira Sacra, después otras provincias del interior. Los destinos de sol y playa dependen menos del calendario; los de interior viven o mueren con él.

La incógnita es la misma de siempre: un puente sin sol o un festivo mal colocado deja las cifras a la mitad. Y queda el asunto de los meses valle, de enero a marzo, en una provincia que ronda los 300.000 habitantes y busca en el turismo una palanca frente a la pérdida de población. El sector mira ya al puente de diciembre y a la candidatura de la Ribeira Sacra a Patrimonio Mundial, pendiente aún de tramitación.

Ficha del Caso

  • El caso: El puente del Pilar llega a Ourense con el festivo en lunes y buen tiempo, y el sector roza el lleno en hoteles, casas rurales y balnearios de la provincia.
  • Datos importantes: 95% de ocupación media en alojamiento tradicional; 100% en el Parador de Santo Estevo; 80%-95% en los balnearios de Caldaria en Lobios; 75% en viviendas de uso turístico; 229.427 pernoctaciones entre junio y agosto.
  • Resumen: Un fin de semana récord prolonga el mejor verano del sector y refuerza el discurso de la Xunta sobre el turismo de interior, antes de los presupuestos autonómicos de 2027.

La Junta expropia 4,7 hectáreas para el área logística de Majarabique en Sevilla y prevé obras en 2027

La Junta ha iniciado la expropiación de 4,7 hectáreas en Sevilla y La Rinconada para el área logística de Majarabique. El expediente afecta a 24 propiedades y las obras deben arrancar a comienzos de 2027.

EN 30 SEGUNDOS

  • ¿Qué ha pasado? La Junta de Andalucía ha abierto el expediente de expropiación de los terrenos que faltan para urbanizar los sectores AF-2 y AF-3 de la primera fase de Majarabique.
  • ¿Dónde y quién? Las fincas se reparten entre Sevilla y La Rinconada, suman 24 propiedades y las tramita la Consejería de Fomento y Movilidad.
  • ¿Qué supone para los ciudadanos? Los propietarios afectados disponen de 15 días hábiles para presentar alegaciones y serán convocados a las actas previas de ocupación el 19 y el 26 de noviembre.

Un expediente de 24 propiedades entre dos términos municipales

El procedimiento se publicó esta semana en el BOJA (el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía) y abre la fase decisiva de un proyecto que acumula años de tramitación. Afecta a 24 propiedades situadas en Sevilla y La Rinconada, con una superficie total de 47.065 metros cuadrados.

De ese total, solo una parte se expropiará de forma definitiva. El expediente contempla 16.416 metros cuadrados de ocupación permanente, 17.991 de ocupación temporal mientras duren las obras y 12.658 metros cuadrados de servidumbres de paso, la figura que permite usar una franja de terreno sin alterar su titularidad.

El grueso de los terrenos está en La Rinconada, donde se localizan 16 de las 24 propiedades: 10.080 metros cuadrados de ocupación definitiva, 13.021 de ocupación temporal y 8.927 de servidumbres. Las ocho fincas restantes pertenecen al término municipal de Sevilla, con 6.336 metros definitivos, 4.970 temporales y 3.731 de servidumbres de paso.

Entre los titulares predominan los privados. Diecinueve de las 24 propiedades figuran a nombre de particulares o sociedades mercantiles, cuatro son de la propia Junta y una corresponde a la Comunidad de Regantes del Valle Inferior del Guadalquivir, corporación de derecho público con arraigo histórico en la vega.

La tramitación se hace por el procedimiento de expropiación urgente, porque la actuación está declarada de interés autonómico. La Junta ha abierto un periodo de información pública de 15 días hábiles para presentar alegaciones y ha convocado el levantamiento de actas previas de ocupación el 19 de noviembre para las fincas de La Rinconada y el 26 de noviembre para las de Sevilla, en la Gerencia de Urbanismo.

Majarabique no es solo suelo industrial: es la apuesta andaluza por colocar a Sevilla en el mapa logístico del sur de Europa.

Primera fase: 57 hectáreas, 35 millones y obras a comienzos de 2027

Todo esto llega después de que la Consejería de Fomento y Movilidad sacara a licitación los trabajos de urbanización, a los que se presentaron 13 empresas. La previsión del Gobierno andaluz es adjudicar el contrato antes de que finalice el año para que las máquinas entren a comienzos de 2027.

«Será una de las principales áreas logísticas del sur de Europa», sostuvo el consejero Mario Muñoz-Atanet en el Parlamento de Andalucía, la cámara legislativa unicameral andaluza, con 109 escaños. La hoja de ruta sitúa la llegada de las primeras empresas entre 2028 y 2029.

área logística Sevilla

La primera fase abarca 57 hectáreas y exige una inversión de 35 millones de euros en viales, infraestructuras y servicios. Mientras se tramitan las expropiaciones, la Agencia Pública de Puertos de Andalucía ya comercializa alrededor de 300.000 metros cuadrados de suelo logístico a un precio mínimo de 125 euros por metro cuadrado urbanizado.

Cuando se desplieguen todas las fases, el recinto alcanzará las 193,20 hectáreas —151,97 en La Rinconada y 41,23 en Sevilla—, con naves industriales, zonas de servicios especializados al transporte y una terminal ferroviaria de mercancías conectada con el puerto.

Andalucía suma hoy cinco áreas logísticas de interés autonómico que reúnen 290 hectáreas. Son el Centro de Transportes de Mercancías de Málaga, el de Sevilla, el Área Logística de la Bahía de Algeciras, la de Córdoba y la primera fase de Antequera, en servicio desde 2024 con 102 hectáreas.

La Lectura Andaluza

El Plan Especial de Ordenación del Área Logística se aprobó en junio de 2025 y, un año más tarde, en mayo de 2026, el Consejo de Gobierno autorizó el proyecto de urbanización de la primera fase. El calendario institucional ya no admite más demoras: de las 193 hectáreas previstas, solo la primera tiene fecha, y esa fecha apunta a finales de 2028 o principios de 2029.

Para quien vive en La Rinconada o en los barrios del norte de Sevilla, el proyecto se traduce en dos cosas concretas: suelo industrial y empleo. La primera fase abre 57 hectáreas a empresas de transporte, distribución y logística, un sector que demanda mano de obra en almacén, mantenimiento y conducción de mercancías. A eso se suma la transformación de la vega: buena parte de los terrenos afectados son agrícolas y la Comunidad de Regantes del Valle Inferior figura entre los titulares incluidos en el expediente.

Los próximos meses marcan el ritmo. Mientras corre el plazo de 15 días hábiles de información pública, los propietarios pueden alegar; el 19 y el 26 de noviembre se levantan las actas previas; antes de que acabe el año debe estar adjudicada la obra; y a comienzos de 2027, si el calendario se sostiene, entrarán las máquinas. Cuando Majarabique funcione a pleno rendimiento, Sevilla tendrá por fin su gran puerta logística terrestre y ferroviaria. La cuenta atrás ya está en marcha.

Salir media hora antes o librar un viernes: lo que están negociando de verdad para nuestro control horario

Media hora menos cada día o acumularla para librar el viernes: la decisión que cambia tu semana

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Media hora menos cada día o concentrar las dos horas y media semanales para librar una tarde, un viernes completo o sumar jornadas enteras de descanso. La reducción de la jornada máxima legal de 40 a 37,5 horas semanales equivale a 1.712 horas anuales frente a las 1.826 actuales, y la clave de qué semana tendrás a partir de ahora no está tanto en ese recorte como en cómo se reparte. La norma fija el límite semanal en cómputo anual, pero deja en manos de la empresa el reajuste del calendario: puede restar media hora a cada jornada de lunes a viernes, puede acumular ese tiempo en una salida anticipada o incluso gestionarlo a lo largo del año. No es una elección que decida el trabajador por defecto.

