El Gobierno central y el Ejecutivo canario han confirmado un nuevo traslado de menores migrantes no acompañados desde las islas a la Península, en un intento por aliviar la «insostenible» situación de los centros de acogida. La medida, que se ejecutará este sábado con un grupo de cinco jóvenes malienses, llega tras las críticas de las autoridades canarias por la lentitud de las derivaciones y en medio de un debate político cada vez más encendido.
Una medida que se produce en medio del puente de la Virgen de agosto y en plena ola de incendios. Algo, que según fuentes cercanas al Partido Popular (PP), intenta diluir las condiciones en las que se están realizando estos movimientos. Injustas, según los populares, al estar excluidos del reparto el País Vasco y Cataluña.
El caso es que este segundo movimiento se suma al realizado a principios de semana, en el que diez menores fueron derivados a recursos de Protección Internacional del Estado. Según fuentes del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, el plan de traslados se está cumpliendo «rigurosamente» y la atención a los menores es una «prioridad absoluta». La Consejería de Bienestar Social de Canarias, sin embargo, ha exigido una mayor «diligencia» por parte del Ministerio, advirtiendo que la situación en los centros es crítica.
El acuerdo para el traslado de los cinco menores se alcanzó tras una reunión de seguimiento entre el Gobierno central y el canario, que se celebra cada martes. Además, se ha pactado que la próxima semana, entre el 21 y el 22 de agosto, se produzca una nueva derivación de entre diez y quince menores, incluyendo un grupo de niñas.
El Gobierno ha insistido en que el destino de los menores trasladados se mantendrá en secreto para «preservar su intimidad» y ofrecerles «el máximo nivel de protección posible». El Ministerio ha apelado a la «responsabilidad de toda la sociedad» para respetar esta decisión y evitar que los menores sean objeto de persecución.
UN «PROCEDIMIENTO MUY COMPLEJO» Y EL AUTO DEL SUPREMO
Los traslados de menores migrantes son un «procedimiento muy complejo» que requiere la coordinación de numerosas administraciones y entidades sociales, ha destacado el Ministerio. Se trata de menores «especialmente vulnerables» que deben ser acompañados «en todo momento». La prioridad, según el Gobierno, es preservar «el interés superior de los menores», cuyas situaciones son «muy diversas» y requieren un «tratamiento minucioso y adaptado a cada caso».
Estas derivaciones se enmarcan en la respuesta al auto del Tribunal Supremo de marzo, que instó al Ejecutivo a hacerse cargo de estos jóvenes con sus propios medios. En lo que va de año, 240 menores solicitantes de protección internacional han salido del sistema de acogida canario, ya sea por derivación a recursos estatales o por haber alcanzado la mayoría de edad.
A esto hay que sumar que n grupo de 48 personas migrantes, en su mayoría procedentes de Argelia, Guinea Conakry y Sudán, ha abandonado ayer jueves el Centro de Estancia Temporal de Inmigrantes (CETI) de Ceuta para viajar en barco hasta Algeciras, desde donde se desplazará a diferentes puntos de la península.
El grupo, compuesto principalmente por hombres jóvenes, embarcó en la línea de las 10,30 horas, acompañado por personal de Cruz Roja y del propio CETI. Los destinos de los trasladados incluyen principalmente ciudades de Andalucía y Cataluña.
Muchos de ellos son solicitantes de asilo y llevaban más de tres meses residiendo en las instalaciones, que tras esta salida mantienen una ocupación superior a las 500 personas, según datos facilitados por la Delegación del Gobierno en Ceuta.
EL PP PIDE LA DIMISIÓN DEL DELEGADO DEL GOBIERNO
Mientras la crisis migratoria continúa en Canarias, Baleares se enfrenta a un repunte sin precedentes de llegadas en patera. El PP ha acusado al delegado del Gobierno en las islas, Alfonso Rodríguez, de «incentivar» la llegada de migrantes con sus declaraciones, exigiendo su «inmediata dimisión».
El diputado por Baleares José Vicente Marí Bosó ha calificado a Rodríguez como «delegado del sanchismo» y le ha reprochado que sus declaraciones hayan provocado un «efecto llamada» que ha «llenado de barracones los puertos de Baleares». Marí Bosó ha hecho estas declaraciones después de que más de 500 migrantes hayan llegado a las costas de las islas a bordo de una treintena de embarcaciones en lo que va de semana.
«Cada vez que abre la boca florece aún más el negocio de las mafias», ha denunciado el diputado, que ha exigido el cese de Rodríguez si este no dimite por su propia voluntad. El PP ha criticado la falta de colaboración del delegado del Gobierno, así como la de las secretarias de Estado de Seguridad y de Migraciones, que se han negado a comparecer en el Parlament y en el Congreso.
CINCO MEDIDAS PARA FRENAR LA LLEGADA DE PATERAS
Ante la «crisis migratoria» que, según el PP, Baleares lleva sufriendo «siete años», el partido ha propuesto cinco medidas para frenar la llegada de pateras. En primer lugar, una «lucha decidida y sin contemplaciones contra las mafias que trafican con personas en el Mediterráneo».
Asimismo, ha reclamado una mayor dotación para las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, que, según su versión, tienen 600 plazas vacantes en las islas. También han exigido una nueva política exterior que no «agravie a Argelia» y han propuesto la instalación de un sistema integrado de vigilancia exterior (SIVE) en Formentera.
Finalmente, el PP ha solicitado la colaboración de la Unión Europea para que despliegue a agentes de Frontex en las islas. Somos frontera sur de Europa y tiene bemoles que sea Prohens quien tenga que ir a Bruselas a hablar con el comisario de Interior y Migraciones», ha concluido Marí Bosó, evidenciando la tensión política que rodea la gestión de la crisis migratoria en España.
