La diputada de Vox Macarena Olona ha anunciado este miércoles que su partido ha presentado una querella contra el secretario de Estado de Seguridad, Rafael Pérez, y la directora general de la Guardia Civil, María Gámez, por las llamadas que se realizaron el domingo al coronel jefe de la Comandancia de Madrid cesado de su cargo, Diego Pérez de los Cobos.
Posteriormente, en un comunicado, Vox ha informado de que se ha dirigido a los juzgados de instrucción de Madrid, donde ha presentado el escrito por los presuntos delitos de obstrucción a la justicia, represalias y prevaricación, recogidos en los artículos 464 y 404 del Código Penal.
Ante el anuncio de este partido, el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha defendido a su equipo por ser unos «excelentes profesionales» después de que Vox le haya augurado que «va a caer por sus subordinados», en referencia a las supuestas injerencias para conocer el informe de la Guardia Civil sobre la manifestación del 8-M y el inicio del contagio de coronavirus, algo que ha negado el titular del Interior.
Según ha explicado Vox, en su querella pone de manifiesto la «relación entre la destitución del coronel de la Guardia Civil y la emisión del informe» solicitado por la titular del Juzgado de Instrucción número 51 de Madrid, Carmen Rodríguez-Medel, que investiga la actuación del delegado del Gobierno en Madrid, José Manuel Franco, por autorizar la manifestación del 8-M.
«Vox no da credibilidad a las declaraciones del ministro del Interior, quien atribuyó el cese del coronel Pérez de los Cobos a una ‘pérdida de confianza'», explica el partido que lidera Santiago Abascal.
Para sustentar este argumento, el escrito incluye algunas publicaciones de medios de comunicación que apuntan a que el contenido del informe que elaboró la Guardia Civil en calidad de policía judicial por encargo de la magistrada fue «el detonante de la destitución».
«DATOS OCULTADOS»
Vox afirma en su querella que el informe refleja que «los datos que manejaba el director del Centro de Coordinación de Alertas Sanitarias del Ministerio de Sanidad, Fernando Simón, y por ende el ministro Salvador Illa, de los que el delegado del Gobierno en Madrid tuvo conocimiento, le pusieron en aviso sobre la gravedad de la crisis, al menos, días antes de las manifestaciones en Madrid». «Datos que fueron ocultados en relación con las convocatorias previstas para el día 8 de marzo», resume.
De igual modo, el escrito explica que «la relación entre el cese del coronel Pérez de los Cobos y las publicaciones que indican que este se habría negado a dar información sobre la misión otorgada por la juez, al ser telefoneado por un alto cargo de Interior para solicitarle información sobre las diligencias que estaba realizando, supone una grave infracción de normas de actuación de la Guardia Civil en sus funciones como policía judicial».
Vox expone que el cese del coronel «también coincide con la polémica suscitada en los últimos días por el dispositivo de seguridad organizado para proteger la vivienda del vicepresidente del Gobierno Pablo Iglesias y la ministra de Igualdad, Irene Montero, en Galapagar (Madrid)».
DECLARAR NULA LA DESTITUCIÓN DEL CORONEL
Por ello, solicita que el informe que estos días aparece en los medios de comunicación sea contrastado con el presentado ante el Juzgado de Instrucción número 51 de Madrid para verificar su autenticidad.
También plantea que si se probara que el coronel Pérez de los Cobos ha sido destituido «por el informe y/o por negarse a dar información sobre el mismo, la destitución deberá ser declarada nula por arbitraria y los querellados, condenados».