Ese margen es lo que convierte el control horario en el verdadero campo de batalla. Al medirse la jornada en promedio anual, la compañía gana capacidad para distribuir esas dos horas y media donde le interese, y ahí entran figuras como el margen de distribución irregular que el Ministerio de Trabajo llegó a poner sobre la mesa para atraer a la patronal. La ley deja intactas las vacaciones, que siguen dependiendo del convenio, y no permite compensar el recorte con días de descanso vacacional. En la práctica, la negociación colectiva —más de un millón de trabajadores ya cubiertos por convenios que rozan las 1.712 horas anuales— decide si esas dos horas y media se traducen en salir antes cada tarde o en un viernes libre al mes.

El registro horario como pieza clave: digital, obligatorio y con acceso para el trabajador

Una mujer está usando un portátil para trabajar a distancia mientras se sienta en un interior contra una pared de ladrillos.

El registro horario no es una novedad: desde mayo de 2019, el artículo 34.9 del Estatuto de los Trabajadores obliga a todas las empresas a anotar la jornada diaria de cada persona. Lo que nunca fijó aquella norma fue el formato, y ahí sigue el agujero. El real decreto que ultima el Ministerio de Trabajo —cuyo borrador se conoció en otoño de 2025 y que lleva meses atascado tras el dictamen crítico del Consejo de Estado en marzo de 2026— cierra esa vía: el registro tendrá que ser exclusivamente digital y responder a sistemas objetivos, fiables y accesibles. Fuera el papel, las hojas de firmas y el Excel editable. Cada trabajador practicará sus asientos de forma personal, directa e inmediata, y cualquier corrección necesitará la autorización de empresa y empleado, dejando una huella indeleble con autoría y fecha. El Gobierno sostiene que lo aprobará de forma inmediata.

Pero la pieza que de verdad cambia el equilibrio es el acceso. El proyecto obliga a que cada persona pueda consultar y obtener copia de su registro en cualquier momento y, como mínimo, desde su puesto de trabajo, además de recibir un resumen mensual junto a la nómina. Los representantes sindicales y la Inspección de Trabajo tendrán acceso remoto e inmediato, y los datos deberán conservarse cuatro años. El objetivo declarado por Trabajo es atajar el fraude: más de 2,5 millones de horas extraordinarias sin pagar cada semana, según las cifras que maneja el Ministerio. Con un sistema trazable, esas horas dejan de depender de la palabra de la empresa y se convierten en prueba. El incumplimiento ya se sanciona como infracción grave, con multas de 751 a 7.500 euros, y la manipulación de los fichajes puede alcanzar los 10.000 euros por trabajador. CEOE y Cepyme amenazan con recurrir la norma, y las pymes advierten del coste y de la falta de cobertura en el medio rural.

La bolsa de horas y la distribución irregular: cuánto puede mover la empresa arriba y abajo tu jornada

Reloj de pared cuadrado blanco que muestra las 10:10 sobre un fondo azul, perfecto para temas de diseño minimalistas y modernos.

El margen real que una empresa tiene para mover tu horario arriba y abajo está en el artículo 34.2 del Estatuto de los Trabajadores: salvo que el convenio diga otra cosa, puede repartir de forma irregular hasta un 10% de la jornada anual. Sobre 1.826 horas al año —la referencia de las 40 horas semanales— eso son unas 182 horas; si la jornada baja a 37,5 horas, con 1.712 horas anuales, se quedan en 171. Pero el porcentaje no es rígido: el convenio colectivo o un acuerdo de empresa pueden subirlo o bajarlo, y en la práctica hay convenios que autorizan 145, 200 e incluso 300 horas al año. Esta bolsa ha sido una de las fichas de la negociación de las 37,5 horas: Trabajo llegó a ofrecer que, durante la transición, el 10% se siguiera calculando sobre la jornada previa al recorte, y Fedea propone bolsas pactadas que oscilen entre las 37,5 y las 40 horas semanales.

El uso de la bolsa no es libre. La empresa debe comunicar el día y la hora con al menos cinco días de antelación —la Audiencia Nacional anuló en febrero de 2025 una cláusula que lo rebajaba a 48 horas—, respetar las 12 horas de descanso entre jornadas y el descanso semanal, y no superar los topes diarios: lo habitual es ampliar un máximo de dos horas, con un techo de 9 o 10 horas de trabajo efectivo, aunque algunos convenios llegan a las 12. Las diferencias por exceso o defecto deben quedar compensadas en un plazo de doce meses, prorrogable si así se pacta. Y no son horas extraordinarias: no se pagan con recargo, se devuelven con descanso, salvo que no se compensen a tiempo, en cuyo caso sí se consideran extras y hay que abonarlas. Aplicada sin respetar esos límites, la empresa se expone a que la medida se impugne como modificación sustancial de condiciones de trabajo.

Ley o convenio: quién decide la rebaja y qué margen se deja a la negociación colectiva

Dos abogados discuten documentos con un cliente preocupado en un entorno de oficina profesional.

El nudo del debate no es solo cuánto bajar, sino quién lo decide. El proyecto de ley de Trabajo fijaba la jornada máxima legal en 37,5 horas semanales de promedio anual (1.712 horas), sin merma salarial, pero dejaba que los convenios pactaran jornadas inferiores: la norma actuaba como suelo inderogable, no como techo. La CEOE y CEPYME lo rechazaron por invadir la autonomía de la negociación colectiva que consagra el artículo 37.1 de la Constitución, y defendieron que la duración del tiempo de trabajo se pacte en las mesas. La clave jurídica es que la jornada máxima del artículo 34.1 del Estatuto es norma imperativa: si el umbral baja por ley, los convenios con jornadas entre 1.826 y 1.712 horas anuales quedarían afectados de forma sobrevenida. El 10 de septiembre de 2025 el Congreso devolvió el texto al Gobierno por 178 votos frente a 170.

Ahí se mide el margen real que queda al convenio. El Consejo Económico y Social reclamó un régimen transitorio suficiente para que los convenios vigentes se adaptaran, y el texto fijaba hasta el 31 de diciembre de 2025 para hacerlo. La negociación colectiva no partía de cero: la jornada media pactada en 2024 fue de 1.746,5 horas anuales (1.707,4 en convenios de empresa y 1.749 en los de ámbito superior), por debajo de las 1.826 que resultan de las 40 horas. El reparto es desigual: en torno al 12% de las personas cubiertas por convenio tenía jornada inferior a 37,5 horas, frente al 88% que la superaba. Y en las mesas se concreta cómo se disfruta el tiempo ganado: recortar media hora cada día o acumularlo para librar un viernes, una decisión que engancha con la distribución irregular del artículo 34.2 del Estatuto.

Multas, Inspección y represalias: qué arriesga la empresa que no cumple

Un oficial de policía uniformado escribe una multa a un conductor a través de la ventana del coche en un día soleado.

La foto actual la da la propia Inspección de Trabajo y Seguridad Social: en 2024 cerró 1.869 infracciones por control de registro de jornada, con sanciones por 2,99 millones de euros y 21.649 trabajadores afectados, a las que sumó otras 13.681 por tiempo de trabajo y horas extraordinarias valoradas en 17,2 millones. En conjunto, más de 20 millones, un 9% más que el año anterior. La multa tipo por no llevar bien el registro no es una cifra astronómica: la LISOS lo tipifica como infracción grave con una horquilla de 751 a 7.500 euros (hasta 1.500 en grado mínimo, 3.750 en medio y 7.500 en máximo), y en 2024 el acta media rondó los 1.600 euros. La clave es que esa sanción se impone a la empresa, no se multiplica por cada empleado: el número de trabajadores perjudicados solo sirve para graduarla hacia el tramo alto. Donde se dispara es en la obstrucción a la inspección, tipificada aparte con multas de hasta 225.018 euros.

