El grupo ecologista Greenpeace se ha personado como parte perjudicada a Iberdrola por los espionajes del excomisario José Manuel Villarejo. La ONG comparece hoy en el Juzgado Central 6 de la Audiencia Nacional como parte perjudicada por espionaje bajo la figura penal de delito de descubrimiento y revelación de secretos. El objetivo es que se esclarezca si son ciertas las noticias publicadas en MONCLOA.COM que indican que tanto Greenpeace, como quien era entonces responsable de la campaña nuclear, Carlos Bravo, fueron espiados desde 2007 por Villarejo en el contexto de la campaña por el cierre de la central nuclear de Cofrentes (Valencia).
El excomisario de la Policía Nacional determinaba en el conocido como Informe Front quiénes eran las personas que, en ese momento, eran consideradas una amenaza para la central nuclear de Cofrentes, entre ellas Carlos Bravo. Y el comisario jubilado envió sus apreciaciones a Iberdrola, entre las que figuraba «hostigar» a todos aquellos que amenazaban con cerrar dicha central.
“Es incomprensible e inaceptable que Iberdrola no haya demandado a Villarejo con la misma rotundidad con la que sus servicios jurídicos y la misma empresa siempre han actuado contra Greenpeace para salvaguardar la imagen de la seguridad de sus plantas nucleares en general y la de Cofrentes en particular, o para dañar a quienes denunciaban sus centrales de carbón como la de Pasaia. Especialmente durante los años 2007 hasta el 2015. No se entiende muy bien que no hayan hecho lo mismo en este caso. Al menos por decencia y salud democrática”, ha declarado Mario Rodríguez, director de Greenpeace España.
Nada más conocer la noticia publicada en MONCLOA.COM, en colaboración con El Confidencial, Greenpeace se puso en contacto con Iberdrola para pedir una reunión con su presidente, Ignacio Sánchez Galán, tal y como aseguran desde la ONG. El grupo ecologista les pidió a los responsables de la energética una explicación sobre las noticias aparecidas en los medios y exigió a Iberdrola que desmintiera de forma pública su implicación en el espionaje a los activistas de Greenpeace que luchaban por el cierre de las nucleares como la de Cofrentes, proponiendo que la eléctrica demandase a Villarejo.
Desde la compañía aseguran que la Consejera Delegada de Iberdrola, Ángeles Santamaría, sí que se reunió con los ecologistas, pero lo cierto es que desde Greenpeace querían reunirse con Ignacio Sánchez Galán, algo a lo que la compañía no accedió.
«Desafortunadamente no han fructificado las gestiones realizadas con la consejera delegada Iberdrola España para celebrar esa reunión. De ahí que Greenpeace se vea en la obligación de personarse en los tribunales para que se investigue la relación entre Villarejo e Iberdrola con el fin de esclarecer estos presuntos hechos dada su gravedad», han detallado en un comunicado desde el grupo ecologista.
«Resulta demoledor enterarse de que a una empresa como Iberdrola se le acuse de recurrir a actividades presuntamente ilegales como el espionaje y el hostigamiento a ecologistas y sindicalistas para evitar las críticas a la peligrosidad de las centrales nucleares y que no haga nada al respecto. Personalmente, considero que la actuación de Iberdrola en este asunto es inadmisible, deleznable y absolutamente antidemocrática”, ha manifestado Carlos Bravo, el entonces responsable de Greenpeace de la campaña nuclear.
«Las ONG y organizaciones de la sociedad civil cumplen un rol fundamental de control y vigilancia del poder político y económico, investigando y denunciando prácticas que pueden ser lesivas para el conjunto de la sociedad», aseguran desde Greenpeace en el comunicado.
«Los casos de espionaje y acoso a quienes trabajan por el bien común y la justicia social y ambiental, suponen una alarmante merma de la calidad democrática de nuestro país y debilitan la credibilidad de nuestras instituciones. Por ello, resulta imprescindible que las organizaciones sociales puedan ejercer su labor con garantías de que las grandes empresas como Iberdrola juegan limpio, asumiendo con naturalidad e higiene democrática su exposición al escrutinio de la ciudadanía», concluyen.
HOSTIGAR A QUIEN AMENACE COFRENTES
El comisario José Manuel Villarejo recomendó a la empresa eléctrica Iberdrola actuar contra dos sindicalistas de la central nuclear de Cofrentes a los que consideraba responsables de filtraciones sobre fallos de seguridad en esa instalación situada en Valencia. El policía jubilado espió, tal y como se desprende del informe, a los dos trabajadores y propuso acciones de “hostigamiento sostenido” que tenían el objetivo de que se marcharan voluntariamente o fueran despedidos.
El informe conocido como Front habla de la necesidad de hostigar a los dos miembros del comité de empresa y llevar a cabo “situaciones incómodas en su entorno personal”. Villarejo llega hasta el punto de comunicar a Iberdrola que “se potenciará el acoso y al final se ofrecerá una salida negociada” a estas personas.
