El Secretario General de Derechos Humanos, Convivencia y Cooperación, Jonan Fernández, ha pedido por escrito al Ejecutivo central que proceda al traslado a las cárceles de Basauri, Martutene y Zaballa, en Euskadi, de los alrededor de 330 presos vascos o con arraigo en la Comunidad Autónoma, que están distribuidos en diferentes centros penitenciarios del Estado, de los que más de 200 son de ETA. Para ello, alega razones sanitarias a consecuencia de la pandemia del coronavirus.
En una entrevista concedida a Radio Euskadi, recogida por Europa Press, Fernández ha señalado que ha realizado un análisis de la situación y del nuevo contexto surgido por el Covid-9, «que se va a prolongar durante los próximos meses, probablemente, a lo largo del próximo año y medio».
«Estamos hablando de una nueva realidad. En estos momentos, hay alrededor de 330 presos vascos o con arraigo familiar en Euskadi diseminados por diferentes cárceles fuera de Euskadi y eso significa que, cada semana, más de 300 familias o allegados de esas personas encarceladas tienen que hacer viajes por toda la geografía del Estado para poder disfrutar de su derecho a la visita», ha indicado.
A su juicio, esto, «que ya sería cuestionable en un contexto normal, ahora, en un contexto de pandemia y post-pandemia, es totalmente desaconsejable desde el punto de vista de salud pública».
Lo que hemos planteado al Gobierno español es que, en este contexto, en el que ya no estamos hablando solo del caso de los presos vinculados a ETA, sino de cualquier preso, lo lógico es que cada recluso esté en un centro penitenciario de su Comunidad Autónoma para evitar desplazamientos largos e innecesarios que acrecienta el riesgo de contagio y de diseminación de contactos por comunidades autónomas diferentes a lo largo de toda la geografía», ha indicado.
Por ello, ha pedido su traslado a las cárceles de Basauri (Bizkaia), Martutene (Gipuzkoa) y Zaballa (Álava) de toda la población reclusa vasca. «Cualquier familiar de un preso, da igual de dónde sea o qué delito haya cometido, que no esté encarcelado en la provincia en la que reside su familia, lleva tres meses sin poder disfrutar el derecho de visita», ha añadido.
Tras apuntar que no se sabe «cuándo se va a abrir la movilidad entre comunidades autónomas», ha indicado que «es posible que, dentro de cuatro o cinco meses, en otoño, haya otro rebrote». «Es posible que vuelva a limitarse la movilidad de comunidades autónoma y tendrían que volver a bloquearse las posibilidades de visita», ha manifestado.
En su opinión, es una situación «no deseable, no aconsejable y que implica riesgos para la salud pública, no solo de las familias de los presos que tienen que desplazarse, sino también, incluso, para el personal de instituciones penitenciarias».
«Si hasta ahora hemos defendido razones de otro tipo para el acercamiento, en esta nueva realidad a la que nos vamos a tener que enfrentar, en la que vamos a tener que convivir con cierto nivel de contagio de epidemia, hasta que no haya una vacuna, un tratamiento eficaz, lo sensato sería que cada preso esté en la Comunidad Autónoma en la que tiene su arraigo familiar», ha añadido.
DOS CARTAS Y UN INFORME
Jonan Fernández ha recordado que ha enviado al Gobierno de Pedro Sánchez dos cartas, la primera el 27 de abril y la segunda el 14 de mayo, y se ha encargado a la dirección de salud pública de Gobierno Vasco un informe, que se ha remitido el pasado viernes. No obstante, todavía no han obtenido respuesta a este informe.
En esta línea, ha apuntado que el alejamiento «está atendiéndose más allá de los presos de ETA», y ha asegurado que «nada en el ordenamiento jurídico penitenciario anima a eso, sino a lo contrario». Además, ha destacado que, en «esta nueva realidad» generada por el coronavirus, «desde el punto de vista de la salud pública y del sentido común y humanitario, indica que debería corregirse».