Ese régimen es, precisamente, el que sigue bloqueado. El Congreso devolvió al Gobierno el proyecto de reducción de jornada el 11 de septiembre de 2025 (178 votos a favor y 170 en contra) que preveía elevar las multas a entre 1.000 y 10.000 euros y aplicarlas por cada persona afectada. El posterior proyecto de real decreto del registro horario digital, que pasó audiencia pública en octubre de 2025, sigue sin publicarse en el BOE y en ningún caso puede tocar las cuantías, porque exigirían rango de ley. A la multa administrativa se suman otros costes: la Inspección puede regularizar cotizaciones hasta cuatro años atrás si detecta horas extra sin declarar, y un recargo del 30% al 50% sobre las prestaciones si un accidente se relaciona con el exceso de jornada. Y hay un riesgo extra: represaliar a quien denuncia. La garantía de indemnidad convierte en nulo el despido reactivo, como confirmó el Supremo en 2025 en el caso del conductor de ambulancias cesado tras negarse a hacer horas extra y acudir a la Inspección: nulidad, readmisión, salarios de tramitación y 6.000 euros de indemnización.

Una base de datos recupera la memoria de más de 400 científicos valencianos represaliados por el franquismo

Más de 400 médicos y científicos valencianos represaliados por el franquismo ya tienen nombre, biografía y expediente en un archivo digital abierto.

Cuatrocientos nombres que el franquismo quiso borrar

El catedrático emérito de Historia de la Ciencia de la Universitat de València Josep Lluís Barona ha liderado durante más de tres décadas un equipo que ha construido esa base de datos, bautizada como Ciencia represaliada. Según la propia institución académica, es la primera de estas características y puede consultarse en abierto en medcieval.uv.es.

La base aplica una definición amplia de lo que fue un profesional depurado. Reúne a médicos, enfermeros, practicantes, comadronas, farmacéuticos, y odontólogos, pero también a biólogos, arqueólogos, físicos, químicos, naturalistas, matemáticos, ingenieros y arquitectos. Todos vieron truncada su carrera durante la guerra civil y, sobre todo, en la posguerra.

El objetivo, explica Barona en un comunicado difundido por la Universitat de València, no es solo reivindicar a las figuras más eminentes de la medicina valenciana, como Joan Baptista Peset —rector y académico fusilado en 1941 en el cementerio de Paterna—, o a José Puche, Luis Urtubey y José Chabás. Es también “poner nombre y rostro” a los cientos de anónimos y reconstruir su proceso de penalización.

Las jornadas de presentación se celebraron en el Instituto López Piñero, donde varios investigadores expusieron sus trabajos sobre el exilio y la represión. Del equipo forman parte el pediatra Joan Lloret, el profesor jubilado Àlvar Martínez, el catedrático Josep Bernabeu (Universidad de Alicante) y el historiador Àngel Beneito. El proyecto cuenta con fondos del Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática.

La represión franquista no fusiló solo a personas: borró a generaciones enteras de conocimiento y condenó a Valencia a olvidar a quienes mejor podían cuidarla.

Entre las historias recuperadas está la de Cecilia Sanz Sanz, una de las pocas mujeres del catálogo. Su bisnieta, la investigadora Isabel Ortega, la ha reconstruido desde México. Nacida en Xàtiva e hija del director del hospital Ernesto Sanz Roselló, fue secretaria de algunas células del PCE valenciano y médico en el ejército republicano. En 1939 cruzó la frontera francesa y se enroló hacia América. Hoy un festival en Tampico lleva su nombre.

Una pérdida irreparable que todavía pesa en la sanidad valenciana

La depuración dejó una huella que va mucho más allá de lo simbólico. “El franquismo supuso un empobrecimiento general en todos los saberes, una ruptura personal y colectiva y una pérdida irreparable”, señaló Joan Lloret durante la presentación. Hospitales sin personal formado, cátedras sin titulares y laboratorios cerrados: el rastro de esa fractura se arrastró durante décadas en la Comunitat Valenciana.

Este archivo llega en un momento de revisión de la memoria democrática en toda España. La Ley 20/2022 de Memoria Democrática impulsó censos y reparaciones, y la depuración del magisterio ya estaba documentada a escala nacional. Sin embargo, esta es la primera base dedicada en exclusiva al personal sanitario y científico, un sector menos estudiado que el educativo.

El Escenario Valenciano

El proyecto aterriza en una comunidad gobernada desde diciembre de 2025 por el Consell de Pérez Llorca, la coalición de PP y Vox presidida por Juanfran Pérez Llorca. La memoria histórica es, desde hace años, un campo de fricción constante entre los socios. Mientras el PP mantiene un discurso institucional de homenaje, Vox ha cuestionado de forma reiterada el gasto público en políticas de memoria.

La paradoja es nítida: quien financia el catálogo es el Gobierno central, a través del Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática, y quien lo alberga es la Universitat de València, una institución pública. La oposición de PSPV y Compromís ha reclamado en las Corts (el parlamento unicameral valenciano, con 99 escaños) más recursos para preservar este legado, mientras el Ejecutivo de Pedro Sánchez mantiene la memoria democrática entre sus prioridades.

El 85 aniversario del fusilamiento de Joan Baptista Peset, que se conmemora a lo largo de 2026, ha devuelto su figura al primer plano. Los responsables del proyecto prevén seguir incorporando expedientes y abrir nuevas vías de investigación, sobre todo para corregir la enorme brecha documental de las mujeres. La memoria, aquí, se escribe con nombres propios.

Ficha del Caso

  • El caso: Una base de datos impulsada por el catedrático Josep Lluís Barona recupera la memoria de más de 400 médicos, científicos y académicos valencianos represaliados por el franquismo.
  • Datos importantes: El catálogo, titulado Ciencia represaliada, se consulta en medcieval.uv.es, se apoya en más de tres décadas de investigación y recibe fondos del Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática.
  • Resumen: El archivo pone nombre y biografía a una represión que vació de profesionales la sanidad y la ciencia valencianas, y reabre el debate político sobre la memoria democrática en la Comunitat Valenciana.

Paradores y casas rurales bajan precios en el puente de noviembre: 4 escapadas de interior por menos de 50€ la noche

Parador de Alarcón (Cuenca): dormir en un castillo del siglo XV por menos de 50 €

a stone castle with a flag on top

El Parador de Alarcón ocupa uno de los castillos mejor conservados de la provincia de Cuenca, una fortaleza con más de trece siglos de historia encaramada al Pico de los Hidalgos, sobre una hoz del río Júcar. Su origen se remonta al siglo VIII, cuando los musulmanes levantaron aquí una ciudadela para controlar el paso hacia la Meseta; en 1184 pasó a manos cristianas tras el asedio de Alfonso VIII y, ya en la Baja Edad Media, fue señorío del infante don Juan Manuel, el noble que escribió El Conde Lucanor. El conjunto, declarado Bien de Interés Cultural en 1992, conserva las tres líneas de muralla originales, el antiguo patio de armas reconvertido en jardines y una torre del homenaje de traza renacentista que corona la silueta del pueblo desde cualquier punto del entorno.

Dormir aquí no se parece a alojarse en un hotel al uso. Es el Parador más pequeño de toda la red, con solo 14 habitaciones, lo que lo convierte también en el más íntimo y tranquilo. Las estancias conservan arcos apuntados, artesonados de madera, tapices y techos de piedra, y en la cima de la torre del homenaje se encuentra la habitación 106, dedicada a don Juan Manuel. Al castillo se accede atravesando las puertas medievales del Campo, del Calabozo y del Bodegón, y su restaurante sirve cocina manchega tradicional, del morteruelo conquense a la perdiz en escabeche. Inaugurado como Parador en 1966, es hoy una de las noches más singulares del patrimonio hotelero español.

Las tarifas de Paradores son dinámicas y varían según la demanda y la disponibilidad, de modo que el puente de noviembre, con el turismo de interior todavía en temporada baja, es uno de los momentos en que este tipo de alojamiento se puede encontrar más rebajado. Ese es el argumento que lo sitúa en esta selección: un castillo monumental a precio de escapada sencilla, siempre sujeto a las fechas que se elijan y a que queden habitaciones libres en un establecimiento con tan pocas plazas.

Casa rural con chimenea en la Sierra de Gredos (Ávila)

a stone bridge over a body of water

La sierra abulense concentra varias casas de alquiler íntegro con chimenea cuyas tarifas arrancan por debajo de los 20 euros por persona y noche, lo que permite a una pareja dormir por menos de 50 euros. Es el caso de Casa Rural Brincalobitos, en Hoyos del Espino y en plena carretera de acceso al Parque Regional: 19 euros por persona, dos habitaciones, cinco plazas y un salón con chimenea que se alimenta con la leña que la casa facilita sin coste añadido. En Navarredonda de Gredos, Casa El Cuco parte de 20 euros por persona para cuatro plazas y tiene el salón presidido por un muro de piedra labrada, con sofás frente al fuego y jardín exterior. La misma localidad acoge Casa Rural El Sobrao, desde 19 euros y seis plazas, y El Tinao de Gredos, sobre un antiguo tinao de piedra y madera, con leña gratuita y capacidad para ocho. Otra opción ajustada para dos es La Plazuela, en Navalguijo, una casa pequeña de fachada de piedra con chimenea junto al sofá desde 25 euros por persona. Son precios «desde», sujetos a temporada y ocupación.

El reclamo no es solo económico. Estas viviendas se sitúan a las puertas del Parque Regional de la Sierra de Gredos, un terreno de cumbres, gargantas, pinares y lagunas glaciares, y varias están en el casco o a pocos minutos de pueblos con servicios. Desde Hoyos del Espino arranca la ruta de la Plataforma de Gredos hacia la Laguna Grande y el Circo, y el río Tormes regala piscinas naturales como la del Puente del Duque; Navarredonda, además, fue sede del primer Parador Nacional de Turismo. En noviembre el frío aprieta en la zona, con heladas frecuentes y posibilidad de nieve en las cotas altas, de modo que la chimenea deja de ser un detalle decorativo y se convierte en el centro de la estancia. Los portales del sector advierten de que los puentes de otoño están entre los momentos de mayor demanda en la comarca, por lo que conviene reservar con antelación si se busca una de estas tarifas.

Parador de Úbeda (Jaén): un palacio renacentista en una ciudad Patrimonio de la Humanidad

Precioso patio de estilo renacentista en Úbeda, resaltando la arquitectura histórica.

El Parador de Úbeda ocupa el Palacio del Deán Ortega, una casa nobiliaria del siglo XVI levantada por orden de Fernando Ortega Salido, deán de la catedral de Málaga y primer capellán de la Sacra Capilla del Salvador, en plena plaza Vázquez de Molina. La traza se atribuye a Andrés de Vandelvira, el gran arquitecto del Renacimiento andaluz, con intervención del arquitecto real Luis de la Vega. Fue el primer palacio de España convertido en parador, y también uno de los más veteranos de la red: puso en marcha su actividad durante el reinado de Alfonso XIII y abrió sus puertas en 1930. Conserva 36 habitaciones y un patio central de doble galería con esbeltas columnas de mármol, de herencia nazarí, considerado uno de los más elegantes de Andalucía.

Su ubicación es el otro gran argumento. La plaza Vázquez de Molina, presidida por la Sacra Capilla del Salvador y por el palacio que hoy es sede del ayuntamiento, reúne un conjunto de edificios civiles y religiosos levantados entre 1530 y 1580 que la UNESCO considera el mayor conjunto renacentista de España. Úbeda y la vecina Baeza, a apenas nueve kilómetros, fueron declaradas Patrimonio de la Humanidad el 3 de julio de 2003 por el papel de sus ejemplos de arquitectura y urbanismo del siglo XVI en la difusión de las ideas renacentistas, incluida su influencia en América Latina. El parador funciona además como puerta de entrada a los parques naturales de Cazorla, Segura y las Villas, y de Sierra Mágina, y sus tarifas variables según temporada lo sitúan entre las escapadas de interior más asequibles fuera de los meses de mayor demanda.

Casa rural en la Ribeira Sacra (Lugo): viñedos en terrazas sobre el Sil

brown and white concrete house near green trees and mountain during daytime

Pocos paisajes justifican por sí solos una escapada de otoño como los bancales de la Ribeira Sacra. Entre Lugo y Ourense, el río Sil excava un cañón de paredes casi verticales que los viticultores han ido cubriendo de socalcos, terrazas de piedra donde la vid se trabaja a mano sobre pendientes que en algunos tramos superan el 70%. Es la llamada viticultura heroica, un distintivo que comparten muy pocas regiones del mundo y que aquí firma tintos de mencía y blancos de godello. El conjunto fue declarado Reserva de la Biosfera en 2022 y aspira al sello de Patrimonio Mundial de la Unesco, además de conservar la mayor concentración de románico rural de Europa. El paisaje se contempla desde miradores como los Balcones de Madrid o Cabezoás, o desde el catamarán que recorre el cañón desde el embarcadero de Doade.

Alojarse en esa misma ladera es lo que convierte el viaje en algo distinto, y ahí estas casas rurales juegan su baza en el puente de noviembre. En núcleos como Doade y Francos (Sober), Chantada o Ferreira de Pantón abundan las casas de granito y pizarra rehabilitadas, con chimenea de leña, cocina equipada y terrazas orientadas a los viñedos; algunas, como Casa do Estevo, superan los dos siglos de historia. Los precios en temporada baja arrancan en torno a 23-27 euros por persona y noche en alojamientos de alquiler íntegro, bastante por debajo del umbral de 50 euros, y la disponibilidad es amplia de octubre a mayo. A ello se suma el Outono Gastronómico de la Xunta, que hasta el 21 de diciembre combina estancia y menús de temporada, y la cercanía a bodegas de la D.O., al monasterio de Santo Estevo —hoy Parador— y a los embarcaderos del Sil.

Por qué bajan los precios este puente (y cómo reservar sin sorpresas)

El primer motivo es de calendario. El puente de noviembre llega con la temporada alta ya cerrada y la vista puesta en diciembre y la Navidad, así que el interior afronta unos días con menos presión de demanda que el verano. Paradores lo aprovechó con su campaña de otoño: 49 establecimientos con habitaciones desde 80 euros para viajar hasta el 23 de diciembre, con tarifas escalonadas en 89, 93 y 97 euros según el parador. En el entorno de Madrid, Gredos partía de 80 euros y Segovia, de 89. La ventana de compra se cerró el 23 de octubre, y sí admitía el puente de Todos los Santos, pero dejaba fuera el Pilar y la Navidad. En el medio rural, las patronales sitúan la ocupación de los puentes de otoño entre el 60% y el 65%, una horquilla que deja plazas libres y empuja a ajustar precios.

Ahorrar sin sustos exige leer la letra pequeña. La tarifa promocional de Paradores es no reembolsable: para conseguir el descuento hay que abonar con tarjeta el importe íntegro de la reserva como depósito de garantía, y ese dinero no se devuelve ni permite cambiar de fechas. Tampoco conviene dar por hecho lo que entra. El 15% de rebaja en el desayuno solo se aplica si se contrata junto al alojamiento, y si la estancia incluye la noche del sábado puede exigirse un mínimo de dos noches consecutivas. Los impuestos autonómicos o locales, como las tasas turísticas, se liquidan aparte en el propio establecimiento. Para los niños, Paradores mantiene la cama supletoria gratuita y el desayuno a mitad de precio hasta los 12 años. En las casas rurales, conviene comprobar si el precio es por persona o por vivienda y las condiciones de anulación, porque las ofertas más agresivas suelen ser también las más rígidas.

El 30% de los presos padece alguna patología mental

Con motivo del Día Mundial de la Salud Mental, que se conmemora este 10 de octubre, ACAIP-UGT, sindicato mayoritario en el ámbito penitenciario, quiere poner el foco en la crítica realidad que atraviesan las prisiones españolas, donde la salud mental se ha convertido en uno de los problemas estructurales más graves y desatendidos del sistema penitenciario. El 30 por ciento de los presos padece algún tipo de enfermedad mental.

Más del 30% de la población reclusa en España padece algún tipo de patología mental o se encuentra bajo tratamiento psicofarmacológico. Sin embargo, esta realidad choca con el colapso asistencial de las prisiones: el déficit de personal médico supera ya el 77% de las plazas, según datos del portal de transparencia de octubre de 2026, con prisiones como Alicante II, Burgos, Cáceres, El Dueso, Jaén, Valdemoro o Zuera, que no cuentan con ningún médico en la plantilla. Un problema que no resuelve Instituciones Penitenciarias.

El medio penitenciario es de por sí un entorno cerrado, hostil y de alto impacto psicológico. La privación de libertad, la ruptura de vínculos y la incertidumbre actúan como un severo estresor ambiental capaz de activar patologías psiquiátricas latentes o de actuar como disparador de graves cuadros depresivos y trastornos de adaptación.

En este contexto, «la ausencia casi total de facultativos hace inviable realizar una detección precoz en el momento del ingreso. En muchos casos, la enfermedad mental de un interno no se identifica a través de una evaluación médica preventiva, sino de forma reactiva, una vez que ya ha protagonizado un altercado grave, un intento autolesivo o una agresión. A esto se suma la imposibilidad de llevar un seguimiento
continuado de los tratamientos prescritos, lo que provoca descompensaciones psiquiátricas en el interior de los módulos ordinarios», añaden desde ACAIP.

Desatención de las patologías mentales

La desatención médica redunda directamente en el deterioro de la seguridad en los centros penitenciarios. Un porcentaje muy significativo de los incidentes regimentales, episodios de violencia y agresiones que se registran a diario en las prisiones son protagonizados por reclusos que sufren alteraciones mentales no tratadas o descompensadas.

Los empleados públicos penitenciarios se ven obligados a gestionar en primera línea brotes psicóticos, crisis de agresividad descontrolada o conductas autolesivas sin contar con la formación clínica especializada ni los medios adecuados para el manejo psiquiátrico. Esta sobreexposición diaria convierte los módulos en un entorno de alto riesgo para la integridad física de los trabajadores, que deben suplir con su propia seguridad las carencias del sistema sanitario.

Desde ACAIP-UGT insisten en que, «si bien existen programas específicos de atención integral a enfermos mentales (como el PAIEM), los centros penitenciarios ordinarios no reúnen las condiciones estructurales ni asistenciales para funcionar como centros psiquiátricos. El sistema apenas dispone de dos hospitales psiquiátricos penitenciarios (Sevilla y Alicante-Fontcalent), concebidos para medidas de seguridad judiciales por lo que se deriva el grueso de la patología psiquiátrica crónica a módulos y enfermerías sin facultativos ni medios suficientes en centros ordinarios».

Asimismo, ACAIP-UGT urgen al «cumplimiento de la Disposición Adicional Sexta de la Ley 16/2003 de Cohesión y Calidad del Sistema Nacional de Salud, que fijaba hace más de dos décadas la transferencia de la sanidad penitenciaria a las comunidades autónomas; un mandato legal sistemáticamente incumplido mientras el servicio sanitario penitenciario agoniza.

Por todo ello, desde el sindicato «exigimos a las administraciones competentes, en un contexto de elecciones próximas el compromiso para una solución urgente e inmediata a la sangría de personal médico, un refuerzo real de los recursos especializados de salud mental y la dotación a la plantilla de las herramientas, protocolos y formación necesarias para que ni la salud de las personas privadas de libertad ni la vida de los trabajadores sigan estando en permanente peligro».

Los policías alertan de que las delegaciones de Gobierno no avisan de las manifestaciones por Maricarmen

Los policías denuncian la grave ausencia de órdenes de servicio e instrucciones operativas por parte de distintas delegaciones y subdelegaciones del Gobierno para la planificación de dispositivos de orden público, una situación constatada especialmente en Madrid y que, según la información recabada por la organización sindical, también afecta a otros territorios.

La situación resulta especialmente alarmante por la falta de información a la Policía Nacional sobre manifestaciones comunicadas, concentraciones y otros acontecimientos que pueden afectar al orden público. Desde el sindicato Jupol , advierten que «privar a los responsables policiales de la información y de las instrucciones necesarias para planificar sus dispositivos compromete la anticipación, la
coordinación y la capacidad de respuesta de las unidades encargadas de garantizar la seguridad ciudadana y el orden público».

Jupol subraya que nunca había conocido una situación de estas características. Ni siquiera en anteriores periodos con un Gobierno en funciones se había producido, según la experiencia de la organización sindical, una interrupción de los procedimientos habituales para organizar los servicios policiales ante acontecimientos que requieren la intervención de las Unidades especializadas en orden público como son la Unidad de Intervención Policial (UIP) o de las Unidades de Prevención y Reacción (UPR).

La gravedad de esta situación aumenta por la coincidencia con la convocatoria de elecciones, la proximidad de la campaña electoral, la huelga general convocada el 11 de noviembre y un escenario de creciente conflictividad social por la situación de la vivienda. Desde Jupol apuntan a que «un Gobierno en funciones no puede convertirse en una excusa para desatender las obligaciones de coordinación y planificación que resultan esenciales para garantizar el orden público».

Asimismo, Jupol considera «absolutamente inadmisible que, precisamente cuando la previsión y la coordinación resultan más necesarias, los policías puedan verse obligados a afrontar acontecimientos de relevancia para la seguridad ciudadana sin las instrucciones operativas necesarias para organizar adecuadamente sus actuaciones».

No se trata de un mero problema burocrático: estamos ante una deficiencia que puede tener consecuencias directas sobre la seguridad de los policías nacionales, la protección de los ciudadanos y la capacidad de respuesta policial. La información sobre las manifestaciones comunicadas y los demás eventos con incidencia en el orden público debe llegar a quienes tienen la responsabilidad de planificar y ejecutar los dispositivos de seguridad.

Jupol considera de «una gravedad extrema que esta situación pueda responder a una estrategia de interés político, en lugar de a una mera disfunción administrativa». La falta de información y planificación no solo pone en riesgo la integridad de los policías nacionales, sino, especialmente, la seguridad de todos los ciudadanos. L»a acumulación de estas decisiones y su coincidencia con un momento de máxima tensión social hacen temer que se esté favoreciendo, de forma irresponsable, un escenario de mayor conflictividad en las calles, con
consecuencias imprevisibles para la convivencia y la seguridad pública. Parece que quieran que las calles ardan», apuntan desde JUPOL.

Ante la gravedad de los hechos, los servicios jurídicos del sindicato están estudiando esta problemática para determinar si estas actuaciones u omisiones pudieran ser susceptibles de reproche jurídico y, en su caso, qué medidas legales procedería adoptar.

La coincidencia temporal de estos hechos exige explicaciones inmediatas. Jupol reclama que se aclare «por qué se están produciendo estas carencias, quién ha decidido o permitido la interrupción de los procedimientos habituales y qué medidas se van a adoptar para evitar que esta situación se prolongue. La organización sindical advierte de que la falta de explicaciones alimenta una preocupación legítima sobre la posible incidencia de los intereses políticos y del calendario electoral en el funcionamiento ordinario de los dispositivos policiales».

La Policía Nacional no puede trabajar a ciegas, ni sus unidades de orden público pueden quedar expuestas a la improvisación por la ausencia de instrucciones que deberían formar parte de la planificación ordinaria del servicio.

La seguridad ciudadana no admite vacíos de coordinación, ni excusas administrativas, ni parálisis institucional. «Estar en funciones no exime al Gobierno de sus responsabilidades. Y dejar a la Policía sin la información necesaria para organizar sus dispositivos es una situación que debe corregirse de inmediato», añaden.

Por todo ello, Jupol exige a las delegaciones y subdelegaciones del Gobierno afectadas y al Ministerio del Interior:

  • El restablecimiento inmediato de los procedimientos habituales de comunicación, planificación y emisión de órdenes de servicio.
  • La información oportuna y completa a los responsables policiales sobre las manifestaciones comunicadas y los demás acontecimientos que puedan afectar al orden público.
  • Explicaciones formales sobre las causas de esta situación y las responsabilidades en la falta de coordinación detectada.
  • Garantías de que ningún interés político o electoral interferirá en la planificación de los servicios destinados a proteger a los ciudadanos y a los propios policías.

A Jésica, ex novia de Ábalos, le sale caro reconocer que cobraba sin ir a trabajar

La Sala de lo Penal 2 de la Audiencia Nacional ha desestimado el último recurso, éste de de apelación, para evitar sentarse en el banquillo de los acusados de Jésica Rodríguez, ex pareja sentimental del ex ministro José Luis Ábalos. Los tres miembros del Tribunal, Fernando Andreu, Joaquín Delgado y José Joaquín Hervás desestimaron el recurso en un auto dictado el 8 de octubre. Jésica reconoció en el juicio contra Aldama, Ábalos y Koldo García en el Tribunal Supremo que cobró un sueldo de ADIF sin ir a trabajar y el fiscal levantó testimonio que envió a la Audiencia Nacional. El juez Moreno, que instruye la parte del Caso Koldo que no afectaba a aforados la incluyó entre los investigados, algo que Jésica Rodríguez intentó evitar a toda costa y que finalmente no ha conseguido.

Dice el tribunal que «la parte recurrente (Jesica Rodríguez) alega falta de motivación de la providencia. Esta pretensión impugnatoria también ha de ser desestimada no solamente porque la providencia contiene una motivación por remisión, plenamente aceptada por la jurisprudencia; sino también porque el auto de desestimatorio contiene una amplia motivación. En definitiva, la investigada recurrente ha tenido la posibilidad de conocer suficientemente las razones que justifican su citación en calidad de investigada».

El recurso de apelación también se refiere «a que la decisión de investigar a Dª Jésica debió adoptarse en todo caso mediante auto, y no mediante providencia, pues es obvio que la imputación es un punto esencial que afecta de manera directa al investigado. Frente a esta alegación, se considera que la providencia no es per se una resolución inidónea para la fijación de un día para la declaración de la persona
como investigada, especialmente si se tiene en cuenta que la misma viene a realizar una motivación por remisión al informe del Fiscal. Y posteriormente, el juez a quo ha dictado auto confirmando el criterio de la providencia mediante auto desestimatorio del recurso de reforma», sigue el auto.

Jesica Rodríguez fundamentó su impugnación «en la existencia de cosa juzgada en relación con la Causa Especial 20775/2020. Razona
que existe una total y absoluta coincidencia con las personas que intervinieron en el diseño, puesta en funcionamiento o mantenimiento del sistema, y a la vez, dispusieron de fondos públicos».

Intervención de Jésica delimitada por el Supremo

La Sala responde que «la intervención de Dª Jésica ya está perfectamente delimitada en la Sentencia del Tribunal Supremo. Prueba de ello es que el Fiscal solicita su imputación única y exclusivamente a la vista de los hechos ya probados que constan en la sentencia, sin que exista absolutamente ningún hecho nuevo que permita ahora su imputación, cuando su intervención en la Causa Espacial fue la de testigo».

La parte recurrente también alega que «investigar a Dª Jésica en esta causa sobre la base de lo que ya declaró como testigo (sin las debidas garantías procesales, sin asistencia letrada, sin derecho a guardar silencio y a no declarar en su contra) sobre la base de pruebas ya valoradas por otro tribunal supone cercenar de plano su derecho a un procedimiento con todas las garantías y a la tutela judicial efectiva. Y añade que su mandante ya contestó como testigo a todo lo que le fue preguntado tanto por el Instructor en fase de instrucción como por las acusaciones en el acto del juicio oral, es obvio que nada más va a poder aportar en esta causa relevante ni significativo para la investigación. Y más tarde concluye que, aunque es cierto que Dª Jésica nunca tuvo la condición de investigada, también lo es que pudo ser acusada y no lo fue, y no existe información nueva que permita su imputación en esta causa».

Sin embargo, «el Fiscal en su escrito de fecha de 1 de julio de 2026 (al que se remite la providencia impugnada), justifica la citación de Jésica Rodríguez como investigada, lo que fundamenta esencialmente en los hechos declarados probados por la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo en su sentencia 418/2026, de 22 de junio. Esta atribución realizada por el Fiscal tiene materialmente la naturaleza de
denuncia, lo que debe dar lugar a una resolución judicial pronunciándose sobre la misma: el juez a quo acuerda la declaración como investigada». Por todo esto, el recurso es desestimado sin que quepa la posibilidad de recurrir el auto dictado.

El pánico por el nuevo decreto del alquiler vacía los portales inmobiliarios

El mercado del alquiler en España acaba de sufrir un cambio de consecuencias imprevisibles. En los últimos diías desde la aprobación del último real decreto por la Comisión permanente del Congreso, las principales plataformas inmobiliarias han registrado una espantada sin precedentes. Los propietarios de viviendas han respondido a la nueva regulación retirando de golpe casi 4.290 inmuebles comerciales, sumiendo al sector en un estado de parálisis generalizada. Algo que ha complicado el mercado, todavía más, del alquiler, especialmente en las grandes ciudades como Madrid y Barcelona.

Esta abrupta caída de la oferta tensiona todavía más un escenario que ya venía arrastrando problemas estructurales severos desde las anteriores reformas legislativas. El temor a la intervención de los precios y las severas exigencias burocráticas han terminado por agotar la paciencia de un inversor particular que representa el grueso del parque residencial en España.

El precio de los alquileres asfixia a loes españoles. Foto: agencias
El precio de los alquileres asfixia a loe españoles. Fuente: Agencias

Un goteo constante hacia la compraventa

La masiva retirada de anuncios tras las últimas medidas urgentes del Ejecutivo no es un hecho aislado, sino la confirmación de una tendencia de fondo que desangra el mercado residencial tradicional desde hace años. Las estimaciones de los principales portales del sector, como Idealista, apuntan a que España ha perdido cerca de 393.000 viviendas de larga estancia desde el año 2018.

Esto supone un desplome de aproximadamente el 44 % del stock disponible para las familias, reduciendo el inventario nacional de más de 900.000 anuncios a poco más de medio millón. El impacto es especialmente sangriento en los grandes focos económicos y turísticos.

En Madrid capital se han volatilizado más de 117.000 ofertas de arrendamiento en menos de una década, mientras que Barcelona ha destruido de forma sistemática el 83 % de su bolsa de alquiler permanente, lo que equivale a la práctica desaparición de 94.130 viviendas del circuito de arrendamiento tradicional.

El cerrojo definitivo a los contratos de temporada

El detonante de este último éxodo inmobiliario tiene que ver de forma directa con la persecución de las denominadas vías de escape del mercado. Tras la aprobación de la Ley de Vivienda en 2023, miles de pequeños arrendadores transformaron sus contratos residenciales comunes hacia el alquiler por habitaciones o de temporada.

Esta modalidad les permitía esquivar las limitaciones de rentas y la obligación de mantener contratos a largo plazo. Sin embargo, el último real decreto ha echado el cerrojo definitivo a esta opción al endurecer las exigencias de forma drástica.

Las nuevas reglas imponen la obligación de justificar documentalmente la causa real de la temporalidad del inquilino, persiguiendo penalmente el encadenamiento de contratos cortos. Si el propietario no logra acreditar el motivo de la urgencia, el arrendamiento pasa a considerarse de forma automática como una vivienda habitual, quedando completamente sometido a las limitaciones de precios fijadas por la administración pública.

Inseguridad jurídica y blindaje de las prórrogas

Más allá del control sobre la temporalidad, la sensación de desprotección legal ha calado hondo entre los arrendadores particulares. La inclusión en la norma de una prórroga extraordinaria de dos años con las rentas totalmente congeladas ha sido percibida por el sector como una pérdida efectiva de la propiedad.

Los pequeños ahorradores sienten que ya no controlan sus propios inmuebles y temen encontrarse con situaciones de impago prolongadas ante el nuevo endurecimiento de los procedimientos de desahucio. En un entorno donde las rentabilidades ya estaban mermadas por la inflación y los topes de actualización vinculados a los índices de referencia estatales, el riesgo de alquilar supera con creces al beneficio esperado.

La consecuencia inmediata es que el mercado residencial convencional ha dejado de resultar atractivo para el capital privado, empujando a los dueños a colgar el cartel de venta o a mantener las viviendas vacías a la espera de un marco político más estable.

El precio de los alquileres asfixia a los españoles.
El precio de los alquileres asfixia a los españoles. Foto: agencias

El desafío de la transparencia comercial

La última vuelta de tuerca regulatoria atañe a las obligaciones técnicas obligatorias para anunciar cualquier inmueble en internet. Las agencias y los propietarios particulares se enfrentan ahora a multas severas si no especifican con total claridad datos complejos como el índice de referencia del precio de alquiler aplicable a su calle, el identificador único de la propiedad o la condición jurídica de gran tenedor si fuera el caso.

Este requisito burocrático e inmediato ha obligado a miles de comercializadores a dar de baja temporalmente sus anuncios activos en los portales para adaptar los textos a las nuevas obligaciones y evitar sanciones administrativas. La paradoja de este nuevo marco normativo es que, mientras la demanda ciudadana de vivienda en alquiler sigue escalando a niveles de récord históricos por razones puramente demográficas, el marco legal restrictivo espanta el producto disponible, alimentando un bucle de escasez que condena a los precios a seguir subiendo en la sombra.

Putin y Trump abordan por teléfono el arreglo de Ucrania y el petróleo ruso

El Kremlin confirmó que Putin ofreció a Trump crudo ruso para los mercados globales y abordó con él un posible arreglo en Ucrania. La llamada, celebrada el 9 de octubre, se cierra con el compromiso de mantener el contacto personal entre ambos presidentes y de hacer trabajar a sus administraciones, servicios de seguridad y agencias.

La nota difundida por la Presidencia rusa, recogida en su comunicado oficial, ordena los asuntos en tres bloques: las perspectivas de arreglo de la crisis ucraniana, la situación en torno a Irán y el estado del mercado energético. Sobre este último, Moscú confirma su disposición a suministrar petróleo y derivados tanto al mercado estadounidense como al conjunto de los mercados globales.

Qué dice el Kremlin y qué prefiere no decir

El orden de los asuntos no es casual. Ucrania encabeza el comunicado, pero el texto no incluye una sola referencia a un alto el fuego, a líneas de contacto, a territorios o a calendarios. Tampoco aparece la palabra sanciones. Es la gramática habitual del Kremlin: cuanto más alto se anuncia el marco, menos se concreta el contenido.

En febrero de 2025, la primera llamada entre ambos presidentes rompió el aislamiento diplomático de Moscú y abrió una ronda de contactos técnicos que, un año y medio después, sigue sin producir un documento firmado. La diferencia de hoy es el envoltorio energético. Lo que entonces era un gesto político, ahora se presenta como una oferta comercial con destinatario explícito: el mercado estadounidense.

La frase clave del comunicado es la que cierra el apartado energético. Moscú dice estar convencido de que su regreso al suministro global tendrá un impacto positivo sobre la economía mundial. Traducido a lenguaje de mercado, Rusia vende su crudo como herramienta de estabilidad de precios, no como mercancía sancionada. Es un encuadre deliberado.

Moscú no pide que le levanten las sanciones: pide que se le acepte como proveedor. La diferencia entre ambas cosas es toda una doctrina.

El cálculo tiene lógica interna. Rusia bombea del orden de nueve millones de barriles diarios, cerca del 9% de la oferta mundial, y arrastra un descuento sobre el Brent que erosiona su caja cada vez que el crudo se abarata. Volver al mercado estadounidense —aunque sea por la vía de terceros y refinerías intermediarias— estrecharía ese descuento sin necesidad de un levantamiento formal de las restricciones.

Por qué Moscú ofrece crudo justo ahora

Hay tres presiones que explican la oferta. La primera es fiscal: el presupuesto ruso depende del crudo en una proporción que ninguna otra gran economía soporta. La segunda es logística: la campaña de ataques con drones ucranianos contra refinerías y terminales ha obligado a Moscú a recolocar volúmenes que antes colocaba en en Europa. La tercera es política, y es la más importante: si Washington acepta crudo ruso, la arquitectura de sanciones occidentales pierde su pieza central sin que nadie tenga que firmar nada.

Trump obtiene algo a cambio: munición contra el precio de la gasolina en un ciclo electoral permanente. Y obtiene también la imagen de un presidente que resuelve por teléfono lo que Bruselas discute en sucesivos paquetes sancionadores. Es el tipo de resultado que su electorado entiende sin explicaciones. Cosas de la diplomacia exprés.

Equilibrio de Poder

La lectura desde Washington es transaccional pura. La Casa Blanca no necesita un tratado de paz para vender un logro: le basta con que el petróleo ruso ayude a contener la inflación y con mantener abiertos canales que le permitan desentenderse gradualmente del frente europeo. La administración estadounidense sigue tratando la guerra de Ucrania como un expediente que se gestiona, no como un compromiso que se profundiza.

Bruselas aparece en la conversación solo como contexto. La alta representante europea no participa en el circuito telefónico que fija el marco, y eso tiene consecuencias: unos 210.000 millones de euros en activos rusos inmovilizados en Europa, la mayor parte en Euroclear (Bélgica), son la única ficha pesada que la UE tiene sobre la mesa y nadie la ha movido en esta ronda. Si Washington compra crudo ruso por vías indirectas mientras Bruselas mantiene el congelamiento, la UE quedará como el socio que asume el coste político sin cobrar el rédito.

Para España el impacto se mide en dos planos. El primero es la factura energética: un crudo más barato y con menos prima de riesgo geopolítico alivia la inflación y, con ella, el coste de financiación del Tesoro. El segundo es la defensa. Si el arreglo ucraniano avanza, la presión por elevar el gasto hasta el 5% del PIB pierde parte de su argumento público, aunque no la estructura: los compromisos de compra del FCAS, los programas de munición y la apuesta por el flanco este seguirían su curso.

Conviene tener a mano un precedente. En octubre de 1986, Ronald Reagan y Mijaíl Gorbachov se sentaron en Reikiavik y salieron sin acuerdo, en apariencia un fracaso; once meses después firmaron el Tratado INF y eliminaron los misiles de alcance intermedio desplegados en Europa. Las llamadas de este tipo no valen por su comunicado, sino por lo que dejan preparado. El paralelismo tiene un límite incómodo: el marco de 2026 no lo controla una alianza, lo controla un presidente que decide por teléfono y no rinde cuentas a ningún aliado.

Lo que observamos es una asimetría que no beneficia a Europa. Rusia negocia energía con Estados Unidos, discute Irán con Estados Unidos y gestiona su frontera occidental con Estados Unidos. Ucrania aparece en el comunicado como objeto del arreglo, no como parte. No hay asiento para Kiev. Sin un lugar propio en esa mesa, la UE puede acabar pagando la reconstrucción, asumiendo la seguridad del flanco este y comprando crudo en un mercado que ya se ha rediseñado sin ella.

El próximo hito verificable no es un tratado, sino un registro aduanero. Si en las próximas semanas aparecen volúmenes rusos desembarcando en refinerías de terceros con destino final estadounidense, la llamada del 9 de octubre habrá dejado de ser una conversación y se habrá convertido en política energética. El Consejo Europeo de finales de octubre será la primera ocasión para que Bruselas se pronuncie. Si entonces sigue hablando de sanciones mientras el crudo circula, la respuesta ya estará escrita.

EE.UU. suspende las sanciones al diésel ruso hasta abril de 2027 en plena escalada del gasóleo

EN 30 SEGUNDOS

  • ¿Qué ha pasado? El Tesoro de Estados Unidos ha suspendido temporalmente las sanciones al diésel ruso y autoriza su venta, entrega, descarga e importación hasta al menos el 7 de abril de 2027.
  • ¿Quién está detrás? La Casa Blanca de Trump y el Kremlin, tras una llamada entre los presidentes y un acuerdo de suministro que Moscú presenta como balón de oxígeno para su refino.
  • ¿Qué impacto tiene? Alivio inmediato para el precio del gasóleo, pero normalización de facto del comercio energético con Moscú que incomoda a Bruselas y a Kiev.

El Tesoro de Estados Unidos ha suspendido temporalmente las sanciones al diésel ruso. La licencia autoriza la venta, entrega, descarga e importación de gasóleo ruso, incluida su entrada en el mercado estadounidense, hasta al menos el 7 de abril de 2027.

No es un gesto simbólico. Es la primera grieta formal en el régimen sancionador que Washington y Bruselas levantaron contra Moscú tras febrero de 2022, y llega en el peor momento posible para el precio del gasóleo. El anuncio se produjo después de una llamada telefónica del viernes entre Donald Trump y Vladímir Putin, y de un acuerdo que la Casa Blanca ha presentado como una victoria de mercado.

Lo que la licencia del Tesoro permite, cifra a cifra

El propio Trump cifró el volumen en su cuenta de Truth Social: Rusia entregaría 300.000 toneladas de diésel de forma inmediata al mercado estadounidense y global, otras 500.000 a lo largo del mes de noviembre y un millón más inmediatamente después. El presidente estadounidense añadió que Moscú podría poner a disposición hasta tres millones de toneladas adicionales en un corto periodo de tiempo, en función del estado de sus refinerías.

Y ahí está el problema de fondo. Las refinerías rusas llevan meses bajo amenaza constante de los ataques de largo alcance ucranianos, lo que convierte esa última condición en una incógnita más que en una garantía. La promesa de suministro depende de una infraestructura que Kiev intenta degradar cada semana.

En paralelo, el viceprimer ministro ruso, Aleksandr Novak, confirmó que Moscú levantará de forma anticipada sus restricciones a la exportación de diésel. El proceso arrancará de inmediato, según declaró a la agencia TASS. Rusia había extendido su veto a la exportación de diésel, combustible naval y gasóleos hasta el 31 de octubre para proteger su mercado interior en plena campaña de recolección.

Washington no levanta las sanciones por convicción, sino porque el mercado del gasóleo se ha quedado sin margen de maniobra.

El Kremlin acompañó el anuncio con una declaración en la que se declara dispuesto a suministrar petróleo y derivados, y se muestra seguro de que la medida tendrá un efecto positivo sobre toda la economía global. La frase, traducida del comunicado oficial ruso, es puro interés comercial: cada tonelada que sale de los puertos rusos es una divisa que entra en las arcas de un Estado en guerra.

Novak fue más explícito. Rusia, dijo, celebra los pasos de Estados Unidos dirigidos a estabilizar el mercado energético global y a restaurar gradualmente el comercio normal, y se declara lista para coordinar acciones futuras que creen un mercado más predecible y saludable. Traducido: Moscú gana tiempo, ingresos y legitimidad a partes iguales.

Por qué Washington necesita este diésel precisamente ahora

El contexto explica la urgencia. Los mercados globales aún digieren las disrupciones de suministro derivadas de la guerra de Estados Unidos e Israel con Irán, un conflicto que ha alterado las rutas y los volúmenes de crudo en el Golfo. Russell Hardy, consejero delegado de Vitol, una de las mayores comercializadoras de petróleo del mundo, avisó esta misma semana de que el mercado ha quemado buena parte del colchón que amortiguaba los shocks. Ya no queda inventario que drenar en Occidente, dijo el miércoles.

La semana pasada, los países del G7 acordaron liberar 100 millones de barriles de crudo y productos refinados de sus reservas de emergencia empezando por el diésel. Es una cifra considerable, equivalente a más de un día de consumo mundial de gasóleo, pero insuficiente si el desabastecimiento se prolonga. Y la administración Trump, mientras tanto, ha exigido a Europa que asuma más carga para resolver el problema.

Hay una contradicción que conviene subrayar. Washington presiona a Bruselas para que mantenga el pulso sancionador contra Moscú y, al mismo tiempo, abre su propio grifo al diésel ruso. La coherencia del bloque occidental en materia energética queda, cuanto menos, cuestionada.

Equilibrio de Poder

La lectura estratégica es clara: estamos ante el primer acto de una normalización de facto del comercio energético entre Washington y Moscú, tutelada directamente por la Casa Blanca. Para Trump, el cálculo es transaccional y de corto plazo, bajar el precio del gasóleo antes de que el malestar llegue al surtidor, pero sus efectos se extienden mucho más allá del mercado. Al validar la compra de diésel ruso, Washington legitima ante sus socios europeos lo que hasta hace unas semanas era línea roja: que el dinero de Occidente financie el esfuerzo de guerra del Kremlin. Kiev lo leerá como una señal pésima.

Para España, el movimiento tiene un doble filo. Por un lado, alivia la presión sobre el precio del gasóleo, un combustible del que dependen el transporte, la agricultura y buena parte del tejido industrial, con una factura que se ha disparado desde el verano. España es un importador neto de gasóleo y ha sufrido en primera línea la volatilidad del mercado. Por otro, la entrada masiva de producto ruso puede tensionar los márgenes de refino nacionales y reabrir el debate sobre de dónde procede la energía que mueve el país. En la frontera sur, Marruecos, Argelia y el Sahel notan el efecto de forma indirecta pero real: un gasóleo más barato alivia a economías que compiten directamente con la española en costes de transporte.

El precedente más próximo es la propia arquitectura del precio máximo que el G7 impuso al crudo ruso. Aquel mecanismo pretendía dejar fluir el petróleo ruso sin financiar a Moscú; este movimiento hace justo lo contrario, liberaliza el flujo y difumina el control. La pregunta que Bruselas debe responder en las próximas semanas es incómoda: si Washington puede importar diésel ruso, por qué no iba a poder hacerlo Europa. La próxima reunión del G7 y el Consejo Europeo de diciembre serán el termómetro real de cuánto aguanta la unidad occidental.